Sentencia Social 40/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 575/2024 de 17 de enero del 2025

PRIMERO.Frente a la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2023 por el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid en autos de impugnación de actos administrativos 500/2022, en el que apreciando la falta de competencia funcional de los Juzgados de lo social se acuerda remitir a las partes para que entablen su acción ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; se alza en suplicación tal representación procesal de la mercantil EASY VENDING SL.

SEGUNDO.1Razones de lógica procesal conducen a iniciar nuestro examen por el último motivo de recurso, construido al cobijo de la letra c) del artículo 191 de la LRJS (si bien denuncia infracción de normas procesales, por lo que parece que el apartado seleccionado es la letra a9 de la citada norma adjetiva laboral) por cuanto consideran infringidos los artículos 6 y 8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y jurisprudencia aplicable a los mismos. Razonan los actores que las resoluciones por ellos impugnadas no son las Órdenes dictadas por la Dirección General de Trabajo el 10 de febrero y el 3 de mayo de 2022, sino la emitida por la Consejería Técnica el 28 de marzo de 2023, por lo que el rango del órgano emisor de tal pronunciamiento no determinaría la competencia de la Sala de lo Social de la AN, sino la de los Juzgados de lo Social de la ciudad de Madrid.

2.Se oponen los Letrados del SPEE y de los actores a la estimación del recurso interesando se ratifique la sentencia recurrida por sus propios argumentos.

TERCERO.1Establecido así el debate hemos de recordar que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional la relativa a que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión, por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que "la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 ; 64/86 ; 89/86 ; 12/87 ; 171/91 y ATC 190/83 ; c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( Ss TC 215/89 y 15.2.93 ) y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" ( STC 124/94 ).

En el mismo sentido, recordar que el control de la competencia funcional es una cuestión de orden público procesal que ha de ser examinada de oficio (entre otras, SSTS rcud.3494/2014), de 31 enero de 2017; rcud.2147/2015), de 16 junio de 2017, rcud.1825/2015, y de 24 octubre de 2017 ( 2) rcuds.692/2016 y 2931/2016).

2.Fijado lo anterior, como punto de partida ha de tomar la Sala lo dispuesto en el art. 2 de la LRJS en su letra n) vigente al tiempo de presentación de la demanda rectora de autos (anterior a la reforma operada por RD Ley 6/2023 de 19 de diciembre):

"Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 47... del Estatuto de los Trabajadores ... y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional".

Añade el art. 6.2 del mismo texto legal que:

"... conocerán también en única instancia (los Juzgados de lo Social) de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n)... del art. 2 , cuando hayan sido dictados por:

a) Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado...".

Establece el art. 8.2 de la LRJS que:

"También, con independencia de su ámbito territorial de afectación, conocerá (la Sala de lo Social de la AN) en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n)... del artículo 2, cuando hayan sido dictados por órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de Ministro o Secretario de Estado bien con carácter originario o bien cuando rectifiquen por vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional".

3.En interpretación de dichos preceptos ha señalado el ATS Sala 4ª de 17-04-24 n.º de recurso 6/2024 que:

"... Como vemos, la competencia funcional, para conocer sobre la impugnación de los actos administrativos, contemplados en el art. 2.n LRJS , viene determinada esencialmente por el rango de la autoridad que los dicte, de manera que, si el acto impugnado ha sido dictado por un órgano, cuyo rango sea inferior a ministro o secretario de Estado, deberá conocerse por el Juzgado de lo Social que corresponda. Por el contrario, cuando el acto impugnado se haya dictado por órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de ministro o Secretario de Estado bien con carácter originario o bien cuando rectifiquen por vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional, será competente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y, ello, con independencia del ámbito territorial de afectación, tal y como se dice expresamente en el art. 8.2 LRJS .

Consiguientemente, debemos identificar, a continuación, qué órgano dictó la actuación administrativa recurrida, para lo cual conviene recordar que, tanto la demanda, presentada ante el Juzgado de lo Social núm. 38 de Madrid, como la presentada ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, se impugnó una decisión dictada en el seno de un proceso selectivo para el ingreso libre como personal laboral fijo en el grupo profesional E1 en la Administración General del Estado, publicado en el BOE de 31/07/2021, y en concreto, la Resolución de la Secretaria de Estado de la Función Pública el 28/07/2021 por la que se aprueba la adjudicación de plazas, lo que figura acreditado a medio de la copia de la resolución impugnada que se aporta con la demanda.

Así pues, acreditado que las actuaciones administrativas impugnadas fueron dictadas por una directora general, cuyo rango es claramente inferior al previsto en el art. 8.2 LRJS , la competencia funcional para conocer de su impugnación corresponde al Juzgado de lo Social, sin que sea relevante que su ámbito de afectación se extendiera a todo el territorio nacional, toda vez que, el art. 8.2 LRJS deja perfectamente claro que lo decisivo, a estos efectos, no es el ámbito de afectación de la actuación administrativa impugnada, sino el rango de la autoridad que la dicta".

Por lo demás y a efectos de recursos devolutivos extraordinarios, dice el art. 190.1 de la LRJS que:

"Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán de los recursos de suplicación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción...";

y cierra el art. 205.1 del mismo texto legal diciendo que:

"La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá, en los supuestos y por los motivos establecidos en esta Ley, de los recursos de casación interpuestos contra las sentencias y otras resoluciones dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional".

CUARTO. 1En el presente caso, basta con acudir a un examen de los autos de las actuaciones para comprobar distintos extremos. En primer lugar, que la resolución impugnada por los actores no es la de fecha 28 de marzo de 2023 (de fecha posterior a la interposición de la demanda) a que se refiere en el recurso, sino la de 10 de febrero de 2022, que es a la que se refiere en su escrito de demanda y que acompaña como documento número dos.

Aclarado lo anterior, hemos de indicar también que lo realmente perseguido por la empresa demandante era la consideración de que el ERTE ETOP (en que se había transformado con efectos de 01-02-21 y hasta el 31-12-21 el ERTE FM Covid-19 iniciado el 20-03-20 con n.º de expediente NUM000), había sido prorrogado del 01-01-22 al 31-03-22; y todo ello, al efecto de que las personas trabajadoras afectadas a dicho ERTE a fecha 31-10-21 pudieran seguir cobrando las prestaciones por desempleo que el SPEE había dejado de abonar desde noviembre de 2021 al entender que el ERTE no se encontraba debidamente prorrogado conforme a la normativa aplicable.

En el íter administrarivo previo a la interposición de la demanda rectora de autos la empresa reconoce (y además documenta) que:

- El 02-02-22 presentó una solicitud de información a la Dirección General de Trabajo la cual emitió contestación por Oficio de fecha 10-02-22 en el que en síntesis se entendía que el ERTE n.º NUM000 había finalizado con fecha 30-10-21 al no haber presentado la empresa solicitud de prórroga en tiempo y forma conforme al RD 18/2021. Se añadió que dicha finalización se le había comunicado por "advertencia" que se había intentado notificar electrónicamente a la mercantil pero respecto de la cual la Administración alegaba "rechazo" en la notificación.

- El 24-03-22 la empresa formuló alegaciones frente a la misma Dirección General de Trabajo las cuales fueron contestadas por Oficio de fecha 03-05-22 en el que la citada Administración entendió que no podía acceder a la solicitud de la empresa.

Más allá de lo anterior y aunque la empresa ninguna mención hace en su demanda inicial, consta en autos que:

- Después de presentada la demanda el 25-05-22, tuvo entrada en el Ministerio de Empleo y Economía Social recurso de alzada de la empresa

- El día 8-7-2022 se dictó Orden Ministerial desestimando el recurso (folios 1940 a 1944 de los autos).

Valorando dicho íter no cabe duda para la Sala que, inicialmente la empresa estaba impugnando un acto administrativo (en este caso, dos actos, de 10 de febrero y 3 de mayo de 2022, que resolvían una misma petición en un mismo expediente), que adoptaban la forma de Oficio, los cuales se emitieron previa solicitud de la empresa y fueron dictados por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Empleo y Economía Social.

Debe hacerse hincapié aquí de que tanto el art. 6.2 como el art. 8.2 de la LRJS en relación con el art. 2 n) del mismo texto legal habla de "actos" administrativos, término que entendemos más amplio que el de "resolución" administrativa y por tanto omnicompresivo de estas últimas.

Conforme al ATS de 17-04-24 más arriba citado, la Dirección General de Trabajo, aún perteneciendo a la Administración General del Estado, es de rango inferior al Ministerio o Secretaría de Estado de Trabajo y que, por tanto, ex art. 6.2 de la LRJS, al tiempo de presentarse la demanda rectora de autos la competencia funcional para el conocimiento del asunto correspondía a los Juzgado de lo Social.

Tanto el art. 6.2 como el art. 8.2 de la LRJS utilizan la expresión "nivel orgánico" y el TS equipara dicha expresión como hemos visto a "rango".

Debe tenerse en cuenta que la Dirección General de Trabajo de España es el órgano directivo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, adscrito a la Secretaría de Estado de Trabajo, responsable de desarrollar la política del Gobierno de la Nación en materia de relaciones laborales y de trabajo y empleo. Desde 2010, la Secretaría General de Empleo a la que estaba "subordinada" la Dirección General de Trabajo desde 1996, se elevó a la categoría de Secretaría de Estado, siendo pues la Dirección General de Trabajo un órgano "adscrito" a la Secretaría de Estado.

Debemos entender que si la Dirección General de Trabajo emite un Oficio o los que sea, lo hace como órgano adscrito a la Secretaria de Estado o como órgano directivo del Ministerio de Trabajo y por tanto subordinado a los mismos. Esto es, cuenta con un "rango" inferior al Ministerio de Trabajo o Secretaría de Estado y por tanto no se encuentra en el mismo "nivel orgánico" que los mismos.

Esta solución también puede extraerse de la SAN de 29-11-22 n.º de recurso 247/2022 donde ante un supuesto en el que una empresa solicitaba a la Dirección General de Trabajo que acordara la inaplicación del RD Ley 18/2021 (misma norma que la empresa recurrente pretende eludir en el caso de autos) y ordenara al SEPE el abono de las prestaciones por desempleo que correspondían a las personas trabajadoras afectadas por dicho ERTE o subsidiariamente declarara la vigencia de dicho ERTE, afirma su competencia para conocer del fondo del asunto.

La competencia funcional la afirma la Sala de lo Social de la AN porque, ante la solicitud inicial de la empresa a la Dirección General de Trabajo, quien contesta no es la propia Dirección General, sino el propio Ministerio de Trabajo por Oficio de 26-01-22 remitido por su Consejera Técnica.

Cabe destacar que en el citado supuesto al igual que en el presente, la empresa presentó el 22-02-22 Recurso de Alzada contra el anterior Oficio el cual fue desestimado por Resolución de 02-08-22 emitida por el Secretario de Empleo.

La diferencia que se da entre dicho supuesto y el de autos es que en el caso de la AN la empresa presentó el recurso de alzada con carácter previo a la interposición de la demanda y aquí después. No obstante, en ambos casos, la resolución del recurso de alzada se emitió después de presentada la demanda judicial.

Entendió la AN en su caso que la resolución desestimatoria del recurso de alzada estaba dictada fuera del plazo de 3 meses desde su presentación que otorgaba el art. 122 de la LJCA aplicable supletoriamente por mor del art. 155.1 de la LRJS (cosa que aquí no ocurre ya que la resolución desestimatoria del recurso de alzada está dictada en plazo) y que en todo caso dicha resolución no era la que se estaba impugnando en la demanda inicial dado que había sido dictada después de su presentación (exactamente igual que ocurre en el caso de autos).

Compartimos tal razonamiento, debiendo añadir que conforme el art. 8.2 de la LRJS para que la resolución del recurso de alzada emitida por el Ministerio de Trabajo o por la Secretaría de Estado alcance relevancia para determinar la competencia funcional en favor de la AN a efectos del art. 2 n) de la LRJS es necesario que dicha resolución "rectifique" por vía de recurso, lo previamente resuelto por órganos o entes distintos. En el presente caso la resolución del recurso de alzada emitida por Orden Ministerial fue desestimatoria del mismo y por tanto "confirmó" los previos Oficios emitidos por la Dirección General de Trabajo.

2.Lo expuesto nos lleva a concluir que la competencia funcional para el conocimiento del asunto en la instancia corresponde no a la AN sino al Juzgado de lo Social a quo.

Ello implica la estimación del recurso y la declaración de nulidad de la Sentencia de instancia y actos procesales posteriores a su dictado retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del mismo para que por el órgano de instancia, con plena libertad de criterio, dicte nueva resolución en la que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión sometida a su conocimiento.

QUINTO.En materia de imposición de costas, conforme al art. 235 de la LRJS "1. La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita...".

En el presente caso, no hay parte vencida en el recurso puesto que se ha estimado el recurso de la empresa, única recurrente. Por tanto, ningún pronunciamiento cabe efectuar en materia de costas.

SEXTO.En materia de depósitos y consignaciones ex arts. 229.3 y 230 de la LRJS, la estimación del recurso conlleva que el depósito constituido en su día por la empresa para recurrir le sea devuelto.

Ningún pronunciamiento cabe efectuar sin embargo en materia de consignaciones al entender que en el caso de autos el acto administrativo impugnado era de cuantía inestimable y ningún pronunciamiento de condena al pago de cantidad líquida contempló la Sentencia recurrida.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,