Sentencia Social 42/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 739/2021 de 11 de enero del 2024

PRIMERO.- La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, en demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo procedía recurso de suplicación por razón de la cuantía reclamada como indemnización y por haberse incluido una vulneración de tutela de derechos fundamentales (discriminación y garantía de indemnidad).

La parte demandada ha formulado dicho recurso contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-León, sede en Valladolid, de 19 de enero de 2021, rec. 1448/2017, que, rechazando que exista caducidad de la acción, no entra a conocer del fondo de la cuestión por no ser recurrible la misma en suplicación, al no existir una modificación sustancial de condiciones de trabajo colectiva, confirmando la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de León, de 17 de febrero de 2017, en los autos 708/2016, que desestimó la demanda.

Según se desprende de la sentencia recurrida y de las actuaciones, la parte actora estuvo prestando servicios como limpiadora en la Universidad demandada en virtud de un contrato indefinido y a tiempo completo que suscribió con la empresa Regional de Limpieza SA, que entonces era la adjudicataria del servicio. Posteriormente pasó a prestarlo la empresa Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, SA, quién, al ver reducida la contrata, suscribió, el 3 de mayo de 2013, un acuerdo con el comité de empresa de reducción de la jornada que se concretó en prestar servicios todo el año con excepción de 65 días naturales, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, pasando los trabajadores a ser fijos discontinuos con llamamiento en fecha cierta. La actora firmó un anexo a su contrato con Seralia en esos términos, con derecho a percibir un plus salarial por fijo discontinuo, acuerdo que estaría vigente hasta la entrada de un nuevo contratista. El 1 de octubre de 2013, Seralia comunicó a la TGSS que la actora y el resto de los trabajadores adscritos a la contrata retornaban a su condición de indefinidos a jornada completa. El 30 de mayo de 2014, el comité de empresa con la posterior y nueva adjudicataria Linorsa alcanzaron otro acuerdo en similares términos pero con una interrupción de 75 días y con vigencia mientras estuviera al frente de la contrata. El 13 de junio de 2016, al revertir el servicio en la propia Universidad hasta que hubiera un nuevo adjudicatario, ésta ofreció a la actora reducir el periodo de inactividad a 35 días, manteniendo su condición de fija discontinua, según el acuerdo con la anterior adjudicataria, lo que aquella no aceptó, al contrario del resto de los trabajadores y el propio comité de empresa. La trabajadora recibió el 27 de julio de 2016 comunicación fechada el 15 de julio de 2016 acordando la interrupción de su contrato durante 75 días naturales. El 29 de julio de 2016 la contrata fue adjudicada a Regional de Limpiezas, SA, concertándose un periodo de inactividad de 35 días.

La trabajadora formuló demanda en la que se interesaba la declaración de nulidad o, subsidiariamente, injustificación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, al alterar, en la comunicación remitida por la Universidad de León, de 29 de julio de 2016, su condición de indefinido y a tiempo completo por el de fijo discontinuo, con 75 días de inactividad, denunciando, entre otros preceptos, vulneración del art. 14 y 24.1 de la Constitución Española (CE), al entender que su oposición a suscribir, el 13 de junio de 2016, un Anexo de modificación de sus condiciones laborales presentado por la Universidad, ha motivado la decisión empresarial impugnada de interrumpir su actividad laboral en 75 dias. Junto a ello reclamó una indemnización de daños y perjuicios, por el periodo de inactividad

El Juzgado de lo Social dictó sentencia, entendiendo que no había modificación sustancial alguna ni colectiv a ni a nivel individual, desestimó la demanda, indicando que contra la misma no procedía recurso de suplicación.

La parte actora, no obstante lo anterior, formuló dicho recurso, en cuyo escrito de anuncio indicaba que la sentencia de instancia era recurrible porque la nulidad de la modificación sustancial de condiciones de trabajo lo era por estar en presencia de una de carácter colectivo, sin seguir el mandato del art. 41.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y a tenor del art. 191. 2 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). Dicho escrito fue inadmitido por auto de 17 de marzo de 2017 del Juzgado que tuvo por no anunciado el recurso por no ser recurrible la sentencia que dictó. El auto fue objeto de recurso de queja en el que la parte actora consideraba que era recurrible en suplicación la sentencia de instancia porque, al amparo del art . 191.1 y 2 g) de la LRJS, en relación con el art. 24.1 de la CE, estaba reclamando una indemnización de daños y perjuicios superior a 3.000 euros, así como por ser colectiva la modificación sustancial denunciada, sin someterse al procedimiento del art. 41.2 y 4 del ET.

El recurso de queja fue estimado por la Sala de lo Social que, mediante auto de 2 de mayo de 2017, consideró que, si bien la reclamación de cantidad, aunque fuera superior a los 3.000 euros, no justificaba el acceso al recurso, no obstante dado que la sentencia de instancia había examinado la existencia o no de modificación sustancial colectiva, de forma provisional y sin perjuicio de lo que pueda resolver más adelante, dio pie al recurso de suplicación.

Tramitado el recurso de suplicación, cuyo contenido será referido más adelante, la Sala dictó la sentencia objeto del presente recurso en la que, rechazando la existencia de caducidad, respecto de la cuestión de fondo consideró que la sentencia del Juzgado de lo Social era irrecurrible por cuanto que no se estaba en presencia de una decisión empresarial de carácter colectivo en tanto que lo que ofertó la Universidad demandada eran unas condiciones que cada trabajador podía aceptar o no y en este último caso, los que no lo hicieran seguirían con sus condiciones laborales anteriores , consistentes en una contratación fija discontinua con interrupción de 75 días.

En el recurso de unificación de doctrina se formula el punto de contradicción expuesto anteriormente que la parte recurrente desgrana, con la invocación de dos sentencias, en dos apartados. Uno, al parecer más vinculada al acceso al recurso de suplicación cuando se denuncian derechos fundamentales, para el que se identifica como sentencia de contraste la dictada por esta Sala el 11 de enero de 2017, rcud 1626/2015; y otra para el acceso al recurso por razón de la cuantía reclamada como indemnización, siendo citada de contraste la de esta Sala, de 30 de junio de 2020, rcud 4516/2017.

La reiterada doctrina de esta Sala, en orden a las cuestiones que afectan a la competencia funcional viene recordando que son materia de orden público procesal y que, incluso, puede ser apreciada de oficio por esta Sala, de forma que a los efectos de las exigencias que rodean al recurso de casación para la unificación de doctrina, contempladas en el art. 219 de la LRJS, el análisis de la contradicción entre las sentencia recurrida y las invocadas como de contraste no es necesario, razón por la cual pasamos a examinar si la sentencia recurrida, al negar el acceso al recurso de suplicación, es ajustada a derecho y a los criterios jurisprudenciales en la materia.

SEGUNDO. - La parte recurrente ampara el presente recurso en los arts. 138.6, 191. 2 e) y g) y en el art. 191.3 f) de la LRJS. De ellos queremos destacar el mandato del art. 191.2 e) en el que, en relación con el ámbito de aplicación del recurso de suplicación, dispone que procederá dicho recurso en " Procesos de movilidad geográfica distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra acción susceptible de recurso de suplicación; y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores inferior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores", así como su apartado g) en el que se indica que también procederá dicho recurso en " Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros".

En todo caso, el art. 191.3 también indica que el acceso al recurso de suplicación procederá, según su apartado f) "Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de los estatutos de los sindicatos, procedimientos de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas".

Esta Sala, en STS 840/2022, de 19 de octubre (rcud 1363/2019), ha venido recordando que en materia de acceso al recurso de suplicación frente a sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo en las que se denuncie la posible vulneración de derechos fundamentales, "Cabrá entonces recurso para resolver sobre los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego en el proceso- entre ellos, la posible indemnización asociada a su presunta vulneración-, pero no así sobre las materias de legalidad ordinaria que no tienen acceso a suplicación

Junto a ello, esta Sala ha venido sosteniendo, recientemente, en STS 556/2023, de 14 de septiembre (rcud 2589/2020), dictada en Pleno y rectificando doctrina anterior, que "no cabe recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en modalidad procesal de MSCT aunque incorpore reclamación de cuantía superior a 3.000 € derivada de aplicar la decisión empresarial impugnada. Así se desprende de una interpretación sistemática, teleológica y literal de los preceptos procesales en presencia ( arts.138.7; 191.2.e y 191.2 LRJS) y de su entendimiento acorde con las garantías constitucionales ( Art. 24 CE)".

Doctrina recordada en la más reciente STS 991/2023, de 22 de noviembre (rcud 4644/2022).

Pues bien, en el caso que nos ocupa, hay que poner de manifiesto que, si bien la parte recurrente pretende justificar la recurribilidad de la sentencia de instancia en la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y la cantidad a ella anudada, realmente no se advierte que a lo largo del procedimiento haya amparado tal pretensión procesal en esas bases que ahora trae al recurso.

En efecto, en primer lugar, si bien en la demanda citaba el art. 14 y 24.1 de la CE y manifestaba que la empresa le ha modificado sus condiciones por no suscribir un "Anexo de modificación de sus condiciones laborales presentado por la Universidad ha motivado la decisión empresarial impugnada", es lo cierto que, en relación con la cuestión procesal de acceso al recurso de suplicación, de tales términos y de la propia conducta procesal de la recurrente no podemos entender que su reclamación fuera de modificación sustancial de condiciones de trabajo por discriminación o vulneración de la garantía de indemnidad cuando nada de ello tenía poso fáctico alguno en la propia demanda (en relación con la discriminación). Tampoco la tiene la mera cita del art. 24.1 CE, en su vertiente de garantía de indemnidad, cuando la controversia realmente está centrada en la situación que pudiera ostentar la actora tras el cese de la contrata con Linorsa y en la discrepancia que al respecto mantiene la actora y la Universidad demandada. Precisamente, la sentencia de instancia razonó al respecto pero sin que ello lo vinculase a derecho fundamental alguno.

Esa falta de pretensión en materia de tutela de derechos fundamentales tiene también su apoyo, como hemos dicho, en la propia conducta procesal de la actora, quien, al combatir la decisión del juez de lo social de no tener por anunciado el recurso, jamás acudió a ninguna pretensión de aquella naturaleza, ya que tan solo invocaba el carácter colectivo de la decisión empresarial (escrito de anuncio del recurso) y en la cuantía de la mera reclamación de daños y perjuicios (escrito del recurso de queja), sin la menor cita del art. 191.3 f) de la LRJS que aquí introduce. Tan es así que ni el juzgador de instancia (al tener por no anunciado el recurso de suplicación) ni la Sala de lo Social (al estimar la queja) hacen referencia alguna a que existiera una pretensión de vulneración de derechos fundamentales y, de hecho, la citada sala solo dio pasó al recurso por el posible carácter colectivo de la medida empresarial, aunque posteriormente confirmara la decisión del juez de lo social en relación con la irrecurribilidad de su sentencia.

Además, resulta que la sentencia de instancia no ha basó su pronunciamiento en un examen de vulneración de derechos fundamentales ni en el recurso de suplicación de la parte actora se hacia la menor alusión a que dicha resolución judicial de instancia hubiera incurrido en incongruencia omisiva alguna ni, en todo caso, y como cuestión de fondo, se citaba como preceptos legales infringidos los constitucionales que aquí pretende hacer valer para permitir el acceso al recurso de suplicación, de forma que difícilmente, la sala de lo social podía examinar la vulneración de derecho fundamental alguno, no solo a efectos del acceso al recurso sino, incluso, para poder entrar a resolverlo que es lo único por lo que procedería dicho recurso.

En este sentido, debemos recordar lo que la STS 551/2018, de 18 de mayo (rcud 381/2017) y STS 987/2022, de 21 de diciembre (rcud 4317/2019), refieren en orden a que la mera mención en la demandas de procesos especiales, como sería el que aquí nos ocupa, de preceptos constitucionales no justifica el que la sentencia de instancia que la resuelva pueda abrir la puerta al recurso de suplicación. Así se indica en ellas que " de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1 de la LRJS , no proceda admitir la recurribilidad de la sentencia cuando la invocación del derecho fundamental resulte gratuita".

Del mismo modo, la reclamación de indemnización de daños y perjuicios, aunque supere el límite de los 3.000 euros, tampoco hace a la sentencia de instancia recurrible, tal y como ha señalado la doctrina que hemos recogido anteriormente. Además, en este caso tampoco hay base alguna para asumir lo que ahora quiere hacer valer la recurrente, anudando la indemnización a los derechos fundamentales cuando nada de ello se indicaba en la demanda (en la que en su punto VI lo que refería era que se le compense por los daños y perjuicios ocasionados por esa medida, y suplicando en el punto 4 la satisfacción por el concepto de daños y perjuicios el importe diario dejado de percibir en el periodo de inactividad y que lo cuantifico en su total en el acto de juicio) ni en sus alegaciones en vía de recurso de queja vinculaba tal importe a aquellos derechos.

TERCERO. - Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser desestimado y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida.

Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS.