Sentencia Social 1274/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3641/2022 de 21 de diciembre del 2023

PRIMERO.- 1. El núcleo de la litis suscitado en casación unificadora por la parte actora se reconduce a determinar si una sentencia dictada en proceso individual de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, a la que se anuda una reclamación de cantidad superior a 3.000 € en concepto de daños y perjuicios derivados de la aplicación de la medida, es susceptible de ser recurrida en suplicación.

La sentencia ahora impugnada, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, el 11 de mayo de 2022 en el RS 2184/2021, anula de oficio todo lo actuado desde la admisión a trámite del recurso de suplicación anunciado contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga con fecha 28 de octubre de 2021 (autos 72/2020) en autos sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, declarando la firmeza de la sentencia recurrida, y ello por considerar que el art. 138.6 de la LRJS no da acceso al recurso a las sentencias dictadas en dicha modalidad procesal, salvo en supuestos de modificaciones de carácter colectivo; y aun cuando se contempla la salvedad de acumular a dichos procedimientos otra acción susceptible de acceso al recurso de suplicación, como sería el caso de reclamación de las diferencias retributivas producidas por dicha modificación, en el presente caso entiende la Sala que se ha producido una reserva expresa por parte del demandante para la reclamación de la cantidad que pudiera resultar derivada de la modificación de la categoría de director de oficina a la de gestor por lo que tal reserva excluiría la vía de la suplicación.

2. El informe del Ministerio Fiscal, aceptando la existencia de contradicción con la sentencia referencial invocada, sostiene la procedencia del recurso considerando que es la resolución de contraste la que contiene la doctrina correcta.

La parte recurrida no impugnó el recurso.

SEGUNDO.- 1. Seguidamente debe examinarse con carácter prioritario el cumplimiento del presupuesto de contradicción que preceptúa el art. 219 LRJS . Esta norma y la jurisprudencia perfilan la necesidad de que converja una igualdad esencial, sin que por lo tanto medie diferencia alguna que permita concluir que, a pesar de la contraposición de pronunciamientos en las sentencias contrastadas, ambos puedan resultar igualmente ajustados a derecho y que por ello no proceda unificar la doctrina sentada. Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales. Entre otras muchas, recuerdan esta doctrina las SSTS de fechas 15.11.2022, rcud 3036/2019; 23.11.2022, rcud 1306/2019 o 30.11.2022, rcud 3800/2021.

2. La sentencia de contraste invocada por la recurrente es la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2020 (rcud 4516/2017).

Los hechos tomados en consideración en ese proceso parten de la acumulación a la demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo, de una reclamación por daños y perjuicios en cuantía superior a 3.000 €, lo que determinó que la resolución judicial fuera recurrible en suplicación.

En la sentencia impugnada en el presente recurso el trabajador, si bien inicialmente postuló en su demanda la nulidad de la medida adoptada por la empleadora y su reposición en las condiciones de trabajo de las que venía disfrutando, en escrito posterior interesó así mismo el abono de los daños y perjuicios ocasionado por la reducción salarial producida desde el inicio de la medida y que cuantificaba en la fecha del escrito (9 de septiembre de 2021) en 12.276,19 € (se encuentra reflejado en el Fundamento de Derecho 2º de la sentencia de instancia).

Las resoluciones comparadas parten por tanto de hechos sustancialmente iguales, al tratarse de trabajadores que reclaman en procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo tanto la anulación de la medida adoptada por la empresa como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por aquélla, y ello en cuantía superior a 3.000 €.

La identidad de los supuestos conduce a la apreciación del presupuesto de contradicción, dado que, partiendo de similares hechos, la sentencia de contraste declara susceptible de acceder al recurso de suplicación la resolución de instancia combatida, mientras que la ahora recurrida lo rechaza, lo cual permite entrar a conocer del recurso de casación unificadora interpuesto.

Debemos precisar que la reserva expresa de acciones de reclamación de cantidad a la que se refiere la sentencia recurrida no consta efectuada por el actor, y respecto de la ampliación mediante escrito posterior a la demanda, de la cantidad acumulada por daños y perjuicios derivados de la aplicación de la medida, no se ha mostrado oposición a la misma por la parte demandada ni en la instancia ni en el recurso de suplicación ni en el de casación para unificación de doctrina, en el último de los cuales ni siquiera se presentó escrito de impugnación. Todo ello lleva a concluir que esta diferencia no resulta relevante a los efectos de apreciar la contradicción.

TERCERO.- 1. En un único motivo el recurrente denuncia la infracción de doctrina jurisprudencial contenida, además de en la sentencia invocada como referencial (TS 30 de junio de 2020, rcud 4516/2017), en las del mismo Tribunal de 10 de marzo de 2016 (rcud 1887/2014), 22 de junio de 2016 (rcud 399/2015), 11 de enero de 2017 (rcud 1626/2015), 7 de diciembre de 2016 (rcud 1599/2015), 5 de junio de 2018 (rcud 3337/2016) y 29 de abril de 2021 (rcud 299/2019), remarcando en especial los preceptos 191.2 e) y g), 192 y 138 de la LRJS.

La sentencia ahora impugnada, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, el 11 de mayo de 2022 en el RS 2184/2021, denegó el acceso al recurso de suplicación al interpuesto por el demandante en la instancia, por considerar que el litigio se circunscribía a una petición de nulidad de la medida de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual adoptada por la empresa, a tenor de lo dispuesto en el art. 138.6 de la LRJS, con reserva expresa de acciones para la posterior reclamación de daños y perjuicios.

Si bien el actor presentó demanda bajo el procedimiento especial de modificación sustancial de condiciones de trabajo, y en un principio no solicitó cantidad alguna indemnizatoria, lo hizo sin embargo con posterioridad, presentando un escrito en el que reclamaba las cantidades derivadas de la minoración salarial producida por la medida impugnada, fijando este concepto en la suma de 12.776,19 €. Sin embargo, como ya expusimos al analizar el presupuesto de la contradicción, debe precisarse que ni consta que se efectuara una expresa reserva de acciones por el recurrente con respecto a la reclamación de cantidad como indica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia recurrida ahora en casación para unificación de doctrina, ni tampoco se ajustan las cuantías pedidas por el trabajador que la misma refleja con las que figuran en el escrito en el que solicitó las correspondientes sumas. Esto, en cualquier caso, reforzará la conclusión acerca de la irrelevancia de la acumulación posterior de la reclamación de cantidad por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de la medida impugnada a los efectos de determinar la recurribilidad de la sentencia que ahora se controvierte.

El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el actor se dirige, por tanto, a que la Sala de lo Social del TS se manifieste acerca de la competencia funcional del Tribunal Superior de Justicia para conocer del recurso de suplicación contra la sentencia de instancia en la que se había acumulado una acción de impugnación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, y una indemnización de daños y perjuicios que excedía de 3.000 euros.

2. Previamente han de exponerse los preceptos reguladores de la materia. El art. 26 LRJS establece que no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, pero sin perjuicio de la posibilidad de reclamar la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas.

El art. 138.6 LRJS, en cuanto al procedimiento que aquí interesa, dispone que contra la sentencia dictada no procederá ulterior recurso, salvo en los procesos de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 4 del art. 41 del referido Estatuto.

El apartado 7 del mismo precepto establece que la sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.

Por su parte, el art. 191.2.e) del mismo texto procesal estatuye que no procederá recurso de suplicación en los procesos relativos a diversas materias, entre las que menciona "los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto. Advierte este mismo precepto en su apartado g) que tampoco cabe recurso de suplicación en las "reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros".

Finalmente, el art. 192.2 LRJS advierte que cuando en un mismo proceso se ejerciten una o más acciones acumuladas de las que solamente alguna sea recurrible en suplicación, procederá igualmente dicho recurso, salvo expresa disposición en contrario.

3. La cuestión aquí traída a nuestro enjuiciamiento obtuvo respuesta de esta Sala IV del TS, en reiterados pronunciamientos (SSTS 30 de junio de 2020, rcud 4516/2017; 10 de marzo de 2016, rcud 1887/2014; 22 de junio de 2016; rcud 399/2015; 11 de enero de 2017; rcud 1626/2015; 7 de diciembre de 2016, rcud 1599/2015; y 5 de junio de 2018, rcud 3337/2016), en los que, en una interpretación amplia del acceso al recurso, integradora de los arts. 191.2.e) y g) y 192 de la LRJS, se venía a considerar que, si bien en principio la materia de modificación sustancial de condiciones trabajo de carácter individual, tiene vedado el acceso al recurso de suplicación, sí se permite el recurso en los supuestos en los que a la acción impugnatoria de la modificación, se acumula una acción indemnizatoria en cuantía superior a los 3.000 euros.

Con esta interpretación pro recurso se salvaba la más literal y restrictiva del trascrito apartado e) del número 1 del art. 191 de la LRJS, que supondría entender que la excepción de dicho apartado, en cuanto al acceso al recurso de suplicación cuando exista acumulación de otra acción que si sea susceptible del recurso, se refiere únicamente a los de cambio de puesto o movilidad funcional, haciendo así de peor condición a los de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, cuando lo cierto es, que la modificación puede suponer, según el tipo y la condición de trabajo afectada, una carga más penosa y un mayor sacrificio para el trabajador, que el cambio de puesto de trabajo o movilidad funcional, interpretación literal que sería contraria a la obligada tutela judicial efectiva que el artículo 24.1 de nuestra Constitución proclama y garantiza.

Una nueva reflexión y debate de esta Sala, constituida en Pleno, ha evidenciado la necesidad de cambiar este criterio, lo que llevamos a cabo en la sentencia de 14 de septiembre de 2023 (rcud 2589/2020).

Las razones al efecto esgrimidas son resumidamente las que siguen:

1. Interpretación constitucional de las reglas sobre acceso a los recursos extraordinarios.

Esta Sala ha reiterado (por todas, la reciente sentencia de 3 de julio de 2023, rcud. 5/2023 y las que en ella se citan) que siempre que está en juego el acceso a la jurisdicción, los Tribunales vienen obligados a no realizar una interpretación rigorista de las exigencias legales, permitiendo incluso la subsanación de los defectos no esenciales en que haya podido incurrir la parte. Señalamos que, al mismo tiempo, los requisitos procesales cumplen un importante papel para garantizar derechos ajenos, permitir la contradicción y propiciar una tutela judicial.

Como también hemos venido reiterando "el principio pro actione no opera con igual intensidad en el acceso al recurso que en el acceso a la jurisdicción ( STC 37/1995) pues el acceso a los recursos sólo surge de las leyes procesales que regulan dichos medios de impugnación ( SSTC 211/1996 y 258/2000).

Quiere decir ello que la interpretación amplia o flexible de las normas procesales, usualmente reclamada por la necesidad de dispensar adecuada tutela judicial efectiva a quienes litigan no puede trasladarse, sin más, a las exigencias para acceder a un recurso extraordinario, como es el de suplicación. Sencillamente, porque también está en juego la tutela judicial a la parte que ha obtenido ya una respuesta judicial satisfactoria y desea que la misma alcance firmeza lo más pronto posible".

2. Las normas reguladoras de la modalidad procesal.

El transcrito art. 138.6 LRJS establece una regla general de no recurribilidad y tres excepciones, las cuales omiten cualquier referencia a supuestos como el de MSCT de carácter no colectivo. Por tanto, el silencio, y la interpretación contrario sensu, abocan a considerar que si no se ha incluido determinada hipótesis es porque al LRJS ha querido que juegue la regla general.

Concretábamos que "De manera más específica, sucede que entre las excepciones expresamente establecidas aparece la referida a las sentencias dictadas en supuestos "De modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 4 del artículo 41 del referido Estatuto". Por tanto, no cabe pensar en ambigüedad o desliza legislativo de ninguna clase: la norma ha querido excepcionar de la regla general solo determinado tipo de asuntos cuando se litiga al hilo de una MSCT. Iría contra la ordenación procesal diseñada por la norma el que se admitiera el recurso en supuesto de MSCT de carácter individual que no tuviera encaje en alguna otra de las excepciones establecidas".

3. Las previsiones sobre el recurso de suplicación.

La Ley procesal no precisa la posibilidad de recurrir una sentencia de instancia más que cuando delinea la modalidad procesal que deba seguirse, sino que vuelve sobre el tema al diseñar la regulación de los recursos extraordinarios.

Partiendo de esta premisa declarábamos que "El ya transcrito artículo 191.2.e) LRJS sigue la misma estructura que el art. 138.6 pero con alguna variante redaccional. Se parte, en efecto, de la imposibilidad de recurrir ante la correspondiente Sala de lo Social del TSJ la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en los litigios "de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo". Acto seguido, también, excepciona el criterio para abrir las puertas del recurso "cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto".

Parece incuestionable que nuevamente ha querido la norma dejar fuera del acceso al segundo grado a los litigios sobre MSCT de alcance individual (como el presente) o plural.

La ulterior referencia a que también son recurribles las sentencias dictadas en asuntos "cuando fuera posible acumular a estos otra acción susceptible de recurso de suplicación" está solo referida a los litigios de cambio de puesto o movilidad funcional. Entre el periodo gramatical referido a las sentencias resolviendo asuntos de MSCT y este otro tramo del párrafo media un signo de puntuación que comporta cesura. El punto y coma viene a confirmar que los supuestos de MSCT han sido contemplados solo en la primera parte del apartado".

4. Interpretación sistemática.

La concordancia con otros preceptos que solo indirectamente abordan el tema, tales como los arts 138.7, 26 y 137.3 LRJS, vendrían a lo que venimos fundamentando.

"El art. 138.7 LRJS se plantea las consecuencias de la sentencia estimatoria de la demanda, por ser injustificada la MSTC, y alude tanto a la reposición en las condiciones precedentes cuanto al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos. Se trata de un efecto ínsito a la consideración de la MSCT como contraía a Derecho. Si el legislador hubiera querido que el monto de ese detrimento patrimonial fuera tenido en cuenta para posibilitar el recurso lo habría decidido de manera expresa. Si el legislador hubiera querido que el umbral económico de esos daños y perjuicios fuese el criterio para determinar la recurribilidad habría omitido la inclusión de las sentencias sobre MSCT en el listado de las inicialmente irrecurribles, pues nada nuevo se estaría disponiendo.

El artículo 26 LRJS no permite acumular a una acción de MSCT otra de reclamación salarial. Esa consideración sirve para descartar que fuera posible admitir la suplicación por la vía de una interpretación extensiva sobre la posibilidad abierta en el final del art. 138.6 LRJS. Si no es posible acumular una reclamación salarial al litigio de MSCT tampoco puede proyectarse sobre estos litigios la previsión de referencia.

Cerrando el círculo argumental que venimos describiendo, resulta que el art. 137.3 LRJS dispone que "A la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes. Contra la sentencia que recaiga no se dará recurso alguno, salvo que las diferencias salariales reclamadas alcancen la cuantía requerida para el recurso de suplicación". Por tanto: la excepción (posible recurso) que abre el art. 137.6 tiene sentido para los litigios que admiten la acumulación de acciones, como los de clasificación profesional, pero no en los carentes de esa posibilidad, como los de MSCT".

3. Cuanto se ha expuesto lleva a concluir que en el presente caso, en el que igualmente se acumula una acción de modificación sustancial de condiciones de trabajo con una reclamación por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de esa medida, el recurso de suplicación no debe ser admitido, debiendo mantenerse por tanto la sentencia recurrida aunque por diferentes razones a aquellas en las que la misma fundamenta su decisión, lo que puede efectuar la Sala una vez superado el requisito de la contradicción, e incluso en materias de orden público procesal, como es la que ahora tratamos, incluso sin que se hubiera superado aquél, al tratarse de una materia de competencia funcional ( SSTS de 14 de septiembre de 2023, rcud 2589/2020; 149/2021 de 3 febrero, rcud. 3943/2018; 10 noviembre 2011, rcud. 4312/2010; 5 diciembre 2012, rcud. 109/2011; o 28 noviembre 2011, rcud. 742/2011).

CUARTO.- Las precedentes consideraciones conllevan la desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, oído el Ministerio Fiscal, y la confirmación de la sentencia impugnada.

No procede efectuar condena en costas ( art. 235 LRJS).