Sentencia Social 421/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Sexta, Rec. 90/2025 de 29 de mayo del 2025

PRIMERO.-Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 15 de Madrid de 14 de noviembre de 2024, a la que se hace referencia en los antecedentes de hecho de esta resolución, se interpone recurso de suplicación por la parte demandada,en el que se solicita que se anule la sentencia de instancia devolviendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la misma para que, con plena libertad de criterio para la aplicación de la legalidad ordinaria, resuelva las cuestiones planteadas en demanda.

En recurso se fundamenta en dos motivos, ambos al amparo del artículo 193 a) de la LRJS. En el primero de ellos se alega incongruencia extra petitay en el segundo la infracción de lo dispuesto en el artículo 24 de la CE por vulneración del derecho de defensa.

La parte actoraimpugna el recurso, considera que no concurren las infracciones denunciadas y solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia impugnada.

SEGUNDO.-La sala da respuesta conjunta a los dos motivos de suplicación articulados, a pesar de que uno se haya formulado como principal y otro como subsidiario, debido a su estrecha a conexión.

1.En síntesis, la parte recurrente sostiene que la sentencia ha estimado la demanda por considerar que el abono de los pluses de trasporte y vestuario en proporción a la jornada realizada constituye una discriminación por razón de sexo al estar referida a una trabajadora que disfruta de una reducción de jornada por guarda legal, cuestión que no se planteó en la demanda ni, por ende, sobre la que se practicó prueba, siendo introducida la vulneración de derechos fundamentales por la magistrada, que dio audiencia a las partes en relación a la citada cuestión con posterioridad a la finalización del periodo probatorio.

El artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), establece que "la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

En relación a la congruencia, el art. 218 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación subsidiaria en el proceso laboral, establece que "las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes".

Esta obligada correlación entre las pretensiones deducidas por los litigantes, basadas en el petitumy la causa petendiy lo resuelto en las sentencias judiciales, adquiere relevancia constitucional cuando resulta lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva protegido por el art. 24 CE.

Sobre la incongruencia extra petita,el Tribunal Constitucional viene manteniendo la doctrina que compendia la sentencia 40/2006, de 13 febrero, en los siguientes términos:

La denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.

Más concretamente, desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que, para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales".

En la misma línea, la sentencia del Tribunal Constitucional 227/2000, de 2 de octubre, aclara:

[...] la incongruencia "extra petitum" sólo tiene relevancia constitucional y lesiona el art. 24.1 CE en la medida en que provoque indefensión al defraudar el principio de contradicción. Sólo si la sentencia modifica la "causa petendi" o el "petitum" alterando la acción ejercitada, se habría dictado sin oportunidad de debate, ni defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el "thema decidendi" ( STC 98/1996 ). En este punto, debe recordarse que el órgano judicial únicamente está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia "extra petitum" cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aunque no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso ( STC 9/1998 ). En otras palabras, lo constitucionalmente decisivo desde las coordenadas procesales esenciales que exige el art. 24 CE , es si el sujeto ha podido alegar y probar lo que estimase por conveniente en relación con todos los aspectos esenciales del conflicto en el que se halla inmerso y que van a ser objeto de pronunciamiento judicial. Y ello sucederá claramente en relación con los aspectos expresa y formalmente suscitados por las partes y con los que lógica o legalmente se hallan anudados a ellos, pero también podrá suceder con pretensiones implícitas de tal naturaleza que hagan "razonablemente previsible" su inclusión en el contenido del fallo ( STC 144/1996, de 16 de octubre ).

Finalmente, debe advertirse que la eventual concurrencia de una incongruencia extra petitano comporta necesariamente la nulidad de la sentencia (por todas, STS de 10 de diciembre de 2004 (recurso 63/2004), sino que resultará de aplicación lo que dispone el artículo 202 de la LRJS que establece:

Si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida y por no poderse completar por el cauce procesal correspondiente, acordará la nulidad en todo o en parte de dicha resolución y de las siguientes actuaciones procesales, concretando en caso de nulidad parcial los extremos de la resolución impugnada que conservan su firmeza, y mandará reponer lo actuado al momento de dictar sentencia, para que se salven las deficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal.

2.En el asunto sometido a nuestro enjuiciamiento, la parte actora solicitó en su demanda el derecho a que le fuese abonado el plus de vestuario y transporte en su cuantía integra (y no en proporción a la jornada que realiza) y que se condene a la demandada a abonarle 499,12 € del período comprendido entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. En el acto del juicio, la parte actora se ratifica en la demanda, actualizando los importes reclamados que fija en 1.006,97 € en el período comprendido entre los meses de diciembre de 2022 a febrero de 2024, a razón de 47,46 € mensuales en concepto de plus de transporte y 25,09 € mensuales en concepto de plus de vestuario, más el interés por mora, y esa misma postura mantuvo en fase de conclusiones.

Una vez finalizadas las conclusiones, la magistrada concede la palabra a ambas partes para que se manifiesten sobre una posible discriminación por razón de sexo, que considera implícita en la cita de la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Finalmente, la sentencia identifica como cuestión debatida la discriminación indirecta y los roles de género y, tras declarar probados diversos datos extraídos de la Encuesta de Población Activa y del Informe de Fundación FOESS, y sin realizar ningún análisis específico de las pretensiones deducidas en el proceso desde la óptica de la legalidad ordinaria, concluye: "No cabe distinción peyorativa por tratarse de reducción de jornada y supone discriminación indirecta al constituir las mujeres, la parte de la población que mayoritariamente acoge reducción o adaptación de jornada por razones culturales y sociales de atención de los cuidados. En el mismo sentido acontece con el desempeño a tiempo parcial". A continuación, tras citar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en su sentencia de 3/2007, de 15 de enero, considera que "quiebra lo previsto en la Directiva 2006/54, artículo 14, apartado 1, la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, en particular un aspecto que como el contemplado constituye una condición de empleo y trabajo. [...]; y que "Su desconocimiento supone vulneración de normativa internacional, supranacional y nacional, particularmente, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Igualdad efectiva de mujeres y hombres", citando en respaldo de su pronunciamiento las sentencias del Tribunal Supremo 4 de octubre de 2022 (recurso 574/2019), de la Audiencia Nacional de 10 de julio de 2023 (aunque dice recurso, es el procedimiento 129/2023) y de 28 de febrero de 2023 (aunque dice recurso, es el procedimiento 372/2022) y de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias de 27 de agosto de 2019 (recurso 533/2019).

A continuación, advierte que frente a la sentencia cabe interponer recurso por "afectación a Tutela de Derechos Fundamentales y por considerarse afectación general".

3.Del citado desarrollo de acontecimientos procesales, la conclusión que alcanza la Sala es que, efectivamente, la magistrada ha introducido, de oficio, una vulneración de derechos fundamentales por razón de sexo que no fue alegada por la parte actora en su demanda ni en el acto del juicio, modificando con ello el objeto del litigio, y privando a la parte demandada de la posibilidad de ejercitar una adecuada defensa en los relativo a la citada cuestión, sin ir más lejos, impidiéndole la práctica de prueba acreditativa de que la medida empresarial es objetiva, razonable y ajena a un comportamiento discriminatorio, incurriendo en incongruencia omisiva, en la medida que no razona sobre lo pedido y discutido en el pleito, y por exceso en la medida que el fundamento de la estimación de la demanda es la de considerar que concurre una discriminación por razón de sexo que no fue aducida por la parte actora en la demanda ni en el acto del juicio.

En realidad, lo que subyace en el razonamiento de la resolución judicial impugnada es una confusión entre los requisitos y alcance de juzgar una vulneración de derechos fundamentales y, entre ellos, del derecho a la no discriminación por razón de sexo, que, para analizarla y declararla, se requiere que se denuncie su vulneración por la parte que se considere discriminada, y juzgar aplicando como regla hermenéutica la perspectiva de género, conforme ordena el artículo 4.3 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, cuando establece que, como principio informador, se ha de tener presente el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, con carácter transversal, en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, que no requiere alegación para utilizarla.

Juzgar con perspectiva de género es que lo que realiza el Tribunal Constitucional en la sentencia 3/2007, de 15 de enero, que cita la magistrada en su sentencia, cuando afirma el derecho a la no discriminación por razón de sexto ( art. 14 CE) "ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa".

También aplica ese canon hermenéutico la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2022 (recurso 574/2019), que ya se advierte que no está referida al plus de transporte y vestuario, sino al complemento salarial de asistencia y puntualidad, y que, tras analizar el asunto desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, y concluir que no era aplicable un cálculo proporcional a la jornada de la cuantía de esos pluses, considera que "también la perspectiva de género a la que hace referencia el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y que esta Sala Cuarta viene aplicando con reiteración, conduce a interpretar el complemento convencional en el sentido que hemos expuesto en los anteriores apartados del presente fundamento de derecho", y esa última consideración, referida a esos mismos complementos salariales y al plus de distancia, se contiene en las sentencias de la Audiencia Nacional de de 28 de febrero de 2023 (recurso 372/2022) y 10 de julio de 2023 (procedimiento 129/2023). En cuanto a la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, con sede en Las Palmas, de 27 de agosto de 2019 (recurso 533/2019), el objeto del litigio ninguna relación guarda con lo que se discute en este pleito, pues se trata de una reclamación de concreción horaria, y, en cualquier caso, en el propio párrafo destacado en la sentencia, se considera una regla hermenéutica.

Sin embargo, la sentencia impugnada se extralimita ya que no juzga el asunto litigioso desde la perspectiva de género, lo que hubiese requerido su análisis desde la óptica de la legalidad ordinaria y resolver cualquier duda interpretativa utilizando como regla hermenéutica la perspectiva de género, sino lo que hace es, sin realizar el más elemental análisis de la cuestión que se le plantea, considerar que concurre una discriminación indirecta por razón de sexo, introduciendo en el relato fácticos hechos que califica de notorios, cuando, en realidad, lo que son es públicos, y estima la demanda con un fundamento de derecho genérico relativo a la discriminación indirecta por razón de sexo, en el que ninguna mención se hace al objeto real del litigio, pues no lo es la simple mención de una serie de sentencias cuyo objeto litigioso es otro, por estar referidas a otra clase de complementos o a cuestiones diferentes.

4.En circunstancias normales, la citada incongruencia no conllevaría la nulidad de actuaciones, y la sala habría resuelto lo que correspondiese dentro de los términos en los que aparece planteado el debate, conforme dispone el artículo 202 de la LRJS, pero, en este caso, la sala no tiene competencia funcional para resolver el fondo de la controversia pues la sentencia no es recurrible ni por razón de la cuantía, por ser inferior a 3.000 €, ni por razón de la materia, ya que, como se ha dicho, no estamos en presencia de una sentencia en materia de tutela de derechos fundamentales, y tampoco estamos ante una cuestión que, de forma notoria, afecte a todos o a un gran número de trabajadores, como afirma la sentencia impugnada, en lo que hay que tener en cuenta que la afectación general no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general ( SSTS de 2 de junio de 2016 [recurso 3820/2014], 7 junio 2017 [recurso 3039/2014], 24 de octubre de 2017 [recurso 1160/2016] y 6 de abril de 2022 [recurso 1289/2021] y 3 de julio de 2024 (recurso 3765/2023], entre muchas).

La irregular actuación de la magistrada, de introducir una vulneración de derechos fundamentales de oficio, cuando esta pretensión no fue objeto del pleito, no puede alterar el régimen ordinario de recursos, pues la sala puede y debe examinar de oficio su competencia funcional para conocer de un recurso sin estar vinculada por la apreciación que se haya realizado en la sentencia de instancia ( SSTS de 22 de diciembre de 2010 [ recurso 52/2010, de 11 de marzo de 2011 [ recurso 3242/2010], que reproduce la sentencia de 3 de julio de 2024 [ recurso 3765/2023], entre otras muchas).

5.Por las consideraciones anteriormente expuestas, consideramos que procede estimar el recurso de suplicación, declarar la nulidad de la sentencia impugnada y, devolver las actuaciones al juzgado de origen, para que, con libertad de criterio y sin incurrir las deficiencias observadas, se dicte nueva sentencia que resuelva el litigio planteado en la demanda.

TERCERO.-Conforme a lo dispuesto en el artículo, cuando se revoque la sentencia de instancia y el recurrente haya consignado en metálico la cantidad importe de la condena o asegurado la misma conforme a lo prevenido en esta Ley, así como constituido el depósito para recurrir, el fallo dispondrá la devolución de todas las consignaciones y del depósito y la cancelación de los aseguramientos prestados, una vez firme la sentencia, lo que también es aplicable a los supuestos de declaración de la nulidad de la sentencia impugnada, pues la priva de efectos.

CUARTO.-Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social, comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Al haberse estimado el recurso de suplicación interpuesto por la parte recurrente, no procede imposición de costas.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación