Sentencia Social 537/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 225/2021 de 19 de julio del 2023

PRIMERO.- 1.- El debate litigioso radica en determinar si se vulneró el derecho fundamental a la huelga cuando los días 22 y 23 de diciembre de 2020, en los que se había convocado una huelga en la empresa Canal Sur Radio y Televisión SA, este empleador emitió dos programas informativos de 20 minutos de duración cada uno difundiendo noticias de interés relevante que no se limitaron a las relacionadas con la COVID-19.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 1084/2021, de 15 de abril (procedimiento 13/2021), declaró que los trabajadores que debían cubrir los servicios mínimos en la huelga convocada para los días 22 y 23 de diciembre de 2020 solo estaban obligados a informar sobre las medidas adoptadas frente al coronavirus. Condenó a Canal Sur Radio y Televisión SA a abonar a los actores una indemnización de 10.000 euros.

2.- La parte demandada interpuso recurso de casación ordinario con tres motivos:

a) En el primero denuncia la infracción del art. 20.1.d) de la Constitución. Argumenta que la sentencia de instancia ha eliminado la libertad de información de ese ente público.

b) En el segundo motivo denuncia la vulneración del mismo precepto legal y reitera que se ha vulnerado su libertad de información, invocando el principio de proporcionalidad.

c) En el tercer motivo denuncia la violación del art. 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS). Alega que la empresa no vulneró el derecho fundamental a la huelga de los actores, por lo que no debe abonar ninguna indemnización reparadora.

3.- La Sección Sindical de CC.OO. en Canal Sur Radio y Televisión SA presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- Debemos examinar conjuntamente, por su íntima interconexión, los dos primeros motivos del recurso, en los que se niega que se haya vulnerado el derecho fundamental a la huelga de la parte actora.

Los arts. 20.1.d) y 28.2 de la Constitución disponen:

"Art. 20.1. Se reconocen y protegen los derechos:

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades."

"Art. 28.2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad."

2.- El art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, acuerda:

"Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas."

TERCERO.- 1.- Las sentencias del TC 184/2006, de 19 junio; 193/2006, de 19 junio; y 191/2006, de 19 junio, entre otras, explican que "la falta de la inexcusable Ley postconstitucional no puede valer para adoptar actitudes de tolerancia respecto de la utilización de criterios restrictivos del ejercicio del derecho (a la huelga) y de la laxitud de sus limitaciones establecidas por la autoridad gubernativa". El Alto Tribunal argumenta que no puede suprimirse el derecho a la huelga de los trabajadores ocupados en el servicio esencial, por lo que deben excluirse las "garantías ordenadas al funcionamiento normal, mantener un servicio implica la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual".

2.- Las sentencias del TC 233/1997, de 18 diciembre y 296/2006, de 11 de octubre, indican que, "a la hora de garantizar los servicios esenciales de la comunidad, la autoridad gubernativa no puede velar por los meros intereses empresariales de las empresas o entes que prestan el servicio, sino que su tarea se endereza única y exclusivamente a preservar los derechos o bienes constitucionales que satisface el servicio en cuestión, haciéndolos compatibles con el ejercicio del derecho a la huelga".

3.- La sentencia del TC 2/2022, de 24 enero, compendia la doctrina constitucional sobre la materia:

"a) La posibilidad establecida en el art. 28.2 CE de que se regulen las garantías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad determina que el derecho a la huelga puede ser limitado cuando su ejercicio sea susceptible de impedir u obstaculizar el funcionamiento de servicios que atienden la garantía o el ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos. La consideración de un servicio como esencial no significa, sin embargo, la supresión del derecho a la huelga de los trabajadores ocupados en tal servicio, sino la previsión de las garantías precisas para su mantenimiento, lo que implica la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual.

b) La determinación de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad no puede ponerse en manos de ninguna de las partes implicadas en el conflicto colectivo que supone la huelga, sino que debe ser sometida a un tercero imparcial. Su atribución a la autoridad gubernativa es la manera más lógica de cumplir el mandato constitucional, si bien queda limitada por consideraciones materiales -las garantías establecidas no pueden vaciar de contenido el derecho a la huelga o rebasar la idea de su contenido esencial- y formales -el control jurisdiccional de dichas decisiones sobre el mantenimiento de los servicios esenciales-, de todo lo cual se infiere que su establecimiento debe obedecer a un criterio restrictivo".

4.- La sentencia del TC 183/2006, de 19 junio, examinó los límites del derecho fundamental a la huelga en el ámbito de la gestión indirecta de los servicios públicos esenciales de radiodifusión sonora y de televisión. El TC argumentó: "la salvaguarda del derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión [ art. 20.1 d) CE] puede operar como límite de aquel derecho (a la huelga) a la hora de definir los servicios esenciales y los servicios mínimos en relación con una huelga concreta." El Alto Tribunal hizo hincapié en que se trataba de información que podía emitirse con posterioridad a la jornada de huelga de veinticuatro horas, sin menoscabo alguno del derecho a comunicar o recibir información, porque estaba desprovista de la actualidad e inmediatez necesarias que pudieran justificar en principio la restricción del derecho de huelga.

A continuación, el TC explicó que la actividad televisiva previamente grabada, desprovista de todo contenido e interés informativo, en nada concierne al derecho a comunicar y recibir información del art. 20.1.d) de la Constitución. Por ello, la emisión de una programación previamente grabada dentro de los horarios habituales de difusión persigue la no interrupción del servicio de la radiodifusión sonora y de la televisión.

También se vulneró el derecho fundamental a la huelga al fijar como servicio mínimo "la producción y emisión de la normal programación informativa [...] mantener un servicio implica la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual".

CUARTO.- 1.- En este pleito concurren las siguientes circunstancias relevantes:

a) Se convocó una huelga para los días 22 y 23 de diciembre de 2020 que afectaría a toda la plantilla de todos los centros de trabajo de Andalucía de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y de su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión SA.

b) La autoridad gubernativa fijó los servicios mínimos. En la resolución constaba que se habían tenido en cuenta las siguientes valoraciones específicas:

"[...] El carácter de servicio esencial tiene especial relevancia en la situación actual por la pandemia producida por el SARS-COV-2 Es necesario garantizar que las decisiones que adopten las autoridades sanitarias lleguen de manera inmediata a la ciudadanía y para ello se debe garantizar la efectividad de esta información a través de los medios de comunicación públicos dependientes de la Junta de Andalucía [...] Las condiciones de la pandemia en Andalucía no son las mismas que en otras comunidades autónomas ni tampoco la situación de los contagios tiene la misma incidencia en cada una de sus provincias y pueblos. Por ello las medidas que en cada caso se adoptan serán distintas, lo cual determina que con independencia de la existencia de otros medios de comunicación, es necesario que los medios de comunicación públicos dependientes de la Junta de Andalucía puedan dar a los ciudadanos información sobre las decisiones que se adopten, porque consiguen llevar la información donde no llegan los medios de difusión nacional [...] es preciso dar conocimiento de las decisiones adoptadas para evitar un perjuicio a la ciudadanía, en la excepcional situación actual. Hay que tener en cuenta que si bien es posible acceder a la información con carácter general a través de los diversos medios de comunicación que existen, ello puede no ser posible respecto de la información específica y puntual que afecte únicamente a Andalucía y respecto de la cual no se puede impedir su difusión a través de la Radio Televisión de Andalucía, que es la que ofrece la información más cercana al ciudadano especialmente en lo que afecta a pequeñas localidades y pueblos."

Se fijaron los servicios mínimos siguientes:

"Los servicios mínimos a garantizar serán los de la producción y emisión de la programación informativa relevante, en formato reducido, entendiendo por tales los Boletines Informativos y Diarios en radio y los Avances Informativos y Diarios en televisión, que permita en todo caso difundir las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público, con el personal estrictamente necesario para ello".

c) Los días 22 y 23 de diciembre de 2020 en Canal Sur TV solo se emitieron dos programas informativos a las 14,30 y a las 20,30 horas en formato reducido de 20 minutos de duración cada uno, en los que se difundieron noticias de interés relevante pero sin circunscribirse a las relacionadas con la COVID-19, para lo que fue precisa la intervención de trabajadores designados para la cobertura de los servicios mínimos que se habían sumado a la huelga.

2.- La resolución de la autoridad gubernativa precisó el alcance de los servicios mínimos. En primer lugar, explicó que se trataba de la "programación informativa relevante, en formato reducido". A continuación, concretó: "entendiendo por tales los Boletines Informativos y Diarios en radio y los Avances Informativos y Diarios en televisión". Finalmente añadió que debía permitir "en todo caso difundir las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público, con el personal estrictamente necesario para ello".

Al determinar el alcance de estos servicios mínimos no es dable soslayar el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión, reconocido en el art. 20.1.d) de la Constitución. A diferencia del supuesto enjuiciado en la citada sentencia del TC 183/2006, de 19 junio, en este pleito no se trataba de información previamente grabada que pudiera emitirse con posterioridad a las dos jornadas de huelga de veinticuatro horas. En esa sentencia, el TC declaró la vulneración del derecho fundamental a la huelga porque se trataba de información desprovista de la actualidad e inmediatez necesarias que podían justificar la restricción del derecho de huelga.

3.- En este proceso, la emisión de informativos con noticias de interés relevante se limitó a un total de 40 minutos en las 24 horas del día 22 de diciembre y otros 40 minutos el día 23 de diciembre, inmediatamente antes de Navidad y durante una pandemia en la que era esencial que los ciudadanos estuvieran informados.

La resolución que fijó los servicios mínimos mencionó expresamente, en sus valoraciones específicas, la relevancia que tenía la pandemia producida por el SARS-COV-2. Pero al concretar cuáles eran los servicios mínimos no los limitó a las noticias relacionadas con la COVID-19: hizo referencia a "la producción y emisión de la programación informativa relevante, en formato reducido, entendiendo por tales los Boletines Informativos y Diarios en radio y los Avances Informativos y Diarios en televisión".

La mención a que, en todo caso, debían difundirse las declaraciones oficiales de interés público; significa que dichas declaraciones debían incluirse en estos resúmenes informativos. Pero no limita estos informativos únicamente a la reproducción de declaraciones oficiales.

A juicio de esta sala, la emisión de noticias de interés relevante en dos breves informativos diarios de 20 minutos de duración cada uno, se ajusta a los servicios mínimos fijados por la autoridad laboral y no vulnera el derecho fundamental a la huelga. Se consigue así salvaguardar tanto el derecho fundamental a la huelga, que no queda vacío de contenido por esos breves informativos; como el derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión, que opera como límite del derecho a la huelga.

El servicio público de la televisión autonómica andaluza proporcionó información relevante durante la emergencia de salud pública causada por la COVID-19. Aun cuando se incluyeran algunas noticias relevantes que no estaban directamente relacionadas con la COVID-19, en dicha situación de emergencia sanitaria, inmediatamente antes de la Navidad, el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión justifica que la televisión pública andaluza informase a los ciudadanos de las noticias más importantes durante esos breves lapsos temporales, que en modo alguno vaciaron de contenido el derecho a la huelga. En consecuencia, procede estimar los dos primeros motivos del recurso que, por su interconexión, se examinan conjuntamente, revocando la sentencia de instancia.

QUINTO.- La estimación de los dos primeros motivos del recurso obliga a dejar sin efecto la condena al abono de una indemnización de 10.000 euros, que era consecuencia de la violación del derecho fundamental a la huelga, la cual no se ha producido, por lo que resulta irrelevante examinar el último motivo del recurso.

Por todo ello, oído el Ministerio Fiscal, procede estimar el recurso de casación ordinario, casar y anular la sentencia recurrida y desestimar la demanda, absolviendo a la empresa demandada. in condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS).