A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes
PRIMERO.-La sentencia recurrida desestima la demanda formulada por la actora frente al SERMAS consistente en el derecho a ser indemnizada con el importe de 20 días de salario por año de servicio, tras el cese como personal laboral producido el 26-09-24.
Frente a la citada sentencia, se alza en suplicación la parte actora, articulando su recurso a través de un único motivo de censura jurídica, amparado en el art. 193 c ) LRJS en el que denuncia la infracción de la jurisprudencia del TJUE, en concreto invoca la STJUE de 22-02-24, y del Tribunal Supremo, y el marco normativo nacional ( artículos 15, 49, 53 y 56 ET) y jurisprudencia asociada a la Directiva 1999/70 /CE.
Sostiene que debió reconocerse a la demandante, al menos, la indemnización legalmente procedente por despido objetivo, según lo previsto en el art. 53 ET y la doctrina unificada, en consonancia con lo declarado en la STJUE de 13 de junio de 2024 (asuntos acumulados C-231/22 y C-232/22), y la STS (Social) de 23 de mayo de 2019. Entiende que la actora no accede por libre al empleo estatutario sino como remedio a una situación de temporalidad abusiva mantenida durante años, y cuya conversión no puede amparar la denegación misma de la indemnización.
Dicho recurso fue impugnado de contrario por SERMAS oponiéndose a su estimación, y postulando la confirmación de la sentencia recurrida. Invoca sentencias dictadas en este mismo sentido por esta Sala de lo Social del TSJ de Madrid. Y concluye que es la actora la que voluntariamente renunció a su situación anterior, para novarla a una nueva relación estatutaria (que obviamente interesaba a la actora), por lo que de acuerdo con la ley 20/2021, que introdujo la D.A Decimoséptima en el EBEP, no procede indemnización habida cuenta que la finalización de la relación de servicio fue por renuncia voluntaria.
SEGUNDO.-Centrado así el objeto de debate, resulta del relato de probanzas lo siguiente:
-La actora venía prestando servicios para el SERMAS como Técnico Auxiliar de Farmacia en virtud de contrato de interinidad para cobertura de vacante, desde el 4-02-2008, habiendo sido declarada la relación indefinida no fija en sentencia del Juzgado de lo Social 47 de 12-07-22.
-Se convocó por Resolución de 5-12-22 de la Dirección General de RRHH y Relaciones Laborales del SERMAS concurso de méritos por turno libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijoentre otras, en la categoría de Técnico Auxiliar de Farmacia. La actora participó en dicho proceso y obtuvo plaza como personal estatutario en la categoría ostentada, siendo nombrada por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones laborales del SERMAS de 20-08-24.
-El SERMAS le comunica que al haber obtenido plaza como personal estatutario en el proceso de estabilización, el puesto laboral que ocupaba con relación jurídico laboral temporal, había sido amortizado para la creación del correspondiente puesto estatutario; por lo que una vez que tomase posesión del puesto estatutario finalizaría la relación laboral que mantenía con el centro sanitario con fecha del día anterior al de la citada toma de posesión.
-La actora tomó posesión de la plaza como personal estatutario fijo en la categoría de técnica de medio sanitario en farmacia el día 27-09-24.
La sentencia de instancia, tras analizar la jurisprudencia del TJUE desestima la demanda, partiendo de la inexistencia de previsiones legales o de la jurisprudencia interna sobre indemnizaciones por daños punitivos que sancionen el uso abusivo de la contratación temporal, razonando que "no es de aplicación al supuesto que se enjuicia la doctrina europea que invoca la recurrente y que se recogen en sentencias del TJUE como la de 8/05/2019 (asunto C-494/17 ) o la de 26/11/2014 (asuntos acumulados C-22/13 , C-61/13 a C-63/13 y C-418/13 )-, constituyendo por ello mismo una medida apropiada de sanción la conversión de los trabajadores temporales en fijos, solución que, a fin de cuentas, es la que han acabado adoptando de forma generalizada las Administraciones públicas de nuestro país mediante los procesos de estabilización acometidos estos últimos años, procesos extraordinarios de acceso al empleo público que han sido objeto de cobertura legal expresa ( Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 3209/2025 de 6 Jun. 2025, Rec. 4021/2024 )"
En idéntico sentido al de la sentencia de instancia, se han pronunciado ya varias secciones de esta Sala de lo Social del TSJ de Madrid, entre otras, la sección 2ª, en sentencia de 12-09-24 (rec. 238/2024), de plena aplicación al presente supuesto, en la que se razonaba:
"La plaza que ocupaba en régimen laboral se transforma en plaza estatutaria y a su extinción tendría derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio de no haber continuado prestando servicios; sin embargo, se ha mantenido en la misma plaza que ocupaba, aunque en régimen distinto, y le han respetado las condiciones esenciales de la relación laboral que no procederían de haberse producido una extinción indemnizada de la relación laboral.
De entenderse que estamos en presencia de un despido, como sostiene el recurrente, y este se declarase improcedente, la demandada podría optar por la readmisión que daría lugar al abono de los salarios de tramitación que serían incompatibles con los que percibió como personal estatutario;el resultado práctico sería que no percibiría salarios de tramitación y de no producirse la reincorporación como personal laboral perdería los derechos de esa relación, y de reincorporarse como personal laboral podría perder los derechos adquiridos como personal estatutario.
La presentación de renuncia al puesto es voluntaria; la demandante no tenía porque haber solicitado la misma y la falta de toma de posesión como personal estatutarioda lugar a la perdida de los derechos correspondiente y si le solicita la demandada que aporte copia de la renuncia al contrato temporal es por mera gestión administrativa. Si la demandante decide continuar con la relación laboral y le extinguen la misma por su cobertura, es cuando podía haber accionado de entender que procedía la indemnización de 20 días por año de servicio.
La demandada no ha extinguido la relación con la recurrente porque no tenía motivos para ello; la plaza se continúa ocupando por la recurrente que voluntariamente participó en el concurso para acceder a la misma en régimen estatutario y decide tomar posesión de la plaza, no existiendo motivos para acudir a una extinción objetiva. Cualquier otra consideración distinta a la existencia o no de un despido, que es la cuestión controvertida, debe ejercitarse en otro procedimiento."
En el mismo sentido, traemos a colación las sentencias de la Sección 1ª número 1137/2023, de 15 de diciembre de 2023 (recurso 840/2023); Sección 3ª número 858/2023, de 23 de octubre de 2023 (recurso: 500/2023) y 689/2024, 11 de julio (recurso 158/2024); y Sección 6ª número 128/2025, de 14 de febrero (recurso 673/2024) y 315/2025, de 24 de abril (recurso 53/2025), en las que se concluía que en supuestos como el enjuiciado, no se ha producido una extinción contractual, pues los trabajadores continúan prestando servicios para el Servicio Madrileño de Salud a través de un nuevo vinculo como personal estatutario, fruto de la voluntaria participación de dichos trabajadores en un proceso selectivo con dicho objeto.
Y como decía la sentencia de la Sección 6º, de 12-05-25, rec. 3/2025 "la trabajadora sigue vinculada con la parte demandada en virtud de nombramiento y toma de posesión efectuado de manera simultánea a la comunicación de su cese como personal laboral, por lo que no puede pretender, mediante el presente procedimiento, percibir la indemnización prevista para la finalización involuntaria de los contratos que devienen en indefinidos no fijos por abusos en la contratación temporal, ya que, la extinción de la relación laboral no se produce, sino que continúa, aunque en vez de como personal laboral, como personal estatutario, esta vez fijo, en lugar de indefinido no fijo.
Como se destaca en las sentencias previas dictadas por esta sala, no estamos en el supuesto contemplado en las sentencias de esta sala de 18 de noviembre de 2022 (recurso 955/2022 )y 23 de septiembre de 2022 (recurso 709/2022 ),en que se mutó la relación laboral en otra de naturaleza estatutaria sin contar con la voluntad de las trabajadoras. En el caso ahora analizado, la trabajadora participa voluntariamente en las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y obtiene plaza, y esta es la razón por la que cesa en su puesto y se incorpora al nuevo.
Tampoco es el mismo supuesto enjuiciado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 de marzo de 2019 (recurso 2123/2017 ), que fue seguida por las de 14 de noviembre de 2019 (rec. 2173/2017 ), 16 de julio de 2020 (recurso 361/2018 ), 9 de septiembre de 2020 (rec. 2597/2017 )y 28 de septiembre de 2021 (recurso 2626/2018 ),pues no estamos ante el cese de una empleada indefinida no fija al servicio como consecuencia de que la plaza que ocupaba es adjudicada, tras un proceso selectivo, a quien posee la condición de funcionario.
Por último, tampoco resulta de aplicación el criterio mantenido por esta sección en la sentencia 688/2022, de 24 de octubre (recurso 553/2022 )y las dictadas con posterioridad de igual signo ya que el supuesto que se resuelve en dicha sentencia es de una trabajadora indefinida no fija a la que se le extingue el contrato por cobertura reglamentaria del puesto que ocupaba y posteriormente suscribe un nuevo contrato temporal.
Muestra de que los supuestos fácticos no son iguales es que el auto (que no sentencia) de 3 de abril de 2024 (recurso 3526/2023) de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que cita la parte actora en su recurso en apoyo de su tesis no resuelve el fondo del asunto por considerar que no concurre la necesaria contradicción.
En nuestro caso, no estamos ante la terminación involuntaria del vínculo ni ante la trasformación de la naturaleza de este por imposición de la empleadora, sino ante la transformación del vínculo derivada del su acceso de la trabajadora a la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de voluntaria participación en las pruebas selectivas convocadas a tal efecto, por lo que no puede generar derecho a una indemnización por daños y perjuicios que no se han producido."
Reiteró idéntico criterio nuevamente esta Sección 5ª en sentencia de 23-06-25 (rec. 379/25) en la que con remisión a los argumentos contenidos en sentencia de la Sección 1ª de 22-05-25 (Rec. 197/25) desestimó el recurso formulado por el trabajador, en términos muy similares al presente. Señalaba la sentencia de la Sección 1ª que "aunque el hecho de que el actor haya participado en el proceso no impediría aplicar la jurisprudencia citada -Sentencia del TS- ni los argumentos dados por esta Sección en otros asuntos similares lo cierto es que es el propio demandante el que con su participación voluntaria en el proceso selectivo y ocupando como personal -estatutario su propia plaza, entendemos que sin pérdida de condiciones (antigüedad, salario) impone su cese.".
Decía la meritada sentencia, con remisión a la anterior de 15-12-23 y de 24-01-25 (rec. 1050/2024): " (..) por Resolución 15 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones laborales del Servicio Madrileño de Salud, se convocaron pruebas selectivas en turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Celador del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, donde se incluye el puesto NUM001 que el demandante ocupaba en el Hospital Universitario Gregorio Marañón como auxiliar de obras y servicios, concurso en el que el recurrente participó voluntariamente obteniendo plaza de celador. Esta es la razón por la que pasa de la condición de indefinido no fijo, que tenía reconocida judicialmente desde el año 2010, a la de estatutario fijo, cesando en la plaza que ocupaba el 9-1-2023 e incorporándose a la nueva plaza de celador fijo estatutario el 10-1-2023 en el mismo Hospital Universitario Gregorio Marañón.
La segunda, en estrecha relación con la anterior, es que sigue vinculado con la parte demandada en virtud de nombramiento y toma de posesión efectuado de manera simultánea a la comunicación de su cese como personal laboral, por lo que no puede pretender, mediante el presente procedimiento, percibir una indemnización por despido improcedente cuando la prestación de servicio, en el momento actual, continúa, aunque en vez de como personal laboral, como personal estatutario, esta vez fijo (no indefinido no fijo).
La tercera consiste en que el trabajador, pese a ser integrado en el régimen estatutario por voluntad propia, conserva las condiciones básicas de su inicial relación laboral. Esto es, conserva centro de trabajo, retribuciones e, incluso antigüedad (pues nada se acredita al respecto de la eventual falta de reconocimiento de periodos previos de prestación de servicios para la Administración).
La cuarta reside en que no estamos en el mismo supuesto contemplado en nuestras sentencias de 18-11-22, recurso 955/2022 ,y 23-9-022, recurso 709/2022 ,en que se mutó, sin contar con la voluntad de las trabajadoras, y a diferencia del personal fijo, su relación laboral en otra de naturaleza estatutaria. En el caso de autos es el actor el que participa voluntariamente en el concurso y obtiene plaza, y esta es la razón por la que cesa en su puesto y se incorpora al nuevo, no existiendo entonces motivo para que el SERMASextinguiera previamente su contrato por razones objetivas del artículo 52 c) ET ,amortizando la plaza que venía ocupando, poniendo a su disposición la pertinente indemnización. No es tampoco el mismo supuesto enjuiciado por el órgano de casación social en la sentencia de 23-3-2019, rec. 2123/2017 , luego seguida por las de 14-11-2019, rec. 2173/2017 , 16-7-2020, rec. 361/2018 , 9-9-2020, rec. 2597/2017 y 28-9-2021, rec. 2626/2018 ,(extinción del contrato de trabajo de quien ostentaba la condición de indefinida no fija por sentencia firme, cuyo puesto de trabajo se convierte en plaza funcionarial al aprobarse la relación de puestos de trabajo, y cubrirse su plaza por funcionario público años después) ni el de las disposiciones adicionales 6ªy 8ª de la Ley que denuncia como infringida."
Avala esta tesis el que las dos posibilidades que ofrece la declaración postulada por la parte -readmisión o indemnización- quedan vacías de contenido ante su toma de posesión como personal estatutario. Una readmisión en su mismo puesto supondría pasar de ser estatutario fijo a temporal laboral, y sin los salarios de tramitación puesto que ha percibido el correspondiente salario.
Una indemnización por la pérdida de un puesto de trabajo que no ha tenido lugar puesto que el actor no ha dejado de trabajar ni un solo día en el mismo lo que implica que no ha habido ruptura alguna en la relación de prestación de servicios...".
Razones de seguridad jurídica nos obligan a aplicar la doctrina precedente, habida cuenta que, al igual que en los supuestos allí enjuiciados, en el presente, la recurrente participó de forma voluntaria en el proceso de estabilización para ocupar una plaza como personal estatutario fijo en la misma categoría profesional en que lo venía haciendo como personal laboral indefinido no fijo, y superado dicho proceso, obtuvo plaza como personal estatutario fijo de la que tomó posesión al día siguiente del cese en aquella, sin que conste que no se respetasen las condiciones esenciales de la relación laboral; ello implicaría obviamente la desestimación de la pretensión principal de Despido, de la que aquí se desistió.
Y por lo que se refiere a la petición de Indemnizaciónde 20 días por año, que es ya la única pretensión deducida en la ratificación de la demanda, nos remitimos igualmente a lo resuelto por la Sección 6ª de esta Sala, en sentencia de 12-05-25 (Rec. 3/2025)., en la que se razonaba:
"Efectivamente, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, constituida en Pleno, de 28 de marzo de 2017 (recurso 1664/2015 )reconoció a los trabajadores indefinidos no fijos el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio cuando dicha relación se extingue por cobertura reglamentaria de la plaza, en razón de la especial naturaleza de este tipo de vínculo laboral que trae causa de la irregular contratación temporal del trabajador en fraude de ley, y en analogía con la indemnización prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas. Ese criterio ha sido reiterado en muchas sentencias posteriores: SSTS 28 de marzo de 2019 (recurso 997/2017 ), 9 de mayo de 2019 (recurso 313/18 ), 02 de marzo de 2021 (recurso 569/2019 ), 22 de marzo de 2022 (recurso 3457/2018 ), 13 de septiembre de 2022 (recurso 1966/2021 ), 25 de septiembre de 2024 (Recurso: 5549/2022 )y 5 de febrero de 2025 (recurso 5573/2023 ),entre las más recientes.
Lo expuesto en el fundamento anterior no se cuestiona por la parte demandada en su escrito de impugnación, ni tampoco lo hace la sentencia recurrida que desestima la demanda por otro motivo; a saber, por considerar que, en los supuestos en los que se ha producido un cese procedente, por haberse cubierto conforme a los principios de mérito y capacidad la vacante que ocupaba, pero la trabajadora ha obtenido una nueva plaza en el mismo proceso en el que estaba incluida la que ocupaba con carácter de indefinida no fija, ningún despido se producido ni ha sufrido perjuicio alguno al no haber perdido su trabajo ni su antigüedad,siguiendo a tal efecto el criterio de diversas secciones de esta sala, en concreto, de las Secciones 2ª (sentencia 853/2023, de 4 de octubre [recurso164/2023 ])y 3ª ( sentencia 607/2023, de 29 de junio [recurso 176/2023 ]), si bien da noticia de la existencia de criterios discrepantes entre las diversas secciones de esta sala.
(:...)
En cuanto a la infracción de lo establecido de la cláusula 5ª y la jurisprudencia recaída a partir de su STJUE de 3 de junio de 2021 (Asunto C-726/19 )y en otras anteriores [ SSTJUE de 5 de junio de 2018 (C-677/16 ),de 21 de noviembre de 2018 (de Diego Porras, C-619/175), de 19 de marzo de 2020 (asuntos acumulados C-103/18y C-429/2018 ) y de 11 de febrero de 2021 (M. V. y otros C-760/18 )],que también alega la parte actora en su recurso para sostener que debe reconocerse una indemnización para los trabajadores que han padecido el abuso de la temporalidad, ya que, en el caso contrario, dejaría sin efecto el resultado perseguido por el Derecho de la Unión, a saber, evitar el abuso en la contratación temporal que constituye el objetivo básico del mismo, tampoco concurre.
(...)
En cuanto a la indemnización que solicita en compensación del incumplimiento de los plazos máximos de permanencia como contratado laboral en esas resoluciones no se impone y la jurisprudencia nacional solo la prevé para los supuestos de extinción de la relación indefinida no fija por cobertura reglamentaria de la plaza que, como se ha dicho, no se producido.
Respecto de la admisibilidad de otro tipo de indemnizaciones, en concreto, en reparación del fraude de ley o daños y perjuicios sufridos por los abusos en la contratación temporal de las administraciones públicas, ya se ha pronunciado este Tribunal, constituido en Sala General, en la sentencia de 10 de abril de 2024, dictada en el recurso 830/2021 de la Sección 2 ª, resolviendo lo siguiente, a lo cual nos atenemos:
[...]tras analizar detenidamente tal cuestión, el criterio propugnado por la mayoría de esta Sala es que en el presente caso debe rechazarse también esa petición de la actora, a pesar de haberse desechado la declaración de fijeza solicitada.
Y al respecto se ha de tener en cuenta que, tratándose del abono de indemnizaciones, nuestro Código Civil diferencia claramente en el art. 1089 como fuente de las obligaciones los "actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia", de las otras fuentes, a saber: la ley, los contratos y los cuasicontratos. Sin embargo, aun cuando [pueda parecer que hay una total separación entre las obligaciones que tienen su origen en los actos u omisiones culposos o negligentes, y las que surgen de la ley, de los contratos y de los cuasicontratos, está ya abandonada la doctrina que contraponía la responsabilidad contractual a la extracontractual debido a la distinta naturaleza del deber transgredido, reconociéndose en la actualidad que no hay más que diferencias de régimen entre ellas.
Pues bien, conforme al art. 1258 del Código Civil , los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley, debiendo subrayarse que lo que configura el contrato de trabajo como recíproco es la correspondencia que existe entre las prestaciones básicas del trabajador (prestar sus servicios bajo el poder de dirección de la empresa) y del empresario (remunerar el trabajo del empleado), debiendo cumplir uno y otro con todas las obligaciones que les son propias, bien entendido que la buena fe debe presidir todas las relaciones contractuales y especialmente la relación de trabajo.
Por lo demás, en nuestro Derecho rige como regla general - art. 1096 del Código Civil - la de la ejecución "in natura" para los supuestos de incumplimiento de la obligación, y sólo cuando dicha ejecución resultase imposible procede pedir - art. 1101 C.C .- la indemnización como sustitutiva de la prestación que no puede realizarse, en el bien entendido de que la norma de este artículo (que establece que "quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas") comprende cualquier medio o forma de incumplimiento ( Sª TS de 4-10-1985 ), incluyéndose en ella el cumplimiento tardío que supone la mora, que no es propiamente incumplimiento ( Sª TS de 28-9-2000 ), pero se ha de tener en cuenta en todo caso que son requisitos de la responsabilidad por culpa contractual la responsabilidad del sujeto, la conducta culposa o imprevista, el daño y la relación causal ( SSTS de 2-4-1986 y 10-7-2003 ), de forma que, salvo los supuestos excepcionales de daños "in re ipsa" ( SSTS de 10-6-2004 y 12-5-2005 ), es preciso probar la existencia de los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama ( SSTS de 31-1-2001 , 29-3-2001 , 26-7-2001 , 30-4-2002 y 10-7-2003 ), de acuerdo con las normas que rigen para el "onus probandi", pues en principio el incumplimiento de la obligación no implica "per se" la producción del daño, y la indemnización se debe por éste y no por el incumplimiento mismo. Y así la parte que alega los daños debe aportar las bases fácticas de la cuantía de la indemnización que reclama, siendo el juzgador, que preside la práctica de la prueba y puede valorar todos los elementos concurrentes en la responsabilidad y en el daño, quien debe proceder discrecionalmente a los cálculos oportunos y a la fijación de la indemnización correspondiente ( Sª TS de 22-5-1995 , entre otras), debiendo tenerse en cuenta en todo caso a la hora de fijar la indemnización un tercer elemento, cual es la evitación del enriquecimiento injusto.
Todo ello debe tenerse presente en el supuesto de autos, en que no cabría adoptar la medida indemnizatoria con arreglo a dicha doctrina, lo que obliga a desestimar también la petición de la actora de que se condene a la demandada al abono de una indemnización en los términos indicados, bien entendido que, en el presente caso, no acreditándose un daño concreto, se trata de intereses difusos, ya que, en definitiva, la actora no ha resultado perjudicada en la forma que indica. Debiendo subrayarse que está trabajando para la demandada, permaneciendo en su plaza mientras no se convoque el proceso selectivo correspondiente para la cobertura de vacantes y sea cubierta dicha plaza, y en tal sentido se habría visto beneficiada por las contrataciones realizadas, pues, en tanto no se efectúe tal convocatoria, la actora ha mantenido la plaza, mientras que cuando se convoque dicho proceso la actora puede o no superarlo, viéndose perjudicada si se convoca y no aprueba, siendo otros los que habrían sufrido el perjuicio de no tener durante este tiempo la oportunidad de ocupar la plaza de la demandante.
En nuestro caso, la ausencia de perjuicio es aún más clara ya que la actora continúa trabajando para la demandada, con carácter fijo."
En aplicación de los razonamientos expuestos, que compartimos íntegramente, se desestima el recurso en su integridad, no existiendo datos fácticos o jurídicos que justifiquen un cambio de criterio.
VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,
