Sentencia Social 776/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Quinta, Rec. 655/2024 de 02 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia, que estimó parcialmente la demanda de Tutela de Derechos fundamentales formulada por el actor frente a DEL BARRIO MOBILITY S.L. y tras declarar la existencia de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de la garantía de indemnidad, condenó a la citada empresa a abonar al actor en concepto de indemnización por daño moral, la cantidad de 7.501 euros, se alza en suplicación la Empresa, articulando su recurso a través de cuatro motivos de revisión fáctica, amparados en el apartado b) del art. 193 LRJS, y un motivo de censura jurídica, del apartado c) del indicado precepto.

Dicho recurso fue impugnado de contrario por la parte actora, oponiéndose a su estimación y postulando la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Por el cauce del apartado b) del art. 193 LRJS, se formula un primer motivoen el que se interesa la revisión del hecho probado SEXTO, al que con apoyo en la testifical invocada, propone adicionar lo siguiente:

"D. Saturnino, testigo en este juicio, y miembro de este grupo de autónomos y empresarios de VTCS fue quien avisó a D. Anselmo de la publicación de este mensaje de WhatsApp".

Amén de la falta de trascendencia del contenido del aditamento pretendido, lo cierto es que no es la testifical en que se apoya, medio hábil para fundar la revisión del relato fáctico, ex art. 196.3 LRJS; por lo que el motivo se desestima.

-En el segundo motivo,se interesa la revisión del hecho probado SÉPTIMO, para el que propone con apoyo en las documentales invocadas, la siguiente redacción :

"Entre el 23/01/2022 y el 19/02/2023 el trabajador percibió prestación por desempleo (durante 393 días), coincidiendo con la fecha de prestación de servicios laborales con la empresa Del Barrio Mobility SL (ver folio 98-reverso)

Que la relación laboral mantenida con la empresa Del Barrio Mobility SL se inició el 24/10/2022 y finalizó el 26/01/2023, según se acredita con las cotizaciones y vacaciones devengadas por el trabajador (ver folio 98-reverso, y folio 99).

Que la relación laboral mantenida con la empresa Taxi Privee SL se inició el 20/02/2023 y finalizó el 22/03/2023, según se acredita con las cotizaciones y vacaciones devengadas por el trabajador (ver folio 98-reverso, y 97 reverso)

Que el trabajador cobró prestación por desempleo entre el 23/03/2023 y el 28/05/2023, según se acredita el detalle del informe de vida laboral (ver folio 98-reverso).

Que el trabajador viene comprando ininterrumpidamente desde 29/06/2023 el subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años, según se acredita en el folio 97 de actuaciones."

No procede la revisión fáctica postulada, en la que se incluyen datos relativos a las percepciones por parte del actor de prestaciones o subsidios, que en absoluto han de interferir en la resolución del presente recurso, por vulneración de derechos fundamentales; señalando que tampoco se puede aceptar el segundo párrafo propuesto, en cuanto al período de relación laboral del actor con la recurrente, a tenor de lo consignado en el incombatido hecho probado segundo, folio 133; sin perjuicio de los días de vacaciones retribuidas y no disfrutadas que correspondan.

-En el motivo tercero,se interesa la revisión del hecho probado UNDÉCIMO, con apoyo en la documental invocada, y con la siguiente redacción:

"El trabajador interpuso papeleta de conciliación en material de cantidad y derechos el 24/05/2023. Y en fecha 13/06/2023 se celebró el acto de la conciliación con resultado de sin avenencia entre las partes (folios 17, 18, 19, 20, y 21 de actuaciones).

Se interpuso demanda en materia de tutela de derechos fundamentales, con fecha de presentación 19/06/2023 (folios 10, 11, 12, 13, 14, y 15 de actuaciones).

Que la relación laboral del demandante con la empresa Del Barrio Mobility SL concluyó el 20/01/2023 (folio 119-reverso), cinco meses antes de registrar la demanda rectora del procedimiento"

Desfavorable acogida merece igualmente dicho motivo, por cuanto contiene datos relativos al iter procedimental que nada relevante añaden a los ya consignados en los ordinales octavo, undécimo y antecedente de hecho primero de la sentencia recurrida, resultando incontrovertida la fecha de baja del actor en la empresa recurrente, y la fecha de registro de la demanda de derechos fundamentales de la que la sentencia recurrida trae causa, con la simple comprobación de los autos.

-En el cuarto y últimomotivo de revisión fáctica, se interesa la adición de un hecho probado DUODECIMO, con apoyo en los folios invocados, y con la siguiente redacción:

"El señalamiento de juicio tuvo que posponerse en dos ocasiones 29/01/2024, y 12/02/2024 por razón de intervención quirúrgica del demandante. Entre los días 22/01/2024 y 05/02/2024 el actor permaneció en ingresado en el Hospital Clínico San Carlos donde se le practicaron dos intervenciones quirúrgicas (24/01/2024 y 01/02/2024), por razón de patologías vasculares graves padecidas por el actor: lesiones tróficas y dolor isquémico asociado a miembro inferior izquierdo (claudicación en miembro inferior izquierdo a nivel plantar, además de lesiones en 1º y 3º dedo de miembro, inferior izquierdo, y dolor en reposo de meses de evolución. (folios 74, 75, 84, 85, 86, 87, 88)."

Adición que no procede, al referirse a hechos y circunstancias posteriores al ejercicio de la acción de tutela y que como antecedentes de hecho se refieren en la sentencia, sin que sea ni preciso ni oportuno incorporar al relato de probanzas, la situación clínica del actor y su historial de intervenciones quirúrgicas. Por lo que el motivo fracasa.

TERCERO.-En sede de censura jurídica, con expreso sustento procesal en el apartado c) del art. 193 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia las siguientes infracciones:

-Infracción de lo dispuesto en los artículos 2 a ) y 177 de la ley reguladora de la jurisdicción social ,en relación con la atribución de competencia de la jurisdicción social.

Centra el recurrente la mayor parte de su exposición en analizar la vulneración del derecho al honor y a la protección de datos, que entiende se ejercita en la demanda, a raíz de la publicación por la empresa de un mensaje, en una red social, cuando la relación laboral había concluido meses atrás.

Invoca multitud de sentencias del Tribunal Constitucional a propósito de la vulneración del derecho al Honor y a la Protección de datos, invocando además la Directiva 95/46 sobre Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y la Libre Circulación de estos datos, así como con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del presente año, y afirma que la relación laboral del actor con la empresa recurrente había concluido hacía más de cinco meses cuando aquel decide interponer la demanda rectora del presente procedimiento, en espera de recibir un soporte económico que le permitiera afrontar una situación económica personal desfavorable, concluyendo que no existe la conexidad temporal que predica el artículo 177 LRJS ni la vigencia del contrato de trabajo que predica el artículo 2.a) de la misma lex rituaria.

-Infracción del art. 24 de la Constitución, en la vertiente del reconocimiento a la garantía de indemnidad a favor del trabajador, por estimación de concurrencia de daños morales en su persona, así como del derecho a percibir una indemnización de 7.501 euros por daños y perjuicios, prevista en el art. 8.12 de la LISOS.

Se afirma que la relación causal entre la publicación de un mensaje en una red social y la falta de contratación no resultó acreditada por el actor, y en consecuencia, tampoco resultó acreditado el perjuicio económico que reclama, por lo que postula la revocación de la sentencia recurrida, en el sentido de anular la existencia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, así como la indemnización reconocida.

Se opone la parte actora en su Escrito de Impugnación, a la estimación del motivo, señalando que la competencia objetiva se ampara en el art. 177 LRJS, a cuyo tenor se declara la competencia de la jurisdicción social para que cualquier trabajador pueda recabar la tutela de derechos fundamentales a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios. Y en cuanto al fondo, coincide con lo resuelto en la instancia, en el sentido de que la empresa violó la garantía de indemnidad del actor, como consecuencia del contenido de los hechos probados cuarto y sexto de la sentencia recurrida, poniéndose de manifiesto que el trabajador hizo una reclamación de cantidad a la empresa por correo electrónico, sobre horas extraordinarias y liquidación, y minutos después, la empresa, como represalia publicó un mensaje diciendo que nadie contratase al actor. Y se muestra conforme con el quantum indemnizatorio estimado en la sentencia de 7501 euros.

El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso de la empresa, considerando que no procede establecer indemnización alguna a favor del trabajador, dado que no se acreditó en la vista que el mensaje de whatsap le haya irrogado a aquel, perjuicio alguno; que se trató de un mensaje en una red social cuando la relación laboral ya había concluido, y que no se acreditó relación causal alguna entre la publicación de dicho mensaje y la falta de contratación ni los daños morales que se solicitan, por lo que interesa que se deje sin efecto la sentencia recurrida en lo relativo a la indemnización acordada.

CUARTO.-Centrado así el objeto de debate, debemos realizar las siguientes consideraciones previas:

-La sentencia recurrida estima vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de la indemnidad, y no el derecho al honor o a la protección de datos, con lo que tan solo podemos analizar los argumentos de la empresa recurrente en cuanto a dicha vulneración, y no respecto de otros derechos fundamentales cuya vulneración se descartó.

-Por otra parte, se denuncia por la recurrente, por la vía del apartado c) del art. 193 LRJS la infracción del art. 2.a) de la LRJS, sosteniendo que no existe la conexión temporal exigida en el art. 177 LRJS ni la vigencia del contrato que predica el art. 2 a) LRJS, por lo que no sería esta Jurisdicción la competente para conocer del presente caso, debiendo declarar la competencia a favor de la jurisdicción civil.

A este respecto, debemos advertir de la defectuosa construcción del motivo toda vez que el pretendido quebrantamiento de preceptos de índole procesal o adjetiva - art. 2 a) o art. 177 LRJS- no autoriza el recurso contra el fondo por la vía del artículo 193 c) de la LRJS, limitada al examen de las infracciones de «normas sustantivas» o de la jurisprudencia, habiendo debido articularse por la vía prevista en el artículo 193.a) del mismo texto legal, referida a la infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión a la parte, que conllevaría posiblemente la nulidad de la sentencia; petición que ni siquiera contempla.

En todo caso, y para respetar escrupulosamente en el presente recurso, la tutela judicial efectiva, entendemos, compartiendo la tesis de la sentencia recurrida, que invocándose por el actor, ex trabajador de la empresa BARRIO MOVILITY S.L. la lesión por dicha empresa de su derecho fundamental a la Tutela Judicial efectiva, en la vertiente de la garantía de indemnidad, y que tal vulneración tenía conexión directa con la prestación de servicios para aquella, el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, previsto en el art. 177 LRJS es el adecuado, y la jurisdicción social es la competente en virtud de lo dispuesto en el art. 2 a) LRJS habida cuenta que la cuestión litigiosa planteada se encuentra en el ámbito de la relación de trabajo, sin perjuicio de la decisión que, en cuanto al fondo, se adopte en dicho procedimiento, respecto de su estimación o desestimación.

o que aquí se analiza son derechos, obligaciones y responsabilidades dimanantes de la previa existencia de la relación laboral y como recordaba la Sentencia de esta Sala del TSJ de Madrid, sección 2ª de 15-07-20 (rec. 64/2020), el orden jurisdiccional social viene asumiendo sin ningún conflicto los litigios sobre concurrencia postcontractual u otro tipo de conductas dañosas derivadas de las obligaciones subsistentes entre las partes del contrato.

Pensemos que la actuación de la empresa que aquí se denuncia (el mensaje de whatssapp en el GrupoVTC LIBRES) se refería al actor, que había sido su trabajador pero ya no lo era, y que había reclamado por mail a la empresa el abono de ciertas cantidades relacionadas con su relación laboral previa, una vez finalizada ésta; y el contenido de dicho mensaje, de acuerdo con su literalidad, tenía como finalidad, la de perjudicar al trabajador. Y la acción que ejercita dicho trabajador, y que se estima en la sentencia recurrida, es la de que se declarase vulnerado el derecho a la garantía de indemnidad y se le indemnizase, con lo que la misma tan solo podría enmarcarse en el ámbito de la relación laboral que vinculó al actor y a la empresa hoy recurrente; con lo que la competencia sería de esta Jurisdicción Social, desestimando así el primero de los motivos.

QUINTO.-No obstante lo anterior, lo cierto es que la Sentencia del Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo de 15-11-22, invocada por la Juzgadora de instancia y en la que funda la estimación de la demanda, efectivamente resumía la jurisprudencia establecida por la Sala a propósito de la garantía de indemnidad, diciendo:

"(...) el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero -o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )-no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero,FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre,FJ 3 ; 6/2011, de 14 de febrero,FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre ,FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido(en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula,por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo" ( sentencia del TC 183/2015, de 10 septiembre ,FJ 3)."

Se resolvía en dicha sentencia el supuesto de un trabajador con un contrato de duración determinada, que finalizaba un mes y 24 días después, y que fue despedido el día después de que manifestara su disconformidad con la falta de pago del exceso de jornada, alegándose como causa del despido disciplinario una disminución del rendimiento que no se probó; entendiendo el Alto Tribunal que ese despido, inmediatamente después de la reclamación, imposibilitó que el actor efectuara ninguna reclamación judicial, siendo imputable dicha imposibilidad, únicamente al empleador; y apunta que la circunstancia de que, con posterioridad al despido, el trabajador ejercitase o no una acción judicial reclamando el exceso de jornada, es irrelevante para calificar el despido.

No estamos en el presente supuesto, sin embargo, ante supuesto asimilable al enunciado, de un trabajador que fuese despedido tras realizar una reclamación interna, puesto que en el supuesto analizado aquí, el trabajador había cesado su relación laboral con la empresa, por no superación del período de prueba, el 20-01-23; no habiéndose impugnado dicho cese y no teniendo éste relación de causalidad alguna con la reclamación interna por correo electrónico de las horas extras, ya que tal reclamación se produjo catorce días después, el 3-02-23, presentando la demanda por tal motivo el 23-06-23.

Cierto es que el mismo 3-02-23, una hora después de la reclamación por correo electrónico del actor, la empresa escribió un mensaje de Whatsapp en un grupo formado por 400 miembros, llamado "VTC LIBRES" compuesto por titulares de VTCS, autónomos y empresas del sector, con el siguiente contenido: "Que nadie contrate a Anselmo". Constando no obstante que el actor fue contratado por la empresa TAXI PRIVEE S.L., diecisiete días después de dicho whatsapp.

Es evidente la mala fe de la empresa, con el envío de dicho whatsapp, y podríamos hablar de una represalia derivada del ejercicio por el actor de la tutela de sus derechos, pero cuando éste no era ya trabajador de la empresa, habiendo cesado días antes.

Así las cosas, el indicio aportado por el trabajador de la vulneración de derechos fundamentales sería el correo electrónico que remitió a la empresa el 3-02-23, cuando ya había dejado de ser trabajador de la misma; con lo que no operaría aquí la pretendida garantía de indemnidad, que se enmarca únicamente en el campo de las relaciones laborales.

Y la reacción empresarial frente a la que se acciona por vulneración de dicha garantía de indemnidad no fue un despido, una sanción u otra actuación empresarial en el marco de la relación laboral inexistente ya, sino la de escribir un whatsapp en el grupo VTC LIBRES diciendo "que nadie contrate a Anselmo". Dicha actuación, si bien podría calificarse de represalia, y estar motivada por la remisión de aquel correo electrónico, no fue una actuación empresarial realizada ya en el marco de una relación laboral, que pudiera calificarse como radicalmente nula en la jurisdicción social, sin perjuicio de que sería impugnable en la vía civil correspondiente como vulneración del derecho al honor y la propia imagen y a la reputación del actor.

Tanto la actuación del actor al remitir el correo electrónico a la empresa, como la reacción de ésta al enviar el mensaje en la red social de Whatsapp se produjeron al margen de la relación laboral que les había vinculado y una vez extinguida válidamente esta; por lo que difícilmente podría hacerse una calificación de la conducta empresarial como vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de la garantía de indemnidad, como se postulaba en demanda, y fue estimado en la sentencia recurrida.

Si a ello unimos que ni siquiera acreditó el actor el perjuicio supuestamente irrogado por la publicación del whatsapp por parte de la empresa, dado que fue contratado pocos días después del mismo, la demanda debió haber sido íntegramente desestimada; y no habiéndolo hecho así la juzgadora de instancia, procede la estimación del presente recurso, y la revocación de la sentencia recurrida.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,