Sentencia Social 15/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Segunda, Rec. 805/2024 de 08 de enero del 2025

PRIMERO.-Con amparo en el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alega el recurrente que se le ha causado indefensión por inadmisión de la ampliación de la demanda presentada el 3 de abril de 2024, habiendo presentado recurso de reposición que fue contestado en Sala por la juzgadora a quo, por no haber lugar a su admisión, manifestando que no había podido verlo, frente a lo que formulo la oportuna protesta. Pone de relieve que la ampliación se basaba en hechos nuevos de los que tuvo conocimiento después de la primera suspensión del juicio, al haber recibido notificación de una demanda interpuesta por la matriz de la demandada en Estados Unidos, por hechos similares a los formulados en la carta de despido, por lo que solicita que se retrotraigan las actuaciones y vuelva a señalarse la vista.

SEGUNDO.-Los motivos amparados en el apartado a) del artículo 193 LRJS se reservan para la denuncia de las infracciones procesales y tienen por objeto la anulación de la sentencia y la reposición de las actuaciones al momento en que se haya producido la infracción, siendo preciso que se trate de un quebranto procesal de gravedad, que haya producido indefensión a la parte, y que ésta haya obrado con la diligencia necesaria para evitar este resultado, formulando la oportuna protesta previa siempre que haya sido posible, posibilitando así la subsanación o rectificación de la falta procesal, para evitar la dilación que siempre lleva consigo la nulidad de actuaciones, y, en el presente caso, no alude el recurrente a norma alguna que pudiera haber sido quebrantada, del mismo modo que no indica en qué forma podría ocasionársele indefensión por no tener en cuenta hechos posteriores al despido cuando la cognición en este tipo de procedimientos se limita a los incumplimientos imputados en la carta de despido, no aludiendo a la relación que pudiera tener la interposición de una demanda por la matriz de la empresa con tales hechos y, además, si bien es cierto que el actor pudo formular protesta en el acto del juicio por no haberse resuelto el recurso de reposición planteado frente a la inadmisión de la ampliación de la demanda, lo que no hizo y hubiera sido lo procedente, es solicitar la suspensión hasta que dicho recurso fuera resuelto. En corolario no podemos estimar el motivo, por defectos formales en su proposición y porque no se identifica siquiera en qué forma se podría haber ocasionado indefensión al recurrente.

TERCERO.-Con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social solicita el demandante la revisión del hecho probado primero, en la siguiente forma:

"Desde el día 13/09/2007 DON Jesus Miguel ha prestado sus servicios profesionales para la mercantil DIRECCION000, en virtud de un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, con la categoría profesional de ANALISTA DE SISTEMAS (NIVEL 1), percibiendo un salario bruto anual, con prorrata de pagas extraordinarias, de 182.737,58 €.

-informe de vida laboral (doc. nº 1), contrato de trabajo (doc. nº 2), y diferentes nóminas (bloque documental nº 3)-"

También postula la modificación del hecho probado quinto, como sigue:

"El día 1/12/2022, DON Jesus Miguel se descargó del ordenador portátil de la empresa que se le había asignado, de la marca LENOVO X13 con nº de serie NUM000, documentación, utilizada exclusivamente "para uso interno". Concretamente, 584 archivos almacenados en el servidor corporativo. Descargas similares se habían realizado el 23 de septiembre de 2022, el 7 de noviembre del 2022. Igualmente, se detectaron la utilización de software en las fechas 21 y 23 de septiembre de 2022; 25 y 27 de octubre de 2022; 1, 4, 7, 8, 9, 14 25, 28 de noviembre de 2022; y 2, 15, 16, 19, 20, 22 y 23 de diciembre de 2022". -informe pericial de la demandada (doc. nº 52) e interrogatorio del perito DON Pascual en el juicio-"

Para el hecho probado noveno, propone la siguiente redacción:

"Entre los días 26/09/2022 y 22/12/2022 DON Jesus Miguel ejecutó programas informáticos en su ordenador para poder sincronizar cuatro carpetas con un total de 43.519 archivos (80 GB) de la empresa a un servidor personal NAS. - Estas mismas carpetas procedentes de la copia de seguridad fueron restauradas el 23/09/2022 en el nuevo ordenador que fue entregado a D. Jesus Miguel en sustitución de un ordenador anterior.- informe pericial de la demandada (doc. nº 52) e interrogatorio del perito DON Pascual en el juicio-"

Asimismo, interesa que el contenido del hecho décimo, pase a ser el siguiente:

"El día 27/12/2022 DON Jesus Miguel inició su periodo de vacaciones hasta el día 9/01/2023 -hecho no controvertido-. El 9/01/2023 DON Jesus Miguel firmó el documento "Memorando interno" donde manifestaba que "Al firmar a continuación, usted reconoce y confirma que no tiene en su poder ninguna información o material exclusivo de DIRECCION000 y que actúa de conformidad con el Anexo 1 - Acuerdo de Confidencialidad." Documentos 64 y 105 de autos y 04 y 045 de los presentados por la parte actora demandada."

Solicita que se añada como hechos probados los siguientes:

"El trabajador tiene firmado con la empresa actual un contrato de Teletrabajo junto con una política de vacaciones ilimitadas. (documento nº 5)."

"- El trabajador no tiene firmado con DIRECCION000. ninguna cláusula o PACTO de NO COMPETENCIA.-"

Y, finalmente, solicita que se supriman valoraciones jurídicas de los fundamentos de la sentencia.

CUARTO.-No tiene en cuenta el recurrente que la revisión de los hechos probados solamente puede fundarse en la prueba documental o pericial obrante en autos, no contradicha por otros medios de prueba, e identificada de forma precisa por el recurrente, que revele de modo inmediato y evidente un error del órgano judicial, sin necesidad de deducciones, conjeturas o interpretaciones de la parte recurrente, debiéndose formular la redacción del hecho probado tal como solicita que se recoja, como reitera constantemente la jurisprudencia y la doctrina de suplicación, pues el proceso laboral se basa en la instancia única y el recurso de suplicación es un recurso extraordinario, de motivos tasados, en el que no es posible el enjuiciamiento pleno del litigio y la nueva valoración del material probatorio como si de una segunda instancia se tratara.

En resumen, las exigencias son las siguientes:

a) El recurrente debe expresar si pretende la modificación, supresión o adición de hechos. En los dos primeros casos, debe señalar concretamente qué apartado o apartados de la relación fáctica de la sentencia, quiere revisar, y en todos los casos debe manifestar en qué consiste el error, y ofrecer la redacción que se estime pertinente

b) El recurrente debe citar con precisión el documento o pericia, obrante en autos, en que se funde su alegación de error, no siendo admisible la remisión genérica a la prueba documental, ni menos la cita de otras pruebas de distinta naturaleza (interrogatorio de las partes, declaración de testigos, etc.) ni de actuaciones procésales (acta del juicio, resoluciones, actos de comunicación, etc.). Es rechazable, por ello, la mera alegación de que no hay prueba en autos que sustente la conclusión del juzgador

c) El error debe apreciarse directamente y de modo evidente a partir del contenido manifiesto del documento o pericia, mostrando el recurrente esa conexión inmediata, pero sin necesidad de deducciones, razonamientos, interpretaciones o conjeturas del recurrente. Por ello, no es admisible el intento de valoración conjunta de todo o gran parte del material probatorio, ni la cita de documentos o pericias ya valorados por el juzgador, o contradichos por otras pruebas, pues ello implicaría la sustitución del criterio valorativo del órgano judicial por el del recurrente

d) El error debe resultar decisivo en relación con el signo del fallo, debiendo la parte razonar la influencia de la alegada equivocación judicial en el resultado decisorio del litigio

e) No es admisible el intento de introducir en la relación fáctica conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni cualquier valoración jurídica, respecto de los hechos, que en este tipo de motivos es por completo inoperante

Las anteriores reglas derivan de los artículos 193 b) y 196.3 de la LRJS y se justifican en atención al carácter extraordinario del recurso de suplicación en el proceso laboral, regido por el principio de instancia única, reconociéndose al órgano judicial de instancia amplias facultades de valoración de la prueba, en atención al principio de inmediación, siendo perfectamente constitucional esta configuración legal del proceso laboral y no se observan por el demandante que pretende la revisión fáctica sobre la base de los mismos documentos y pericial tenidos en cuenta por la juzgadora a quo para redactar el relato de probados, efectuando al respecto sus propias valoraciones que no pueden prevalecer frente al criterio de dicha magistrada y sin que la Sala pueda proceder a revisar en sede de suplicación el amplio número de documentos indicados lo que supondría una nueva valoración que no cabe. Además hemos de destacar que no cabe la modificación de los fundamentos de derecho que, lógicamente han de contener juicios de valor, tras el examen de la prueba y la redacción del relato fáctico, que las revisiones propuestas carecen de entidad para alterar el signo del fallo ya que es irrelevante que el trabajador efectuara descargas anteriores a las detectadas por la empresa, como lo es la restauración de carpetas en septiembre de 2022, que firmara el documento memorando interno, que tuviera firmado un contrato de teletrabajo y política de vacaciones con su empresa actual, y no estuviera sujeto a un pacto de no competencia con la demandada, por todo lo cual, la revisión fáctica se inadmite.

QUINTO.-Por la vía del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se denuncia por el recurrente la infracción de los artículos 14, 18 y 24.1 de la Constitución, en relación con el 10.1 de la Suprema norma, y 2.1 de la Ley 15/2022, por el trato al que se ha visto sometido tras la comunicación de su paso a excedencia por cuidado de su hijo menor, siendo discriminado por ello, por lo que considera que el despido es nulo, conforme a lo dispuesto en el artículo 55.5.b) del estatuto de los Trabajadores, en relación con el 108.2 de la citada LRJS y ha de ser además indemnizado por el daño moral, en cuantía de 30.000 euros, según el artículo 40.c) de la LISOS, o en la cantidad que se aprecie por este Tribunal.

Asimismo, entiende vulnerado el artículo 35.1 de la Constitución y artículos 4.1.a), 21, 55.5.b) y 56, todos ellos del Estatuto de los Trabajadores, afirmando que no ha incurrido en competencia desleal, dado que su contrato estaba suspendido por excedencia para cuidado de su hijo, porque esta finalidad se respeta al prestar servicios para la nueva empresa en régimen de teletrabajo, con política de vacaciones ilimitadas, sin que se le exija la realización de horas extras ni viajes de empresa. Asimismo considera que no se ha acreditado que haya sustraído datos confidenciales para su uso privado o profesional, habiéndose infringido el artículo 105.1 de la LRJS que impone a la demandada la carga de la prueba, poniendo de relieve que la sentencia se basa en que realizó una copia de seguridad el día antes a la solicitud de la excedencia y que, con posterioridad no viajó, pero estos hechos, a su juicio, solo dan cuenta de que realizó esa copia para traspasar los datos de un ordenador a otro, sincronizaciones que se llevaron a cabo desde el 23 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2022, sin que este extremo se haya valorado, siendo la empresa la que no le encomendó más viajes tras su comunicación de la excedencia, por lo que concluye que el despido debe declararse nulo, aludiendo a la vulneración de sentencias de distintos Tribunales superiores de justicia, y de la jurisprudencia que cita, señalando que la excedencia para el cuidado de hijo no impone al trabajador la obligación de abstenerse de prestar servicios en la misma o distinta actividad para otro empleador, por lo que no incurre en ningún ilícito laboral por hacerlo, al no tener pacto de plena dedicación.

SEXTO.-Por la empresa se niega en su escrito de impugnación, que el motivo del despido fuera la excedencia solicitada por el trabajador, siendo el mismo la prestación de servicios profesionales para la competencia y el haberse apropiado de forma indebida de documentación confidencial de la empresa, poniendo de relieve que la nueva empresa del actor es su principal competidora y que ocupa el mismo puesto y con las mismas funciones y clientes, aprovechando el know-how adquirido como trabajador suyo, lo que supone una grave trasgresión de la buena fe contractual y una completa deslealtad para la empresa.

SÉPTIMO.-De los hechos que constan acreditados, hemos de destacar los siguientes.

1º) El actor prestaba servicios para la empresa demandada como principal solutions architect.

2º) La actividad de dicha empresa es ofrecer soluciones informáticas digitales para incentivar y desarrollar la digitalización e implementación de sistemas de almacenamiento en la nube.

3º) El 1 de diciembre de 2022 el actor descargó en el portátil asignado por la empresa, 584 archivos almacenados en el servidor corporativo.

4º) Preguntado por la empresa al respecto, manifestó que los necesitaba para la presentación de ventas durante sus viajes.

5º) Al día siguiente, solicitó excedencia voluntaria para el cuidado de su hijo que le fue concedida a partir del 10 de enero de 2023.

6º) El 22 de diciembre de 2022, se descargó 43.519 archivos de la empresa en un servidor personal NAS y un USB personal, ajeno a la empresa.

7º) El 8 de enero de 2023, eliminó del ordenador portátil 19.403 archivos y al día siguiente lo devolvió a la empresa.

8º) El 16 de enero de 2023 comenzó a trabajar como solutions sales architect para la principal empresa de la competencia de la demandada.

OCTAVO.-En la carta de despido se imputa al trabajador el incumplimiento de su obligación de no competir con la empresa, así como de las normas sobre el uso de medios electrónicos de la empresa y la apropiación de forma ilícita de información confidencial y sensible, que se tipifica como constitutivo de trasgresión de la buena fe contractual, conforme al artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y 50 del Convenio colectivo que considera falta muy grave la realización de trabajos de la misma actividad que impliquen competencia, si no media autorización.

La obligación del trabajador de no incurrir en competencia desleal con la empresa está regulada en el artículo 5.d) del Estatuto de los Trabajadores que establece como uno de los de los deberes básicos del trabajador "no concurrir en la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley ", definidos en el artículo 21.1 del mismo texto legal y que dispone que "no podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan".De esta regulación se deduce que la mera realización de actividades coincidentes con la actividad empresarial no lleva consigo necesariamente que se produzca concurrencia desleal al admitir el ordenamiento español pluriempleo, como una forma legítima de prestación del trabajo para varios empresarios, pero cuestión distinta es cuando se produzca en ese pluriempleo una trasgresión de la buena fe contractual.

El Tribunal Supremo en sentencia de 21-12-2021, nº 1283/2021, rec. 1090/2019, establece lo siguiente:

"QUINTO.- 1.- A continuación, debemos examinar la competencia desleal en el ámbito laboral. El ET no incluye entre las causas de despido disciplinario la infracción del deber de no competencia desleal. Sin embargo, el art. 54.2.d) del ET considera incumplimiento contractual del trabajador "La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo." Si un trabajador incurre en competencia desleal, incumple el deber básico relativo a la buena fe.

2.- El art. 5.2.d) ET dispone:

"Los trabajadores tienen como deberes básicos:

d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley."

El art. 21.1 del ET establece: "No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan."

3.- La sentencia de la Sala Social del TS de 22 de marzo de 1991 define la concurrencia desleal como "la actividad del trabajador encaminada a realizar tareas laborales de la misma naturaleza o rama de producción de las que está ejecutando en virtud del contrato de trabajo, sin consentimiento de su empresario y siempre que se le cause un perjuicio real o potencial; entre cuyas actividades se encuentran la de fundar o constituir sociedad competitivas [...] sin que sea necesario incluso que se haya materializado la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva empresa [...] ya que lo característico de esta falta es el elemento intencional revelador de una premeditada conducta desleal del trabajador respecto de la empresa que no sólo remunera su trabajo, sino que también le facilita los medios para adquirir experiencia y perfeccionamiento profesional que luego aquél pretende utilizar en su propio provecho y en demérito o perjuicio para los intereses de su empresa". La sentencia de la Sala Social del TS de 29 de marzo de 1990 explica que debe tratarse de "actividades que se desarrollen dentro del mismo plano en que efectúa las suyas la empresa principal, por incidir sobre un mismo mercado y sobre un mismo círculo potencial de clientes".

Siendo esta jurisprudencia plenamente aplicable al supuesto que nos ocupa en que el actor, que tiene además un puesto relevante, ha comenzado a prestar servicios en una nueva empresa que se dedica a la misma actividad que la demandada, compitiendo en el mismo ámbito empresarial, manteniéndose vigente el contrato con ésta, toda vez que el trabajador está excedente para cuidar de su hijo menor, de manera que mantiene el puesto de trabajo estando en esta situación, teniendo derecho a incorporars cuando finalice.

Además es de destacar que el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid, tipifica como falta muy grave en su artículo 50.5 "dedicarse a trabajos de la misma actividad que impliquen competencia a la empresa, si no media autorización de la misma",conducta que es, precisamente, la que ha llevado a cabo el actor al pasar a trabajar a una empresa que es la mayor competidora de la demandada, mientras estaba en situación de excedencia para el cuidado de su hijo, lo que constituye una competencia desleal que justifica el despido que, consecuentemente es procedente, como ha apreciado el juzgador a quo, conforme a lo dispuesto en el artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores.

OCTAVO.-Además, tal y como se relata en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, con valor de hecho probado, en el contrato de trabajo suscrito entre las partes, se establece lo siguiente:

"-PUNTO 5: Una vez terminado su empleo por cualquier motivo, el trabajador deberá: (5.1.) abstenerse de llevarse, ocultar o destruir cualquier información de la compañía de carácter confidencial, (5.2) devolvernos inmediatamente todo aquello que sea propiedad de la empresa (incluido, a modo de ejemplo, información empresarial confidencial, llaves, pases de seguridad, teléfono móvil, tarjeta de crédito, equipo y ordenador).

-ANEXO, PUNTO 1. CONFIDENCIALIDAD: 1.1.- Nosotros y nuestras empresas asociadas poseemos un valioso volumen de información empresarial confidencial, la cual reconoce que es de nuestra propiedad, 1.2.- nosotros y nuestras empresas asociadas le daremos acceso a nuestra información empresarial confidencial de forma que usted pueda desempeñar las obligaciones propias de su puesto, 1.3.- ya sea durante su empleo o con posterioridad al mismo, si usted revelase cualquier información empresarial confidencial a un tercero, nuestra empresa o cualquier empresa asociada podría quedar expuesta a una grave desventaja competitiva, pudiéndosele ocasionar un incalculable daño financiero o de otro tipo.

-ANEXO, PUNTO 4. INTERESES EN OTRAS EMPRESAS: durante la vigencia de su contrato, usted no será contratado, se implicará o participará en ningún otro negocio, comercio u ocupación, excepto: 4.1.- con nuestro consentimiento previo y por escrito, 4.2.- en el caso de que tenga una inversión comercial de hasta el tres por ciento de cualquier clase de valores cotizados o negociados en un mercado de valores reconocido, 4.3.- en el caso de que dicho contrato, implicación o participación no plantee un conflicto o compita con alguno de nuestros negocios o cualquiera de nuestras empresas asociadas ni interfiera con el debido rendimiento en sus deberes según este contrato.

- LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE LA EMPRESA, que detalla las reglas sobre el manejo de la información y los dispositivos informáticos de DIRECCION000, fue aportada por la demandada en el acto del juicio como doc. nº 31, e indica concretamente que:

3.1.14. Está prohibido almacenar información de DIRECCION000 en servicios de copias de seguridad (back-up) en la nube o dispositivos extraíbles ajenos a DIRECCION000 o no autorizados (como dispositivos USB, CD, DVD...).

3.4.2. Está prohibido que los usuarios de DIRECCION000 utilicen software externo en los dispositivos de DIRECCION000 sin la autorización previa del departamento de IT de DIRECCION000.

4.1.5. Los usuarios de DIRECCION000 tienen prohibido hacer copias de seguridad de dispositivos e información en servicios de back-up/en la nube ajenos a DIRECCION000 no autorizados, en dispositivo extraíble o en servicios de almacenamiento no aprobados.

4.2.2. DIRECCION000 se reserva el derecho a monitorizar, registrar, acceder, interceptar, revisar, copiar, eliminar y divulgar, a su entera discreción y sin ningún tipo de notificación, sus actividades y comunicaciones cuando utiliza alguno de los activos, incluyendo a título enunciativo, correo electrónico, archivos, datos, conversaciones telefónicas (...) y cualquier tipo de contenido creado, enviado, visualizado, visitado, descargado o almacenado en cualquier activo de DIRECCION000.

- LA POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS, en la que se indica que la información de DIRECCION000 se identifica, clasifica, protege y trata adecuadamente, fue aportada por la demandada en el juicio como documento nº 32, y establece que:

3.3.3.6. Cuando se copie Información Confidencial y exclusiva, solo se hará el número mínimo de copias necesario para realizar la función empresarial requerida.

3.3.3.7. La información confidencial y exclusiva almacenada en dispositivos portátiles (ordenadores portátiles, memorias USB...) debe encriptarse o controlarse y protegerse frente a la pérdida, el robo y el acceso no autorizado."

De manera que el actor, tanto por su nuevo empleo en empresa de la competencia, sin obtener autorización de la demandada, con la que mantiene vigente la relación laboral durante la excedencia, como por la descarga de archivos de ésta contra la prohibición expresa pactada, ha incumplido con los deberes establecidos en su contrato de trabajo, lo que supone una clara deslealtad, igualmente tipificada como falta muy grave en el artículo 50.3 del Convenio de aplicación, lo que abunda en la procedencia del despido.

Y, siendo procedente el despido, es obvio que no ha incurrido la empresa en vulneración de derecho fundamental alguno y que el recurso ha de ser desestimado íntegramente.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,