Sentencia Social 924/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Segunda, Rec. 464/2024 de 20 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Frente a la Sentencia de instancia de fecha 27 de marzo de 2022 dictada en autos 653/2021 por el Juzgado social nº 25 que desestima la demanda formulada por D. Pablo Jesús, interpone recurso de suplicación el trabajador que ha sido impugnado por la empresa demandada LABORATORIOS PHERGAL SA y que articula el demandante a través de un único motivo de recurso al amparo de la letra c) del art 193 de la LRJS y solicitando la revocación de la sentencia recurrida y que se estime la demanda origen del procedimiento.

El recurso no ha sido impugnado.

SEGUNDO.-Con amparo en la letra c) del art 193 de la LRJS formula la parte recurrente denuncia de infracciones de jurisprudencia y normas sustantivas en concreto los arts 8 del ET en redacción dada por el RD 1659/1998 y art 2.1g) de la Directiva 533/1991, alegando que dicho precepto impone a la empresa la obligación de informar al trabajador de los elementos sustanciales del contrato de trabajo entre los que se establece los plazos de preaviso de la extinción del contrato por baja voluntaria y las consecuencias derivadas del mismo o de su incumplimiento. Sostiene que el contrato de trabajo no contenía esa información y tampoco con posterioridad a su firma se informó de nada al trabajador, añadiendo que por ello se interesó como prueba documental y así se admitió por el Juzgado que la empresa aportara el documento en los términos del art 2 del RD 1659/1998 y no fue aportado.

Por lo demás, tras hacer un discurso argumentativo sobre la aplicación del derecho comunitario concluye pretendiendo sustituir el fundamento derecho primero de la sentencia al que llama hecho Probado, por otra redacción que en definitiva son su propios e interesados razonamientos jurídicos sobre la valoración de la prueba practicada.

La cuestión debatida era la procedencia del descuento que la empresa realizó al trabajador en la liquidación al término de la relación laboral por importe de 3.214,28€ equivalente a un mes por el incumplimiento por este del plazo de preaviso previsto en el convenio de dos meses para los trabajadores con la categoría del actor grupo profesional 7- sólo preavisó con un mes-.

El Artículo 2 de la Directiva 533/1991 dispone:

Obligación de información 1. El empresario estará obligado a poner en conocimiento del trabajador por cuenta ajena a quien se aplica la presente Directiva, denominado en lo sucesivo el «trabajador », los elementos esenciales del contrato de trabajo o de la relación laboral.

2. La información contemplada en el apartado 1 se referirá, al menos, a los siguientes elementos:

a) la identidad de las partes;

b) el lugar de trabajo; a falta de lugar fijo o predominante de trabajo, el principio de que el trabajador efectúe su trabajo en diferentes lugares, así como la sede o, en su caso, el domicilio del empresario;

c) i) la denominación, el grado, la calidad o la categoría del puesto de trabajo que desempeña el trabajador, o

ii) la caracterización o la descripción resumidas del trabajo;

d) la fecha de comienzo del contrato o de la relación laboral;

e) en caso de que se trate de un contrato o de una relación laboral temporal: la duración previsible del contrato o de la relación laboral;

f) la duración de las vacaciones pagadas a las que el trabajador tenga derecho, o si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de atribución y de determinación de dichas vacaciones;

g) la duración de los plazos de preaviso que deban respetar el empresario y el trabajador en caso de terminación del contrato o de la relación laboral, o si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso;

h) la retribución de base inicial, los demás elementos constitutivos, así

como la periodicidad de pago, a que tenga derecho el trabajador;

i) la duración de la jornada o semana laboral normal del trabajador;

j) en su caso:

i) la mención de los convenios colectivos y/o acuerdos colectivos que regulen las condiciones laborales del trabajador, o

ii) si se trata de convenios colectivos celebrados fuera de la empresa por órganos o instituciones paritarias particulares, la mención del órgano competente o de la institución paritaria competente en cuyo seno se hayan celebrado dichos convenios.

3) La información sobre los elementos a que se alude en las letras f), g), h) e i) del apartado 2 podrá derivarse, en su caso de una referencia a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o estatutarias o a los convenios colectivos que regulen las correspondientes materias.

El art 8.5 del ET incorporó la Directiva 91/533 de 14 de octubre, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral y dispone:

5. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito

El RD 1569/1998 de desarrollo del art 8.5 del ET en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo establece en el artículo 2.:

Información general.

1. En las relaciones laborales incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el empresario deberá informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral.

Tal obligación se entenderá cumplida cuando tales elementos y condiciones figuren ya en el contrato de trabajo formalizado por escrito que obre en poder del trabajador. Cuando el contrato de trabajo formalizado por escrito contenga solo parcialmente la información relativa a los citados elementos y condiciones, el empresario deberá facilitar por escrito al trabajador la información restante, en los términos y plazos establecidos en el presente Real Decreto.

2. La información a que se refiere el apartado anterior incluirá, al menos, los siguientes extremos:

a) La identidad de las partes del contrato de trabajo.

b) La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de una relación laboral temporal, la duración previsible de la misma.

c) El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del empresario y el centro de trabajo donde el trabajador preste sus servicios habitualmente. Cuando el trabajador preste sus servicios de forma habitual en diferentes centros de trabajo o en centros de trabajo móviles o itinerantes se harán constar estas circunstancias.

d) La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el trabajador o la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo.

e) La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la periodicidad de su pago.

f) La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo.

g) La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución y de determinación de dichas vacaciones.

h) Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y el trabajador en el supuesto de extinción del contrato o, si no es posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos plazos de preaviso.

i) El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos concretos que permitan su identificación.

3. La información sobre los extremos a que se refieren los párrafos e), f), g) y h) del apartado anterior podrá derivarse de una referencia a las disposiciones legales o reglamentarias o a los convenios colectivos de aplicación que regulen dichos extremos, siempre que tal referencia sea precisa y concreta para permitir al trabajador el acceso a la información correspondiente.

La obligación que pesaba sobre el empresario de informar al trabajador de los elementos esenciales del contrato de trabajo o relación laboral en cuanto al plazo de preaviso y sus consecuencias que prevé el art 8.5 del ET no se considera cumplida en los términos exigidos por el RD 1569/98 y la Directiva referida.

Ciertamente la normativa referenciada permite que el contrato de trabajo se remita al Convenio en relación con una serie de materias entre las que se encuentra Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y el trabajador en el supuesto de extinción del contrato,pero para que esa información sea suficiente es preciso que tal referencia sea precisa y concreta para permitir al trabajador el acceso a tal información

El contrato de trabajo contiene dos menciones al Convenio colectivo de aplicación a la relación laboral que es el de Industrias Químicas; una, en la cláusula 2º que en nada afecta al trabajador pue se refiere a los llamamientos de los trabajadores fijos discontinuos, y otra genérica en la cláusula séptima en la que de forma general estable que en lo no previsto en el contrato se estará a la legislación vigente y particularmente el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Industrias Químicas. Esto es, en el contrato no se contiene una cláusula sobre la materia concreta del plazo de preaviso ni tan siquiera para remitirse en cuanto a la misma a lo dispuesto en el convenio colectivo.

A ello, añadir que según el contrato de trabajo el Grupo profesional del actor era el V y para esta categoría según el convenio colectivo- art 20- el plazo de preaviso es de 1 mes; mientras que en los recibos de salario al tiempo del cese consta el grupo VII para el que efectivamente el plazo de preaviso es de 2 meses. Por otro lado aunque consta probado que el día 19-2-2021, esto es al día siguiente de notificar el trabajador a la empresa que causaría baja voluntaria con efectos de 18-3-2021, la empresa a través de su Consejero y mediante correo electrónico recordó al demandante que su categoría profesional es del grupo VII y que el preaviso es de dos meses, en ningún momento le informó de las consecuencias económicas que se derivarían del incumplimiento de los dos mes pero que la empresa aplicó descontándole de la liquidación la cuantía equivalente a ese incumplimiento.

En definitiva y como sostiene el recurrente sin perjuicio de la aplicación del convenio colectivo de Industria Química que establece en el art 20 que el plazo de preaviso para la categoría del actor grupo VII es de dos meses, el deber de información que recae sobre la empresa al respecto no ha sido cumplido ni al inicio de la relación laboral ni durante ella, ni tampoco al final, no siendo suficiente para cubrir la exigencia y obligación que pesa sobre la empresa que recordara al trabajador cuando ya había preavisado, que conforme a su Grupo VII el plazo era de dos meses cuando no le informa además de las consecuencias que podría adoptar y de hecho así hizo. Y las consecuencias de ese incumplimiento no pueden ser otras que no poder aplicar la posibilidad del descuento del tiempo de preaviso y al no haberlo así entendido la sentencia de instancia procede estimar el recurso con revocación de la sentencia. Pues si por falta de información que la empresa estaba obligada a proporcionar al trabajador éste incumple una previsión normativa no se puede la empresa beneficiar de las consecuencias de ese incumplimiento propiciado por ella.

Vistoslos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,