Sentencia Social 1202/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera, Rec. 637/2024 de 19 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que estimó la demanda formulada que condenó a la trabajadora a abonar a la empresa TSP SEARCH PEOPLE SL la cantidad de 7.728,33 euros por incumplimiento del pacto cd no competencia postcontractual, más el 10% de interés de demora devengado desde la interposición de la demanda, se interpone el presente recurso de suplicación por el trabajador que tiene por objeto, la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia y el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia cometidas por la referida resolución.

SEGUNDO.- Mediante el primer motivo del recurso formulado al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social interesa la recurrente la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, concretamente, el ordinal primero para que se redacte en los siguientes términos: "No ha quedado acreditado que Dona Silvia haya realizado funciones o prestado servicios que permitan deducir que se ha producido un incumplimiento del pacto de no competencia."

La jurisprudencia viene exigiendo en numerosas sentencias de las que se citan las del Tribunal, Supremo de fecha 5 de junio de 2011 (Recurso: 158/2010), 24 de febrero de 2014 (Recurso: 268/2011), 25 de junio de 2014 (Recurso: 198/13), que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso, debiendo identificarse el documento y señalar el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

Sostiene la recurrente que la sentencia de una parte, se basa parte un documento que se presenta en inglés sin aportar traducción, ni oficial ni privada, de otra, que la sentencia atribuye a doña Silvia unas funciones que en su tenor son ejercidas por otra persona que nada tiene que ver con la recurrente, figurando en la parte superior de la página 7 del documento número 5 que "Como Gestora de Talento (Talent Manager), soy responsable de la selección, gestión y promoción de candidatos, así como de las relaciones con socios (clientes) actuales o potenciales. Escríbeme a DIRECCION000 si buscas oportunidades de mejora profesional o si como empresa necesitas talento para posiciones tecnológicas o digitales de nivel medio o directivo." Y finalmente que no se trata de un documento que ofrezca suficientes garantías de fiabilidad.

Lo primero que se debe resaltar es que en ningún caso puede sustituirse la redacción que figura en el relato fáctico, pues además de contener una valoración jurídica está redactada negativamente, en segundo lugar, que el documento 5 en realidad son dos documentos, un curriculum y varios pantallazos de un perfil del linkedin, y es cierto que no se puede tener en cuenta el primero de ellos -curriculum- por tratarse de un documento en inglés que no tiene traducción oficial, y en cuanto al segundo de esos documentos, en la página primera -sexta si se entiende como un solo documento- figura el nombre de Silvia después de Selecta digital "Promovemos el mejor talento tecnológico y digital para las mejores empresas.",y añade que tiene un nuevo puesto de Talent Manager y en la página -séptima si se considera un solo documento- el correo de quien figura como Gestora de Talento (Talent Manager), es DIRECCION000, y cuáles son las funciones que desempeña como tal en la empresa select digital, y tal y como señala la sentencia de la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 15 de octubre de 2018 se trata de un medio de prueba admitido en derecho - artículo 219.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, aunque en el momento en que los mismos son impugnados pierden su fuerza probatoria y es necesario solicitar pruebas para acreditar la autenticidad de los mismos con la dificultad que ello comporta y en el supuesto de autos no se impugnó en el acto de la vista por lo no se puede rechazar su eficacia probatoria en un momento posterior por lo que se rechaza la modificación del relato fáctico.

TERCERO. -El motivo tercero del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la infracción del artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores dispone: "2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes:

a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.

b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.".

Sostiene la recurrente que en el supuesto de autos no concurre ninguno de los requisitos enunciados y afirma en cuanto al elemento de la compensación económica que tratándose de una empresa de selección de personal la limitación es prácticamente indefinida ya que pueden ser potenciales clientes cualquier empresa y cualquier sector dentro cualquier ámbito geográfico, lo que hace que las condiciones supongan, en realidad, abocar a la trabajadora a mantenerse sin empleo durante doce meses ya que cualquier empresa podría ser "cliente o potencial cliente" de la demandante y a cambio de estas condiciones, a nuestro juicio, absolutamente abusivas se pacta una compensación económica de 275.-€ sobre un salario de 1.100.-€ (incluidas las pagas extras), que el importe abonado que no se ha utilizado en realidad como una "compensación" en sentido estricto sino más como un complemento salarial para motivar a la trabajadora ante un salario realmente bajo y en cuanto al otro requisito, que a pesar de que en el contrato de trabajo se indica que el puesto de trabajo es de "recruitment especialist", lo cierto es que el trabajo que venía realizando la trabajadora no tenía ni una especial cualificación ni tampoco acceso a información confidencial de clientes, no especificándose clientes reales o potenciales comunes ni interferencia de cualquier otro tipo que pudiera derivar de la actuación de la demandada y finalmente, que la devolución tiene consecuencias respecto de los ingresos computables a efectos de IRPF y cotización.

No puede prosperar el motivo pues el salario de la actora es de 1.926 euros mensuales -ordinal primero del relato fáctico y no de1.100.-€ (incluidas las pagas extras), no estimándose por ello que la cuantía sea desproporcionada y no consta el relato fáctico las alegaciones que realiza respecto a las funciones que indica que realizaba, del ordinal cuarto se desprende que la empresa que la contrató se dedica a la misma actividad que la actora, y las cuestiones tributarias o de abono cuotas a la seguridad social son ajenas al presente procedimiento, por todo lo cual se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,