Sentencia Social 120/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 805/2024 de 13 de febrero del 2025

PRIMERO. -El Juzgado de lo Social número 11 de Madrid, ha dictado sentencia en fecha 26 de abril de 2024, en el procedimiento 198/2022, sobre prestación de jubilación no contributiva, en el que son parte D. Hermenegildo, como demandante, y Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, como demandado, desestimando la pretensión actora y confirmando la resolución administrativa que denegó la prestación.

Contra ella se formula Recurso de Suplicación por la parte demandante solicitando que se revoque aquella y "se estime el recurso de suplicación interpuesto por esta parte y en consecuencia sea dictada resolución conforme a Derecho y justa sobre el fondo de la cuestión que subyace".

Para sostener su petición se alegan los siguientes motivos:

1. Al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dirigido a la revisión de hechos probados para:

a)Modificar el hecho probado terceropara que quede con el siguiente contenido, figurando en letra resaltada en negrita lo que se añade:

"TERCERO.- Con fecha de 05-08-2021, por el demandante se aportaron los documentos que constan en las páginas 27 a 39 del expediente administrativo, indicando en el documento 32 del expediente que el certificado colectivo de empadronamiento lo entregaría en cuanto se lo entregue el Ayuntamiento de Getafe, ya que había fallecido una de las personas empadronadas fuera de España y no estaba actualizado, se solicitó su baja en el padrón municipal de habitantes y que la entrega del mismo no era inmediata , aportando la solicitud del volante de certificado colectivo de empadronamiento al Ayuntamiento folios 33 y 34, aportando el certificado colectivo de empadronamiento del Ayuntamiento de Getafe con fecha 30-08-2021, folios 21 a 26 del expediente".

2. Al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dirigido a la revisión por infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia consistentes en:

a. "Infracción al Art. 95.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas".

SEGUNDO. - Revisión de hechos probados.

La modificación interesa que se especifique dentro del hecho probado tercero una incidencia sobre la aportación del certificado de empadronamiento con sustento en los folios 32, 33 y 34 del expediente administrativo. En este hecho probado de la sentencia se expresa ya que se presentó la documentación comprendida entre los documentos 27 a 39, pero puede comprobarse que la afirmación generalizada de presentación de la documentación no es la real ya que en esos documentos de referencia del hecho probado hay documentación que se presenta el 5 de agosto de 2021 (con claridad figura en el folio 27) y otra que se presenta el 31 de agosto.

Como lo que se expresa en la propuesta se ajusta a lo que dicen los folios del expediente indicados, debemos aceptar la modificación del hecho probado terecro que queda con el siguiente contenido:

"TERCERO.- Con fecha de 05-08-2021, por el demandante se aportaron los documentos que constan en las páginas 27 a 39 del expediente administrativo, indicando en el documento 32 del expediente que el certificado colectivo de empadronamiento lo entregaría en cuanto se lo entregue el Ayuntamiento de Getafe, ya que había fallecido una de las personas empadronadas fuera de España y no estaba actualizado, se solicitó su baja en el padrón municipal de habitantes y que la entrega del mismo no era inmediata , aportando la solicitud del volante de certificado colectivo de empadronamiento al Ayuntamiento folios 33 y 34, aportando el certificado colectivo de empadronamiento del Ayuntamiento de Getafe con fecha 30-08-2021, folios 21 a 26 del expediente".

TERCERO. - Revisión por infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia.

La configuración del supuesto es la siguiente:

- El demandante, nacido en Marruecos el NUM001-1.952, se encuentra afiliado a la Seguridad Social desde, al menos, el 16-7-1.992, habiendo prestado servicios desde dicha fecha, por distintos periodos y para diferentes empresas, y, como trabajador autónomo y/o en situación de desempleo, hasta el 12-3-2019.

- El 16-6-2021 presentó solicitud sobre pensión de Jubilación no contributiva.

- Mediante resolución de 20-7-2021, notificada al solicitante el 26-7-2021, se requirió al demandante, la presentación en el plazo de diez días, de los documentos relacionados en hoja adjunta y que a continuación se dicen, advirtiéndole que la no aportación de dicha documentación dentro del plazo previsto, y de conformidad con los preceptos legales que en la misma se citan, y, transcurridos tres meses, daría lugar a la paralización del expediente y a la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones:

* Volante original y actualizado de empadronamiento y convivencia de todos los miembros que componen la unidad de convivencia, en un único documento.

* Certificado de la Dirección General de la Policía acreditando el periodo de Residencia Legal en España.

* Datos de su cónyuge: de identidad, de residencia, económicos.

* Certificado de la Dirección General de la Seguridad Nacional del Reino de Marruecos, indicando los pasos fronterizos de los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

- Con fecha de 05-08-2021, por el demandante se aportaron los documentos que constan en las páginas 27 a 39 del expediente administrativo, indicando en el documento 32 del expediente que el certificado colectivo de empadronamiento lo entregaría en cuanto se lo entregue el Ayuntamiento de Getafe, ya que había fallecido una de las personas empadronadas fuera de España y no estaba actualizado, se solicitó su baja en el padrón municipal de habitantes y que la entrega del mismo no era inmediata, aportando la solicitud del volante de certificado colectivo de empadronamiento al Ayuntamiento folios 33 y 34, aportando el certificado colectivo de empadronamiento del Ayuntamiento de Getafe con fecha 30-08-2021, folios 21 a 26 del expediente.

- Mediante resolución de la Consejería demandada, de 24-11-2021 -notificada al demandante el 3-12-2021-, se acordó archivar las actuaciones, al no haberse aportado por el mismo la documentación requerida.

- Resolviendo la reclamación previa se dictó resolución el 19-1-2022, desestimando la misma, confirmando la resolución recurrida, al no haberse aportado por el demandante la, documentación requerida al mismo y en el plazo establecido.

La sentencia deniega el derecho porque mediante resolución de 20-7-2021, notificada el 26-7-2021, se requirió al demandante la aportación de documentación en plazo de diez con advertencia de que la no aportación en plazo, y de conformidad con los preceptos legales que en la misma se citan y, transcurridos tres meses, daría lugar a la paralización del expediente y a la caducidad del mismo; y como se presentó la documentación el 31-8-2021, tuvo lugar fuera del plazo conferido de diez días, no siendo además coincidente con la requerida. Todo ello, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece que "1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes",confirmando así la resolución administrativa.

El artículo 95 LPAC no solo contempla lo que transcribe la sentencia impugnada, sino que añade en su punto 2 que "No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite".Por consiguiente, hemos de comprobar si ha existido una paralización del expediente por causa imputable al interesado, lo que incluye la valoración, en su caso, de si la inactividad es indispensable para dictar resolución.

En la resolución de 20-7-2021, notificada al solicitante el 26-7-2021, se requirió la presentación en el plazo de diez días de varios documentos advirtiendo que, transcurridos tres meses, daría lugar a la paralización del expediente y a la caducidad del mismo. La resolución concede diez días para presentar documentación (no se expresa en virtud de qué norma, aunque puede entenderse que se refiere al artículo 68 LPAC) , pero lo que trasciende es que la advertencia de caducidad tiene una espera de tres meses desde que se presentó la solicitud, en relación con el artículo 21 LPAC.

Notificada la resolución el 26 de julio de 2022, se contestó al requerimiento el 5 de agosto, lo que sitúa el acto dentro de los 10 días siguientes, y en esa contestación se advierte que se ha solicitado la certificación de empadronamiento colectivo y se presentará cuando lo tenga en su poder, constando dicha solicitud, que no puede aportar documentación de la esposa porque se encuentran separados desde hace más de 10 años y una declaración jurada de que no ha salido del territorio español desde el año 2015; posteriormente, cuando se emite la certificación, la presenta el 31 de agosto de 2021. Resulta indiscutible que se ha contestado en los diez días siguientes y, en cualquier caso, no han transcurrido tres meses desde su solicitud sin actividad del interesado.

La respuesta a la presentación de documentación, cuando se ha contestado a todos los requerimientos, no debe ser el silencio para concluir archivando las actuaciones, al no haberse aportado por el mismo la documentación requerida porque no es una respuesta coherente con el hecho mismo acontecido de la presentación y el esencial de la contestación al requerimiento. El procedimiento no se ha paralizado, simplemente se ha negado su continuación con alegación de una causa concreta que no reconoce la pretensión con un argumento procedimental. Consiguientemente, hemos de abordar la decisión sobre la documentación reclamada y presentada abordando el derecho al reconocimiento de la pensión no contributiva ya que éste es el que marca la documentación necesaria

Los requisitos se encuentran en el RD 357/1991 donde se establecen como tales:

a) Haber cumplido los sesenta y cinco años de edad.

b) Residir legalmente en territorio nacional y haberlo hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.

c) Carecer de rentas o ingresos suficientes en los términos establecidos en el artículo 11 de este Real-Decreto

La especificación de tales requisitos viene dada por las normas sucesivas y así, en virtud de lo previsto en el artículo 10 RD 357/1991, "El requisito de residencia legalpara el reconocimiento y conservación del derecho a la pensión quedará acreditado "siempre que, teniendo el interesado domicilio en territorio español, resida en el mismo, ostentando la condición de residente. 2. La residencia continuada anterior a la solicitud de la pensión y la posterior al reconocimiento del derecho no se considerará interrumpida por las ausencias del territorio español inferiores a noventa días a lo largo de cada año natural, así como cuando la ausencia esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas".

Por su parte, el artículo 11 RD 357/1991 determina cuándo existirán rentas o ingresos insuficientes,siendo así "cuando los que disponga o se prevea va a disponer el interesado, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en cómputo anual, de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado".Contempla una previsión específica cuando conviva con otras personas en una misma unidad económica, en cuyo caso se cumplirá el requisito si "la suma de las rentas o ingresos computables de todos los integrantes de aquélla, en los términos previstos en el número anterior, sea inferior al límite de acumulación de recursos, equivalente a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión más el resultado de multiplicar el 70 por 100 de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno";del mismo modo, si la convivencia en la misma unidad económica se establece "entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes consanguíneos o por adopción en primer grado, el límite de acumulación de recursos será equivalente a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el primer párrafo".El artículo 12 identifica las rentas o ingresos computables, y el 13 la unidad económica de convivencia.

En cuanto a la acreditación de los requisitos, sin que se cierre el campo probatorio a otros medios hábiles y suficientes, establece el artículo 21 RD 357/21991 que "La comprobación del cumplimiento de los requisitos que el interesado debe reunir en el momento de la solicitud, así como las circunstancias determinantes de la conservación del derecho a la pensión o su cuantía se efectuará preferentemente:

a) El requisito de edad, mediante el documento nacional de identidad. Este documento se encuentra en el expediente.

b) El requisito de residencia legal, tanto actual como de los períodos exigidos, en territorio español, mediante certificación de los respectivos padrones municipales. El empadronamiento también consta en el expediente.

c) La convivencia del interesado con otras personas en un mismo domicilio, a través de declaración del interesado, sin perjuicio de las presunciones legalmente establecidas respecto a la convivencia de los cónyuges, hijos menores o mayores incapacitados. En el expediente figuran declaración jurada de la esposa de no convivir con el solicitante y encontrase separada, así como empadronamiento en una localidad de Gerona, además de su tarjeta de permiso de residencia.

d) La insuficiencia de recursos, mediante declaración del interesado, referida a las rentas o ingresos propios y, en su caso, a los de cada uno de los miembros integrantes de la unidad económica en que se encuentre inserto, sin perjuicio de las comprobaciones que puedan llevarse a cabo, cuando las mismas se estimen necesarias. No se le ha solicitado documentación ni se ha extendido reproche por ello; no obstante, manifestó carecer de ingresos y es la Administración la que puede averiguar la veracidad de ello a través de las mencionadas comprobaciones.

Como acabamos de ver, la documentación que se le reclama está en el expediente, a excepción del certificado de la Dirección General de la Seguridad Nacional del Reino de Marruecos. En ninguna de las normas mencionadas se establece la exigencia de aportar el Certificado de la Dirección General de la Seguridad Nacional del Reino de Marruecos, indicando los pasos fronterizos de los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, lo cual tiene que ver con lo establecido en el artículo 10.2 RD 357/1991, pero no es una circunstancia de carga probatoria del solicitante ya que no se exige como requisito, sino una circunstancia obstativa del derecho reclamado que corresponde acreditar a la Administración; adviértase que el artículo 28.1 LPAC impone a los solicitantes la obligación de presentar la documentación necesaria, pero no permite a la Administración exigir documentación que no resulte necesaria, y en su apartado 2 que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, pudiendo la administración consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. En tal sentido, no es excluyente que la Administración acuda el soporte probatorio de elementos constatables por acción del solicitante, pero tal ejercicio no puede resultar desmesurado, excesivo, imposible o exigiendo acciones positivas de constitución de prueba como ocurre ahora cuando se reclama al solicitante que pida, para poder presentarlo, una certificación de un Estado extranjero, aunque sea el de origen del demandante cuando hay otros medios directos a través de la acción de la Administración que puede solicitar o conocer y medios menos gravosos para el solicitante; al margen de ello, se aportó la declaración del interesado de no haber abandonado el territorio español desde el año 2015. En cuanto al requerimiento de los datos de su cónyuge, residencia y económicos, también se ha contestado mediante declaración del interesado con una referencia clara de desconocimiento por haberse separado de ella hace más de diez años, no pudiendo exigirse una información que no se posee, lo que habrá de valorarse a partir de otras circunstancias conocidas como es, en nuestro caso, la evidencia del empadronamiento del solicitante que no convive con ella, y de la declaración que exige la norma legal para justificar la convivencia o no convivencia con otras personas en el domicilio del solicitante, además del empadronamiento de la esposa en otra localidad desde el 24 de septiembre de 2004.

Con lo que acabamos de comprobar, no puede admitirse la afirmación de la Administración de haberse paralizado el expediente administrativo por el solicitante, por voluntad propia, existiendo en él la documentación exigida por la norma, con independencia de la eficacia que pueda darse y de que la propia Administración pueda efectuar otras comprobaciones para las que se encuentra habilitada por la ley. Consecuentemente, el expediente administrativo no ha caducado y debe continuar su tramitación, completando en su caso la información necesaria, y resolviendo la solicitud realizada, conforme a Derecho, sin que pueda el Tribunal entrar a resolver la pretensión de fondo ya que el expediente no ha terminado, puede haber más diligencias de tramitación y tampoco ha existido resolución material ni, consecuentemente, contradicción de las partes sobre ello.

Por consiguiente, estimamos el recurso de suplicación formulado y revocamos la sentencia impugnada.

CUARTO. - Costas.

Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Estimándose el recurso del demandante, pero no siendo recurrente la otra parte, no procede imposición de costas.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación