Sentencia Social 993/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 97/2021 de 22 de noviembre del 2023

PRIMERO.- 1.- Por la representación de la Sección Sindical del Sindicato Alternativa Sindical de Canarias en la empresa SALCAI-UTINSA, SA (SASC) se ha formulado el presente recurso de casación contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -sede de Las Palmas- de fecha 20 de enero de 2021 que desestimó el recurso de reposición formulado por la mencionada sección sindical contra el Auto de la misma Sala de 4 de noviembre de 2020 en el que se acordó tener por no cumplimentado el requerimiento de subsanación de la demanda y por no subsanado el defecto, acordando el archivo de las actuaciones nº. 21/2019.

2.- El recurso se ha estructurado en dos motivos: el primero con fundamento en el apartado c) del artículo 207 LRJS en el que se alega infracción de las normas que rigen los actos y las garantías procesales siempre que se haya producido indefensión. El segundo motivo se fundamenta en el artículo 5.4 LOPJ en relación con el artículo 24.1 CE por error judicial patente. El recurso ha sido impugnado por la empresa demandada e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de interesar su desestimación.

3.- Una adecuada comprensión del asunto que se examina, especialmente, del recurso y de la respuesta de esta Sala exige poner de relieve las siguientes circunstancias fácticas que se desprenden, directamente, de los antecedentes de hecho del auto recurrido, cuya modificación no ha sido solicitada en este recurso. Tales datos son los siguientes: 1) La sección sindical recurrente formuló demanda de impugnación de convenio colectivo contra la mercantil SACAI-UTINSA SA y contra 19 personas físicas, sin establecer cuál era la razón por la que se les demandaba, aunque de la totalidad del referido escrito de demanda podría deducirse que serían las personas físicas posiblemente integrantes de la comisión negociadora del convenio impugnado. 2) La Sala acordó requerir a la demandante para que explicase por qué se demandaba a las 19 personas físicas, así como aclarase quien negoció el convenio colectivo (el comité de empresa o las secciones sindicales) y que, en función de ello, fijase correctamente la legitimación pasiva, concretando a quien se demandaba. 3) Tras la contestación de la demandante, según consta en los antecedentes de hecho de esta resolución, se dictó nueva providencia, volviendo a requerir a la parte de subsanación para que identificase a las demandas a afectos y constituir correctamente la legitimación. 4) Tras la subsanación de la demanda, se acordó admitir a trámite la demanda. 5) Tras el escrito de la parte actora en el que se hacía constar que el inicialmente demandado ya no era Delegado Sindical de la empresa y que existía un nuevo comité, la Sala volvió a requerir a la demandante para que ampliase la demanda contra el nuevo comité de empresa 6) La demandante no dio cumplimiento a lo requerido por lo que se siguieron sucesivos requerimientos y contestaciones, respecto de las que la Sala no tuvo por correctamente constituida la relación procesal por defectos en la identificación de los demandados. 7) Finalmente, la Sala dicto el Auto de fecha 4 de noviembre de 2020 por el que se declaró el archivo de las actuaciones.

SEGUNDO.- 1.- Como se avanzó, el primer motivo del recurso denuncia quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. A tal efecto, entiende la recurrente que los sucesivos requerimientos de la Sala estuvieron correctamente cumplimentados y que la relación jurídico procesal estaba bien constituida ya que fueron demandados todos los que participaron en el proceso negociador, tanto los que aprobaron formalmente el convenio impugnado como los que se opusieron expresamente y no lo firmaron.

2.- Con carácter general, el art. 80.1 b) LRJS exige la consignación en la demanda de la identidad y domicilio de "aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso", dicción que ha de entenderse referida no sólo al demandado o demandados en sentido estricto sino también a terceros que resulte imprescindible demandar para que la relación jurídico-procesal se encuentre correctamente constituida por tratarse de supuestos litisconsorciales. Y es que, sin perjuicio del trámite de subsanación de defectos del art. 81.1 LRJS, esta Sala viene reconociendo la posibilidad de decretar la nulidad de actuaciones cuando el demandante ha preterido a uno o a varios de los litisconsortes pasivos necesarios, circunstancia, por lo demás, apreciable de oficio por el juzgador ( SSTS 5 de mayo de 2000, Rcud. 3413/1999, 19 de junio de 2007, Rcud. 4562/2005 y 16 de julio de 2004, Rcud. 4165/2003). En el supuesto examinado, resulta clara la exigencia del artículo 165.2 LRJS conforme a la cual estarán pasivamente legitimadas todas las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio, correspondiendo a la parte actora la carga de identificar y, consecuentemente, demandar a todas las aludidas representaciones.

Presentada la demanda, el Tribunal que se estime competente, examinará si la misma cumple todos los requisitos y todos los presupuestos procesales (capacidad, representación, procedimiento, litisconsorcios, etc.) necesarios para el ejercicio de la acción. Si es así, se procederá a su admisión. Si, por el contrario, se aprecia la concurrencia de un defecto u omisión, se emplazará al demandante para que proceda a su subsanación. Para los supuestos en que se aprecie un defecto u omisión en la demanda, sea formal o sustantivo (por ejemplo: falta de capacidad o representación en la parte, la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario no apreciado por el demandante, etc.) o una omisión documental (entre otros: falta de aportación de las copias de la demanda o de los poderes de representación si ésta se interpone por representante), el artículo 81.1 LRJS prevé un específico trámite de subsanación para corregir dichos defectos u omisiones. Así pues, constatada en la demanda cualquier defecto u omisión o que ésta no va acompañada de la documentación pertinente, se requerirá al demandante para que en el plazo de cuatro días (o de quince, si el defecto advertido fuera la no aportación de la documentación acreditativa del intento de conciliación o mediación previa cuando fueran preceptivos) proceda a su subsanación.

3.- La jurisprudencia ha venido admitiendo la oportunidad del trámite de subsanación no sólo con el fin de corregir la presencia en la demanda de defectos formales y documentales sino también de aquellos otros defectos, apreciables de oficio por el órgano judicial, que impidan la correcta constitución de la relación jurídico-procesal para la sustanciación del juicio. y que, igualmente, resultasen subsanables por esta vía. Es el caso de los supuestos de falta de legitimación, típicamente los de obligada constitución de litisconsorcios pasivos cuando dicha circunstancia haya pasado desapercibida al demandante ( STC 335/1994, de 19 de diciembre. SSTS de 11 de abril de 2002, Rcud. 1223/2001 y de 5 de mayo de 2000, Rcud. 3413/1999).

El trámite de subsanación de defectos en la demanda, dado el tenor literal del art. 81.1 LRJS, no consiste en una facultad de la que puede disponer libremente el órgano judicial, sino una auténtica obligación legal para el mismo. En este sentido, tanto la jurisprudencia constitucional como la ordinaria ya señalaron que "la garantía contenida en el art. 81 LPL constituye un claro mandato dirigido al juzgador para advertir de oficio de los defectos en que pueda haber incurrido la demanda y que puedan ser subsanados" ( STC 16/1999, de 22 de febrero) y que dicho mandato legal "se trata, no de una mera facultad, sino de una auténtica obligación legal del órgano judicial" ( SSTC 203/2004, de 16 de noviembre, 8/1998, de 13 de enero, y 335/1994 de 19 de diciembre. STS de 5 de mayo de 2000, Rcud. 3413/1999.). Su fundamento se conecta con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y con el principio "pro actione" o "favor actionis", es decir, "constituye la garantía de que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos procesales que pudiera imputársele a aquélla. De suerte que el criterio que informa tanto la finalidad y observancia del trámite de subsanación, como la apreciación de los defectos que, en último término, pueden determinar el archivo de las actuaciones sin pronunciamiento sobre el fondo, exige la verificación por parte de este Tribunal de que la causa esgrimida por el órgano judicial sea real y necesariamente determinante de aquel archivo, evitando que una decisión rigurosa y desproporcionada sacrifique el derecho de acceso al proceso de modo reprochable en términos constitucionales" ( SSTC 211/2002, de 11 de noviembre, 130/1998, de 16 de junio y 135/1999, de 15 julio).

En todo caso, la jurisprudencia constitucional es clara en el sentido de rechazar un criterio formalista en exceso que permita al órgano judicial ordenar el archivo cualquiera que sea la naturaleza o carácter del defecto u omisión hallado en la demanda. En este sentido, el juicio de proporcionalidad se hace girar en torno a la razonabilidad de la causa esgrimida por el órgano judicial para proceder al archivo, de manera que se exige que esta causa sea " real e indubitadamente determinante de aquel archivo, evitando que una decisión rigurosa y desproporcionada sacrifique el derecho de acceso al proceso de modo reprochable en términos constitucionales" ( SSTC 211/2002, de 11 de noviembre, 75/2001, de 26 de marzo, 199/2001, de 4 de octubre y 135/1999, de 15 de julio). Por esta razón, se ha rechazado el archivo de las actuaciones cuando se ha fundamentado en la omisión en la demanda de detalles intrascendentes para el resultado del proceso o, aun resultando exigibles, cuando han sido fácilmente determinables si, además, su preterición no ha producido indefensión a la contraparte ( STC 289/2005, de 7 de noviembre).

4.- La aplicación de la anterior doctrina al supuesto que examinamos determina la desestimación del motivo. En efecto, una vez presentada la demanda -que, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 165.2 LRJS, no se dirigía contra las representaciones integrantes de la comisión negociadora del convenio impugnado-, el órgano judicial requirió a la actora por dos veces consecutivas que formulase correctamente la demanda y que, especificase la razón por la que demandaba a 19 personas físicas. Una vez admitida la demanda, ante la constatación de que el inicialmente demandado Delegado Sindical ya no lo era y ante la renovación del Comité de Empresa, nuevamente fue requerida la actora para que en el término de diez días ampliase la demanda contra dicho nuevo comité de empresa, lo que no hizo; tras lo cual fue requerida nuevamente ante lo cual, la actora relacionó al Presidente, pero no demandó ni al Comité de Empresa ni a éste a través de su presidente; motivo por el cual fue requerida nuevamente -ya por tercera vez- con apercibimiento de archivo, sin que la actora procediese a la ampliación de la demanda contra del Comité de Empresa, bien directamente o a través de su presidente, por lo que el órgano judicial dictó auto de archivo.

Todo ello revela una resistencia contumaz a ampliar la demanda tal como le requirió a la actora el órgano judicial de forma reiterada a fin de que la relación jurídico procesal estuviese bien constituida tal como determina el artículo 165.2 LRJS. El auto recurrido resulta, por tanto, ajustado a derecho y revela la concurrencia de causa real y determinante de la decisión de archivo plenamente justificada, por lo que el motivo debe ser desestimado.

TERCERO. - 1.- El segundo motivo del recurso que, materialmente es reiteración del anterior, formalmente se apoya en el artículo 5.4 LOPJ en relación con el artículo 24.1 CE denunciando que el auto impugnado incurre en error judicial patente indubitado e incontestable, lo que le causa indefensión material. El mencionado artículo 5.4 LOPJ establece que "En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional". Ahora bien, el hecho de que la denuncia de infracción de cualquier precepto constitucional sea suficiente para fundamentar un recurso de casación, no exime de seguir la forma y el procedimiento establecido en las leyes procesales, en nuestro caso la LRJS; y, en su seno, especialmente encauzar el recurso de casación a través de alguno de los motivos establecidos en el artículo 207 de dicha norma procesal, lo que el recurrente no ha hecho y sin que su ausencia pueda ser suplida por la Sala. Y aunque pudiera entenderse que, sin citarlo, se trata de un motivo fundado al amparo del apartado e) del artículo 207 LRJS en el que se denuncia infracción del artículo 24.1 CE, estaríamos ante una reiteración del motivo anterior por lo que, al respecto, la contestación sería la allí expresada en el sentido de que no hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque el archivo de la demanda responde, exclusivamente, a la conducta omisiva de la actora que, de manera pertinaz, no dio cumplimiento a los sucesivos requerimientos del órgano judicial tendentes a la correcta constitución de la relación jurídico procesal.

2.- Tampoco desarrolla la recurrente cual es el sentido de la denuncia de error judicial en la resolución combatida. Si se trata de una defectuosa aplicación de las normas, en el sentido de interpretación o aplicación errada o equivocada, en cuyo caso estaríamos en el contenido del motivo primero ya resuelto, que es lo que parece deducirse del tenor del motivo; o, el concepto de error se refiere al error judicial del artículo 236.2 LRJS. Si este fuera el caso, tampoco el motivo identifica clara y concretamente en qué consiste tal error, razón por la cual no puede ser analizado o, en su caso, estimado.

CUARTO. - Lo hasta aquí razonado, tal como informa el Ministerio Fiscal, conduce a la desestimación del recurso y la consiguiente confirmación y declaración de firmeza de la resolución recurrida. Sin que la Sala deba realizar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas de conformidad con lo previsto en el artículo 235 LRJS.