Sentencia Social 96/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Social. Sección Tercera, Rec. 702/2025 de 09 de febrero del 2026

PRIMERO.-La representación de Matías interpuso recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid núm. 25/25, de 9 de enero dictada en autos de procedimiento ordinario núm. 899/2023, solicitando revisión fáctica al amparo del art. 193 b de la LRJS.

Solicita la revisión del hecho probado primero:

"PRIMERO. -El demandante viene prestando servicios para la Dirección General de la Policía desde septiembre de 2005 hasta el 8 de agosto de 2023, realizando las funciones propias de agente de Policía Nacional, en distintos destinos, que se reflejan en el hecho primero del escrito de demanda y en el documento nº2 de la demandada, y que son los siguientes:-Del 14 de septiembre de 2005al 19 de febrero de 2007:Formación en la academia de Ávila, prácticas profesionales en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Alcoy (Alicante). Destinos: Centro de formación de alumnos, Comisaría local de Torrejón de Ardoz y Comisaría local de Alcoy.-Del 19 de febrero de 2007 al 1 de marzo de 2010:En la Jefatura Superior de Madrid y en la Comisaría del distrito de Puente de Vallecas, en puesto de radio patrulla y funciones de policía judicial y extranjería. Destinos: puesto transfronterizo del aeropuerto, Comisaría distrito Puente de Vallecas, Jefatura operativa Seguridad Ciudadana, Jefatura operativa trámites extranjería.-Del 2 de marzo de 2010al 26 de junio de 2012:Comisaria del distrito de Moratalaz, puesto de radio patrulla. Destino: Jefatura Operativa Grupo Respuesta.-Del 27 de junio de 2012al 30 de mayo de 2014:En la Jefatura Superior de Madrid.Brigada profesional de Seguridad ciudadana, como policía de transporte, Brigada Móvil. Destinos: "BPSC Unidades especiales, BPSC Seguridad edificios, BPSC Servicios de Respuesta.-Del 31 de mayo de 2014al 7 de junio de 2017:Comisaria de Getafe. Destinos: BLSCAtención al Ciudadano Radiopatrulla, BLSC Servicios de respuesta.-Del 8 de junio de 2017al 12 de febrero de 2019: Jefatura superior de policía de Madrid, Sala CIMMAC-091. Destinos: BPSC Secretaría yBPSC Atención al Ciudadano.-Del13 de febrero de 2019 al24 de enero de 2022: en situación de jubilación por incapacidad permanente.En fecha 5 de mayo de 2021, se dicta sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN , por la que se anula el expediente de jubilación del demandante, declarándose el derecho a que reingrese en el Cuerpo Nacional de Policía, en adelante, CNP.Al trabajador se le comunica acuerdo de cambio de situación administrativa en fecha 24 de enero de 2022, 8 meses después de dictarse sentencia(documento nº2 del ramo de prueba de la parte actora), comenzando a prestar servicios en fecha 23 de febrero de 2022 en el mismo puesto de trabajo anterior a la sentencia, siendo asignado a la Sala 091, entregándose al demandante taquilla y armamento ese mismo día (documento nº17 del ramo de prueba de la parte actora).-Del 24 de enero de 2022al 17 de mayo de 2022 en CIMACC-Sala 091, estando en activo en esta Sala inicia situación de IT el 16 de abril de 2022, que finaliza el 17 de mayo de 2022(hecho probado octavo de la sentencia, en relación con los documentos 18, 19 y 30.2 de la demandada).Destino: BPSC Atención al Ciudadano.-Del 18 de mayo de 2022 al 12 de julio de 2022,Puesto Transfronterizo Aeropuerto Madrid-Barajas, situación que se detrae de los documentos nº13del ramo de prueba de la parte actora (acuerdo de redistribución, pasando el actor al puesto transfronterizo del Aeropuerto de Madrid desde el 18 de mayo de 2022)y documento nº14del ramo de prueba documental de la parte actora (acuerdo de cese en el Aeropuerto de Madrid en fecha 12 de julio de 2022); estando en activo en este destino el demandante desde el 18 de mayo de 2022, inicia situación de IT desde el 27 de junio de 2022 hasta el 11 de julio de 2022(hecho probado octavo de la demanda, en relación con los documentos 18, 19 y 30.2 de la demandada).Destino: P.F. Aeropuerto Seguridad Ciudadana.-Del 12 de agosto de 2022 al 8de agosto de 2023, en la Comisaría Provincial de Guadalajara(documento nº15 de la parte actora-toma de posesión en dicha Comisaría en fecha 12 de agosto de 2022),sin llegar a ejercer en ese destino, por encontrarse en situación de IT desde el 16 de agosto de 2022 hasta el8 de agosto de 2023, fecha en que se le notifica una segunda resolución de incapacidad permanente(documento 4 del ramo de prueba de la parte actora), en base al dictamen del Tribunal Médico de la policía de 1 de junio de 2023, recurrido en reposición el 4 de septiembre de 2023.Destino: BPSC Servicios de Respuesta. El desglose detallado de los destinos del demandante, se encuentra en el documento nº 2 de la demandada, que se da por reproducido."

Son requisitos para que surta efecto la revisión:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.

b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, a quien corresponde valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el ordenamiento jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la parte.

e) El error debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador. - Sentencias de 13 de marzo (AS 2003\2815), 2 de octubre, 4 y 6 de noviembre de 2003 (JUR 2004\88558), entre otras muchas.

La revisión no se admite en tanto que la documental que se cita ya fue objeto de valoración por la juzgadora de instancia sin que se haya demostrado el error valorativo directo o arbitrario.

También solicita modificación del hecho probado quinto: " QUINTO.-Al demandante le fue realizado un único reconocimiento médico durante toda su trayectoria profesional por el Servicio de Prevención Ajeno "Cualtis" el 25 de febrero de 2016, estando en activo, con el resultado que obra en autos--documento nº7 de la parte actora y documento nº30.2 dela demandada-y que se da por reproducido; en el mismo, se indica, entre otros extremos, que "según normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, deberá procederse a una nueva valoración de la salud del trabajador, después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos parala misma o cuando se reanude el trabajo tras la ausencia prolongada por motivos de salud"(documento nº7 de la parte actora y documento nº30.2 dela demandada).La demandada aportó un informe del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, emitido en fecha 24 de enero de 2024, en el que se expone lo siguiente (última página del documento nº30.3 del ramo de prueba de la demandada): los reconocimientos médicos en la Dirección General de la Policía se realizan por una empresa externa (Servicio de Prevención Ajeno) y tienen carácter anual para determinadas especialidades policiales, realizándose al menos cada tres años para el resto del personal policial. Además estos reconocimientos pueden ser solicitados por los funcionarios de forma voluntaria. Tras los periodos de baja de larga duración, los funcionarios una vez incorporados al servicio activo suelen ser sometidos a un reconocimiento médico para valorar el estado de salud, que en el caso de Matías no se llevó a cabo puesto que al poco tiempo de incorporarse volvía a ser dado nuevamente de baja".

La revisión no se admite al contener elementos valorativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

Interesa la revisión del hecho probado 12: " DECIMOSEGUNDO. -Por el Servicio de Prevención Ajeno con el que la Dirección General de la Policía tenía contratado la realización de los reconocimientos médicos de sus funcionarios, fue reconocido el Sr. Matías el 25 de febrero de2016 (como consta en el hecho probado quinto de la sentencia".

La revisión no se admite en tanto que la documental en que se basa ya fue analizada por la juzgadora de instancia sin que de la misma se desprenda error valorativo directo o arbitrario.

Solicita revisión del hecho probado sexto: " El demandante solicitó cambio de puesto de trabajo en las siguientes fechas:25 de enero de 2022, 25 de febrero de 2022, 11 de marzo de 2022, 29de marzo de 2022 y 8 de abril de 2022 (documentos 8 y 9 del ramo de prueba de la parte actora reconocidos por la parte demandada y documento 6.3 de la demandada).En la solicitud de cambio de puesto efectuada por el actor en fecha 29 de marzo de 2022 y registrada en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el actor exponía que le habían cambiado del puesto de telefonía de CIMACC-Sala 091 a operador radio de dicha Sala, su incapacidad para realizar dicho trabajo por falta de experiencia en el puesto y ausencia de formación, así como una serie de hechos ocurridos los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022;indicando, entre otros extremos que "el propósito aparente es a juicio de quien suscribe, y por razones que desconoce, presionarle hasta el punto que voluntariamente vuelva a causar baja y provocarle el inicio de un expediente disciplinario"; solicitando tanto un cambio de puesto, como había venido pidiendo desde su reincorporación al CNP, como que se adoptasen las medidas al respecto de lo comunicado. En la solicitud de cambio de puesto efectuada por el actor en fecha 8 de abril de 2022, el Sr. Matías volvía a manifestar ante la Jefatura Superior de Madrid la complejidad del puesto de operador radio y su falta de experiencia, indicando, entre otros extremos, que "cualquier error involuntario podría afectar gravemente al servicio y a terceros y suponerle una falta. Comunicado a su responsable le ha indicado que si ha superado una oposición tiene capacidad para el puesto y que necesita policías versátiles". No constan entre los documentos aportados por la demandada contestaciones a dichas comunicaciones del actor".

La revisión no prospera al contener elementos valorativos y negativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

Solicita la modificación del hecho probado sexto bis : " SEXTOBIS.-La Dirección General de la Policía cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2014Plan de prevención de riesgos laborales (documento nº3 del 2º ramo d32prueba de la demandada) y una Evaluación de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Madrid del año2020, constando el estrés como factor de riesgo psicosocial para los operadores de la Sala 091 de la Jefatura Superior de Madrid(documento nº2 de la segunda parte de prueba aportada por la demandada). La demandada no cuenta con Planificación de la Actividad Preventiva."

La revisión no se admite al contener elementos valorativos y negativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

SEGUNDO.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS interesa revisión normativa solicitando revisión por infracción de artículos 14, 22 y 25.1de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales(en adelante , "LPRL"); artículo 10 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía(en adelante, "RD 2/2006); artículo 80 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional(en adelante, "L.O. 9/2015); artículo 37.3 b) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención(en adelante "RSP"); artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores( en adelante "ET"); artículo 14 l) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público( en delante "EBEP"). ASÍ COMO DE LA JURISPRUDENCIA: STS-Sala de lo Social-28 diciembre 2006 (rec. 140/2005) y STS-Sala de lo Social-10 junio 2015 (rec. 178/2014).EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DEBER DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

Discrepa la parte recurrente de la fundamentación jurídica de la sentencia indicando en esencia que se ha quebrantado la normativa expuesta, alegando el incumplimiento de la parte demandada de la normativa de prevención de riesgos y los derechos del trabajador actuante.

Sostiene la parte recurrente que existe un incumplimiento de la normativa relativa a la vigilancia de la salud del trabajador, pues se ha omitido el reconocimiento médico de su salud a pesar de que se encontró en activo durante varios meses desde su reincorporación. Indica que la norma no concreta el momento en que debe practicarse el reconocimiento médico después de una baja laboral prolongada. Pero se ha entendido que debe ser necesariamente anterior al inicio de la actividad para cumplir la finalidad de la norma de no someter al trabajador a hipotéticos riesgo. Argumenta que la demandada quien tiene el deber de garantizar la vigilancia de la salud, siendo un derecho del Sr. Matías, quien ni si quiera tiene formación e información en materia preventiva.

En primer lugar debemos señalar que la parte recurrente pivota parte de su argumentación del recurso sobre la previa modificación fáctica que ha postulado, como la supresión del hecho probado decimosegundo que no ha prosperado por lo que tal argumentación no puede prosperar. Volvemos a indicar que la norma no concreta el momento en que debe practicarse el reconocimiento médico después de una baja laboral prolongada.

Cabe recordar que es criterio reiterado de esta Sala que al no haberse logrado modificar la apreciación del Juzgador de instancia que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que en la sentencia impugnada se precisó, no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan, y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos. Doctrina ésta que resulta de aplicación en aquellos casos, como en el que aquí se enjuicia, en los que la revisión sustantiva tenga como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica, circunstancias éstas que son las que concurren en la presente litis, en la que la argumentación del recurrente no encuentra su respaldo fáctico, no constando los incumplimientos que imputa, sino al contrario ,del inalterado relato fáctico y el razonamiento efectuado por la juzgadora de instancia ningún incumplimiento cabe imputar a la demandada.

Por un lado, constan acreditados los distintos reconocimientos médicos anuales al personal de la policía ( hecho probado noveno) sin exclusión alguna al ahora recurrente ( hecho probado decimosegundo), no ha quedado acreditado que el actor pertenezca a alguno de los grupos profesionales a que se refiere el art. 10 del RD 2/2006, ni actividad, ni condición medioambiental ni tramo de edad ni productos o equipos peligros. Ninguna de las bajas por enfermedad ha sido declarada contingencia profesional por lo que en modo alguno puede tildarse de incumplimiento preventivo que haya desencadenado las eventuales dolencias que el actor ha padecido. Tampoco consta incumplimiento en materia formativa, al constar de hecho firmado el manual de seguridad y salud por el propio actor, y al constar que tal formación se ha impartido con base en la testifical que no puede ser objeto de revisión vía suplicación ( hecho probado noveno).

En definitiva, el relato postulado en recurso y su argumentación no puede imponerse sobre la más imparcial y objetiva de la juzgadora de instancia, por lo que este primer motivo se desestima.

TERCERO.-Solicita revisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 c) de la LRJS en relación con los artículos15y 24CE; 14, 18.1 y 19.1 de la LPRL; artículos 7.1 y 8 del RD 2/2006; artículo 7.1. k) L.O. 9/2015.EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DEBER DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

Discrepa la parte recurrente de la valoración documental efectuada por la juzgadora de instancia en relación con la formación suministrada por la demandada en particular en relación con el documento núm. 30, con cita de jurisprudencia menor que no puede ser tenida en cuenta a efectos de suplicación.

Sobre el particular ya avanzamos en el fundamento previo que la demandada sí ha cumplido los deberes de formación e información tal y como ha quedado constancia en el relato fáctico y argumentación jurídica de la sentencia tras la valoración de la documental obrante en autos, documento 30 y testifical en relación con el hecho probado decimotercero. En este sentido ha de recordarse que El Juzgador/a ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS 18/11/1999 [RJ 1999\8742]). En sentencia, de fecha 24/5/2000 (RJ 2000\4640), el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte voluntaria y subjetiva, confundiendo éste recurso excepcional y con motivos tasados en una nueva instancia. Igualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 7/3/2003 (RJ 2003\3347) indica que como se recoge en sentencias de 3 de mayo de 2001 (RJ 2001\4620) y 10 de febrero de 2002 (RJ 2002\4362), con esta forma de articular el motivo y de proceder lo que está tratando de conseguir es que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba (obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida), como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación o suplicación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica. El planteamiento en suplicación o casación del error en la valoración de la prueba (cualquiera que sea su concepto), también requiere la indicación y análisis de una norma sobre prueba idónea para determinar tal apreciación, o la infracción de la doctrina constitucional sobre el error patente, valoración arbitraria o irrazonable.

Por todo lo cual no habiéndose evidenciado el error normativo el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.-Solicita revisión normativa al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS ,en particular artículos15y 24CE; artículos 15.1.e), 16, 17.1.a) y 25 LPRL; artículo 5 RD 2/2006, artículos 7.1.i), 29 Y 33 L.O. 9/2015.EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: RIESGOS PSICOSOCIALES Y TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE.

Basa la revisión en la previa modificación del hecho probado sexto que no ha prosperado alegando que la falta de experiencia y formación son factores de riego psicosociales, discrepando de la valoración testifical de Candido a cuyos efectos hay que recordar que la testifical no puede ser objeto de revisión en vía de suplicación.

Nuevamente el motivo va a ser desestimado, ningún respaldo probatorio encuentra sustento en la revisión normativa postulada, ya que la premisa sobre la que se sustenta falta de experiencia y formación no ha sido acreditada, sino al contrario haberse constatado que el demandado cumplió con sus obligaciones preventivas. A todo ello debe añadirse que ninguna de las dolencias que se han consignado en el relato fáctico ha sido declarada como contingencia profesional, por ello el motivo revisorio no puede prosperar.

QUINTO.-:Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS solicita revisión por infracción de los artículos15y 24CE; artículos2.e)y 183.2 de la LRJS; artículos12.2, 12.7, 40.2.b) y 42.1de la LPRL; artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil; artículo 138.4 de la Ley 35/2015.ASÍ COMO DE LA JURISPRUDENCIA: Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo nº952/2017, 29 de noviembre de 2017 (recurso casación: 7/2017). EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (EN DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR) Y LA CONSECUENTE INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL ACTOR POR SUS INCUMPLIMIENTOS.

Argumenta la parte recurrente solicita que no ha realizado actuación preventiva alguna con el actor en materia de vigilancia preventiva de la salud, formación e información en materia preventiva; así como en materia de riesgos psicosociales, indicando que se le ha generado un daño al actor.

El presente motivo parte de un previo incumplimiento en materia preventiva que no ha sido acreditado. Como ya hemos expuesto, ha quedado consignado vía valoración probatoria que la parte demandada cumplió con sus obligaciones en sede de prevención, lo que no puede la parte recurrente es en sede de suplicación tratar de sustituir la convicción soberana de instancia por una versión parcial de su relato interesado sobre lo acaecido.

En tal sentido solo cabe reiterar que este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el recurso de Suplicación es extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, y a tales efectos son invocables documentos y pericias, y exclusivamente en tanto que tales pruebas -documentos y pericias evidencien por sí mismos el error sufrido en la instancia, de manera que -por ello a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente ( SSTS de 17-octubre-90 [RJ 1990\7929] y 13-diciembre-90 [RJ 1990\9784]), hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte.

En atención a las consideraciones expuestas el recurso se va a desestimar.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-La representación de Matías interpuso recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid núm. 25/25, de 9 de enero dictada en autos de procedimiento ordinario núm. 899/2023, solicitando revisión fáctica al amparo del art. 193 b de la LRJS.

Solicita la revisión del hecho probado primero:

"PRIMERO. -El demandante viene prestando servicios para la Dirección General de la Policía desde septiembre de 2005 hasta el 8 de agosto de 2023, realizando las funciones propias de agente de Policía Nacional, en distintos destinos, que se reflejan en el hecho primero del escrito de demanda y en el documento nº2 de la demandada, y que son los siguientes:-Del 14 de septiembre de 2005al 19 de febrero de 2007:Formación en la academia de Ávila, prácticas profesionales en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Alcoy (Alicante). Destinos: Centro de formación de alumnos, Comisaría local de Torrejón de Ardoz y Comisaría local de Alcoy.-Del 19 de febrero de 2007 al 1 de marzo de 2010:En la Jefatura Superior de Madrid y en la Comisaría del distrito de Puente de Vallecas, en puesto de radio patrulla y funciones de policía judicial y extranjería. Destinos: puesto transfronterizo del aeropuerto, Comisaría distrito Puente de Vallecas, Jefatura operativa Seguridad Ciudadana, Jefatura operativa trámites extranjería.-Del 2 de marzo de 2010al 26 de junio de 2012:Comisaria del distrito de Moratalaz, puesto de radio patrulla. Destino: Jefatura Operativa Grupo Respuesta.-Del 27 de junio de 2012al 30 de mayo de 2014:En la Jefatura Superior de Madrid.Brigada profesional de Seguridad ciudadana, como policía de transporte, Brigada Móvil. Destinos: "BPSC Unidades especiales, BPSC Seguridad edificios, BPSC Servicios de Respuesta.-Del 31 de mayo de 2014al 7 de junio de 2017:Comisaria de Getafe. Destinos: BLSCAtención al Ciudadano Radiopatrulla, BLSC Servicios de respuesta.-Del 8 de junio de 2017al 12 de febrero de 2019: Jefatura superior de policía de Madrid, Sala CIMMAC-091. Destinos: BPSC Secretaría yBPSC Atención al Ciudadano.-Del13 de febrero de 2019 al24 de enero de 2022: en situación de jubilación por incapacidad permanente.En fecha 5 de mayo de 2021, se dicta sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN , por la que se anula el expediente de jubilación del demandante, declarándose el derecho a que reingrese en el Cuerpo Nacional de Policía, en adelante, CNP.Al trabajador se le comunica acuerdo de cambio de situación administrativa en fecha 24 de enero de 2022, 8 meses después de dictarse sentencia(documento nº2 del ramo de prueba de la parte actora), comenzando a prestar servicios en fecha 23 de febrero de 2022 en el mismo puesto de trabajo anterior a la sentencia, siendo asignado a la Sala 091, entregándose al demandante taquilla y armamento ese mismo día (documento nº17 del ramo de prueba de la parte actora).-Del 24 de enero de 2022al 17 de mayo de 2022 en CIMACC-Sala 091, estando en activo en esta Sala inicia situación de IT el 16 de abril de 2022, que finaliza el 17 de mayo de 2022(hecho probado octavo de la sentencia, en relación con los documentos 18, 19 y 30.2 de la demandada).Destino: BPSC Atención al Ciudadano.-Del 18 de mayo de 2022 al 12 de julio de 2022,Puesto Transfronterizo Aeropuerto Madrid-Barajas, situación que se detrae de los documentos nº13del ramo de prueba de la parte actora (acuerdo de redistribución, pasando el actor al puesto transfronterizo del Aeropuerto de Madrid desde el 18 de mayo de 2022)y documento nº14del ramo de prueba documental de la parte actora (acuerdo de cese en el Aeropuerto de Madrid en fecha 12 de julio de 2022); estando en activo en este destino el demandante desde el 18 de mayo de 2022, inicia situación de IT desde el 27 de junio de 2022 hasta el 11 de julio de 2022(hecho probado octavo de la demanda, en relación con los documentos 18, 19 y 30.2 de la demandada).Destino: P.F. Aeropuerto Seguridad Ciudadana.-Del 12 de agosto de 2022 al 8de agosto de 2023, en la Comisaría Provincial de Guadalajara(documento nº15 de la parte actora-toma de posesión en dicha Comisaría en fecha 12 de agosto de 2022),sin llegar a ejercer en ese destino, por encontrarse en situación de IT desde el 16 de agosto de 2022 hasta el8 de agosto de 2023, fecha en que se le notifica una segunda resolución de incapacidad permanente(documento 4 del ramo de prueba de la parte actora), en base al dictamen del Tribunal Médico de la policía de 1 de junio de 2023, recurrido en reposición el 4 de septiembre de 2023.Destino: BPSC Servicios de Respuesta. El desglose detallado de los destinos del demandante, se encuentra en el documento nº 2 de la demandada, que se da por reproducido."

Son requisitos para que surta efecto la revisión:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.

b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, a quien corresponde valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el ordenamiento jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la parte.

e) El error debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador. - Sentencias de 13 de marzo (AS 2003\2815), 2 de octubre, 4 y 6 de noviembre de 2003 (JUR 2004\88558), entre otras muchas.

La revisión no se admite en tanto que la documental que se cita ya fue objeto de valoración por la juzgadora de instancia sin que se haya demostrado el error valorativo directo o arbitrario.

También solicita modificación del hecho probado quinto: " QUINTO.-Al demandante le fue realizado un único reconocimiento médico durante toda su trayectoria profesional por el Servicio de Prevención Ajeno "Cualtis" el 25 de febrero de 2016, estando en activo, con el resultado que obra en autos--documento nº7 de la parte actora y documento nº30.2 dela demandada-y que se da por reproducido; en el mismo, se indica, entre otros extremos, que "según normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, deberá procederse a una nueva valoración de la salud del trabajador, después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos parala misma o cuando se reanude el trabajo tras la ausencia prolongada por motivos de salud"(documento nº7 de la parte actora y documento nº30.2 dela demandada).La demandada aportó un informe del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, emitido en fecha 24 de enero de 2024, en el que se expone lo siguiente (última página del documento nº30.3 del ramo de prueba de la demandada): los reconocimientos médicos en la Dirección General de la Policía se realizan por una empresa externa (Servicio de Prevención Ajeno) y tienen carácter anual para determinadas especialidades policiales, realizándose al menos cada tres años para el resto del personal policial. Además estos reconocimientos pueden ser solicitados por los funcionarios de forma voluntaria. Tras los periodos de baja de larga duración, los funcionarios una vez incorporados al servicio activo suelen ser sometidos a un reconocimiento médico para valorar el estado de salud, que en el caso de Matías no se llevó a cabo puesto que al poco tiempo de incorporarse volvía a ser dado nuevamente de baja".

La revisión no se admite al contener elementos valorativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

Interesa la revisión del hecho probado 12: " DECIMOSEGUNDO. -Por el Servicio de Prevención Ajeno con el que la Dirección General de la Policía tenía contratado la realización de los reconocimientos médicos de sus funcionarios, fue reconocido el Sr. Matías el 25 de febrero de2016 (como consta en el hecho probado quinto de la sentencia".

La revisión no se admite en tanto que la documental en que se basa ya fue analizada por la juzgadora de instancia sin que de la misma se desprenda error valorativo directo o arbitrario.

Solicita revisión del hecho probado sexto: " El demandante solicitó cambio de puesto de trabajo en las siguientes fechas:25 de enero de 2022, 25 de febrero de 2022, 11 de marzo de 2022, 29de marzo de 2022 y 8 de abril de 2022 (documentos 8 y 9 del ramo de prueba de la parte actora reconocidos por la parte demandada y documento 6.3 de la demandada).En la solicitud de cambio de puesto efectuada por el actor en fecha 29 de marzo de 2022 y registrada en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el actor exponía que le habían cambiado del puesto de telefonía de CIMACC-Sala 091 a operador radio de dicha Sala, su incapacidad para realizar dicho trabajo por falta de experiencia en el puesto y ausencia de formación, así como una serie de hechos ocurridos los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022;indicando, entre otros extremos que "el propósito aparente es a juicio de quien suscribe, y por razones que desconoce, presionarle hasta el punto que voluntariamente vuelva a causar baja y provocarle el inicio de un expediente disciplinario"; solicitando tanto un cambio de puesto, como había venido pidiendo desde su reincorporación al CNP, como que se adoptasen las medidas al respecto de lo comunicado. En la solicitud de cambio de puesto efectuada por el actor en fecha 8 de abril de 2022, el Sr. Matías volvía a manifestar ante la Jefatura Superior de Madrid la complejidad del puesto de operador radio y su falta de experiencia, indicando, entre otros extremos, que "cualquier error involuntario podría afectar gravemente al servicio y a terceros y suponerle una falta. Comunicado a su responsable le ha indicado que si ha superado una oposición tiene capacidad para el puesto y que necesita policías versátiles". No constan entre los documentos aportados por la demandada contestaciones a dichas comunicaciones del actor".

La revisión no prospera al contener elementos valorativos y negativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

Solicita la modificación del hecho probado sexto bis : " SEXTOBIS.-La Dirección General de la Policía cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2014Plan de prevención de riesgos laborales (documento nº3 del 2º ramo d32prueba de la demandada) y una Evaluación de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Madrid del año2020, constando el estrés como factor de riesgo psicosocial para los operadores de la Sala 091 de la Jefatura Superior de Madrid(documento nº2 de la segunda parte de prueba aportada por la demandada). La demandada no cuenta con Planificación de la Actividad Preventiva."

La revisión no se admite al contener elementos valorativos y negativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

SEGUNDO.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS interesa revisión normativa solicitando revisión por infracción de artículos 14, 22 y 25.1de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales(en adelante , "LPRL"); artículo 10 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía(en adelante, "RD 2/2006); artículo 80 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional(en adelante, "L.O. 9/2015); artículo 37.3 b) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención(en adelante "RSP"); artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores( en adelante "ET"); artículo 14 l) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público( en delante "EBEP"). ASÍ COMO DE LA JURISPRUDENCIA: STS-Sala de lo Social-28 diciembre 2006 (rec. 140/2005) y STS-Sala de lo Social-10 junio 2015 (rec. 178/2014).EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DEBER DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

Discrepa la parte recurrente de la fundamentación jurídica de la sentencia indicando en esencia que se ha quebrantado la normativa expuesta, alegando el incumplimiento de la parte demandada de la normativa de prevención de riesgos y los derechos del trabajador actuante.

Sostiene la parte recurrente que existe un incumplimiento de la normativa relativa a la vigilancia de la salud del trabajador, pues se ha omitido el reconocimiento médico de su salud a pesar de que se encontró en activo durante varios meses desde su reincorporación. Indica que la norma no concreta el momento en que debe practicarse el reconocimiento médico después de una baja laboral prolongada. Pero se ha entendido que debe ser necesariamente anterior al inicio de la actividad para cumplir la finalidad de la norma de no someter al trabajador a hipotéticos riesgo. Argumenta que la demandada quien tiene el deber de garantizar la vigilancia de la salud, siendo un derecho del Sr. Matías, quien ni si quiera tiene formación e información en materia preventiva.

En primer lugar debemos señalar que la parte recurrente pivota parte de su argumentación del recurso sobre la previa modificación fáctica que ha postulado, como la supresión del hecho probado decimosegundo que no ha prosperado por lo que tal argumentación no puede prosperar. Volvemos a indicar que la norma no concreta el momento en que debe practicarse el reconocimiento médico después de una baja laboral prolongada.

Cabe recordar que es criterio reiterado de esta Sala que al no haberse logrado modificar la apreciación del Juzgador de instancia que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que en la sentencia impugnada se precisó, no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan, y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos. Doctrina ésta que resulta de aplicación en aquellos casos, como en el que aquí se enjuicia, en los que la revisión sustantiva tenga como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica, circunstancias éstas que son las que concurren en la presente litis, en la que la argumentación del recurrente no encuentra su respaldo fáctico, no constando los incumplimientos que imputa, sino al contrario ,del inalterado relato fáctico y el razonamiento efectuado por la juzgadora de instancia ningún incumplimiento cabe imputar a la demandada.

Por un lado, constan acreditados los distintos reconocimientos médicos anuales al personal de la policía ( hecho probado noveno) sin exclusión alguna al ahora recurrente ( hecho probado decimosegundo), no ha quedado acreditado que el actor pertenezca a alguno de los grupos profesionales a que se refiere el art. 10 del RD 2/2006, ni actividad, ni condición medioambiental ni tramo de edad ni productos o equipos peligros. Ninguna de las bajas por enfermedad ha sido declarada contingencia profesional por lo que en modo alguno puede tildarse de incumplimiento preventivo que haya desencadenado las eventuales dolencias que el actor ha padecido. Tampoco consta incumplimiento en materia formativa, al constar de hecho firmado el manual de seguridad y salud por el propio actor, y al constar que tal formación se ha impartido con base en la testifical que no puede ser objeto de revisión vía suplicación ( hecho probado noveno).

En definitiva, el relato postulado en recurso y su argumentación no puede imponerse sobre la más imparcial y objetiva de la juzgadora de instancia, por lo que este primer motivo se desestima.

TERCERO.-Solicita revisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 c) de la LRJS en relación con los artículos15y 24CE; 14, 18.1 y 19.1 de la LPRL; artículos 7.1 y 8 del RD 2/2006; artículo 7.1. k) L.O. 9/2015.EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DEBER DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

Discrepa la parte recurrente de la valoración documental efectuada por la juzgadora de instancia en relación con la formación suministrada por la demandada en particular en relación con el documento núm. 30, con cita de jurisprudencia menor que no puede ser tenida en cuenta a efectos de suplicación.

Sobre el particular ya avanzamos en el fundamento previo que la demandada sí ha cumplido los deberes de formación e información tal y como ha quedado constancia en el relato fáctico y argumentación jurídica de la sentencia tras la valoración de la documental obrante en autos, documento 30 y testifical en relación con el hecho probado decimotercero. En este sentido ha de recordarse que El Juzgador/a ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS 18/11/1999 [RJ 1999\8742]). En sentencia, de fecha 24/5/2000 (RJ 2000\4640), el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte voluntaria y subjetiva, confundiendo éste recurso excepcional y con motivos tasados en una nueva instancia. Igualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 7/3/2003 (RJ 2003\3347) indica que como se recoge en sentencias de 3 de mayo de 2001 (RJ 2001\4620) y 10 de febrero de 2002 (RJ 2002\4362), con esta forma de articular el motivo y de proceder lo que está tratando de conseguir es que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba (obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida), como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación o suplicación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica. El planteamiento en suplicación o casación del error en la valoración de la prueba (cualquiera que sea su concepto), también requiere la indicación y análisis de una norma sobre prueba idónea para determinar tal apreciación, o la infracción de la doctrina constitucional sobre el error patente, valoración arbitraria o irrazonable.

Por todo lo cual no habiéndose evidenciado el error normativo el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.-Solicita revisión normativa al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS ,en particular artículos15y 24CE; artículos 15.1.e), 16, 17.1.a) y 25 LPRL; artículo 5 RD 2/2006, artículos 7.1.i), 29 Y 33 L.O. 9/2015.EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: RIESGOS PSICOSOCIALES Y TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE.

Basa la revisión en la previa modificación del hecho probado sexto que no ha prosperado alegando que la falta de experiencia y formación son factores de riego psicosociales, discrepando de la valoración testifical de Candido a cuyos efectos hay que recordar que la testifical no puede ser objeto de revisión en vía de suplicación.

Nuevamente el motivo va a ser desestimado, ningún respaldo probatorio encuentra sustento en la revisión normativa postulada, ya que la premisa sobre la que se sustenta falta de experiencia y formación no ha sido acreditada, sino al contrario haberse constatado que el demandado cumplió con sus obligaciones preventivas. A todo ello debe añadirse que ninguna de las dolencias que se han consignado en el relato fáctico ha sido declarada como contingencia profesional, por ello el motivo revisorio no puede prosperar.

QUINTO.-:Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS solicita revisión por infracción de los artículos15y 24CE; artículos2.e)y 183.2 de la LRJS; artículos12.2, 12.7, 40.2.b) y 42.1de la LPRL; artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil; artículo 138.4 de la Ley 35/2015.ASÍ COMO DE LA JURISPRUDENCIA: Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo nº952/2017, 29 de noviembre de 2017 (recurso casación: 7/2017). EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (EN DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR) Y LA CONSECUENTE INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL ACTOR POR SUS INCUMPLIMIENTOS.

Argumenta la parte recurrente solicita que no ha realizado actuación preventiva alguna con el actor en materia de vigilancia preventiva de la salud, formación e información en materia preventiva; así como en materia de riesgos psicosociales, indicando que se le ha generado un daño al actor.

El presente motivo parte de un previo incumplimiento en materia preventiva que no ha sido acreditado. Como ya hemos expuesto, ha quedado consignado vía valoración probatoria que la parte demandada cumplió con sus obligaciones en sede de prevención, lo que no puede la parte recurrente es en sede de suplicación tratar de sustituir la convicción soberana de instancia por una versión parcial de su relato interesado sobre lo acaecido.

En tal sentido solo cabe reiterar que este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el recurso de Suplicación es extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, y a tales efectos son invocables documentos y pericias, y exclusivamente en tanto que tales pruebas -documentos y pericias evidencien por sí mismos el error sufrido en la instancia, de manera que -por ello a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente ( SSTS de 17-octubre-90 [RJ 1990\7929] y 13-diciembre-90 [RJ 1990\9784]), hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte.

En atención a las consideraciones expuestas el recurso se va a desestimar.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO.-La representación de Matías interpuso recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid núm. 25/25, de 9 de enero dictada en autos de procedimiento ordinario núm. 899/2023, solicitando revisión fáctica al amparo del art. 193 b de la LRJS.

Solicita la revisión del hecho probado primero:

"PRIMERO. -El demandante viene prestando servicios para la Dirección General de la Policía desde septiembre de 2005 hasta el 8 de agosto de 2023, realizando las funciones propias de agente de Policía Nacional, en distintos destinos, que se reflejan en el hecho primero del escrito de demanda y en el documento nº2 de la demandada, y que son los siguientes:-Del 14 de septiembre de 2005al 19 de febrero de 2007:Formación en la academia de Ávila, prácticas profesionales en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Alcoy (Alicante). Destinos: Centro de formación de alumnos, Comisaría local de Torrejón de Ardoz y Comisaría local de Alcoy.-Del 19 de febrero de 2007 al 1 de marzo de 2010:En la Jefatura Superior de Madrid y en la Comisaría del distrito de Puente de Vallecas, en puesto de radio patrulla y funciones de policía judicial y extranjería. Destinos: puesto transfronterizo del aeropuerto, Comisaría distrito Puente de Vallecas, Jefatura operativa Seguridad Ciudadana, Jefatura operativa trámites extranjería.-Del 2 de marzo de 2010al 26 de junio de 2012:Comisaria del distrito de Moratalaz, puesto de radio patrulla. Destino: Jefatura Operativa Grupo Respuesta.-Del 27 de junio de 2012al 30 de mayo de 2014:En la Jefatura Superior de Madrid.Brigada profesional de Seguridad ciudadana, como policía de transporte, Brigada Móvil. Destinos: "BPSC Unidades especiales, BPSC Seguridad edificios, BPSC Servicios de Respuesta.-Del 31 de mayo de 2014al 7 de junio de 2017:Comisaria de Getafe. Destinos: BLSCAtención al Ciudadano Radiopatrulla, BLSC Servicios de respuesta.-Del 8 de junio de 2017al 12 de febrero de 2019: Jefatura superior de policía de Madrid, Sala CIMMAC-091. Destinos: BPSC Secretaría yBPSC Atención al Ciudadano.-Del13 de febrero de 2019 al24 de enero de 2022: en situación de jubilación por incapacidad permanente.En fecha 5 de mayo de 2021, se dicta sentencia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN , por la que se anula el expediente de jubilación del demandante, declarándose el derecho a que reingrese en el Cuerpo Nacional de Policía, en adelante, CNP.Al trabajador se le comunica acuerdo de cambio de situación administrativa en fecha 24 de enero de 2022, 8 meses después de dictarse sentencia(documento nº2 del ramo de prueba de la parte actora), comenzando a prestar servicios en fecha 23 de febrero de 2022 en el mismo puesto de trabajo anterior a la sentencia, siendo asignado a la Sala 091, entregándose al demandante taquilla y armamento ese mismo día (documento nº17 del ramo de prueba de la parte actora).-Del 24 de enero de 2022al 17 de mayo de 2022 en CIMACC-Sala 091, estando en activo en esta Sala inicia situación de IT el 16 de abril de 2022, que finaliza el 17 de mayo de 2022(hecho probado octavo de la sentencia, en relación con los documentos 18, 19 y 30.2 de la demandada).Destino: BPSC Atención al Ciudadano.-Del 18 de mayo de 2022 al 12 de julio de 2022,Puesto Transfronterizo Aeropuerto Madrid-Barajas, situación que se detrae de los documentos nº13del ramo de prueba de la parte actora (acuerdo de redistribución, pasando el actor al puesto transfronterizo del Aeropuerto de Madrid desde el 18 de mayo de 2022)y documento nº14del ramo de prueba documental de la parte actora (acuerdo de cese en el Aeropuerto de Madrid en fecha 12 de julio de 2022); estando en activo en este destino el demandante desde el 18 de mayo de 2022, inicia situación de IT desde el 27 de junio de 2022 hasta el 11 de julio de 2022(hecho probado octavo de la demanda, en relación con los documentos 18, 19 y 30.2 de la demandada).Destino: P.F. Aeropuerto Seguridad Ciudadana.-Del 12 de agosto de 2022 al 8de agosto de 2023, en la Comisaría Provincial de Guadalajara(documento nº15 de la parte actora-toma de posesión en dicha Comisaría en fecha 12 de agosto de 2022),sin llegar a ejercer en ese destino, por encontrarse en situación de IT desde el 16 de agosto de 2022 hasta el8 de agosto de 2023, fecha en que se le notifica una segunda resolución de incapacidad permanente(documento 4 del ramo de prueba de la parte actora), en base al dictamen del Tribunal Médico de la policía de 1 de junio de 2023, recurrido en reposición el 4 de septiembre de 2023.Destino: BPSC Servicios de Respuesta. El desglose detallado de los destinos del demandante, se encuentra en el documento nº 2 de la demandada, que se da por reproducido."

Son requisitos para que surta efecto la revisión:

a) Que se señale concretamente el hecho cuya revisión se pretende y se proponga texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder.

b) Que la revisión pretendida pueda devenir trascendente a efectos de la solución del litigio.

c) Que se identifique documento auténtico o prueba pericial obrantes en autos, de los que se deduzca de forma patente, evidente, directa e incuestionable, el error en que hubiera podido incurrir el Juzgador de instancia, a quien corresponde valorar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba.

d) La valoración de la prueba efectuada por el Juez «a quo» en uso de la facultad-deber que el ordenamiento jurídico le confiere, no puede ser sustituida por el parcial e interesado criterio valorativo de la parte.

e) El error debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador. - Sentencias de 13 de marzo (AS 2003\2815), 2 de octubre, 4 y 6 de noviembre de 2003 (JUR 2004\88558), entre otras muchas.

La revisión no se admite en tanto que la documental que se cita ya fue objeto de valoración por la juzgadora de instancia sin que se haya demostrado el error valorativo directo o arbitrario.

También solicita modificación del hecho probado quinto: " QUINTO.-Al demandante le fue realizado un único reconocimiento médico durante toda su trayectoria profesional por el Servicio de Prevención Ajeno "Cualtis" el 25 de febrero de 2016, estando en activo, con el resultado que obra en autos--documento nº7 de la parte actora y documento nº30.2 dela demandada-y que se da por reproducido; en el mismo, se indica, entre otros extremos, que "según normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, deberá procederse a una nueva valoración de la salud del trabajador, después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos parala misma o cuando se reanude el trabajo tras la ausencia prolongada por motivos de salud"(documento nº7 de la parte actora y documento nº30.2 dela demandada).La demandada aportó un informe del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, emitido en fecha 24 de enero de 2024, en el que se expone lo siguiente (última página del documento nº30.3 del ramo de prueba de la demandada): los reconocimientos médicos en la Dirección General de la Policía se realizan por una empresa externa (Servicio de Prevención Ajeno) y tienen carácter anual para determinadas especialidades policiales, realizándose al menos cada tres años para el resto del personal policial. Además estos reconocimientos pueden ser solicitados por los funcionarios de forma voluntaria. Tras los periodos de baja de larga duración, los funcionarios una vez incorporados al servicio activo suelen ser sometidos a un reconocimiento médico para valorar el estado de salud, que en el caso de Matías no se llevó a cabo puesto que al poco tiempo de incorporarse volvía a ser dado nuevamente de baja".

La revisión no se admite al contener elementos valorativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

Interesa la revisión del hecho probado 12: " DECIMOSEGUNDO. -Por el Servicio de Prevención Ajeno con el que la Dirección General de la Policía tenía contratado la realización de los reconocimientos médicos de sus funcionarios, fue reconocido el Sr. Matías el 25 de febrero de2016 (como consta en el hecho probado quinto de la sentencia".

La revisión no se admite en tanto que la documental en que se basa ya fue analizada por la juzgadora de instancia sin que de la misma se desprenda error valorativo directo o arbitrario.

Solicita revisión del hecho probado sexto: " El demandante solicitó cambio de puesto de trabajo en las siguientes fechas:25 de enero de 2022, 25 de febrero de 2022, 11 de marzo de 2022, 29de marzo de 2022 y 8 de abril de 2022 (documentos 8 y 9 del ramo de prueba de la parte actora reconocidos por la parte demandada y documento 6.3 de la demandada).En la solicitud de cambio de puesto efectuada por el actor en fecha 29 de marzo de 2022 y registrada en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el actor exponía que le habían cambiado del puesto de telefonía de CIMACC-Sala 091 a operador radio de dicha Sala, su incapacidad para realizar dicho trabajo por falta de experiencia en el puesto y ausencia de formación, así como una serie de hechos ocurridos los días 25, 26 y 27 de marzo de 2022;indicando, entre otros extremos que "el propósito aparente es a juicio de quien suscribe, y por razones que desconoce, presionarle hasta el punto que voluntariamente vuelva a causar baja y provocarle el inicio de un expediente disciplinario"; solicitando tanto un cambio de puesto, como había venido pidiendo desde su reincorporación al CNP, como que se adoptasen las medidas al respecto de lo comunicado. En la solicitud de cambio de puesto efectuada por el actor en fecha 8 de abril de 2022, el Sr. Matías volvía a manifestar ante la Jefatura Superior de Madrid la complejidad del puesto de operador radio y su falta de experiencia, indicando, entre otros extremos, que "cualquier error involuntario podría afectar gravemente al servicio y a terceros y suponerle una falta. Comunicado a su responsable le ha indicado que si ha superado una oposición tiene capacidad para el puesto y que necesita policías versátiles". No constan entre los documentos aportados por la demandada contestaciones a dichas comunicaciones del actor".

La revisión no prospera al contener elementos valorativos y negativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

Solicita la modificación del hecho probado sexto bis : " SEXTOBIS.-La Dirección General de la Policía cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales del año 2014Plan de prevención de riesgos laborales (documento nº3 del 2º ramo d32prueba de la demandada) y una Evaluación de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Madrid del año2020, constando el estrés como factor de riesgo psicosocial para los operadores de la Sala 091 de la Jefatura Superior de Madrid(documento nº2 de la segunda parte de prueba aportada por la demandada). La demandada no cuenta con Planificación de la Actividad Preventiva."

La revisión no se admite al contener elementos valorativos y negativos que no pueden tener cabida en el relato fáctico.

SEGUNDO.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS interesa revisión normativa solicitando revisión por infracción de artículos 14, 22 y 25.1de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales(en adelante , "LPRL"); artículo 10 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía(en adelante, "RD 2/2006); artículo 80 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional(en adelante, "L.O. 9/2015); artículo 37.3 b) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención(en adelante "RSP"); artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores( en adelante "ET"); artículo 14 l) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público( en delante "EBEP"). ASÍ COMO DE LA JURISPRUDENCIA: STS-Sala de lo Social-28 diciembre 2006 (rec. 140/2005) y STS-Sala de lo Social-10 junio 2015 (rec. 178/2014).EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DEBER DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

Discrepa la parte recurrente de la fundamentación jurídica de la sentencia indicando en esencia que se ha quebrantado la normativa expuesta, alegando el incumplimiento de la parte demandada de la normativa de prevención de riesgos y los derechos del trabajador actuante.

Sostiene la parte recurrente que existe un incumplimiento de la normativa relativa a la vigilancia de la salud del trabajador, pues se ha omitido el reconocimiento médico de su salud a pesar de que se encontró en activo durante varios meses desde su reincorporación. Indica que la norma no concreta el momento en que debe practicarse el reconocimiento médico después de una baja laboral prolongada. Pero se ha entendido que debe ser necesariamente anterior al inicio de la actividad para cumplir la finalidad de la norma de no someter al trabajador a hipotéticos riesgo. Argumenta que la demandada quien tiene el deber de garantizar la vigilancia de la salud, siendo un derecho del Sr. Matías, quien ni si quiera tiene formación e información en materia preventiva.

En primer lugar debemos señalar que la parte recurrente pivota parte de su argumentación del recurso sobre la previa modificación fáctica que ha postulado, como la supresión del hecho probado decimosegundo que no ha prosperado por lo que tal argumentación no puede prosperar. Volvemos a indicar que la norma no concreta el momento en que debe practicarse el reconocimiento médico después de una baja laboral prolongada.

Cabe recordar que es criterio reiterado de esta Sala que al no haberse logrado modificar la apreciación del Juzgador de instancia que sirvió de antecedente amparador al basamento jurídico que en la sentencia impugnada se precisó, no podrá prosperar la revisión en derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan, y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima relación de ambos presupuestos. Doctrina ésta que resulta de aplicación en aquellos casos, como en el que aquí se enjuicia, en los que la revisión sustantiva tenga como presupuesto necesario la modificación de la narración fáctica, circunstancias éstas que son las que concurren en la presente litis, en la que la argumentación del recurrente no encuentra su respaldo fáctico, no constando los incumplimientos que imputa, sino al contrario ,del inalterado relato fáctico y el razonamiento efectuado por la juzgadora de instancia ningún incumplimiento cabe imputar a la demandada.

Por un lado, constan acreditados los distintos reconocimientos médicos anuales al personal de la policía ( hecho probado noveno) sin exclusión alguna al ahora recurrente ( hecho probado decimosegundo), no ha quedado acreditado que el actor pertenezca a alguno de los grupos profesionales a que se refiere el art. 10 del RD 2/2006, ni actividad, ni condición medioambiental ni tramo de edad ni productos o equipos peligros. Ninguna de las bajas por enfermedad ha sido declarada contingencia profesional por lo que en modo alguno puede tildarse de incumplimiento preventivo que haya desencadenado las eventuales dolencias que el actor ha padecido. Tampoco consta incumplimiento en materia formativa, al constar de hecho firmado el manual de seguridad y salud por el propio actor, y al constar que tal formación se ha impartido con base en la testifical que no puede ser objeto de revisión vía suplicación ( hecho probado noveno).

En definitiva, el relato postulado en recurso y su argumentación no puede imponerse sobre la más imparcial y objetiva de la juzgadora de instancia, por lo que este primer motivo se desestima.

TERCERO.-Solicita revisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 c) de la LRJS en relación con los artículos15y 24CE; 14, 18.1 y 19.1 de la LPRL; artículos 7.1 y 8 del RD 2/2006; artículo 7.1. k) L.O. 9/2015.EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DEBER DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

Discrepa la parte recurrente de la valoración documental efectuada por la juzgadora de instancia en relación con la formación suministrada por la demandada en particular en relación con el documento núm. 30, con cita de jurisprudencia menor que no puede ser tenida en cuenta a efectos de suplicación.

Sobre el particular ya avanzamos en el fundamento previo que la demandada sí ha cumplido los deberes de formación e información tal y como ha quedado constancia en el relato fáctico y argumentación jurídica de la sentencia tras la valoración de la documental obrante en autos, documento 30 y testifical en relación con el hecho probado decimotercero. En este sentido ha de recordarse que El Juzgador/a ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la Ley de procedimiento laboral ( STS 18/11/1999 [RJ 1999\8742]). En sentencia, de fecha 24/5/2000 (RJ 2000\4640), el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte voluntaria y subjetiva, confundiendo éste recurso excepcional y con motivos tasados en una nueva instancia. Igualmente la sentencia del Tribunal Supremo de 7/3/2003 (RJ 2003\3347) indica que como se recoge en sentencias de 3 de mayo de 2001 (RJ 2001\4620) y 10 de febrero de 2002 (RJ 2002\4362), con esta forma de articular el motivo y de proceder lo que está tratando de conseguir es que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba (obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de la sentencia recurrida), como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación o suplicación sino el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica. El planteamiento en suplicación o casación del error en la valoración de la prueba (cualquiera que sea su concepto), también requiere la indicación y análisis de una norma sobre prueba idónea para determinar tal apreciación, o la infracción de la doctrina constitucional sobre el error patente, valoración arbitraria o irrazonable.

Por todo lo cual no habiéndose evidenciado el error normativo el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.-Solicita revisión normativa al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS ,en particular artículos15y 24CE; artículos 15.1.e), 16, 17.1.a) y 25 LPRL; artículo 5 RD 2/2006, artículos 7.1.i), 29 Y 33 L.O. 9/2015.EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA DEMANDADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: RIESGOS PSICOSOCIALES Y TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE.

Basa la revisión en la previa modificación del hecho probado sexto que no ha prosperado alegando que la falta de experiencia y formación son factores de riego psicosociales, discrepando de la valoración testifical de Candido a cuyos efectos hay que recordar que la testifical no puede ser objeto de revisión en vía de suplicación.

Nuevamente el motivo va a ser desestimado, ningún respaldo probatorio encuentra sustento en la revisión normativa postulada, ya que la premisa sobre la que se sustenta falta de experiencia y formación no ha sido acreditada, sino al contrario haberse constatado que el demandado cumplió con sus obligaciones preventivas. A todo ello debe añadirse que ninguna de las dolencias que se han consignado en el relato fáctico ha sido declarada como contingencia profesional, por ello el motivo revisorio no puede prosperar.

QUINTO.-:Al amparo de lo dispuesto en el art. 193 c) de la LRJS solicita revisión por infracción de los artículos15y 24CE; artículos2.e)y 183.2 de la LRJS; artículos12.2, 12.7, 40.2.b) y 42.1de la LPRL; artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil; artículo 138.4 de la Ley 35/2015.ASÍ COMO DE LA JURISPRUDENCIA: Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo nº952/2017, 29 de noviembre de 2017 (recurso casación: 7/2017). EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (EN DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR) Y LA CONSECUENTE INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS OCASIONADOS AL ACTOR POR SUS INCUMPLIMIENTOS.

Argumenta la parte recurrente solicita que no ha realizado actuación preventiva alguna con el actor en materia de vigilancia preventiva de la salud, formación e información en materia preventiva; así como en materia de riesgos psicosociales, indicando que se le ha generado un daño al actor.

El presente motivo parte de un previo incumplimiento en materia preventiva que no ha sido acreditado. Como ya hemos expuesto, ha quedado consignado vía valoración probatoria que la parte demandada cumplió con sus obligaciones en sede de prevención, lo que no puede la parte recurrente es en sede de suplicación tratar de sustituir la convicción soberana de instancia por una versión parcial de su relato interesado sobre lo acaecido.

En tal sentido solo cabe reiterar que este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el recurso de Suplicación es extraordinario y no una apelación que permita examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, por lo que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el Magistrado a quo, y a tales efectos son invocables documentos y pericias, y exclusivamente en tanto que tales pruebas -documentos y pericias evidencien por sí mismos el error sufrido en la instancia, de manera que -por ello a los efectos modificativos del relato de hechos siempre son rechazables los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente ( SSTS de 17-octubre-90 [RJ 1990\7929] y 13-diciembre-90 [RJ 1990\9784]), hasta el punto de que precisamente se haya dicho que la certidumbre del error excluye toda situación dubitativa, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio revisorio y el mismo no acredita palmariamente el yerro valorativo del Juzgador, estaremos en presencia del vano e interesado intento de sustituir el objetivo criterio judicial por el comprensiblemente subjetivo de la propia parte.

En atención a las consideraciones expuestas el recurso se va a desestimar.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,