Sentencia Social 422/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera, Rec. 1222/2024 de 28 de abril del 2025

PRIMERO.-La cuestión que se debate en este recurso, radica en determinar qué calificación corresponde atribuir a la comunicación dirigida por la empresa en fecha 19-9-23: si como pretende el actor y ahora recurrente, equivale a una carta de despido, al ser laboral la relación entre las partes de modo que esa extinción no es sino un despido o por el contrario, como ha considerado la sentencia de instancia, no cabe apreciar, en modo alguno, la existencia de un despido en el sentido jurídico del término porque, en rigor, nunca hubo una relación laboral entre las partes.

La sentencia de instancia ha desestimado la demanda, absolviendo a la empresa la instancia y dicho pronunciamiento, ha sido recurrido por la representación Letrada de la parte actora, a través del cauce procesal previsto en los apartados a), b) y c) del artículo 193 LRJS, siendo impugnado por la representación Letrada de la empresa.

SEGUNDO.-En el primer motivo del recurso, se solicita la anulación de la sentencia de instancia, de conformidad con el artículo 193 a) LRJS, por entender que provoca indefensión por infracción de los artículos 87, 90 y 94.1 de LRJS y 24 C.E. desde el momento en el que, como hecho probado, ha incluido un ordinal fáctico que alude a que la empresa interpuso una querella contra el actor por un presunto delito de estafa procesal ante el Juzgado de Getafe en fecha 8-4-24 cuando el mismo Juzgado de lo Social, en auto de fecha 19-4-24 que figura en el expediente judicial electrónico, rechazó la aportación de la citada querella por no tener relación con el objeto del procedimiento.

Cuestión que aduce haber planteado como causa de un incidente de nulidad de actuaciones rechazado a limine por el Juzgado mediante providencia de fecha 11-10-24.

Ciertamente es así, pero, evidentemente, no procede la anulación de la sentencia de instancia, sino la eliminación del hecho del relato, petición que, contra todo pronóstico, el demandante y recurrente decide no articular.

El motivo decae.

TERCERO.-La prosperabilidad de una revisión fáctica tanto en la casación ordinaria como lógicamente en el recurso de suplicación que participa de su misma naturaleza extraordinaria, precisa, según una reiteradísima jurisprudencia ( STS 29-1-25, Rec. nº. 28/2023 y la profusa doctrina que en ella se cita):

"1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo. De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" (...) Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor (...)".

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002). No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas)".

CUARTO.-En sede de revisión fáctica, se solicita lo siguiente:

1.- La adición de un hecho redactado numerado como vigésimo redactado como sigue

"El 28/04/2020, la empresa JOASRA S.L. emitió un certificado de desplazamiento al actor alegando motivos laborales durante el estado de alarma por coronavirus, indicando que Evaristo prestaba sus servicios para la empresa en calidad de jefe de obra con jornada habitual de lunes a viernes, afirmando que dicho certificado se redactaba a efectos de que Evaristo pudiera acreditar la realidad de sus obligaciones laborales".

No se admite porque no se trata sino de uno de los muchos justificantes de movilidad que por razones profesionales las empresas emitieron para justificar la movilidad de las personas que prestaban servicios para ellas y este documento no puede servir para adjetivar la relación laboral porque lo único que pretendió fue la superación de las múltiples restricciones a la movilidad por causas justificadas.

2. La adición de un hecho probado numerado como vigésimo primero redactado del modo siguiente:

"Con fecha 5/05/2015 la empresa JOASRA S.L, emitió un documento donde autoriza a Evaristo, junto a otras personas a conducir un vehículo de su propiedad con matrícula NUM005".

No se admite porque no tiene ninguna virtualidad para modificar el signo del fallo. No puede obviarse que nadie niega que el actor prestó servicios para la empresa por lo que el hecho de que, eventualmente, estuviera autorizado para la conducción de un vehículo, en nada afecta a lo que aquí estamos tratando de determinar: la existencia o no de una relación laboral del actor con la empresa.

QUINTO.-En el motivo cuarto del recurso, se denuncia de conformidad con lo establecido en el artículo 193 c) LRJS, la infracción de los artículos 1 y 8.1 E. T., 4 y 5 de la Ley 32/2006 y la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 24/01/2018 o 19-12-14, Rec. 3205/2012, razonando que la relación entre las partes no debió tacharse de mercantil, no solo porque cuando la cuestión litigiosa radica en determinar la naturaleza de la relación que vincula a las partes nunca debe prevalecer el "nomen iuris" en tanto lo único relevante es la realidad fáctica, sino porque el actor ejerció funciones como jefe de obra en las más de 31 obras de construcción en las que participó desde septiembre de 2016 hasta septiembre de 2023, para JOASRA S.L. de supermercados ALDI, hoteles, o grandes superficies como BRICOMART, LEROY MERLÍN, entre otros, empresa para la que sí dependía, como lo demuestran las actas de reuniones de las obras de construcción, en la que no intervenía en calidad de subcontratista ajeno a la empresa.

Habiendo quedado acreditado que el actor mantuvo un trato absolutamente continuo con los clientes de la empresa, solicitando presupuestos para la compraventa de materiales de obra, constando en el libro de subcontratación que aporta la empresa, resultan muy relevante, dice, que desde agosto de 2015 hasta septiembre de 2018 la empresa siempre le abonara mensualmente la cantidad de 4500 euros, incrementada a 5.500 euros mensuales desde septiembre de 2018 y septiembre de 2024, de manera periódica con un suma invariable durante todo esos periodos de tiempo en el contexto de una relación, sin duda laboral, que incluso perduró durante la pandemia Covid-19.

Disintiendo de la nula relevancia que la sentencia otorga al hecho de que solicitara el disfrute de vacaciones, desde los años 2010 a 2023 porque con arreglo a la jurisprudencia aplicable es evidente que vacía la aparente autonomía y libertad con la que desempeñaba sus funciones.

Igualmente, aduce que nunca mantuvo una organización propia a pesar de que la sentencia lo asevere, en cuanto ninguna prueba avala esa afirmación, sin que asumiera riesgo alguno si la retribución era fija y sin que la circunstancia de que el demandante ostentara el cargo de administrador único por tiempo indefinido del "Grupo Villeras SL", tenga relevancia alguna a los efectos que ahora nos ocupan, entre otras cosas, porque esa entidad no es sino una sociedad familiar que no realiza actividad económica, fue constituida por el actor y su esposa a la que ambos aportaron los bienes inmuebles que tenían en la sociedad de gananciales y únicamente persiguió unificar el patrimonio de dicha sociedad destinándose al alquiler de dos inmuebles en una localidad de Don Benito (Badajoz).

Finalmente, aduce que el salario consignado en la sentencia tampoco es correcto y que Infringiendo la sentencia los artículos 4.1 F), 26 y 49.2 del E.T., si ha quedado acreditado que el actor disponía de un vehículo de empresa y dicho vehículo debe considerarse como salario en especie, (Peugeot Coupé 407, con matrícula NUM005), debiendo haber ascendido según una base mensual a unos 5.908,33 euros mensuales y el finiquito a 6.696,04 euros.

SEXTO.-La relación sobre cuya laboralidad debe pronunciarse la Sala, se caracteriza por las siguientes notas: a) el actor que no ostenta la titulación de Arquitecto Técnico, ha estado dado de alta en el RETA desde el 1 de agosto de 2006 hasta 20 de septiembre de 2023 como se desprende del informe de vida laboral, desde el 1-9-06, ha venido manteniendo una relación con la demandada a través de contratos civiles de ejecución de obra, a cambio de los cuales percibía una remuneración tras la emisión de las correspondientes facturas, siendo la retribución que últimamente percibía la de 5.500 € que cobraba mediante transferencia bancaria realizada por la empresa; b) participó en las obras y en las localidades referidas en la demanda; c) la empresa fue adjudicataria de determinadas obras estableciéndose que la ejecución de los trabajos de gestión, control y seguimiento de obra se asignaba al actor, a quien se denominaba subcontratista en los contratos, siendo el primero de ellos de fecha 23-5-12 y el último de fecha 15-5-21; d) el actor facturaba a la demandada por los trabajos realizados en la ejecución de diversas obras, siendo la primera de las facturas de fecha 30-9-06, obrando en autos pagarés girados por el actor contra la demandada en las fechas referidas en el relato fáctico desde 2011 a 2014; e) el actor mantenía conversaciones con determinadas mercantiles quienes ofertaban presupuestos para la ejecución de obras a desarrollar por la empresa, (FERRUSES para la ejecución de la obra BRICOMART Castellón, Rivas-Vaciamadrid, SEVIAN SL para la obra BRICOMART en Bormujos, así como presupuestos para desarrollar obras por parte de JOASRA), presentaba declaración anual modelo 347 de operaciones con terceras personas, cumplimentando los modelos 100, 303 y 347, estando dado de alta en los epígrafes 501.3 y 654.1 constando en el Libro de subcontratas que aporta la empresa y obra unido a autos, ostentando el cargo de administrador único por tiempo indefinido del Grupo Dillerlas S.L.

SÉPTIMO.-La sentencia de instancia, razona que el actor cumplía con sus obligaciones fiscales como profesional autónomo, manteniendo una relación mercantil/civil con la empresa demandada como subcontratista, en los términos pactados en el contrato para ejecución de obra suscritos, pero ni estaba sujeto a horario, ni debía acudir diariamente a las oficinas del centro, ni su horario era fijo, ni contaba con ordenador o móvil de la empresa, ni fichaba con el móvil, como sí hacen los trabajadores en JOASRA, ni la demanda DA impartía órdenes al actor en el desempeño de sus servicios u organizara su actividad.

Si bien es cierto que sí mantenía conversaciones con las empresas que ofertan presupuestos para la ejecución de las obras, era la demandada la que asumía los costes de las obras y disponía de la infraestructura necesaria para llevar a cabo los proyectos, tratándose de un profesional autónomo, sin que, en ningún momento, objetara esa relación autónoma con la empresa y sin que el hecho de que enviara correos electrónicos a la empresa indicando los periodos en que iba disfrutar vacaciones tampoco determina por sí la existencia de laboralidad entre las partes, obteniendo unos ingresos por parte de la empresa, a través de las facturas de las que posteriormente se deducía gastos, como puede verse en las declaraciones fiscales, fijando los ingresos anuales brutos por el ejercicio de la actividad y deduciéndose gastos como compras de existencias, suministros de telefonía Internet etc. por servicios profesionales independientes.

OCTAVO.-Como recuerdan las SSTS 24-1-18, Rec. 3394/15 y 31-1-23, Rec. 703/19 (con cita de SSTS 7-10-09, Rec. 4169/08; 25-3-13, Rec. 1564/12; 4-2-20, Rec. 3008/17) en asuntos en los que se discute si la relación litigiosa es o no laboral, debe tenerse en cuenta que:

"... La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o interesadamente puedan darle las partes a la relación que regulan, porque «los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo ( SSTS de 20 de marzo de 2007, rcud 747/2006 ; de 7 de noviembre de 2007, rcud 2224/2006 ; de 12 de diciembre de 2007, rcud 2673/2006 y de 22 de julio de 2008, rcud 3334/20 07 entre otras).

... Asimismo, aparte de la presunción Iuris tantum de laboralidad que el artículo 8 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su artículo 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios ( STS de 19 de julio de 2002, rcud. 2869/2001 y de 3 de mayo de 2005, rcud. 2606/2004).

... La línea divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga [particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios], regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida [...] En consecuencia, la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la totalidad de las circunstancias concurrentes en el caso, a fin de constatar si se dan las notas de ajenidad, retribución y dependencia, en el sentido en que estos conceptos son concebidos por la jurisprudencia [...]

... Profundizando en estas razones, la doctrina de la Sala ha sentado una serie de criterios [...] en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral. En sentido contrario, A sensu contrario para la declaración de existencia de arrendamiento de servicios y no de una relación laboral se exige que la prestación del demandante se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, ordenes, instrucciones practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su trabajo con independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de esta naturaleza.

... La dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa -, y la ajenidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato. Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que, además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.

... Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo ( STS de 23 de octubre de 1989), compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones ( STS de 20 de septiembre de 1995); la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad ( STS de 8 de octubre de 1992, STS de 22 de abril de 1996); y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador. Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados ( STS de 31 de marzo de 1997); la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender ( STS de 11 de abril de 1990, STS de 29 de diciembre de 1999); el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo ( STS de 20 de septiembre de 1995); y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones ( STS de 23 de octubre de 1989) [...] los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; y que también se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajado. Y que son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones."

NOVENO.-La Sala comparte el razonable parecer de instancia porque de la narración fáctica contenida en la sentencia, es evidente que la relación entre las partes solo puede calificarse como mercantil si, a pesar de una colaboración continua, no existe un solo rastro de laboralidad en su prestación de servicios, el actor prestaba servicios con la más absoluta libertad, sin sujeción a horario, ni jornada, ni le fueron facilitados los materiales para el desarrollo de su trabajo, ni consta que se le diese en algún momento algún tipo de directriz ,siquiera sobre la forma de organizar su trabajo, al margen de que comunicara la fecha de prevista de disfrute de vacaciones.

Por todo ello, el recurso decae.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,