Sentencia Social 1181/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 439/2021 de 19 de diciembre del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión controvertida radica en decidir si el trabajador tiene derecho a ser compensado económicamente por las vacaciones no disfrutadas del año 2015, tras haber quedado definitivamente extinguida la relación laboral con la declaración de incapacidad permanente absoluta el 24 de septiembre de 2017.

La sentencia del juzgado de lo social acoge en este extremo la demanda.

El recurso de suplicación de la empresa es estimado en sentencia de la Sala Social del TSJ del País Vasco de 16 de octubre de 2020, rec. 865/2020, que niega el derecho a la compensación económica de las vacaciones no disfrutadas del año 2015.

A tal efecto razona, que el trabajador se ha mantenido en situación de incapacidad temporal hasta la extinción del contrato de trabajo el 24 de septiembre de 2017, y en esta fecha había transcurrido el plazo máximo de 18 meses que contempla el art. 38.3 ET, computado desde el final del año en el que las vacaciones se generaron.

2.- El recurso de casación unificadora del demandante denuncia infracción del art. 38. 3 y 59. 2 ET, para sostener que el plazo de un año para reclamar la compensación económica por las vacaciones no disfrutadas debe computarse desde la extinción de la relación.

Invoca de contraste la STS 14 de marzo de 2019, rcud. 466/2017.

3.- El Ministerio Fiscal informa en el sentido de negar la existencia de contradicción, por cuanto la sentencias en comparación resuelven supuestos de hecho que se produjeron bajo la vigencia de una normativa legal diferente. A lo que la empresa añade en su escrito de impugnación, que las vacaciones reclamadas por el año 2015 no se corresponden con un periodo de suspensión del contrato de trabajo por incapacidad temporal, para abundar de esta forma en la inexistencia de contradicción.

SEGUNDO. 1.- Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

2.- En el caso de la recurrida, en lo que ahora interesa, consta que el trabajador inicia un proceso de incapacidad temporal el 22 de enero de 2016, en el que se mantiene ininterrumpidamente hasta que es declarado en situación de incapacidad permanente absoluta el 24 de septiembre de 2017, con la extinción en esa fecha de la relación laboral. El 21 de mayo de 2018 interpone demanda en la que reclama la compensación económica de las vacaciones no disfrutadas de los años 2015, 2016 y 2017.

La sentencia recurrida confirma la de instancia en cuanto reconoce el derecho a la compensación económica de las vacaciones de 2016 y 2017, pero estima la pretensión de la empresa y niega sin embargo el derecho a la compensación económica por las del año 2015.

Se acoge a lo dispuesto en el art. 38.3 ET, y entiende que han transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en el que se generaron las vacaciones de 2015.

3.- En el supuesto de la sentencia referencial el litigio afecta a las vacaciones no disfrutadas de los años 2010, 2011 y 2012, durante los que el trabajador estuvo la mayor parte del tiempo en situación de incapacidad temporal. El contrato de trabajo se extingue el 14 de diciembre de 2012, tras haber sido declarado en incapacidad permanente total. La papeleta de conciliación en reclamación de la compensación económica de las vacaciones no disfrutadas se formula en 2013, y el acto de conciliación se celebra el 9 de mayo de 2013.

La sentencia analiza las previsiones del art. 38 ET, en la redacción vigente a efectos de ese litigio, relativas a la situación jurídica de las vacaciones no disfrutadas por encontrarse el trabajador en situación de incapacidad temporal, y concluye que no ha prescrito la acción para reclamar el derecho a su compensación económica, debiendo computarse el plazo de un año del art. 59. 2 ET desde la fecha de extinción de la relación laboral.

TERCERO.1.- Pese a las indudables coincidencias existentes entre las sentencias en comparación, tiene razón el Ministerio Fiscal y la parte demandada al negar la concurrencia del presupuesto de contradicción.

2.- En el caso de la recurrida la problemática jurídica se suscita bajo la nueva redacción dada al art. 38.3 ET, por el RDLey 3/212, de 10 de febrero - ratificada en la Ley 3/2012, de 6 de julio-, mientras que en el supuesto de la referencial se trata de unos periodos de incapacidad temporal de los años 2010, 2011 y 2012, anteriores a esa modificación y que se rigen por las previsiones legales entonces vigentes.

Cuestión que resulta trascendental para la resolución del asunto en orden a apreciar la existencia de contradicción, por cuanto esa reforma incorpora al art. 38.3 ET un último párrafo en el que dispone " En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado".

La empresa demandada invoca esta regla para alegar que habría transcurrido ese plazo de dieciocho meses para reclamar las vacaciones correspondientes a la anualidad de 2015.

La sentencia recurrida acoge de forma expresa esta pretensión de la empresa, hasta el punto de que, precisamente por eso, razona específicamente que no es de aplicación al caso la doctrina contenida en la STS 14 de marzo de 2019 que ahora se invoca de contraste, que se corresponde con una normativa legal anterior y diferente a la que ya se encuentra vigente a los efectos del presente litigio.

3.- Con independencia de cualquier otra consideración, lo cierto es que no resultan coincidentes los hechos, pretensiones y fundamentos que son objeto de uno y otro procedimiento.

En cuando a los hechos, en el asunto referencial la situación de incapacidad temporal que impide el disfrute de las vacaciones tiene lugar en los años 2010, 2011 y 2012, bajo la vigencia de un determinado régimen legal, mientras que en la recurrida ya estaba vigente la actual normativa. A lo que además debemos añadir, que en la recurrida se da la circunstancia de que la incapacidad temporal del trabajador se inicia el 26 de enero de 2016, por lo que durante el año 2015 no se encontraba en dicha situación, a diferencia del supuesto de contraste en el que todos los periodos reclamados son de incapacidad temporal.

De lo que además se deriva que las pretensiones y fundamentos resulten asimismo divergentes, porque la empresa postula que se aplique aquel plazo de dieciocho meses que contempla la nueva redacción del art. 38. 3 ET, y ese es precisamente el motivo acogido en la sentencia para estimar su recurso en este extremo.

Cuestión que es del todo ajena al debate del asunto referencial, en la que la legislación entonces vigente ni tan siquiera contempla la existencia de ese plazo.

CUARTO. Conforme a lo razonado y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, debemos apreciar la inexistencia de contradicción y desestimar por este motivo el recurso, declarando la firmeza de la sentencia recurrida. Sin costas.