Sentencia Social 36/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera, Rec. 139/2025 de 26 de enero del 2026

PRIMERO.- Objeto del recurso.

Se interpone recurso de suplicación por la demandante frente a la sentencia por la que se desestimaba su demanda en materia de trabajo a distancia para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

El recurso se articula a través de un motivo al amparo del apartado a) del art. 193 LRJS y cuatro motivos de revisión jurídica. La parte contraria ha presentado escrito de impugnación.

SEGUNDO.- Nulidad de actuaciones por infracción de normas procesales.

La parte recurrente, en su primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 a) LRJS ,denuncia la infracción del artículo 24.1 y artículos 90.1 , 91.1 , 91.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social .

Entiende que se le ha causado indefensión al haberse inadmitido la prueba de interrogatorio de la parte demandada. Concretamente sostiene que "desconocemos si a través del interrogatorio el representante legal hubiera aportado luz para saber si el puesto de trabajo de la actora es tele trabajable o no, si hubo negociación o no y un sinfín de preguntas que pudieran habérsele preguntado".

En primer lugar, hemos de partir del carácter excepcional que tiene la nulidad de actuaciones, como pone de manifiesto la reciente sentencia de esta Sala de lo Social de fecha 2/02/24, Rec. nº. 630/2023 cuando señala que "... es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional la relativa a que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada a) al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión, por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que "la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( SSTCO156/85; 64/86; 89/86; 12/87; 171/91 y ATC 190/83 ; c) que el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos ( STCO 215/89 ) y que " para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso " ( STC 124/94 )".

La doctrina relativa al derecho de los litigantes a utilizar los medios de prueba que propongan para su defensa se encuentra contenida, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25/01/18 (rec. 1648/16 )que declaró que: "... como reiteradamente ha señalado esta Sala (entre otras, STS de 20 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 7299) , rcud. 2565/2004 ), la tutela judicial efectiva presupone la garantía de las personas de que pueden acudir al Juez, ser oídas, proponer y practicar pruebas, a una resolución fundada en derecho y a los recursos, y así se pone de relieve en la STC 158/1989 (RTC 1989, 158) al declarar que "el derecho a la prueba es una de las garantías que a todos reconoce el artículo 24.2 CE de suerte que la denegación de pruebas pertinentes podrá justificar el recurso de amparo si de ello se deriva indefensión o alteración del resultado del proceso ( STC 116/1993 (RTC 1993, 116) ). Son los Jueces y Tribunales los que han de valorar la pertinencia de las pruebas propuestas, pero en ese cometido no pueden sacrificar su realización a otros intereses que, aun estando también protegidos por el ordenamiento, sean de rango inferior al derecho constatado en el citado precepto constitucional".

Por su parte, de acuerdo con la STC nº 130/2017, de 13 de noviembre, cuando se ha denegado una prueba o no se ha practicado una prueba previamente admitida, el elemento esencial para apreciar la lesión del derecho fundamental del artículo 24 CE es que ello haya supuesto para la parte procesal "la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, resultando necesario a tal efecto demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en el pleito, por ser potencialmente trascendente para el sentido de la resolución".

La Sala IV también ha tenido la oportunidad de recoger la doctrina constitucional relativa al derecho de los litigantes a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, entre otras en la STS de 8/02/2018 (rcud. 1062/2016 ),donde se recoge (la negrita es nuestra):

- "El derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes, establecido en el art. 24.2 CE , es de configuración legal, de manera tal que su manto protector únicamente se despliega en aquellos casos en que las pruebas pertinentes estén permitidas por la Ley y se hayan solicitado respetándola legalidad procesal, en cuanto al tiempo y forma de su proposición( STC 19/2001, de 29 de enero , FJ 4º, entre otras).

- "El derecho a utilizar los medios de prueba, como un derecho inseparable del derecho mismo de defensa, "no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes" ( SSTC 237/1999 , 26/2000 y 19/2001 , entre otras)".

- "La vulneración del art. 24.2 de la Carta Magna exige asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa"( STC 208/2001, 22 de octubre ); tarea que precisa la necesaria actividad del quejoso que, en definitiva, deberá asumir la carga de la alegación y justificación de que la prueba no practicada ha mermado su derecho de defensa,sin que la tarea de verificar si la misma era decisiva, a tales efectos, corresponda asumirla de oficio al Tribunal ( STC 45/2000 , FJ 2)".

- La anterior exigencia se proyecta, en sendos planos de causalidad lógica, en uno de ellos de relación entre el hecho que se pretendía probar y la inadmisióno práctica de la prueba propuesta con esa finalidad; y el segundo la incidencia que tal prueba hubiera podido tener en el desenlace finaldel proceso si se hubiera llevado a efecto, de manera que se acredite que la prueba omitida hubiera podido incidir favorablemente en los intereses legítimos de la parte que invoca la lesión de dicha garantía constitucional; por ejemplo, en este sentido puede verse la STC 165/2001, de 16 de julio .

De ahí que la trascendencia de la denegación del medio de prueba se halle en la ponderación de la relevancia de la misma sobre la solución a alcanzar en el litigio, de suerte que podría apreciarse un menoscabo efectivo del derecho del recurrente cuando, de haberse practicado la prueba omitida -o de haberse practicado correctamente la prueba admitida-, la resolución final de proceso hubiera podido ser distinta( STC 101/1999 , entre otras)".

Es también doctrina judicial consolidada que el juicio sobre la pertinencia de la prueba propuesta corresponde a los órganos judiciales competentes en cada proceso, de modo que solo cabe revisar esa valoración si la decisión denegatoria de la prueba aparece carente de todo fundamento o esa fundamentación o denegación es incongruente, arbitraria o irrazonable.

Trasladando dicha doctrina al caso de autos consideramos que no se ha causado indefensión a la parte recurrente por cuanto asiste la razón al magistrado de instancia cuando, en la fase de proposición de prueba, indica al letrado de la parte actora que el representante legal de la empresa puede no tener un conocimiento directo de los hechos. Esta circunstancia no es negada en ese momento por la parte actora y a la vista de la dimensión y entidad que tiene la empresa demandada, DIRECCION000, no cabe duda de que quien ostenta la representación legal difícilmente hubiera podido ilustrar acerca de las condiciones profesionales específicas de la trabajadora demandante. Además, sí se admitió la prueba testifical del superior jerárquico de la misma, que sí tenía un conocimiento personal y directo sobre los hechos controvertidos. Y, por último, no se ha justificado mínimamente en qué medida, de haberse practicado el interrogatorio, el resultado del pleito hubiera sido otro, pues el recurrente reconoce en su recurso que "desconoce" si el representante legal hubiera podido aportar luz sobre los hechos en que se funda la demanda y lejos de precisar su específico conocimiento sobre los hechos controvertidos o sobre a qué respuesta hubiera contestado en sentido contrario a la conclusión alcanzada por la sentencia, se alude a "un sinfín de preguntas que se le hubieran podido preguntar".Es decir, ni en el acto del juicio ni ahora en el recurso alude a la relación personal y directa del representante legal con los hechos controvertidos, circunstancia sobre la que habría debido residir el recurso, dado que fue el motivo de inadmisión esgrimido por el magistrado de instancia. Además, se practicó prueba sobre el carácter teletrabajable del puesto de la actora y sobre la existencia de negociación (dos únicas cuestiones que sí menciona la parte recurrente al hilo del hipotético interrogatorio que se hubiera podido practicar), pues al efecto consta abundante prueba documental, además de la testifical a que ya nos hemos referido.

Todo ello determina que no haya lugar a la nulidad de actuaciones interesada.

TERCERO.- Censura jurídica.

En sede de censura jurídica, por el adecuado cauce procesal del apartado c) del artículo 193 de la LRJS ,el recurso articula cuatro motivos. En los tres primeros denuncia la parte recurrente la infracción por la sentencia de instancia del art. 34.8 ET por no haberse seguido proceso de negociación antes de denegar la solicitud de adaptación de jornada; por incumplimiento del plazo de 15 días para dar respuesta a la solicitud de la trabajadora; y porque entiende que no concurren razones organizativas en la empresa para denegar la petición. En el último motivo se denuncia la infracción del art. 139.1.a) LRJS por entender que procede el abono de una indemnización por daños morales.

El examen de la censura jurídica ha de efectuarse a la luz de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia y en ellos consta que la demandante es madre de tres hijos de 4, 8 y 10 años y presta servicios para DIRECCION000 como redactora del programa " DIRECCION001". En febrero y marzo de 2023 realizó a la empresa consultas en torno a la posibilidad de desarrollar su actividad laboral en otra localidad, en concreto, en Málaga, como consecuencia del traslado de su marido, así como sobre la prestación de servicio en régimen de teletrabajo 4 días a la semana. La empresa le contestó el 7 de marzo indicando que dada la naturaleza del trabajo en " DIRECCION001" y por las tareas propias que tienen asignados los redactores del programa, resultaba imposible su petición.

El 10 y 25 de mayo de 2023 reiteró su petición alegando estar empadronada en Málaga y tener escolarizados a sus hijos allí. En julio de 2023 solicitó un cambio de programa con cuatro días de teletrabajo para poder conciliar. Su superior jerárquico tras consulta con la dirección del programa Saber y Vivir, le comunica que la dirección del mismo precisa de redactores-reporteros disponibles para grabar VTR reportajes sobre salud, bienestar y calidad de vida con distintos contenidos, escenarios y situaciones informativas, lo que requiere trabajo presencial en Madrid, tanto en jornadas de equipos ENG como en jornadas de postproducción de video en salas de la sede de Prado de Rey, siendo que solo el trabajo en web y redes sociales se podría desarrollar mediante teletrabajo, con la necesidad de acudir todas las semanas a plató, expresamente jueves por la tarde, para grabar contenidos esenciales de cada programa. Así mismo se le indicó que el teletrabajo de cuatro días desde fuera de su domicilio en DIRECCION001 no era compatible, siendo complicado justificar el teletrabajo desde Málaga frente a otros trabajadores. Consta que se remitió a la trabajadora a diferentes áreas y se barajaron con el superior jerárquico diferentes posibilidades para conocer si existía algún puesto que permitiera teletrabajo y no presencialidad en Madrid.

El NUM001 de 2023 la actora solicitó excedencia especial por cuidado de hija menor con efectos desde el día 4 de septiembre, que le fue concedida.

El 22 de mayo de 2024 solicitó reingresar de su excedencia por la vía de teletrabajo en cinco días, alegando que una de sus hijas precisaba, por necesidades especiales, al ser diagnosticada de DIRECCION002, un acompañamiento en sus horas de estudio en el lugar de residencia en que se encontraban.

La empresa le contestó el 17 de junio de 2024 indicándole que podía solicitar su reingreso activo antes del NUM001 de 2026, fecha en que su hija alcanzaría la edad de 12 años; y en cuanto a la solicitud de teletrabajo, se le indica que según la dirección de la que depende, su puesto no es susceptible de desarrollarse a través de teletrabajo.

La sentencia de instancia desestima la demanda por entender que la empresa ha acreditado la existencia de razones organizativas que impiden que la actora pueda prestar sus servicios en régimen de teletrabajo.

Hemos de partir para la resolución del asunto de que en el momento en que la demandante solicita la adaptación de jornada aquí controvertida, esto es, el 22 de mayo de 2024 y frente a cuya denegación se interpone la presente demanda, la trabajadora se hallaba en situación de excedencia por cuidado de hijo menor, situación en la que se mantiene en el momento de la interposición de la demanda.

El art. 46.3 ET dispone lo siguiente:

"Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores y trabajadoras. No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento debidamente motivadas por escrito debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses.

En el ejercicio de este derecho se tendrá en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, asimismo, evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género".

Por su parte, el art. 34.8 ET, en lo que aquí interesa, señala que:

"Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

(...)

En la negociación colectiva se podrán establecer, con respeto a lo dispuesto en este apartado, los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de la persona trabajadora, abrirá un proceso de negociación con esta que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo.

Finalizado el proceso de negociación, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición. En caso contrario, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. Cuando se plantee una propuesta alternativa o se deniegue la petición, se motivarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión".

En nuestro caso, la trabajadora se hallaba en situación de excedencia por cuidado de hijo menor cuando solicita su reingreso en la empresa con derecho a teletrabajo. La empresa no le denegó el derecho al reingreso, sino que, al contrario, lo acepta en su respuesta de fecha 17 de junio de 2024. Lo que no se admite por la empresa es la solicitud de teletrabajo. Y en relación con esta cuestión consideramos que no puede entrar en juego lo dispuesto en el art. 34.8 ET en la medida en que la relación laboral se hallaba suspendida desde septiembre de 2023, pues la actora se encontraba en situación de excedencia especial por cuidado de hijo menor. Lo previsto en el art. 34.8 ET no es de aplicación al caso, pues la trabajadora llevaba aproximadamente ocho meses sin prestar servicios efectivos en la empresa. Lo que la actora conservaba, de conformidad con lo previsto en el art. 46.3 ET, era un derecho a la reserva de su puesto de trabajo, que no se le ha negado por la empresa, es decir, su derecho al reingreso en las mismas condiciones que regían con anterioridad al inicio de la situación de excedencia, donde no prestaba servicios en régimen de teletrabajo. La petición relativa al teletrabajo resulta extemporánea. Y todo ello sin perjuicio de que durante esta excedencia especial la persona trabajadora conserve otros derechos, como el cómputo a efectos de antigüedad de dicho periodo o la asistencia a cursos de formación profesional, como expresamente dispone el precepto transcrito. Ahora bien, no podemos entrar a valorar el cumplimiento por la empresa de los requisitos relativos al proceso de negociación, al cumplimiento del plazo previsto en el art. 34.8 ET o a la concurrencia de las causas organizativas alegadas por la empresa porque no nos encontramos en el supuesto de hecho previsto en la norma.

Este precepto regula el derecho a las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación del trabajo a distancia, para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. El recurso se basa en sus dos primeros motivos en la ausencia de proceso de negociación y en el incumplimiento del plazo de 15 días para dar una respuesta la empresa. En efecto, el derecho a hacer efectiva la conciliación se configura como un derecho cuya tramitación es urgente, lo que se constata tanto en la celeridad con que debe llevarse a cabo el periodo de negociación con la persona trabajadora como en el hecho de que el art. 139 LRJS, ante la negativa empresarial, regula esta modalidad procesal con carácter preferente y urgente. En el caso de autos no concurre esa urgencia porque la demandante no estaba prestando servicios en la empresa, sino que se encontraba en situación de excedencia por cuidado de hijo menor cuando ejercita este derecho, por lo que no da el supuesto previsto en el art. 34.8 ET.

Cuanto hemos razonado determina la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, aunque con base en argumentos distintos a los esgrimidos por el juez de instancia, pues resultando la pretensión en materia de conciliación extemporánea, no podemos entrar a analizar los requisitos relativos al proceso de negociación, plazo para la denegación y concurrencia o no de causas organizativas que prevé el art. 34.8 ET, y que son en los que se basan los tres primeros motivos de suplicación; sin que proceda tampoco examinar el último, en que se instaba el abono de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la negativa empresarial, que decae como consecuencia del rechazo de los primeros.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,