Sentencia Social 434/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Quinta, Rec. 320/2025 de 02 de junio del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia desestimó la demanda de Resolución de contrato formulada por el actor y reclamación de cantidad; y apreciando la excepción de caducidad, desestimó igualmente la demanda de Despido.

Frente a la misma se alza el actor en suplicación, articulando su recurso a través de un motivo de nulidad, amparado en el art. 193 a) LRJS, un motivo de revisión fáctica, ex art. 193 b) LRJS, y tres motivos de censura jurídica con sustento procesal en el apartado c) del indicado precepto.

Dicho recurso fue impugnado de contrario por ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE S.A.U., por D. Pablo Jesús y por ASOCIACIÓN RECRETATIVA CULTURAL DEPORTIVA BUENAVISTA., oponiéndose todas ellas a su estimación, y postulando la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-En el primero de los motivos, amparado en el apartado a) del art. 193 LRJS, interesa el recurrente la reposición de los autos al momento en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento, que le produjeron indefensión, y en concreto cita como infringido el art. 24.1 de la Constitución española, por considerar que la sentencia recurrida les causa indefensión; y el art. 14 de la Constitución.

Señala que no queda claro en la sentencia si estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo o ante una novación contractual aceptada por el trabajador, o ante un despido. Habla de fraude procesal por sostener las tres vías. Tras hacer una serie de elucubraciones en las que llega a conclusiones confusas y delirantes, pretende la nulidad de la sentencia, para que se dicte otra en la instancia concretando si estamos antes una novación contractual o no, si estamos ante una modificación sustancial o no y si estamos ante una subrogación o no, y en los tres casos, las consecuencias de la decisión.

Centrado así el objeto del presente motivo, debemos recordar que respecto a la nulidad de actuacionesse ha pronunciado la Sala IV del Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, en sintonía con la doctrina que sobre tal cuestión viene manteniendo el Tribunal Constitucional y lo ha hecho, entre otras en sentencia de 24 de septiembre de 2012 o en la de 9 de marzo de 2015, en el sentido siguiente:

" El mismo Tribunal Constitucional y esta Sala (entre otras, en sentencias de 30/1/04 (RJ 2004, 2580) , Rcud. 3221/02 y de 3/10/06 (RJ 2006, 8018) , Rcud. 146/05 ) han declarado que la nulidad de actuaciones constituye una medida excepcional que debe quedar reservada para casos extremos de una total indefensión,de modo que no basta que se produzca una vulneración de normas procesales sino que es preciso que ello haya determinado una indefensión material a la parte que la invoca, ya que la nulidad no deriva de cualquier infracción o vulneración de normas procesales sino de que esta vulneración le haya producido al interesado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa. Como dice el Auto del TC 3/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 3 AUTO) "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa ( STC 43/1989 (RTC 1989, 43) ) pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales".

Así pues, para que la nulidad de las actuaciones prevista en la letra a) del artículo 193 LRJS pueda ser acordada es necesario que concurran los siguientes requisitos: que se infrinjan normas o garantías del procedimiento y se cite por el recurrente la norma que estime violada; que esa infracción haya producido indefensión - STC.158/89 - y que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta, salvo que no haya sido posible realizarla.

Se trata de una actuación excepcional establecida para supuestos igualmente especiales de sentencias o actos judiciales y fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión o carezcan de los requisitos mínimos necesarios para causar su fin ( SSTS de 18-6-2001 ( RJ 2001, 6311 ) (Rec.- 2766/00 ) y 23-5-2003 ( RJ 2004, 258 ) (Rec.- 4/2002 ), entre otras.

Y dicha nulidad ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que solo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales, y en todo caso, se exige que la infracción alegada haya causado a la parte una verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retroacción de actuaciones.

Dicho lo anterior, ciertamente y como viene recordando el Tribunal Constitucional, en el contexto del art. 24.1 CE la indefensión es una noción material que se caracteriza por entrañar una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, así como un menoscabo de los principios de contradicción y de igualdad procesal de las partes, que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales[ SSTC 48/1984 ( RTC 1984\48), 70/1984 ( RTC 1984\70), 48/1986 ( RTC 1986\48), 89/1986 ( RTC 1986\89) y 12/1987 ( RTC 1987\12)]. Y lo cierto es que rige en la fase probatoria del proceso el principio de igualdad de armas, invocado por el recurrente, que garantiza una igualdad efectiva de las posibilidades y cargas de las partes en esta materia, para lograr la plenitud del resultado probatorio."

En el supuesto aquí analizado, no podemos apreciar en modo alguno una privación de la parte actora recurrente de su derecho de defensa; tampoco se aprecia una vulneración o menoscabo de los principios de contradicción o de igualdad procesal de partes. Y lo que imputa el recurrente a la sentencia de instancia es una suerte de incongruencia interna,por considerar que no queda claro si estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo o ante una novación contractual aceptada por el trabajador, o ante un despido. Habla de fraude procesal, aun cuando no desarrolla dicho concepto.

En la jurisprudencia, cuando se habla de incongruencia interna, se refiere a los supuestos en los que se produce un desajuste en la sentencia, sin atender a la actividad de las partes, entrando en contradicción el fallo con los fundamentos o razonamientos de la resolución. Los casos de incongruencia interna han sido considerados por el Tribunal Constitucional como lesivos del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, puesto que la contradicción entre la fundamentación y el fallo de una resolución no es un vicio de incongruencia, sino un defecto de motivación, al ser la sentencia que resulta, irrazonable y contradictoria (por todas SSTC 42/2005 de 28 de febrero ; 140/2006, de 8 de mayo y 127/2008, de 27 de octubre ).

Mas no puede esta Sala apreciar tal incongruencia en la sentencia recurrida, en la que se intenta y se logra dar respuesta a todas las alegaciones y pretensiones deducidas en las dos demandas formuladas por la parte actora (Despido y Resolución de contrato) llegando a la conclusión de que no estamos ante un despido respecto de la empresa ILUNION ni respecto de la ASOCIACIÓN; y entiende que de producirse la subrogación en la empresa de D. Pablo Jesús, la no reincorporación del actor en la misma y su calificación como despido, operaría la caducidad.

También se pronuncia, a propósito de la acción de resolución de contrato, analizando las dos causas en las que la funda la actora, desestimando la primera de ellas (falta de alta y cotización en Seguridad Social) y entendiendo que tampoco podría aceptarse la segunda (la amparada en el art. 50.1 a) por no darse los requisitos exigidos (no se acredita que se hubiera producido un menoscabo a la dignidad), y en todo caso, por haber sido aceptada por el trabajador.

Por los motivos expuestos, desestima ambas acciones (Despido y Resolución de contrato), razonando de modo exhaustivo su decisión, sin que fuera necesario entrar aquí a analizar, por no haberse impugnado como tal, ni la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ni la subrogación. En consecuencia, ninguna infracción se aprecia en la sentencia, que pueda justificar la pretendida nulidad, por lo que el motivo se desestima.

TERCERO.-Por el cauce del apartado b) del art. 193 LRJS se interesa la adición de un nuevo hecho probado, con apoyo en el documento invocado, y con la siguiente redacción:

"Que el acuerdo que se contiene en el documento número 4 del ramo de prueba de la demandada y al que la sentencia de instancia se refiere en el Hecho Sexto de la sentencia, no refleja la voluntad del trabajador de aceptar una novación contractual de la relación laboral".

Adición que no procede, por cuanto no incorpora un dato fáctico, sino una conclusión valorativa que no puede tener acceso al relato de probanzas. Amén de lo anterior se pretende obviar el contenido del hecho probado sexto, en el que la juzgadora realiza una valoración del documento 4, ahora referido por el recurrente, sin que se proponga siquiera la revisión de dicho hecho probado.; no pudiendo pretender el recurrente, que la Sala realice una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por lo que el motivo se desestima.

CUARTO.-En sede de censura jurídica, con amparo en el art. 193 c) LRJS, se formulan tres motivos:

En el primero, se denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 103.2 LRJS e invoca STS de 14-01-21 (rec. 888/2019) y 5-05-16 (rec. 2346/2014). Y tras reconocer que frente a ILUNION no cabría acción de despido, pues habría sido un despido parcial, señalando que si trajo a dicha mercantil al pleito por razones procesales. Y fue cuando ILUNION aclaró que la nueva adjudicataria era Pablo Jesús, cuando se accionó por despido frente al mismo. Reitera el fraude procesal por parte de ILUNION y la mala fe y temeridad. Se aclara que la acción de despido se interpone únicamente contra D. Pablo Jesús, si es que la subrogación se hubiera consumado, y eso debe establecerlo la sentencia recurrida, que nada dice al respecto, no estando caducada dicha acción pues el trabajador conoció que esta era la nueva empleadora, el 15-06-24, y formuló papeleta de conciliación por despido el 19-06-24.

El motivo debe ser desestimado por cuanto al actor se le notificó por su empleadora, ILUNION, que cesaba en el servicio de la Asociación el 1-02-24 por haber dejado de ser adjudicatarios del citado servicio (hecho probado quinto). Se le indicaba, con base en dicha pérdida de parte del servicio, se le va a reducir su jornada a partir del 1-02-24, siendo desconocido cual era la nueva judicataria.

El actor, ante tal comunicación, firma el documento de cambio de jornada (hecho probado sexto) y no acciona por despido. Si consideraba que esa falta de subrogación respecto a la parte de la jornada que se perdía, constituía un despido, debió haber accionado así, mas lo cierto es que cuando se accionó frente a la nueva adjudicataria, el 19-06-24, la acción estaba caducada, ex art. 59.3 ET y art. 103.1 LRJS.

El art. 103.2 de la LRJS cuya infracción se denuncia, dispone:

"Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación o demanda por despido contra una persona al la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quien sea el empresario".

La aplicación de dicho precepto al supuesto que analizamos, supone que el trabajador tenía 20 días para accionar frente a ese supuesto despido, y una vez presentada papeleta de conciliación o demanda por despido frente a quien considerase erróneamente su empresario, si posteriormente se acreditase en juicio o en momento anterior, que lo era un tercero, podía promover nueva demanda frente a éste o ampliar la demanda ya presentada sin que operase la caducidad hasta el momento en que conste quien era el empresario. Pero lo que aquí ocurrió es que la primera vez que el trabajador acciona por despido es con la presentación de la papeleta de conciliación el 3-06-24, y posterior demanda por despido el 25-06-24, frente a ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.U., ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL DEPORTIVA BUENAVISTA, ARMONÍA SOLF FACILITIES SOLUTIONS ESPAÑA S.L. y GROUPE ARMONÍA LIVING S.L. Y en ese momento, la acción por despido estaba ya caducada, habida cuenta que el trabajador ya conocía desde el 1-02-24 que su jornada se reducía por haber perdido su empleadora la adjudicación del servicio al que él estaba adscrito. Con lo que, la aplicación del precepto invocado en el presente motivo avala nuevamente la apreciación de caducidad realizada en la sentencia recurrida, con lo que el motivo se desestima.

QUINTO.-En el segundo de los motivos de censura jurídica, se denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 50.1 a) del ET.

Sostiene que en la sentencia no se resuelve si hubo o no subrogación y considera que si la hubo, debería ser condenado por despido D Pablo Jesús. Pero si lo que hubo fue una modificación sustancial de condiciones de trabajo sin haberse seguido el cauce del art. 41, el trabajador ha sufrido un grave perjuicio económico, que afecta a su dignidad. Argumenta que se evidencia una clara intención por parte de ILUNION de dañar al trabajador al dejarle sin opciones, sin indicarle la empresa que debía subrogarle, no siendo creíble que el trabajador haya aceptado voluntariamente una reducción de trabajo. Por tales motivos, entiende que debería extinguirse la relación laboral y condenar a ILUNION a indemnizarle con una cantidad equivalente a la de un despido improcedente, más la diferencia salarial durante el tiempo en que sufrió la merma de su salario, esto es, los 698,75 euros que indicaba en su demanda.

Se indica por ILUNION en la impugnación del recurso que el trabajador solicitó la extinción de su contrato por dos cuestiones:

- Porque la empresa le ha dado de baja el Seguridad Social y no ha cotizado del 27/8/2016 a 13/3/2017.

. Y porque prestaba servicios por 40 horas semanales y la empresa con fecha 13/3/2017 le da de alta por el 68,20% de la jornada.

Y se afirma que en el acto del juicio de tales cuestiones se desiste. En todo caso, señala que el 28-08-16 cumplía el actor 18 meses de baja y le denegaron la incapacidad, solicitando su reincorporación el 13-03-17; por lo que desde el 27-08-16 al 13-03-17 no estuvo en alta porque después de 18 meses de baja médica, se produce el cese de la obligación de cotizar por parte de la empresa, por agotamiento de la IT; con lo que no hay incumplimiento alguno que pueda justificar la extinción contractual. Y niega lo relativo a la reducción de jornada.

Ciertamente, sobre dichas cuestiones, que fueron desestimadas en la sentencia recurrida, nada alega el recurrente, con lo que se aquieta, y no procede hacer aquí pronunciamiento alguno.

Por lo que respecta a la modificación realizada el 1-02-24, lo cierto es que consta la firma del actor, del documento de dicha fecha en el que ambas partes acordaron que el trabajador a partir del 1-02-24 pasaría a prestar sus servicios con la categoría de Oficial 1ª jardinero, y con una jornada de 25,78 horas semanales, debiéndose este cambio de jornada a "reducción por subrogación de uno de los servicios". Con lo que, la modificaciónque efectivamente se produjo respecto a la jornada del actor, pasando a ser de 37,78 a 25,78 horas semanales, y que podría haber justificado la extinción del contrato, por la vía del art. 50.1 a) ET, en caso de acreditarse el menoscabo de la dignidad del trabajador; o por la vía del art. 41.3 ET, con la simple acreditación del perjuicio, fue aceptada por el trabajador, con la firma del documento referido en el inalterado hecho probado SEXTO,analizado exhaustivamente por la juzgadora de instancia; con lo que no existiría base alguna justificativa de la extinción indemnizada que se postula al amparo del art. 50.1 a) del ET. .

A mayor abundamiento, y a los meros efectos dialécticos, la extinción del contrato aquí postulada, que es la prevista en el número 1 a) del Art. 50 del ET, requiere un doble requisito, por una parte que la empresa unilateralmente introduzca una modificación sustancial en las condiciones de trabajo sin respetar lo previsto en el art. 41 de la misma norma, y por otra que esta modificación sustancial redunde en menoscabo de su dignidad; si no concurre esta doble circunstancia, la sola modificación sustancial de las condiciones de trabajo, podrá dar lugar en su caso, al ejercicio de los derechos previstos en el Art. 41 núm. 3 del propio Estatuto, no solicitada aquí, pero no a la extinción del contrato de trabajo, asimilada en cuanto a las indemnizaciones que prevé el citado Art. 50.

Por lo tanto, para que la acción extintiva del artículo 50.1 a) del ET pueda prosperar, es necesario que la modificación operada en las condiciones de trabajo no solamente sea sustancial,sino que es preciso además que no haya respetado lo previsto en el art. 41 ET ,y que afecte de modo negativo a la dignidad del trabajador.

No se cuestiona la sustancialidad, ni la falta de respeto de lo previsto en el art. 41 ET, pero la modificación en cuestión de reducción de la jornada de trabajo, como consecuencia de la pérdida de un servicio, no consta que redundara en menoscabo de la dignidad del trabajador. Dicho derecho a la dignidad personal aparece reconocido en la legalidad ordinaria, y en concreto en el art. 4.2 c) del ET, que reconoce como derecho básico del trabajador, el "respecto a la consideración debida a su dignidad".Y se reconoce de igual modo esta dignidad del trabajador, en diversos preceptos del ET, como el art. 18, 20.3 o 39.3 del citado texto legal.

Por menoscabo a la dignidad del trabajador históricamente se ha entendido el atentado contra el respecto debido a su honorabilidad, medida con un criterio social objetivo ( STS 29-01-88), y se apreció en aquellos acasos en los que se es objeto de un trato discriminatorio o humillante.

Equivale tal dignidad al respeto que un trabajador merece ante sus compañeros y ante sus jefes, como persona y como profesional, no pudiendo ser situado por una decisión empresarial, en una posición tal que provoque un menoscabo en ese respeto. Y parece claro que no se aprecia aquí ese trato discriminatorio o humillante hacia el actor, por el hecho de haberle reducido la jornada de trabajo, ante la pérdida por la empleadora, del servicio en el que venía prestando su trabajo el actor. Corolario de lo expuesto, es la desestimación del presente motivo.

SEXTO.-En el tercero y último de los motivos de censura jurídica se denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 56.1 ET. Sostiene que este motivo se invoca para el supuesto de entenderse que existió una subrogación empresarial, señalando que en tal caso el empresario al que se le adjudicó el servicio, D. Pablo Jesús, estaba obligado a incorporar al actor a su plantilla, y al no hacerlo supuso un despido, con las consecuencias expuestas en el art. 56.1 ET.

Desfavorable acogida merece el presente supuesto, habida cuenta que la sentencia recurrida , en contra de lo manifestado por el recurrente, sí razonó en el fundamento jurídico tercero que D. Pablo Jesús fue la empresa encargada en la actualidad, de la prestación de servicios de mantenimiento de jardinería de la Asociación; servicios prestados hasta el 31-01-24 por ILUNION.Y que debía producirse la subrogación el 1-02-24; pero igualmente razonaba que "Tal subrogación debía producirse ya el día 1 de febrero de 2024 y al no hacerlo, el actor debió ejercitar su acción de despido frente a tal autónomo en fechas anteriores dentro del plazo de caducidad de veinte días que a la fecha de la presentación de la papeleta de conciliación el 19 de junio de 2024 ya había transcurrido sobradamente. Por tanto, la acción de despido estaría caducada."

Con lo cual, desestimado en la presente Sentencia, el primero de los motivos formulados, relativo a la caducidad del despido, y manteniéndose por tanto la apreciación de tal excepción, el presente motivo está abocado al fracaso, por cuanto no procede entrar en el análisis del despido, al estimarse que el mismo estaba caducado.

Consecuentemente, no se aprecia ninguna de las infracciones denunciadas, y procede la desestimación del presente recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,