Sentencia Social 972/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera, Rec. 937/2025 de 18 de diciembre del 2025

PRIMERO. -Frente a la sentencia de instancia que estimó en parte a demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por doña Lorena y doña Verónica que declaró la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las demandantes por doña Victoria, condenando a la misma a abonar a cada una de las trabajadoras la indemnización de 7.501 euros por daños morales, al AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES de la pretensión ejercitada en su contra, se interpone el presente recurso de suplicación por la condenada.

SEGUNDO. -El primer motivo del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la infracción de los artículos 26.1 y 179.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social indicando que no cabe acumular la acción de tutela de derechos fundamentales del artículo 26.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social a la solicitud de indemnizaciones o modificaciones en las condiciones de trabajo como se ha realizado en el presente procedimiento, por lo que no cabría entrar a resolver sobre la petición de indemnización.

El artículo 26 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en sus apartados 1 y 2 recoge literalmente: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 5 y 8 de este artículo, en el apartado 3 del artículo 25, en el apartado 1 del artículo 32 y en el artículo 33, no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, salvo la de responsabilidad por daños derivados, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos, las de impugnación de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores y las de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Tampoco podrán acumularse las acciones en reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a las que se refiere el artículo 138 bis.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar en los anteriores juicios, cuando deban seguirse dichas modalidades procesales por imperativo de lo dispuesto en el artículo 184, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades públicas, conforme a los artículos 182, 183 y 184.".

En el supuesto de autos la demandante doña Lorena que estaba adscrita provisionalmente al puesto de administrativa en la Concejalía de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros desde el día 26 de febrero de 2020 y doña Verónica que estaba adscrita provisionalmente al puesto de secretaría en la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores afirman que fueron cesadas y pasaron a prestar servicios con la categoría de auxiliares administrativas como represalia por haber participado en una asamblea de afiliados de UGT el 6 de Mayo de 2021 para debatir y votar la continuidad del sindicato en el proceso de negociación con el Ayuntamiento de Móstoles e intervenido mostrando su disconformidad con la continuidad de la negociación por el sindicato UGT.

De acuerdo con lo reseñado es evidente que están denunciando la vulneración de la garantía de la indemnidad por lo que el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales es el adecuado y es evidente que se puede acumular una indemnización de daños y perjuicios ya sean materiales o morales por la vulneración que se dice haber sufrido y ello con independencia de que se pueda concluir que no existió la vulneración denunciada, por lo que se rechaza que se haya producido una acumulación indebida de acciones.

TERCERO. -En el siguiente motivo del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social sostiene la recurrente que existe una falta de legitimación pasiva de doña Victoria, indicando que de la prueba practicada, se desprende que es personal de Alcaldía el que indica a los concejales de turno que hay que cesar a las demandantes y no existe orden alguna de la Alcaldesa y ello se observaría acudiendo a los expedientes administrativos (folios 308 al 334 y folios 368 a 388) y que incluso los testigos de los trabajadores, en la deposición de sus interrogatorios afirmaron de manera tajante y rotunda, que la orden de cese se la dio de manera directa, doña Amparo, que les citó a ambos en su despacho sito en el Ayuntamiento, a la que la señora Violeta señalaba como Jefa de Gabinete, mientras el señor Jesús indicaba que era la directora de Alcaldía.

El motivo no puede prosperar pues si lo que quiere indicar es que doña Victoria no intervino en los hechos que denunciaron los trabajadores se trataría de una cuestión de fondo y de ser cierto procedería su absolución, pero en modo alguno cabe concluir que exista falta de legitimación pasiva de doña Victoria.

CUARTO.- En el siguiente motivo formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se indica que existe una inadecuación de procedimiento, porque de la prueba practicada, ha quedado totalmente acreditado que no ha existido vulneración alguna de los derechos fundamentales, a pesar de la estimación parcial de la demanda y que el procedimiento utilizado por las 2 actoras para impugnar los decretos que obran en el expediente administrativo, por el que son cesadas en los puestos que desempeñaban y se debería haber tramitado por procedimiento por modificación de las condiciones de trabajo o al procedimiento ordinario y nunca por el de vulneración de los derechos fundamentales, puesto que no se ha vulnerado el derecho de indemnidad consagrado en el artículo 24 de la Constitución, porque las demandantes en su momento, concretamente doña Lorena, el 9 de agosto de 2019 y doña Verónica, el día 2 de agosto de 2019, hubieran interpuesto reclamaciones previas frente al Ayuntamiento de Móstoles solicitando la fijeza en su puesto de trabajo o porque hubieran participado en una asamblea, añadiendo que como se publicó la Ley 20/2021, para la estabilización en el empleo de aquellos interinos de larga duración, entre los cuales se encontraban las 2 demandantes, finalmente fueron declaradas fijas dándose la circunstancia de que las funciones que realizaban de categoría superior las realizaban de forma excepcional y transitoria.

Debe rechazarse también esta pretensión, pues como se ha dicho en el supuesto de autos las demandante que estaba adscritas provisionalmente a puestos de administrativas afirman que fueron cesadas y pasaron a prestar servicios con la categoría de auxiliares administrativas como represalia por haber participado en una asamblea de afiliados de UGT el 6 de Mayo de 2021 para debatir y votar la continuidad del sindicato en el proceso de negociación con el Ayuntamiento de Móstoles e intervenido mostrando su disconformidad con la continuidad de la negociación por el sindicato UGT, y todo ello sin perjuicio de que hayan quedado acreditados o no los hechos en que amparan la vulneración de sus derechos fundamentales, cuestión que está ligada al fondo del asunto.

QUINTO.- En el cuarto motivo se indica que habría prescrito la acción ejercitada por las demandantes de acuerdo con el artículo 179.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que dispone que la demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental o libertad pública, en relación con la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo 1301/2023 de 21 de diciembre, que afirma que el cómputo del plazo comienza desde que la acción pudo ejercitarse - artículo 1969 del Código Civil del que es trasunto el artículo 59. 2 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contrato de trabajo, y se interrumpe en la forma prevista en el artículo 1973 del Código Civil, por el ejercicio de la acción ante los Tribunales, reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda, en tanto que la activación de cualquiera de estos mecanismos de interrupción supone romper el silencio de la relación jurídica y de la consecuente presunción de abandono del derecho y que el plazo de prescripción es el de 1 año del artículo 59.1. del Estatuto de los Trabajadores, afirmando que de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Julio de 2018, aunque los derechos fundamentales son permanentes e imprescriptibles ello es es compatible, no obstante, con que el ordenamiento limite temporalmente la vida de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos, añadiendo que si se entendiera que existió que había modificación sustancial de condiciones de trabajo, el plazo de caducidad de 20 días habría pasado y en su defecto habría prescrito la acción que ejercitan, dado que no reclamaron frente a los decretos en las que se cambiaban sus condiciones de trabajo, que es el hecho en el que amparan su reclamación, a contar desde el 12 y 13 de mayo de 2021, respectivamente en el caso de doña Lorena y en el caso de doña Verónica, finalizando el plazo para reclamar el 12 de mayo de 2022, habiéndose presentado la demanda el 30 de marzo de 2023 y transcurrido con creces el plazo señalado por la Ley, figurando en las comunicaciones que le son realizadas que podrán interponer demanda ante la jurisdicción social en los plazos establecidos en el artículo 69 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y afirma que no interrumpe el plazo prescriptivo de la acción de tutela de derechos fundamentales ejercitada la querella criminal que presentaron contra doña Victoria y añade que no puede obviarse que a este respecto en el orden social es preciso atender a lo establecido por el artículo 86.1 de la Ley de procedimiento Laboral -entendemos que quiere referirse al mismo precepto de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social- dispone que "en ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos"y que como en este caso ni la acción pretendida con la querella presentada por las trabajadoras, se realizó contra quién dicto el cese, ni contra quién lo ordenó, ni la causa penal ha estimado que existiera delito alguno de prevaricación realizado por doña Victoria, es la fecha en que las trabajadoras tuvieron noticia de los decretos que las cesaban en sus funciones o puesto, cuando comenzó el plazo de prescripción general del año previsto en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores.

Lo primero que hemos de resaltar es que en el motivo formulado, como de hecho ocurría con todos los motivos anteriores la recurrente incurre en el vicio procesal de "petición de principio", o hacer supuesto de la cuestión de acuerdo con lo reseñado en sentencias de 15 de marzo de 2007 (Recurso: 44/2006), 03 de diciembre de 2014 (Recurso: 201/2013), 10 de marzo de 2016 ( Recurso: 83/2015), de 20 de octubre de 2016 ( Recurso: 31/2015), 20 de diciembre de 2916 (Recurso: 9/2016), 25 de octubre de 2017 (Recurso: 256/2016), pues parte de extremos que no figuran consignados en el relato fáctico y cuya revisión no se ha interesado, debiendo partir esta Sala de los hechos que recoge el relato fáctico y que son los siguientes:

1) El día 26 de febrero de 2020 el Ayuntamiento de Móstoles dictó decreto por el que se adscribía provisionalmente a Doña Lorena al puesto de administrativa en la Concejalía de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros, percibiendo una diferencia retributiva de 330, 98 euros en el año 2021 y e l día 27 de abril de 2021 el Ayuntamiento de Móstoles dictó decreto por el que se adscribía provisionalmente a Doña Verónica al puesto de secretaría en la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores, percibiendo un plus productividad de 251, 24 euros -ordinal tercero del relato fáctico-.

2) Las 2 demandantes participaron en una asamblea de afiliados de UGT el 6 de mayo de 2021 para debatir y votar la continuidad del sindicato en el proceso de negociación con el Ayuntamiento de Móstoles, interviniendo en la misma, mostrando su disconformidad con la continuidad de la negociación por el sindicato UGT -ordinal quinto del relato fáctico-.

3) La Concejala de Derechos Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Móstoles recibió una llamada de la Jefe de Gabinete después del 6 de mayo de 2023 para que hiciera el cese inmediato de doña Verónica como secretaria. Poco después la citada Concejala se reunió con la Alcadesa de Móstoles diciéndole que no entendía el cese, afirmando aquella que la tenía que cesar porque iba en contra de sus intereses.

El Concejal de Recursos Humanos recibió una llamada de la Directora de la Alcaldía el 7 de mayo de 2021, exponiendo la necesidad de cesar a Doña Lorena por la actitud que había mantenido en la Asamblea de afiliados de UGT de 6 de mayo de 2021 y el lunes 10 de mayo de 2021 la Alcaldesa de Móstoles le dijo al Concejal de Recursos Humanos que la tenía que cesar -ordinal sexto del relato fáctico-.

4) La Concejala de Derechos Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Móstoles envió una comunicación el 10 de mayo de 2021 al Concejal de Participación Vecinal y Recursos Humanos con el siguiente contenido: Siguiendo indicaciones de la Alcadesa, procedo a proponer el cese de secretaria de Dña. Verónica, y nombrar en su lugar a Dña. Isabel....".

El Concejal Delegado de Participación Vecinal y Recursos Humanos dictó el decreto 2080/21 el 10 de mayo de 2021 por el que resolvía: Cesar en sus funciones de secretaria de la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores a Dña. Verónica, agradeciéndole los servicios prestados en ese puesto, con efectos del día siguiente al de la recepción de esta resolución por la interesada y en consecuencia, que sus retribuciones se ajusten a su categoría de auxiliar administrativa, retomando sus funciones de dicha categoría en el Departamento de Personal.....".

El Concejal Delegado de Participación Vecinal y Recursos Humanos dictó el decreto de 10 de Mayo de 2021 por el que resolvía. Que Dña. Lorena cese en el desempeño de las funciones del puesto de Administrativa y a la percepción de las retribuciones asignadas al mismo; volviendo a ejercer las funciones propias de su categoría y puesto de Auxiliar Administrativa.".

Tales decretos fueron comunicados a las demandantes el 12 de mayo de 2021.

5) El 26 de julio de 2021 el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles admitió a trámite la querella interpuesta por la representación procesal de doña Verónica y doña Lorena frente a doña Victoria por un presunto delito de prevaricación, siendo recurrido por la representación procesal de la anterior, desestimándose por auto de 3 de diciembre de 2021. La representación procesal de doña Victoria interpuso recurso de apelación, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal y la representación procesal de los querellantes, dictando auto número 539/2022 el 15 de junio, Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid, estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Victoria contra el auto de 3 de diciembre de 2021, que resuelve el recurso de reforma contra el auto de 26 de junio de 2021, dejando ambos sin efecto, acordando el archivo del procedimiento, quedando a salvo el derecho de las querellantes a hacer valer sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional competente -ordinal noveno del relato fáctico-.

De acuerdo con los extremos consignados el plazo para el ejercicio de la acción por las demandantes se inicia el 12 de mayo de 2021 en el que se les comunica el cese en el puesto al que estaban adscritas provisionalmente y que de acuerdo con el artículo 1973 del Código Civil la prescripción estaría interrumpida desde el 26 de Julio de 2021 en que el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles admitió a trámite la querella interpuesta por la representación procesal de doña Verónica y doña Lorena frente a doña Victoria por un presunto delito de prevaricación, prolongándose hasta que se dictó el auto número 539/2022 el 15 de junio, Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid que acordó el archivo del procedimiento y por ello si la demanda se presentó el 30 de marzo de 2023, resulta evidente que no habrá prescrito la acción, pues habría estado interrumpida la prtescripció0n por la querella criminal presentada siendo irrelevante que aquella hubiera sido archivada.

SEXTO.- Finalmente los dos últimos motivos se dice que están formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193, b) de la Ley de la Jurisdicción del Régimen Social y que tienen por objeto revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

Lo cierto es que pese a lo reseñado, no se indica ningún ordinal que deba ser modificado, adicionado o suprimido, no proponiendo tampoco relato alternativo a ninguno de los consignados, reiterando lo reseñado en el fundamento jurídico anterior de que incurre en el vicio procesal de "petición de principio", o hacer supuesto de la cuestión de acuerdo con lo reseñado en sentencias de 15 de marzo de 2007 (Recurso: 44/2006), 03 de diciembre de 2014 (Recurso: 201/2013), 10 de marzo de 2016 ( Recurso: 83/2015), de 20 de octubre de 2016 ( Recurso: 31/2015), 20 de diciembre de 2916 (Recurso: 9/2016), 25 de octubre de 2017 (Recurso: 256/2016) y además no tiene en cuenta la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que aquél no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley. El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido ( sentencias del TC. 71/2002 de 8 abril, 230/00 de 2 octubre, 135/98 de 29 junio, 93/97 de 8 mayo, 18/93 de 18 enero). Las más recientes sentencias del TC califican el recurso de suplicación de "especial" ( STC 4/06, 218/06, 292/06). También ha repetido el TC en numerosas ocasiones que la doble instancia no está incluida dentro del derecho a la tutela judicial efectiva - salvo en el orden penal - y que la determinación del régimen jurídico de los recursos queda conferida al legislador ordinario, incorporándose al derecho de tutela judicial efectiva solamente en la forma y medida en que haya sido establecido por aquél ( sentencias del TC 88/02, 90/02, 51/03 entre muchas).

La formulación del recurso de suplicación debe hacerse mediante motivos ajustados a las tres clases de posibilidades impugnatorias que ofrece el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con la debida separación y sin mezclar en el desarrollo de los motivos las cuestiones que, por su naturaleza, pertenezcan a cada uno de ellos.

Los motivos amparados en el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se reservan para la denuncia de las infracciones procesales y tienen por objeto la anulación de la sentencia y la reposición de las actuaciones al momento en que se haya producido la infracción, siendo preciso que se trate de un quebranto procesal de gravedad, que haya producido indefensión a la parte, y que ésta haya obrado con la diligencia necesaria para evitar este resultado, formulando la oportuna protesta previa siempre que haya sido posible, posibilitando así la subsanación o rectificación de la falta procesal, para evitar la dilación que siempre lleva consigo la nulidad de actuaciones.

Por lo que se refiere a los motivos amparados en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, hay que tener presente que la fundamental finalidad del recurso de suplicación es el examen del derecho aplicado, por lo que se deja a la revisión de los hechos un cauce muy estricto, cuyas particularidades han sido reiteradamente expuestas en la jurisprudencia y en la doctrina de suplicación. En este sentido la modificación de los hechos que en la sentencia de instancia se consideran acreditados solamente puede fundarse en la prueba documental o pericial obrante en autos, no contradicha por otros medios de prueba, que revele de modo inmediato y evidente un error del órgano judicial, sin necesidad de deducciones, conjeturas o interpretaciones de la parte recurrente, quien debe expresar si pretende la supresión, modificación, o adición de hechos. En los dos primeros casos, debe señalar concretamente qué apartado o apartados de la relación fáctica de la sentencia, quiere revisar, en todos los casos debe manifestar en qué consiste el error, y en los dos últimos ofrecer la redacción que se estime pertinente. A tal efecto se ha de citar con precisión el documento o pericia, obrante en autos, en que se funde la alegación de error, no siendo admisible la remisión genérica a la prueba documental, ni menos la cita de otras pruebas de distinta naturaleza (interrogatorio de las partes, declaración de testigos, etc.) ni de actuaciones procesales (acta del juicio, resoluciones, actos de comunicación, etc.). Es rechazable, por ello, la mera alegación de que no hay prueba en autos que sustente la conclusión del juzgador. El error debe apreciarse directamente y de modo evidente a partir del contenido manifiesto del documento o pericia, mostrando el recurrente esa conexión inmediata, sin limitarse a la mera cita del documento, pero sin necesidad de deducciones, razonamientos, interpretaciones o conjeturas del recurrente. Por ello, no es admisible el intento de valoración conjunta de todo o gran parte del material probatorio, ni la cita de documentos o pericias ya valorados por el juzgador, o contradichos por otras pruebas, pues ello implicaría la sustitución del criterio valorativo del órgano judicial por el del recurrente. Por último, el error debe resultar decisivo en relación con el signo del fallo, debiendo la parte razonar la influencia de la alegada equivocación judicial en el resultado decisorio del litigio, y no es admisible el intento de introducir en la relación fáctica conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, ni cualquier valoración jurídica, respecto de los hechos, que en este tipo de motivos es por completo inoperante. Las anteriores reglas derivan de los artículos 193 b) y 196. 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se justifican en atención al carácter extraordinario del recurso de suplicación en el proceso laboral, regido por el principio de instancia única, en la que se reconocen al órgano judicial de instancia amplias facultades de valoración de la prueba, como establece el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en atención al principio de inmediación, siendo perfectamente constitucional esta configuración legal del proceso laboral.

En este sentido se ha declarado que en un recurso de alcance limitado como es el especial de suplicación, el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada, y que el error de hecho determinante para el fallo se configura en la suplicación laboral como uno de los posibles objetos del recurso. Para apreciarlo es imprescindible que se desprenda objetivamente de documentos obrantes en autos o pericias efectuadas en la instancia, sin conjeturas, hipótesis o razonamientos subjetivos. Esos requisitos conducen a una línea jurisprudencial según la cual el error debe derivarse inequívocamente de pruebas singulares y tasadas, no concurriendo otras que puedan ponerlas en contradicción ( STC 4/06, 218/06).

En los motivos del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha de alegarse la infracción de normas jurídicas sustantivas o de la jurisprudencia sobre ellas, pero no de normas o jurisprudencia sobre aspectos procesales, y debe partirse de la relación fáctica de la sentencia salvo que se haya intentado su modificación por el cauce del artículo 193 b) en relación con el 196.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y deben citarse expresamente los preceptos y jurisprudencia que se consideren infringidos por el juzgador de instancia.

La estructura del recurso exige que, si la parte no está de acuerdo con los hechos probados, primeramente intente su revisión por el cauce del artículo 193 b) y seguidamente, al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, extraiga las consecuencias jurídicas de la modificación de los hechos, alegando las normas sustantivas y la jurisprudencia que estime infringidas en motivos separados si es preciso por la diversidad de normas alegadas. No puede el Tribunal Superior apreciar infracción alguna, por patente que sea, que no le haya sido debidamente alegada por el recurrente cumpliendo estos requisitos.

Partiendo de esta doctrina, el Tribunal no puede subsanar en modo alguno los defectos del recurso, ya que lo contrario supondría construir de oficio el recurso, con merma de la imparcialidad judicial y con grave vulneración de las garantías procesales de la parte contraria, a la que se le causaría absoluta indefensión. Los motivos reseñados se hallan desprovisto en su estructura, formal y materialmente, de soporte en los motivos tasados de suplicación, carece de cita de preceptos legales o reglamentarios supuestamente infringidos, y adolece de confusión entre las cuestiones de hecho y de derecho, por lo que cabe rehusar el examen de fondo con arreglo a la doctrina constitucional ( STC 230/00, de 2 octubre), lo que lleva consigo que desestimemos los mismos y por ello el recurso formulado.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,