Sentencia Social 1196/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1614/2021 de 20 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Cuestión planteada y la sentencia recurrida

1. De existir competencia funcional, la cuestión planteada en el presente recurso de casación unificadora es si el actor -parte recurrida en el recurso- tiene derecho a la cantidad de 769,23 euros a la que fue condenada la empresa demandada por la sentencia del juzgado de lo social, resolución esta que fue confirmada por la sentencia del TSJ ahora recurrida.

2. El actor reclamó de Swissport Handling, S.A., la cantidad de 997,23 euros en concepto de billetes de avión correspondientes a diversos trayectos realizados, y ello con base en el artículo 73 d) apartado 7 del III Convenio Colectivo General del Sector de Asistencia en Tierra en Aeropuertos, invocándose además en la demanda el principio de seguridad jurídica y la aplicación al caso del instituto de la cosa juzgada al tener a su favor pronunciamientos judiciales previos en respuesta a reclamaciones anteriores por la misma causa.

La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Arrecife de 24 de agosto de 2020 (autos 823/2019), estimó parcialmente la demanda, pues debían de descontarse las tasas, y condenó a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 769,23 euros.

La sentencia estimó parcialmente la demanda por aplicación del instituto de la cosa juzgada, al tener el actor pronunciamiento judicial favorable firme.

La sentencia afirmaba que no cabía interponer recurso de suplicación.

3. Swissport Handling, S.A., interpuso recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo social.

La sentencia de la sala de lo social del TSJ de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de enero de 2021 (rec. 925/2020), desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia.

La sentencia no examina expresamente si la sentencia del juzgado de lo social era recurrible en suplicación.

La sentencia del TSJ confirma que el derecho controvertido ya le ha sido reconocido al actor por sentencia firme, por lo que debe aplicarse la cosa juzgada.

SEGUNDO. El recurso de casación para la unificación de doctrina, su impugnación, el informe del Ministerio Fiscal y el trámite del artículo 5.3 LRJS .

1. Swissport Handling, S.A., ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de enero de 2021 (rec. 925/2020).

El recurso invoca de contraste la sentencia de la sala de lo social del TSJ de Andalucía, sede de Granada, 2271/2020, de 8 de octubre de 2020 (rec. 429/2020), y alega la incorrecta aplicación de los artículos 177 y siguientes de XX Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, S.A., Operadora, y en concreto su artículo 195, en relación con el artículo 73 D, apartado 7, del III Convenio Colectivo General del Sector de Asistencia en Tierra en Aeropuertos.

El recurso solicita la casación y anulación de la sentencia recurrida.

2. El trabajador ha impugnado el recurso.

La impugnación solicita la inadmisión del recurso, por ausencia de contradicción, o, subsidiariamente, su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso por ausencia de contradicción.

4. Apreciándose una posible falta de competencia funcional, en el trámite del artículo 5.3 LRJS, la parte recurrente alega que existe afectación general y el Ministerio Fiscal informa en el sentido de considerar que existe, en efecto, falta de competencia funcional.

TERCERO. La incompetencia funcional

1. Debemos recordar, antes que nada, que, como resume, entre muchas, la STS 194/2023, de 15 de marzo (rcud 1141/2020), el acceso a suplicación de las sentencias de instancia "puede ser examinada de oficio por esta sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional", sin que la sala quede vinculada por la decisión que se haya adoptado en suplicación y "con cierta independencia de lo que las partes hayan podido alegar" ( SSTS 9 de marzo de 1992, rcud 1462/1990, 24 de abril de 2012, rcud 3090/2011, 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Y ello es así, porque la cuestión no afecta sólo al recurso de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia de esta sala 4ª del Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación, de manera que el control de la competencia funcional de la sala supone el control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación ( SSTS 19 de julio de 1994, rcud 2508/1993, 28 de noviembre de 2011, rcud 742/2011, 2 de abril de 2012, rcud 1750/2011, y 30 de octubre de 2012, rcud 2827/2011).

Entre las sentencias posteriores remitimos, por todas, a las SSTS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016); 17 de julio de 2018 (rcud 904/2018 y 1176/2017); 14 de marzo de 2019 (rcud 2970/2017); 29 de octubre de 2019 (rcud 2331/2017); 1 de julio de 2020 (rcud 3419/2017); 20 de octubre de 2020 (rcud 2554/2017); 1 de diciembre de 2020 (rcud 495/2018); 11 de noviembre de 2021 (rcud 2080/2019); y 10 de junio de 2022 (rcud 4261/2018).

En los términos de la citada STS 11 de mayo de 2018 (Pleno, rcud 1800/2016), reiterada por otras posteriores, es doctrina constante de la sala que la cuestión de la recurribilidad de la sentencia de instancia ha de examinarse de oficio por afectar al orden público procesal y a la propia competencia funcional, incluso "antes de llevar a cabo cualquier pronunciamiento sobre la contradicción o sobre el fondo del asunto".

2. Tenemos que resolver, en consecuencia, si la sentencia del juzgado de lo social era recurrible en suplicación.

Anticipamos que la respuesta es negativa: la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

En efecto, y, en primer lugar, la pretensión no alcanza la cuantía mínima exigida en el artículo 191.2.g) LRJS para acceder al recurso de suplicación. Basta con afirmar que la demanda inicial del actor reclamaba que la empresa demandada fuera condenada a abonarle 997,23 euros.

Y, en segundo lugar, según se razonará, tampoco concurren en el presente caso, los requisitos establecidos en el artículo 191.3.b) LRJS para alcanzar recurribilidad por la vía de la afectación general. Como recuerdan, entre otras, las SSTS 15- 7-2010 (R. 2711/2009) y 2-3-2015 (R. 296/2014), tras las SSTS de 3-10-2003 (R. 1011/2003 y R. 1422/2003), dictadas ambas por el Pleno de la Sala, el criterio reiteradamente mantenido en orden a la afectación general es que puede apreciarse en tres supuestos alternativos: a) que esa afectación general "fuera notoria"; b) que la misma haya sido objeto de la correspondiente alegación y prueba; y c) que la controversia posea "claramente" un "contenido de generalidad" no puesto en duda por ninguna de las partes. Habiendo añadido la sala -en interpretación de tales expresiones- que la apreciación de la afectación general depende de la existencia efectiva de litigiosidad en masa y también de las "características intrínsecas" de la cuestión objeto de debate, lo que supone la existencia de una situación de conflicto generalizada en la que se ponen en discusión los derechos de los trabajadores frente a su empresa, siempre que ésta tenga una plantilla suficientemente extensa y tales derechos alcancen "a todos o a un gran número" de sus trabajadores.

Debemos recordar, por lo demás, que la afectación general no se puede confundir con el ámbito personal de las normas jurídicas, pues no se trata de tomar en consideración el alcance o trascendencia de la interpretación de una disposición legal, sino de si el conflicto surgido alcanza realmente a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social [ SSTS 17-9-2004 (R. 3221/2003); y 19-12-2007 (R. 983/2007), 31-7-2017 (R. 2147/2015), 22-2-2017 (R. 1325/2015), 3-12-2019 (R. 2644/2017)].

3. Ninguna de estas exigencias concurren en el supuesto que estamos examinando.

De un lado, porque, como ya hemos dicho, el importe concretamente reclamado por el trabajador (997,23 euros) no alcanza el límite de acceso al recurso de suplicación.

Y, de otro, porque no puede decirse que la existencia de afectación general haya sido probada, sea notoria o posea claramente un contenido de generalidad.

Es cierto que la cuestión relativa al derecho a la obtención de billetes gratuitos en los términos de los convenios colectivos a que se ha hecho alusión ha sido objeto de múltiples sentencias de esta sala 4ª. Cabe afirmar, en consecuencia y sin necesidad de realizar ahora mayores precisiones, que esta concreta cuestión sí podría tener afectación general.

Lo que sucede es que la cuestión que se resuelve en el presente supuesto no es si el actor tiene derecho a la obtención de aquellos billetes, pues la sentencia de instancia y la sentencia recurrida declaran que tiene ya reconocido ese derecho por sentencia favorable firme, por lo que declaran que existe al respecto cosa juzgada que necesariamente ha de respetarse. Y es en este aspecto relativo a la cosa juzgada en el que no cabe apreciar la existencia de afectación general.

En efecto, la afectación general existiría si lo que se debatiera fuera el derecho a la obtención de los billetes gratuitos. Pero si, como aquí ocurre, existe cosa juzgada respecto del reconocimiento de ese derecho a los billetes gratuitos y solo se debate el derecho a una cantidad por unos concretos billetes no abonados (que en el caso es de 997,23 euros), no hay evidencia alguna de que tan específico supuesto alcance afectación general. Así como puede existir afectación general en lo primero, no es notorio, ni ha sido alegado y probado en juicio, ni, en fin, posee un claro contenido de generalidad, que todos o un gran número de personas trabajadoras del sector, aun contando con sentencia favorable firme que les reconoce el derecho a los billetes gratuitos, y con el consiguiente efecto de cosa juzgada que ello produce, hayan reclamado o estén teniendo que reclamar cuantías de concretos billetes no abonados inferiores a 3.000 euros.

Así ha sucedido en el presente supuesto, pero no se ha acreditado ni es notorio que ello ocurra igualmente con todos o un gran número de las personas trabajadoras del sector.

4. Debemos declarar, en consecuencia, que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación.

5. Al no ser recurrible la sentencia del juzgado de lo social, procede declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de dicha sentencia.

CUARTO. La irrecurribilidad de la sentencia de instancia.

1. De acuerdo con lo razonado, y oído el Ministerio Fiscal, procede: declarar la irrecurribilidad de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Arrecife de 24 de agosto de 2020 (autos 823/2019); casar y anular la sentencia del TSJ recurrida; declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificación de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Arrecife de 24 de agosto de 2020 (autos 823/2019); y declarar la firmeza de esta sentencia.

2. No efectuar pronunciamiento sobre costas y dese el destino legal al depósito y consignaciones que en su caso se hubieran efectuado.