Sentencia Social 61/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 624/2024 de 23 de enero del 2025

PRIMERO.1El 14 de mayo de 2024 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid por la que se desestimaba la demanda por despido formulada por D. Rafael frente a LOGÍSTICA DORADA S.L.

2.Frente a dicha sentencia formula recurso de suplicación la representación procesal de D. Rafael interesando se revoque la sentencia de instancia y se estime la petición subsidiaria formulada en su demanda; declarándose, en consecuencia, la improcedencia del despido operado por la demandada con efectos de 1 de febrero de 2024.

El recurso se articula a través de dos motivos distintos; uno de revisión fáctica y otro de revisión jurídica de la sentencia.

3.LOGÍSTICA DORADA S.L. ha presentado escrito de impugnación a través del cual solicita la desestimación del recurso planteado de contrario y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.1Como adelantamos dedica el actor su primer motivo de recurso, al amparo del artículo 193 b) LRJS, a la rectificación del relato de hechos probados contenido en la sentencia interesado que el hecho probado cuarto en adelante rece como sigue:

"CUARTO.- El día 4 de enero de 2024 el ahora demandante recibió el encargo de transporte de una caja de marisco desde las instalaciones de la localidad de Pinto (documentos nº 2 y 3 de la demandada y testifical de D. Jon).

En la citada fecha D. Rafael cargó en su vehículo la citada caja que fue entregada en su destino Avenido Victoria s/n 28023 Pozuelo, a las 9:25 horas de la mañana.

La segunda caja de marisco correspondía en el reparto al trabajador D. Carlos Daniel, con destino a Gourmet Experience. El Corte Inglés, desconociendo la trazabilidad de dicha ruta".

Basa sus pretensiones en el bloque documental nº 3 del ramo de prueba de la entidad demandada, y del visionado de las grabaciones aportadas, que, según el recurrente, no llevan a la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia.

2.La entidad demandada se opone a esta pretensión argumentando que lo que se pretende modificar ha quedado acreditado por el conjunto de la prueba valorada en el juicio, incluidas las testificales y las grabaciones, añadiendo que de la prueba documental que se cita como soporte de la pretensión revisora no se extrae lo pretendido, resultando a mayores intrascendente el texto propuesto para la alteración del sentido del fallo.

3.Como recuerda la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2022 (Recurso 219/2021) "reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (rec. 5/20112), 3 julio 2013 (rec. 88/2012), 25 marzo 2014 (rec. 161/2013), 2 marzo 2016 (rec. 153/2015) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

B) No todos los datos que figuran en la prueba de las partes han de tener acceso a relación de hechos probados de la sentencia, sino únicamente aquéllos que resulten trascendentes para el fallo. La revisión fáctica propuesta ha de ser trascendente para la resolución del litigio, es decir, de entidad suficiente para hacer variar el signo del pronunciamiento de instancia, pues en otro caso resultaría inútil. En efecto, "la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes" ( STS de 27 de marzo de 2000, rcud 2497/1999). Lo que conduce a rechazar aquéllas modificaciones que carecen de trascendencia para la resolución del litigio y que únicamente se justifican porque la redacción propuesta es de mayor agrado del recurrente, pues, reiteramos, el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida ( STS 11 de febrero de 2014, rec. 27/2013).

C) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS 6 junio 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas).

4.La aplicación de todas estas consideraciones al motivo que nos ocupa determina su fracaso, pues no cabe en la extraordinaria sede en que nos hallamos la reconsideración general o global de la prueba practicada pues corresponde al juzgador la facultad privativa sobre la de los referidos medios de prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (por todas, la Sentencia de la Sala Cuarta de 18/11/1999 [RJ 1999\8742). Cabe añadir también, en relación con la revisión de las grabaciones que se citan, que la Sala IV del TS (ya en STS de 16 de junio de 2011 rcud.2938/2010) precisó que no cabe equiparar unas grabaciones a una prueba documental, pues siendo un recurso extraordinario, sus términos deben cumplirse en forma estricta y no extensiva.

TERCERO.1Destina el actor su segundo motivo del recurso, construido al amparo del artículo 193 c) LRJS, al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por el juzgador de instancia, por cuanto considera vulnerado el artículo 54.2 b) ET, en relación con el artículo 47 c) del Acuerdo General para las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera y jurisprudencia de desarrollo. Razona que el enjuiciamiento del despido disciplinario debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y la sanción y aplicando un criterio individualizador. En base a lo anterior entiende que solo estaría justificado el despido para conductas que supongan una violación grave y transcendente de la buena fe contractual. Concluye que en el supuesto de autos no consta acreditada la comisión de la conducta que se le atribuye pues no se ha probado que la carga extraviada hubiera sido cargada por él.

2.La empresa LOGISTICA DORADA S.L. se opone a la estimación del recurso alegando que la sentencia aplica de forma correcta la normativa y jurisprudencia que la parte contraria considera vulnerada.

CUARTO.1Fijado así los términos del debate conviene recordar que el artículo 54 ET regula las causas de despido disciplinario, partiendo de la premisa genérica de que el despido podrá extinguirse por decisión del empresario por incumplimiento grave y culpable del trabajador, y regulando a continuación una serie de supuestos concretos en los que se presume la concurrencia de dicho incumplimiento. En este sentido, dispone el apartado d) que el contrato podrá extinguirse por "La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo".

Añade el artículo 44.5 del convenio de aplicación califica como falta muy grave "La trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, considerándose como tales el fraude o la deslealtad en las gestiones encomendadas; el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias o vehículos de la misma, o en cualquier lugar si es en acto de servicio; violar el secreto de la correspondencia o revelar a extraños datos que se conozcan por razón del trabajo".

2.Sobre la interpretación y alcance de este inciso, la Sala Cuarta (entre otras en STS de Sentencia de 27 de noviembre de 2019 (rcud. 430/2018)), viene a hacer un resumen de la jurisprudencia de la Sala IV sobre la materia indicando que "cabe concluir en interpretación y aplicación del art. 54.1 y 2.b) ET, sobre la determinación de los presupuestos del "incumplimiento grave y culpable del trabajador" fundado en la "La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo", como motivo de despido disciplinario, que:

A)El principio general de la buena fe forma parte esencial del contrato de trabajo, no solo como un canon hermenéutico de la voluntad de la voluntad de las partes reflejada en el consentimiento, sino también como una fuente de integración del contenido normativo del contrato, y, además, constituye un principio que condiciona y limita el ejercicio de los derechos subjetivos de las partes para que no se efectúe de una manera ilícita o abusiva con lesión o riesgo para los intereses de la otra parte, sino ajustándose a las reglas de lealtad, probidad y mutua confianza, convirtiéndose, finalmente, este principio general de buena fe en un criterio de valoración de conductas al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, siendo, por tanto, los deberes de actuación o de ejecución del contrato conforme a la buena fe y a la mutua fidelidad o confianza entre empresario y trabajador una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual;

B) La transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador depositada, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe;

C) La inexistencia de perjuicios para la empresa o la escasa importancia de los derivados de la conducta reprochable del trabajador, por una parte, o, por otra parte, la no acreditación de la existencia de un lucro personal para el trabajador, no tiene trascendencia para justificar por sí solos o aisladamente la actuación no ética de quien comete la infracción, pues basta para tal calificación el quebrantamiento de los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, aunque, junto con el resto de las circunstancias concurrentes, pueda tenerse en cuenta como uno de los factores a considerar en la ponderación de la gravedad de la falta, con mayor o menor trascendencia valorativa dependiendo de la gravedad objetiva de los hechos acreditados;

D) Igualmente carece de trascendencia y con el mismo alcance valorativo, la inexistencia de una voluntad específica del trabajador de comportarse deslealmente, no exigiéndose que éste haya querido o no, consciente y voluntariamente, conculcar los deberes de lealtad, siendo suficiente para la estimación de la falta el incumplimiento grave y culpable, aunque sea por negligencia, de los deberes inherentes al cargo.

E) Los referidos deberes de buena fe, fidelidad y lealtad, han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura en la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el desempeño de las facultades conferidas;

F) Con carácter general, al igual que debe efectuarse en la valoración de la concurrencia de la " gravedad " con relación a las demás faltas que pueden constituir causas de un despido disciplinario, al ser dicha sanción la más grave en el Derecho laboral, debe efectuarse una interpretación restrictiva, pudiendo acordarse judicialmente que el empresario resulte facultado para imponer otras sanciones distintas de la de despido, si del examen de las circunstancias concurrentes resulta que los hechos imputados, si bien son merecedores de sanción, no lo son de la más grave, como es el despido, por no presentar los hechos acreditados, en relación con las circunstancias concurrentes, una gravedad tan intensa ni revestir una importancia tan acusada como para poder justificar el despido efectuado".

Por lo que respecta a supuestos como el que nos ocupa, en que la conducta objeto de sanción consiste en la sustracción de bienes a los que el trabajador tiene acceso como consecuencia de su trabajo, la jurisprudencia del TS es clara al entender que con independencia de la cuantía de lo sustraído, debe entenderse vulnerada la buena fe pues con dicha conducta queda más que justificada la pérdida de confianza del empleador hacia el trabajador; y ello con independencia de que la conducta se hubiera cometido de forma dolosa o con negligencia o imprudencia grave, o de que se hubieran llegado a causar o no perjuicios a la empresa.

Así lo recuerda la STS de 15 de octubre de 2024 en la que se señala que la apropiación de dinero o de productos de la empresa, incluso aunque se realice en un centro de la propia mercantil al que no esté adscrito el trabajador y fuera de su jornada laboral, siempre que se cause un perjuicio a la empresa y tenga algún tipo de vinculación con el contrato de trabajo ( STS 699/2017), han constituido para la jurisprudencia de la Sala IV una especificación de la genérica transgresión contractual establecida en el artículo 54.2 d) ET consistente en transgresión de la buena fe contractual.

QUINTO.1Descendiendo ya al singular caso que nos ocupa, resulta acreditado que la empresa LOGISTICA, dentro de lo que constituye la actividad que le es propia, recibió el encargo de realizar una serie de portes. Entre esos portes se encontraban el de una caja de marisco, habiéndose encomendado el transporte de una de ellas al actor, si bien éste cargó no sólo dicha mercancía sino otra caja de marisco cuyo transporte no le fue encomendado (hecho probado cuarto).

El magistrado de instancia tiene por acreditado, que la otra caja fue sustraída por el recurrente, y lo hace en base a la prueba testifical y a las grabaciones aportadas por dicha mercantil, que, según la sentencia, evidenciarían como adelantábamos que D. Rafael no solo cargó una caja en el vehículo, sino dos, a pesar de que tenía el encargo de transportar únicamente una de ellas. Como consecuencia de ello, y tras evidenciarse que faltaba la entrega de una caja, LOGISTICA se vio obligada a abonar su importe a la empresa remitente tras la oportuna reclamación formulada por dicha mercantil a tales efectos (hecho probado quinto).

En definitiva, llevando dos cajas en lugar de una, y habiendo desaparecido una de ellas, la empresa concluye que ésta fue sustraída por el actor; posición que comparte la sentencia de instancia en atención a los medios de prueba a que antes nos hemos referido.

Dicha conclusión no resulta ilógica o injustificada tampoco a juicio de esta Sala a la luz de los hechos que se declaran como probados, y que evidenciarían que el trabajador ha cometido los hechos imputados en la carta de despido. Hechos que encarnaría la falta muy grave más arriba definida, pues su actuación reúne las exigencias jurisprudenciales para determinar la pérdida de legítima confianza empresarial.

Por todo lo expuesto, no apreciando la concurrencia de la infracción normativa denunciada el recurso ha de ser desestimado.

SEXTO.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 LRJS, habida cuenta que el demandante, en cuanto trabajador, cuenta con el beneficio de justifica jurídica gratuita en los términos que determina la Ley 1/1996, no procede la imposición de costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,