Sentencia Social 300/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Segunda, Rec. 1157/2024 de 24 de abril del 2025

PRIMERO.1Frente a la Sentencia de instancia que estimando en parte la demanda declara la improcedencia del despido operado por la entidad demandada con efectos de 20 de febrero de 2024; se alza en suplicación la representación procesal de la compañía NEWREST ESPAÑA, SL destinando su primer motivo de impugnación, construido al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a la rectificación del relato de hechos probados contenido en la sentencia.

2.En concreto interesa la compañía se adicione al hecho probado quinto el siguiente párrafo: "Consta Auto de fecha 01/93/2024 dictado por el Juzgado de Instrucción no 6 de Madrid, por el que, como consecuencia de los hechos recogidos en el atestado, se incoan Diligencias Previas na 602/2024 por presunto delito de robo con fuerza en las cosas contra D. Ismael Y Roberto."

3.Como recuerda la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2022 (Recurso 219/2021) "reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112), 3 julio 2013 (rec. 88/2012), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

B) No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, "la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes" ( STS de 27 de marzo de 2000, rcud 2497/1999 ). Lo que conduce a rechazar aquéllas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente, pues, reiteramos, el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida ( STS 11 de febrero de 2014, rec. 27/2013 ).

C) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS 6 junio 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

4.Atendiendo a la precitada doctrina el motivo que nos ocupa se rechaza, por cuanto el texto que se trata de elevar a verdad procesal en nada alteraría el sentido del fallo, pues el hecho de haberse incoado contra el actor diligencias previas por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas no es sinónimo de certeza alguna anudada a la realidad de los hechos imputados, pues no consta el resultado de la referida instrucción judicial, ni la presencia de sentencia condenatoria penal firme que atribuya al actor los hechos que determinaron su despido.

SEGUNDO.1Dedica la compañía sus siguientes motivos de recurso, construidos al amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por el magistrado de instancia, denunciando en primer término como infringido el artículo 54. d) del Estatuto de los Trabajadores, así como arts. 40.2, y 4 del VI Acuerdo Laboral estatal del ramo de Hostelería que es de aplicación, y la jurisprudencia que cita. Afirma la empresa que de los hechos que se declaran como probados en la sentencia sólo cabe concluir que, o bien existe una conducta de hurto o sustracción de bienes (los 9 cartones de tabaco faltantes), o una conducta merecedora de ser calificada de trasgresión de la buena fe contractual (pues el actor era conocedor de la prohibición de alojar en la parte trasera del camión enseres personales).

2.El escrito de impugnación fue presentado fuera de plazo.

TERCERO.1Establecido lo anterior, conviene recordar que el artículo 54.1 del ET dispone que "El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador".Añade el apartado 2.d) que "Se considerarán incumplimientos contractuales: d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo".

Por su parte el ALEH IV que se cita como infringido califica en su artículo 40.2 como falta muy grave el "Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con las otras personas trabajadoras o cualquiera otra persona al servicio de la empresa en relación de trabajo con ésta, o hacer, en las instalaciones de la empresa negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de aquella"añadiendo el apartado 4 también como falta muy grave "El robo, hurto o malversación cometidos en el ámbito de la empresa".

2.La Sala Cuarta ha tenido ocasión de interpretar la norma estatutaria referenciada (entre otras en Sentencia de 27 de noviembre de 2019, rcud.430/2018, SSTS de 15 de julio de 2003, rcud.3217/2002; de 11 de octubre de 2005, rcud.3512/2004 y de 8 de mayo de 2018, rcud.383/2017) cuya doctrina puede resumirse del siguiente modo: "a).- En los supuestos de despidos por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 ET no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos.

b).- Se ha de entender que ese conocimiento cabal y exacto lo tiene o adquiere la empresa, cuando el mismo llega a un órgano de la misma dotado de facultades sancionadoras.

c).- En los supuestos en los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción.

d).- El conocimiento empresarial tiene que ser un conocimiento efectivo, real y cierto, no siendo aceptable sustituir ese conocimiento real y cierto por la mera posibilidad de haber tenido la empresa noticia de los hechos acontecidos, sin que ese conocimiento hubiese tenido lugar. El mero hecho de efectuar en la contabilidad de la empresa los oportunos asientos contables, aunque tal contabilidad se lleve informáticamente y aunque se realicen los pertinentes arqueos diarios, no supone de ningún modo que en la realidad de las cosas la empresa haya tomado noticia y conocimiento de la falta o faltas cometidas"

3.Fijado este marco regulatorio ha de partir la Sala de los hechos declarados como probados en la sentencia, que en lo que ahora resulta relevante, establecen lo siguiente:

- D. Ismael vino prestando servicios para la empresa NEWREST ESPAÑA, SL desde el 12 de enero de 2018, con la categoría de Conductor (hecho probado primero).

- El demandante conocía que está prohibido introducir mochilas en el interior de la caja de los vehículos en los que se transporte provisiones (hecho probado cuarto).

- El día 3 de febrero de 2024 D. Ismael descargó varios carros de venta a bordo del camión. Una vez finalizó la descarga, permaneció unos cinco minutos en el interior de la caja del camión en la compañía de D. Roberto, y a continuación ambos salieron de la caja del camión, portando el demandante una mochila (hecho probado sexto).

- D. Roberto y el demandante abandonaron el centro de trabajo sin pasar por el control y sin fichar, pese a que los trabajadores deben pasar obligatoriamente por el control cuando salen del centro de trabajo (hecho probado sexto).

- La aeronave en la que se cargaron carros de venta a bordo de la compañía World to Fly conteniendo los cartones de tabaco controvertidos salió el 29 de enero de 2024 de Madrid y regresó el día 3 de febrero de 2024 a Madrid, tras realizar escalas en diferentes aeropuertos. D. Ismael y D. Roberto tenían asignada la descarga de los carros el 3 de febrero de 2024. Tras la descarga de los carros al regreso del avión, descontando los cartones vendidos, había una diferencia de 27 cartones, de los cuales 18 fueron incautados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la mochila de grandes dimensiones que portaba D. Roberto. Faltando, por tanto, un total de 9 cartones de tabaco (hecho probado séptimo).

- El actor firmó la hoja de devolución de los carros de venta a bordo sin que conste ninguna observación (hecho probado séptimo).

- En el avión el personal de vuelo tiene acceso a los carros de venta a bordo pudiendo manipular los precintos tanto el personal de limpieza, o de mantenimiento o mecánicos. En ocasiones los precintos de los cargos de venta a bordo aparecen abiertos, en cuyo caso debe ser comunicado a la empresa (hecho probado octavo).

- El 20 de febrero de 2024 la compañía entregó al actor comunicación del despido por causa disciplinaria por comisión de las faltas muy graves definidas en el artículo 40.2, 3 y 4 del ALEH IV.

CUARTO.1Establecido este estado de cosas, pretende la compañía que por aplicación de los principios de valoración de la prueba indiciaria se concluya que fue el actor quien, en anuencia con su compañero, procedió a apoderarse de mercancía propiedad de la empleadora, desobedeciendo abiertamente las órdenes recibidas en cuanto al uso del vehículo.

2.En relación con la forma en que cabe ponderar dicha prueba indiciaria nuestro Alto Tribunal (entre otras en STS de 22 de enero de 2019, rcud.3701/2017) ha venido a señalar que "tenemos dicho que la prueba indiciaria se articula en un doble plano. El primero consiste en el deber de aportación de un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona el derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigido a poner de manifiesto lo que se denuncia y que, como es obvio, incumbe al trabajador denunciante. El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, ni tampoco en la invocación retórica del factor protegido, sino que debe permitir deducir la posibilidad de la lesión con base en un hecho o conjunto de hechos aportados y probados en el proceso. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración. En otro caso, la ausencia de prueba empresarial trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental concernido (por todas, STC 104/2014, de 23 de junio , FJ 7).

5. La virtualidad de esa doctrina relativa a la prueba indiciaria en supuestos en los que la decisión empresarial invoca un fundamento objetivo de carácter económico, y no, como a menudo acontece, un incumplimiento contractual por parte del trabajador, nos hizo apreciar en la fase de admisibilidad la concurrencia del requisito de la especial trascendencia constitucional de este recurso de amparo [ art. 50.1 b) LOTC ], dado que el asunto que enjuiciamos permite aclarar nuestra jurisprudencia en la materia.

En lo que atañe a la carga probatoria del empresario, una vez aportado por el trabajador demandante un panorama indiciario, este Tribunal ha sentado una serie de criterios coincidentes en casos de muy diversa naturaleza, disciplinaria o de otro carácter (por todas, SSTC 140/2014, de 11 de septiembre ; 30/2002, de 11 de febrero , o 98/2003, de 2 de junio ). Es menester sintetizarlos en los siguientes términos: i) no neutraliza el panorama indiciario la genérica invocación de facultades legales o convencionales; ii) no es suficiente tampoco una genérica explicación de la empresa, que debe acreditar ad casum que su acto aparece desconectado del derecho fundamental alegado; iii) lo verdaderamente relevante es que el demandado lleve a la convicción del juzgador que las causas que aduce para sustentar la decisión adoptada quedan desligadas y son por completo ajenas al factor protegido; iv) una vez acreditada la desconexión entre la medida empresarial y el derecho que se dice vulnerado será ya irrelevante la calificación jurídica que la causa laboral alegada merezca en un prisma de legalidad ordinaria".

3.La aplicación de la precitada doctrina conduce a la Sala a compartir las conclusiones alcanzadas por el juzgador de instancia, pues de la resultancia fáctica referenciada se comprueba cómo (a diferencia de lo sostenido por quien ahora recurre) que no existe dato objetivo alguno del que quepa afirmar que fue Don Ismael quien se apropiara de los 27 cartones de tabaco que faltaban de los carros de venta abordo al tiempo de realizar su recuento el día 3 de febrero de 2024.

La intervención de la autoridad policial sólo encontró dicha mercancía al registrar la mochila que portaba el compañero del actor a la salida del trabajo, sin que en ninguna de las grabaciones visionadas por la Guardia Civil y la empresa se observara cómo el Sr. Ismael tomara y escondiera entre sus pertenencias ningún producto titularidad de la compañía.

Tampoco es por sí sola circunstancia suficiente para afirmar la realidad de los hechos imputados el dato de no haber fichado el actor a la finalización de esa jornada, o el de haber colocado su mochila en la parte trasera del camión de la empresa que manejaba. Pues, insistimos, al ser registrado por la autoridad policial no fueron encontrados en su poder los objetos presuntamente por él sustraídos.

En esta misma línea argumentativa cabe reseñar que resulta acreditado que el personal de vuelo también tiene acceso a los carros de venta a bordo, con lo que no es posible cabe asegurar sin ningún género de dudas que la sustracción de los cartones de tabaco se produjera en tierra, al proceder al recuento por el actor, y no en un momento previo.

Descartada la realidad de los hechos imputados en la comunicación del despido, no cabe más que desestimar el recurso que nos ocupa, confirmando íntegramente el fallo de la sentencia recurrida.

QUINTO.Dispone el artículo 235 de la LRJS que "La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación".

Atendiendo a lo anterior y EN NOMBRE DEL REY