Sentencia Social 427/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Segunda, Rec. 355/2025 de 22 de mayo del 2025

PRIMERO.Frente a la Sentencia de instancia que estimando en parte la demanda declara "que la demandada vulnera el derecho que a la actora reconocen los artículos 39.3 ET y 17 del convenio colectivo, consistente en percibir el salario correspondiente al desarrollo de las funciones del puesto de Gerente de Medio Ambiente, condenando a la demandada a abonar a la demandante la cantidad de 87.053,32 €, correspondiente a las diferencias salariales generadas desde su designación para el desempeño del puesto de Gerente de Medio Ambiente, hasta el 31 de diciembre de 2023, por comparación con la RBA de un subdirector de Nivel 6,con el interés moratorio del 10%, absolviendo a la demandada del resto de pedimentos formulados en su contra en el escrito de demanda",se alza en suplicación la representación procesal de Doña Yolanda.

SEGUNDO.1Como cuestión previa ha de pronunciarse la Sala sobre la admisibilidad de los documentos que se acompañan junto con el escrito de recurso y en escrito de 25 de septiembre de 2024.

2.Hemos de recordar que la Sentencia de la Sala Cuarta de 11 de marzo de 2020 (rcud.757/2017) señala que "el artículo 233.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , establece que "La Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda, mediante auto contra el que no cabrá recurso de reposición, con devolución en su caso a la parte proponente de dichos documentos, de no acordarse su toma en consideración. De admitirse el documento, se dará traslado a la parte proponente para que, en el plazo de cinco días, complemente su recurso o su impugnación y por otros cinco días a la parte contraria a los fines correlativos".

Con ello concuerda el art. 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente (LEC) que, después de establecer la misma prohibición sobre admisión de documentos después de la vista o juicio, añade: "Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o rectificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso...".

De lo anterior se desprende que los únicos documentos que podrán ser admitidos en estas circunstancias son las sentencias y las resoluciones judiciales o administrativas firmes, así como otros documentos, pero siempre que unas y otros resulten condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y además que no se hubiesen podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables a la parte que lo pretende.

Añade el Alto Tribunal que esta Sala viene manteniendo en la actualidad una posición similar a la acogida para interpretar el precedente artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral : 1) Que en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de Sentencias o resoluciones judiciales o administrativas firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos.- La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) la sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) Que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en l instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala.- 2) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva.- 3) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso su alcance en la propia sentencia o auto que haya de dictar.

De lo anterior se desprende que los únicos documentos que podrán ser admitidos en estas circunstancias son las sentencias y las resoluciones judiciales o administrativas firmes, así como otros documentos, pero siempre que unas y otros resulten condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y además que no se hubiesen podido aportar anteriormente al procedimiento".

3.En el singular caso que nos ocupa interesa la actora que se incorpore a su ramo de prueba un total de ocho documentos, consistentes en su mayoría en correos electrónicos fechados en los meses de febrero, abril y septiembre de 2024, así como en la descripción de puestos de trabajo fechada en febrero de 2024.

No reuniendo ninguno de los documentos reseñados las condiciones exigidas por la doctrina legal y jurisprudencial más arriba examinada para lograr su incorporación al ramo de prueba de la actora (pues no se trata en ningún caso ni de resolución judicial o administrativa firme, ni de documentos trascendentes para el litigio, pues se trata d comunicaciones electrónicas posteriores al momento de celebración del plenario) se acuerda la inadmisión de los mismos, con su consiguiente desglose y devolución a la parte proponente.

TERCERO.1Aclarado lo anterior, dedica la trabajadora su primer motivo de recurso, construido al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a la rectificación del relato de hechos probados contenido en la sentencia.

2.En concreto, ofrece una redacción alternativa para el hecho probado octavo para que en adelante rece como sigue: "D. Daniel presta servicios para la demandada en el puesto de técnico de medio ambiente, desde el 15/1/07, con la categoría de técnico de medio ambiente, siendo retribuido por asignación de la categoría de Jefe de Proyectos Nivel 1, conforme a las tablas salariales. No es hecho controvertido la existencia de diferencias salariales entre la demandante y don Daniel, cuya causa, la demandada, en el acto de la vista, declara desconocer."

3.Como señala la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por todas Sentencia de 25 de enero de 2005, "...constante doctrina de esta Sala expresiva de que la revisión de hechos probados -de singular importancia, en cuanto la resultancia fáctica constituye la base indispensable para el examen del derecho aplicable- exige los siguientes requisitos (por todas, STS 4 de febrero de 1998 y 17 de septiembre de 2004):

1º.- Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2º.- Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

3º.- Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

4º.- Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

Según reiterada doctrina, para que pueda prosperar la revisión de hechos de la sentencia es preciso, que los documentos o pericias en que se sustenta la revisión de los hechos (únicas pruebas hábiles a tal efecto, según los arts. 191 b) y 194.3 de la LPL, en la actualidad 193 b de la LRJS) pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; debiendo tenerse en cuenta que no todo documento es idóneo para fundar la revisión fáctica, sino aquel que, reuniendo las características antes descritas, presente las necesarias condiciones de ser fehaciente y de contenido indiscutible, condiciones que no reúnen las fotocopias de documentos, tal como tiene establecido reiterada doctrina jurisprudencial ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1990 , 25 de febrero de 1991 y 23 de marzo de 1994)..."

4.Atendiendo a la anterior doctrina jurisprudencial el motivo que nos ocupa fracasa, no sólo por cuanto pretende quien recurre que la Sala reconsidere la prueba de interrogatorios practicada en el plenario; sino porque trata Doña Yolanda, tras citar más de un centenar de folios, que la Sala reconsidere de manera global la prueba practicada en el plenario correspondiendo en exclusiva al juzgador tal facultad al juzgador de instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (por todas la Sentencia de la Sala Cuarta de 18/11/1999 [RJ 1999\8742).

CUARTO.1Sobre la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, construye la trabajadora sus restantes motivos de recuso destinados al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por la juzgadora de instancia, denunciando como infringidos los artículos 28.1 del Estatuto de los Trabajadores y 67 y 68 del convenio colectivo de aplicación.

Razona Doña Yolanda que "con la estimación de la modificación propuesta para el hecho probado octavo de la sentencia, y sin perjuicio de la toma en consideración de los documentos cuya aportación solicitamos por medio de otrosí, quedará acreditada la igualdad de funciones desarrolladas por mi mandante y por don Daniel"

2.No contamos con escrito de impugnación.

QUINTO.1El motivo que nos ocupa fracasará por la defectuosa técnica procesal con que se construye, pues deposita la trabajadora la totalidad del su peso argumentativo sobre una realidad procesal inexistente, pues no ha logrado rectificar la resultancia fáctica declarada en la sentencia, como tampoco incorporar a las actuaciones la documental que acompaña junto con su escrito de recurso.

Se limita por tato Doña Yolanda a hacer supuesto de la cuestión, es decir, parte de hechos no declarados como probados en la sentencia de instancia para tratar de aplicar la norma que invoca como infringida con un resultado distinto. Y como dice la sentencia de la Sala de lo Civil de 19 de mayo de 2005, reiterando doctrina, "no cabe en casación hacer supuesto de la cuestión, es decir, partir de hechos distintos de los que ha declarado acreditados la sentencia de instancia, pues ello sería tanto como pretender la revisión de la actividad probatoria y, especialmente, de la valoración de la prueba realizada en la instancia, que corresponde exclusivamente a ésta. Lo cual, que también coincide con el concepto y la función de la casación, ha sido mantenido por reiterada jurisprudencia: así, sentencias de 17 de mayo de 2000, 3 de mayo de 2001, 21 de noviembre de 2002 " (por todas, STS de 15 de mayo de 2007, recurso 44/2006).

En el mismo sentido, la sentencia de la Sala Cuarta de 15 de marzo de 2023 (rcud.178/2022) añade que "El recurso se construye en este pasaje a partir de los hechos que considera acaecidos, presuponiendo el éxito de las dos revisiones interesadas en tal sentido.

Al no haber prosperado ninguna de las dos, quiebra por su propia base la infracción postulada respecto de horas extraordinarias y nuevas contrataciones.

El motivo de recurso acaba abordando un problema o supuesto diverso al que concurre, incurriendo así en el vicio o defecto que venimos denominando "petición de principio". Al haberse construido el motivo sobre bases fácticas erróneas incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida. Este defecto se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ( STS 141/2021 de 2 febrero, rec. 128/2019 y las citadas en ella)".

2.En definitiva, no apreciando la concurrencia de la infracción normativa denunciada, el recurso es desestimado en este punto.

SEXTO.1En último término denuncia la actora como infringido el artículo 99 de la LRJS en relación con la doctrina sentada en STS de 27 de marzo de 2006, dictada en el recurso 4593/2003, que se hace eco, además de la doctrina sentada por las sentencias del mismo TS de 9 de noviembre de 1989, 25 de enero de 1991 y 26 de mayo de 1992, la número 1993/194 del Tribunal Constitucional. Afirma que la absolución de la demandada respecto de la condena a futuro por ella interesada quebranta los principios de economía procesal, pues tal petición trata de evitar futuras reclamaciones judiciales por unos mismos hechos.

2.Establecido así el debate conviene recordar que el artículo 99 de la LRJS que se cita como infringido dispone que "En las sentencias en que se condene al abono de una cantidad, el juez o tribunal la determinará expresamente, sin que en ningún caso pueda reservarse tal determinación para la ejecución.

No obstante cuando se reclamen prestaciones o cantidades periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer esas cantidades que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicte".

En el caso que nos ocupa, como bien precisa la actora en su recurso entabla ésta en su demanda una acción de reconocimiento de derecho y reclamación de cantidad interesando en su suplico que:

- Se declarase que la compañía vulnera el derecho que me reconocen los artículos 39.3 del Estatuto de los Trabajadores y 17 del convenio colectivo, consistente en percibir el salario correspondiente al desarrollo de las funciones del puesto de Gerente de Medio Ambiente desde mi designación para éste.

- Se condene a la demandada a abonar la cantidad bruta de CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UNCÉNTIMOS DE EURO (47.032,71 euros), correspondiente a las diferencias salariales generadas desde mi designación para el puesto de gerente de medio ambiente hasta la fecha de presentación de esta demanda, más el interés por mora correspondiente, y sin perjuicio de las cantidades que por este concepto se generen con posterioridad a la presentación desde la demanda.

- Se condene a la demandada a abonarme la cantidad bruta de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CONNOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (12.237,95 euros), correspondiente a las diferencias salariales generadas entre abril de 2021 y abril de 2022 más el interés por mora correspondiente, sin perjuicio de las cantidades que, en su caso, se devenguen con posterioridad la presentación de esta demanda.

- Se condene a la demandada a que, en caso de que cese por causa legal en el desarrollo de las funciones correspondientes al puesto de gerente de medio ambiente, retomando el puesto de técnico de medio ambiente, me reconozca el derecho a consolidar el salario correspondiente al técnico con mayor cuantía salarial.

3.En relación con la última de las peticiones razona la juzgadora en su sentencia que "es la casuística empírica la que va a determinar la posibilidad de condenas de futuro puesto que tal condena no es una imposición legal al juzgador (el art. 99 LRJS dice que el "la sentencia podrá"), sino que es una potestad que se le confiere al Juez cuyo ejercicio depende de que concurran en el caso motivos suficientes que justifiquen la puesta en práctica de esta medida de economía procesal que el ordenamiento dispone en beneficio de la parte acreedora (y también, secundariamente, del propio órgano jurisdiccional) ( STC 194/1993 y STS 28 abril 2009 ).

En el presente caso, no se advierten circunstancias que justifiquen acceder a la petición de condena de futuro, máxime considerando que las diferencias salariales que aquí se han reconocido, lo son en atención a las circunstancias fácticas en que se ha centrado la controversia (remuneración correspondiente al puesto de gerente), sin que la entidad demandada haya cuestionado el efectivo ejercicio por la actora del puesto que ha motivado la reclamación origen de la demanda y que en la empresa se está llevando a cabo, precisamente, una auditoría retributiva en el marco del plan de igualdad. Por tanto, se desestima la pretensión de condena de las cantidades devengadas con posterioridad a la vista, que se formula en el escrito de demanda".

4.Como bien precisa la recurrente, el artículo 99 de la LRJS y la doctrina que lo interpreta insisten en el carácter facultativo de la previsión contenida en su segundo inciso, pues el legislador ha empleado el tiempo condicional "podrá" y no el imperativo "deberá" al disciplinar la posibilidad de extender las condenas consistentes en el abono de cantidades o prestaciones periódicas a tiempos futuros que se extiendan más allá de la propia resolución que los reconoce.

Habrá, por tanto, que examinar en cada caso concreto si las circunstancias tomadas en consideración para propiciar un pronunciamiento de condena pecuniaria de carácter periódico revisten, o no, la nota de perdurabilidad necesaria para amparar una condena de futuro como la que ahora se persigue.

Considera esta Sala que tales circunstancias no concurren en el caso que examinamos; por cuanto la acción entablada por Doña Yolanda se construye sobre una concreta realidad fáctica: la realización de tareas propias de una superior categoría (la de gerente de medio ambiente) desde un momento cierto (mayo de 2022), de tal suerte que habiendo sido aquélla contratada para desempeñar funciones distintas correspondientes a un grupo profesional inferior, el derecho al devengo de las diferencias salariales reconocidas en la instancia quedaría condicionado en todo caso (por imposición del artículo 39.3 del ET) a la efectiva realización de aquéllas.

Pudiendo variar en el tiempo esta realidad, no es asumible que la Sala efectúe un pronunciamiento distinto al ofrecido por la sentencia que se recurre, pues, insistimos, el estado de cosas al que quedaría condicionada la condena no resulta permanente.

En definitiva, no apreciando la concurrencia de la infracción normativa denunciada, el recurso ha de ser desestimado.

SÉPTIMO.La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación.

Vistoslos preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,