Sentencia Social 1185/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 272/2021 de 19 de diciembre del 2023

PRIMERO.- 1.- La Federación de Industria de Canarias de Comisiones Obreras recurre en casación la sentencia dictada por la Sala de lo Social de Canarias -sede de Santa Cruz de Tenerife- de 2 de julio de 2021, Proc. 16/2020 que desestimó íntegramente la demanda del referido sindicato en la que impugnaba la Resolución de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias por la que se constataba la fuerza mayor derivada del Covid 19 en la empresa "José Sánchez Peñate, SA" (JSP, SA).

2.- El recurso se articula en dos motivos: en el primero, se solicita la revisión de un hecho probado y la adición de otros dos. En el segundo se denuncian infracciones de normas sustantivas y de la jurisprudencia. El recurso ha sido impugnado por la administración demandada y por la empresa interesada. Ha sido informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de interesar su desestimación.

SEGUNDO. - 1.- Como se acaba de indicar, el primero de los motivos del recurso está dedicado a interesar la revisión de los hechos probados de la sentencia recurrida. Pretende la recurrente, la modificación del hecho probado sexto proponiendo una redacción similar a la que ya consta en la que se busca introducir el añadido de que los representantes de los trabajadores no sólo mostraron su disconformidad con la decisión de la empresa de solicitar la constatación de la fuerza mayor, sino que, además, interesaron la entrega de información y documentación que no fue atendida. Además, pretende la recurrente introducir dos hechos probados más (el octavo y el noveno) donde se dé cuenta, respectivamente, de que en septiembre y octubre de 2020 se produjeron resoluciones de la Inspección de Trabajo exigiendo a la empresa que cumplieran con sus obligaciones informativas que derivan del artículo 64 ET; y que, durante 2020, la empresa, celebró a través de contratas y ETT un número elevado de contratos temporales, y de horas extraordinarias.

2.- La doctrina de la Sala sobre las exigencias de las revisiones fácticas en casación, se recoge, entre otras, en las sentencias de 11 de febrero de 2014, Rec. 27/2013 y de 18 de noviembre de 2015, Rec. 19/2015; entre muchas otras. En estas sentencias se establece la doctrina de la Sala en torno a la configuración del motivo casacional dirigido a la revisión de hechos probados y, especialmente, sobre las exigencias para que pueda prosperar un error de hecho en casación. A tenor de los indicados criterios, en resumen, es preciso que: 1º) la equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia de este medio de prueba, 2º) se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone, 3º) el error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de deducciones, conjeturas o suposiciones, 4º) el error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del fallo.

3.- La aplicación de la expuesta doctrina conduce a la conclusión de que ninguna de las tres revisiones fácticas puede estimarse ya que, con independencia de que no se señalan expresamente un documento del que se desprenda, de forma clara, evidente e inequívoca, la equivocación del juzgador, resulta que todas ellas son intrascendentes para la revisión o modificación del fallo de la sentencia. Y es que no hay que olvidar que la pretensión formulada en la demanda se dirige a lograr la nulidad de un acto de la administración pública; esto es, la nulidad del acto administrativo que constató la fuerza mayor vinculada al COVID 19 en la empresa codemandada. Así, la primera de las modificaciones propuestas carece de relevancia porque la previa consulta con los representantes de los trabajadores no está prevista en la tramitación de las suspensiones de contratos por fuerza mayor derivadas del Covid 19 y, tampoco, la entrega de documentación; resultando además que la recurrente no identifica con la debida precisión la documentación o información requerida.

Tampoco resultan relevantes las adiciones propuestas, relativas a requerimientos de la Inspección de Trabajo ni a las posibles contrataciones -no acreditadas- que pudiera haber realizado la empresa, ya que en ambos casos serían de períodos temporales posteriores a la resolución administrativa impugnada por lo que ninguna trascendencia podrían tener en orden a la configuración de la resolución impugnada y su adecuación al ordenamiento jurídico.

TERCERO. - 1.- En el segundo motivo del recurso, se denuncia vulneración de los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020; el RDL 463/2020 (sic), el RDL 25/2020, el 47 ET, así como reiterada doctrina jurisprudencial. A este último respecto, las únicas sentencias que se citan son de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia que la Sala no tendrá en cuenta por no constituir jurisprudencia.

La recurrente, en el desarrollo del motivo, parte del presupuesto de que los motivos de revisión fáctica se han admitido, lo que no ha sido así. Por ello, las continuas referencias a las infracciones normativas ligadas a hechos que no figuran en la relación fáctica de la sentencia no pueden ser estimadas ni tenidas en cuenta. Por lo demás, el motivo insiste en que la actividad desarrollada por la mercantil codemandada era de carácter esencial y no podía aplicarse el concepto de fuerza mayor.

Tal como hemos puesto de relieve en reiteradas ocasiones, en cuestiones similares a la presente, resulta necesario acreditar que la actividad de la empresa está incardinada en alguno de los supuestos previstos en la normativa dictada durante el estado de alarma (actividades cuya apertura al público quedó suspendida) o bien que concurre una pérdida de actividad vinculada al COVID-19, exigiéndose en este caso que exista una conexión directa e inmediata entre ambas situaciones. Para la resolución aquí combatida resulta acreditada esa conexión directa e inmediata entre la pérdida de actividad y la vinculación con la COVID 19, por lo que constató la fuerza mayor en los términos exigidos por el artículo 22 del referido RDL. En consecuencia, la resolución administrativa impugnada no cometió infracción del ordenamiento jurídico, en concreto, no vulneró ninguna de las normas que configuran este excepcional supuesto de fuerza mayor ligado a las consecuencias de la pandemia y a la declaración del estado de alarma, sin que la recurrente ni en el proceso de instancia, ni mucho menos a través de este extraordinario recurso, haya logrado desvirtuar lo resuelto por la administración demandada que, en consecuencia, debe mantenerse.

2.- Lo expuesto, tal como interesa el Ministerio Fiscal en su informe, conduce a la desestimación del recurso y a la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la sentencia recurrida. Sin que la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 LRJS, deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.