Sentencia Social 340/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 324/2021 de 22 de febrero del 2024

PRIMERO.- 1.- La controversia litigiosa radica en determinar si la negativa de la demandada a las solicitudes de asambleas en centros de trabajo que solicitó la actora -que relaciona en los hechos tercero, quinto y séptimo de su demanda- vulnera su derecho a la libertad sindical.

2.- La sentencia de instancia desestima la demanda presentada. En primer lugar, rechaza las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda e inadecuación de procedimiento. En cuanto al fondo, entiende que el Acuerdo Marco de Relaciones Laborales en la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos (en adelante Acuerdo Marco) de 22 de marzo de 2020 regula "el derecho de reunión de los afiliados al sindicato, y no el derecho de asamblea de todos los trabajadores, afiliados y no afiliados". Con base en

este criterio interpretativo "no puede considerarse que las denegaciones de autorización para la celebración de asambleas instadas por el sindicato demandante en los centros de trabajo, durante el horario de trabajo, en la forma que se detalla en los hechos probados, constituya una vulneración del derecho a la libertad sindical en la esfera de acción sindical, y que afecte al derecho de reunión."

En todo caso, entra a analizar si la actuación de la empresa, al denegar la celebración de estas asambleas, se ajusta o no al citado Acuerdo, y si están o no justificadas. Al respecto, concreta que la denegación afectó a centros de trabajo en los que existía una gran concentración de trabajadores así como otros de unidades próximas que recibían dicha paquetería para posterior distribución a otros o en distintos centros ubicados en Barcelona en los que, en esas fechas, había un incremento de trabajo que desaconsejaba la celebración de asambleas. Concluye que el Acuerdo, cuando amplía el derecho de reunión a otras situaciones no previstas en la Ley mejorando la regulación de la legislación orgánica, no lo hace de forma indiscriminada, sino condicionándolo, de tal modo que en determinadas situaciones pueden ser denegadas, como sucede en el presente caso, explicando que las peticiones de asambleas, que sí fueron atendidas por la empresa, se corresponden a periodos anteriores al incremento de la actividad, o a centros de trabajo, en donde no existían las mismas circunstancias productivas que en las unidades denegadas, o en el año precedente en donde no hubo que adoptar medidas restrictivas por el Covid.

3.- Contra dicha sentencia recurre en casación clásica la parte actora, formulando dos motivos:

a) Un motivo al amparo del art. 207.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS), en el que solicita la revisión del hecho probado décimo segundo.

b) Otro motivo que, por error, sustenta en el art. 193 c) de la LRJS y no en el art. 207 e) de la misma norma procesal, en el que denuncia la infracción del art. 28.1 de la Constitución en relación con el art. 8.1.b) y c) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (en adelante LOLS) y con el apartado IV "Derecho de Reunión" del Acuerdo sobre el Marco de Relaciones Laborales de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, así como la jurisprudencia del TS y del TC que cita, relativa al derecho de reunión como contenido especifico del derecho a la acción sindical integrado en la libertad sindical.

SEGUNDO.- 1. La demandada, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SAU, presenta escrito de impugnación del recurso de casación ordinaria.

a) En primer lugar alega dos motivos de inadmisión del recurso que concreta en la falta de contenido casacional y la falta de rigor técnico en la construcción del recurso.

b) En cuanto a la revisión fáctica solicitada de adverso, se opone argumentando que no reúne ninguno de los requisitos que exige la jurisprudencia de la Sala para apreciar este motivo casacional.

c) Respecto del fondo del asunto, argumenta que la sentencia recurrida realiza una interpretación ajustada del Acuerdo Marco de Relaciones de marzo de 2000 y que el recurrente pretende, lisa y llanamente, alterar dicha interpretación objetiva e imparcial y sustituirla por la suya propia.

2.- De dicho escrito se dio traslado a la actora recurrente quien formuló alegaciones respecto de las causas de inadmisión del recurso de casación sostenidas por la parte impugnante, oponiéndose a las mismas.

3.- El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que el recurso ha de considerarse improcedente.

TERCERO.- 1.- Debemos examinar las causas de inadmisión del recurso alegadas por la parte demandada. Respecto de la primera, este Tribunal ha explicado que no cabe inadmitir un recurso por falta de contenido casacional debido a la imposibilidad de interponer un recurso con base en los mismos argumentos que fueron rechazados en la sentencia recurrida. Precisamente, eso supone la congruencia en el planteamiento de la parte recurrente que no introduce cuestiones nuevas, no suscitadas ante el órgano judicial de instancia. Lo que la parte recurrida entiende indebidamente como falta de contenido casacional afecta a la interpretación de las normas que el Juzgado o la sala de lo Social en instancia realizan y cómo ello debe ser examinado por este Tribunal, lo que nunca constituye ni ha constituido causa para inadmitir el recurso sino para estimarlo o no [ sentencias del TS 226/2020, de 11 de marzo (rec. 188/2018); 511/2020, de 24 de junio (rec. 191/2018), y 461/2022, de 9 de mayo (rec. 291/2021) entre otras].

2.- La segunda causa de inadmisión aducida por la parte recurrida es la falta de rigor técnico del recurso. El art. 210.2 de la LRJS exige que el escrito de formalización del recurso de casación clásico exprese "con el necesario rigor y claridad, cada uno de los motivos de casación, por el orden señalado en el artículo 207, razonando la pertinencia y fundamentación de los mismos y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso de invocación de quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que establezcan la doctrina invocada [...]".

3.- La lectura del escrito de interposición del recurso de casación revela que la parte recurrente no ha incumplido los requisitos esenciales de dicho medio de impugnación. La recurrente articula motivos separados de revisión fáctica casacional y de infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, siguiendo el orden del art. 207 de la LRJS, en los que razona la pertinencia y fundamentación de cada motivo.

Esta parte procesal invoca las concretas normas jurídicas e identifica las sentencias cuya doctrina considera vulnerada. El hecho de que mencione el art. 193 de la LRJS en vez del art. 207 de la misma norma no tiene la relevancia pretendida por la impugnante. Como señalamos en la STS 348/2018, de 22 de marzo (rec. 41/2017) "[s]e trata de un error evidente, puesto que dicho artículo disciplina los motivos del recurso de suplicación, interpuesto frente a resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social, mientras que ahora se trata de combatir una sentencia dictada por la Sala de lo Social competente y el recurso activado es el de casación. Conforme al artículo 207.e) puede basarse en la " Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate ". La razonable flexibilidad en la aplicación de las exigencias formales, incluso en recurso tan extraordinario y singular como el de casación, conduce a que no consideremos que se trata de un motivo que impide la admisión o estudio del mismo".

Por lo tanto, procede entrar a examinar los motivos del recurso presentado.

CUARTO.- 1.- El primer motivo del recurso solicita la modificación del relato histórico de instancia. Los requisitos de la revisión fáctica casacional son los siguientes:

"a) Que se concrete con claridad y precisión el hecho que haya sido negado u omitido en el relato fáctico [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos].

b) Que tal hecho resulte de forma clara, patente y directa de la prueba documental obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

c) Que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

d) Que tal hecho tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia" [ sentencia del TS 154/2020, de 19 febrero (rec. 169/2018), y las citadas en ella].

Además, "la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" [...] Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor. En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" [ sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011; 157/2020, de 19 de febrero ( rec. 183/2018); y 258/2020, de 17 de marzo ( rec. 136/2018), con cita de otras muchas].

2.- La parte recurrente solicita que se incorpore un párrafo final al hecho probado duodécimo con el contenido siguiente:

"Que el 10 de diciembre de 2020 el Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la CGT, presentó un escrito donde literalmente se dice que "Que por medio del presente escrito vengo a SOLICITAR LA NEGOCIACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DURANTE CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.- "Derecho de reunión" del Acuerdo Marco de Relaciones Laborales en la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, pues las solicitudes de asambleas que se vienen haciendo en el mes de noviembre de 2020 se están denegando por justificaciones referentes a la existencia de situaciones similares a situaciones excepcionales, sin tener en cuenta que dicho Acuerdo Marco establece este ámbito de negociación en tales casos de situaciones excepcionales, sin dejar de tener en cuenta las necesidades de la prestación de servicio"

Que la empresa no aceptó negociar los criterios para la autorización de asambleas durante campañas extraordinarias ni en concreto en la navidad de 2020".

3.- Esta pretensión revisora se fundamenta en el documento número 5 de la prueba documental aportada por la parte actora, folio 18 de los autos, en donde consta un escrito de la CGT, Sindicato Federal de Correos y Telégrafos, dirigido a la demandada, con fecha de registro de entrada de 10 de diciembre de 2020 y asunto: solicitud de negociación para la autorización de las asambleas durante las campañas extraordinarias.

4.- Ese documento no acredita, en el presente recurso extraordinario de casación, la veracidad de todas las afirmaciones que la recurrente pretende introducir.

El examen del citado documento revela que efectivamente el sindicato actor presentó en fecha 10 de diciembre de 2020 una solicitud de negociación para la autorización de las asambleas durante las campañas extraordinarias, pero hasta ahí alcanza lo que se puede considerar como probado con apoyo a este documento. Ello es así porque a continuación lo que se recoge en el texto que se pretende reproducir es una mera manifestación de parte -en lo que se refiere a la negativa de la empresa a autorización de las asambleas- y una interpretación del Acuerdo Marco -en lo que se refiere a la forma de proceder ante situaciones excepcionales-.

En cuanto a estos últimos extremos, ya se recogen en los hechos probados de la sentencia de instancia, tanto las peticiones de asambleas solicitadas y no autorizadas (hecho probado 4) como las razones de denegación de la empresa (hecho probado 6), como también se recoge el texto del Acuerdo Marco (hecho probado 2).

Finalmente, hay que indicar que la parte final del párrafo que se pretende introducir: "Que la empresa no aceptó negociar los criterios para la autorización de asambleas durante campañas extraordinarias ni en concreto en la navidad de 2020", es una conclusión que no se puede extraer de la lectura del documento en el que se apoya la recurrente.

Por todo lo dicho, se añade un párrafo al hecho probado duodécimo con el siguiente contenido: "Que el 10 de diciembre de 2020 el Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la CGT, presentó un escrito donde se dice que por medio del presente escrito vengo a SOLICITAR LA NEGOCIACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DURANTE CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.- "Derecho de reunión" del Acuerdo Marco de Relaciones Laborales en la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos".

QUINTO.- 1.- En el último motivo del recurso, la parte actora argumenta que las denegaciones de autorización para la celebración de las asambleas instadas por el sindicato demandante en los centros de trabajo, durante el horario de trabajo, en la forma en que se detalla en los hechos probados, al infringir la regulación convencional que reconoce este derecho como adicional al contenido de la libertad sindical, constituyen una vulneración del derecho a la libertad sindical en la esfera de la acción sindical y afecta al derecho de reunión.

La recurrente señala que el Acuerdo Marco, en situaciones excepcionales, no prevé la imposibilidad de celebrar asambleas; lo que prevé es la posibilidad de hacerlas pero con unos requisitos que la recurrente concreta en que hay que tener en cuenta las necesidades de prestación del servicio a la hora de fijar el momento de celebración y que la negociación no se produzca en el ámbito provincial, sino en el ámbito estatal. Alega que este requisito se cumple cuando el 10 de diciembre de 2020, ya dentro de la campaña de Navidad, el sindicato solicita negociar la autorización para celebrar asamblea, por lo que concluye que la denegación de las asambleas no se ajusta a la regulación convencional fijada para la mejora del derecho de reunión del Acuerdo Marco.

Por otro lado, rechaza que las causas esgrimidas por la empresa para denegar las asambleas solicitadas justifiquen tal negativa, al no ser efectivas y no estar justificadas por la empresa.

2.- a) El art. 4 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) señala:

"1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de [...] f) Reunión"

A su vez el art. 77.1 del ET determina que "[d]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, los trabajadores de una misma empresa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea", y el art. 78 dispone que "[e]l lugar de reunión será el centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo permiten, y la misma tendrá lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con el empresario".

b) El 8.1 de la LOLS estatuye:

"1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo [...]

b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.

c) Recibir la información que le remita su sindicato".

3.- Las dos normas regulan el derecho de reunión, pero mientras la primera se refiere al derecho de todos los trabajadores a reunirse en asamblea, la segunda se refiere al derecho de reunión sindical.

La sentencia del TS de 11 de febrero de 2003, recurso 1118/2002, con cita de la doctrina recogida en la sentencia del TC 76/2001, de 26 de marzo, nos explica que "no se ha de ignorar las diferencias entre las reuniones que contempla el artículo 8º-1-b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el derecho de reunión reconocido en el artículo 4-1-f) y regulado en los artículos 77 a 80 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Mientras que las primeras canalizan la organización interna del Sindicato y viabilizan el flujo de información sindical en la empresa o centros de trabajo y su titularidad corresponde individualmente a los trabajadores afiliados a un Sindicato aunque sea de ejercicio colectivo ( sentencia del Tribunal Constitucional 85/1988 de 28 de abril) en las segundas se trata de un derecho de reunión de todos los trabajadores independientemente de su afiliación, que, por ello, solo pueden ser convocadas por el 33% de los mismos o por Órganos de representación unitaria como órganos de representación del conjunto de trabajadores de una empresa o centro de trabajo ( artículo 77-1 párrafo 2º Ley Estatuto de los Trabajadores)".

Al atribuir el Tribunal Constitucional, en la mencionada sentencia 76/2001, la titularidad del derecho de reunión previsto en el artículo 8º-1-b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, a los trabajadores de la empresa afiliados a un sindicato y no a este último, no cabe admitir en la actuación de la empresa, hoy demandada recurrida, una violación del derecho fundamental a la libre sindicación cuando deniega a los miembros directivos del Sindicato mayoritario recurrente la celebración de la reunión propuesta dentro del periodo electoral abierto en la empresa".

4.- La sentencia del TS de 28 de abril de 2009, recurso 1753/2008, incide en la diferencia de ambos derechos de reunión. Respecto del derecho de reunión sindical explica "que conforme a la doctrina constitucional "el derecho fundamental de libertad sindical reconocido en el artículo 28 de la Constitución, integra "el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros ( STC 168/1996 de 29 de octubre) y en coherencia con este contenido constitucional, este derecho fundamental, tiene su desarrollo en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical, en la que se establece que, en el plano colectivo, el derecho de libertad sindical comporta el que las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical tengan derecho al "ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella" ( art. 2.2.d LOLS) estando comprendido en tal ejercicio el derecho de reunión sindical, pues como ha destacado la jurisprudencia constitucional, "forma parte del contenido esencial del derecho de sindicación el derecho de celebrar reuniones a las que concurran los afiliados del sindicato que las convoque, con el objeto de desarrollar los fines del propio sindicato, pues de otra forma el ejercicio del derecho sería lógicamente imposible" ( SSTC 91/1983 y 168/1996), recordando que "según el Convenio núm. 135 de la OIT, los representantes de los trabajadores - expresión que comprende a los representantes sindicales, es decir a los nombrados o a los elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos (art. 3 a)- deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones (art. 2.1)" ( STC 168/1996, STS 02/06/97 -rec. 4016/1996)".

Pero con respecto al derecho de reunión en asamblea de todos los trabajadores manifiesta que "no forma parte del contenido del derecho de libertad sindical, salvo que sea establecido por el Convenio Colectivo, en cuyo caso pasa a formar parte del contenido ampliado adicional, como refleja la STS de 5 de febrero de 2004 (rec. 83/2003) al señalar: "Tales previsiones normativas del Convenio Colectivo de empresa [...] constituyen sin duda una clara manifestación de las posibilidades de ampliación del contenido del derecho constitucional a la libertad sindical, y por lo tanto forma parte de su contenido adicional aun cuando se entienda que ese derecho de convocatoria a una asamblea de trabajadores por parte de las Secciones Sindicales no forma parte del contenido esencial de aquel derecho fundamental, como sostiene la doctrina del Tribunal Constitucional 9/1983, de 18 de octubre o 76/2001, de 28 de marzo".

5.- En la sentencia del TS 1222/2023, de 21 de diciembre (rcud 436/2021), recordamos la doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación de convenios, pactos o acuerdos colectivos, en relación con la efectuada por el órgano judicial de instancia señalando que, "[l]a Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos en los que se discute la interpretación efectuada por el órgano de instancia. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual". ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 y de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008, entre muchas otras) Y, también, se ha precisado que: "En materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes" ( STS de 30 de marzo de 1997, rec. 3588/1996).

Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos corregido expresamente dicho criterio, y hemos establecido que frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 1281 y ss. CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la reiterada jurisprudencia a la que de inmediato se hará referencia (Entre otras: SSTS de 13 de octubre de 2020, rec. 132/2019; de 21 de diciembre de 2020, rec. 76/2019; de 14 de mayo de 2021, rec. 183/2019 y de 21 de diciembre de 2021, rec. 76/2019)."

6.- El Acuerdo Marco de Relaciones Laborales en la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos (Boletín Oficial de Comunicaciones de 22 de marzo de 2000) contiene un apartado IV referido al "Derecho de reunión" redactado en los términos que se recogen en el hecho probado segundo de la sentencia de instancia.

SEXTO.- 1.- El sindicato actor solicita la celebración de asambleas para todos los trabajadores (no solo para sus afiliados) en horario de trabajo.

La sentencia de instancia considera que las denegaciones de autorización para la celebración de asambleas instadas por el sindicato demandante en los centros de trabajo, durante el horario de trabajo, en la forma que se detalla en los hechos probados, no constituyen una vulneración del derecho a la libertad sindical en la esfera de acción sindical, porque el Acuerdo Marco del 2000 regula el derecho de reunión de los afiliados al sindicato y no el derecho de asamblea de todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, por lo que el derecho de reunión invocado en este caso no forma parte del contenido del derecho de libertad sindical.

2.- La interpretación que hace el Tribunal de instancia del referido Acuerdo Marco se ajusta a las pautas establecidas en los arts. 1281 y siguientes del Código Civil en relación con el art. 3.1 del mismo cuerpo legal:

a) La sentencia recurrida utiliza en primer lugar el criterio de "la interpretación literal" señalando que en el encabezado del escrito se hace referencia al "derecho de reunión sindical" por lo que se refiere al derecho establecido en el art. 8.1.b) de la LOLS mejorándolo.

b) A continuación, aplica el criterio de la "interpretación adaptada al contexto del precepto controvertido" y señala que la mención que se hace en el segundo párrafo de la palabra asambleas "no permite entender que esté reconociendo el derecho de cada sindicato a convocar a todos los trabajadores de la empresa, afiliados o no afiliados, sino que sigue refiriéndose a las reuniones de afiliados puesto que la lectura de ese segundo párrafo no puede desvincularse del anterior". En el párrafo precedente se hacía referencia al derecho de reunión sindical, por lo que "las asambleas a las que se refiere el párrafo segundo son las reuniones sindicales que cita el párrafo primero (las de los afiliados al sindicato)".

c) Por último, hace referencia al criterio de la "interpretación conforme con el contexto general del Acuerdo". Señala que "[e]ste viene a mejorar en su apartado IV un extremo concreto de la acción sindical regulada en el art. 8 LOLS, al igual que el apartado III del Acuerdo mejora la regulación sobre crédito horario fijado en la misma Ley Orgánica o el apartado V del mismo Acuerdo mejora las medidas legales establecidas en el art. 8.2 a) de la LOLS".

Por consiguiente, el Acuerdo Marco no mejora el derecho de reunión en asamblea de todos los trabajadores, sino el derecho de reunión sindical, por lo que no hay ninguna mejora convencional que permita concluir que el derecho de reunión que se invoca para justificar la lesión haya pasado a formar parte del contenido adicional de la libertad sindical. Por tanto, no se puede concluir que la empresa haya infringido el derecho de libertad sindical en la esfera de la acción sindical, y que afecte al derecho de reunión.

SÉPTIMO.-1.- La sentencia de instancia también analiza si la negativa de la empresa se ajustó a lo pactado en el Acuerdo Marco del año 2000, concluyendo que se había respetado en todo caso, ya que la negativa respondió a causas justificadas -picos de trabajo en centros afectados por dichos incrementos y medidas de protección sanitaria por la pandemia Covid- y que fueron debidamente acreditadas.

La recurrente discrepa de tales conclusiones argumentando que el propio Acuerdo Marco permite la celebración de asambleas en situaciones extraordinarias, pero negociadas en el ámbito estatal y no provincial. Asimismo, entiende que las causas alegadas por la empresa no justifican la negativa.

2.- Respecto del derecho de reunión, el TC ha declarado que "[l]os derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y entre ellos el de reunión, no son derechos ilimitados sino que encuentran sus límites en el derecho de los demás ( art. 10 de la Constitución) y, en general, en otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, según hemos reiterado en diversas ocasiones. Por ello no puede afirmarse, de forma absoluta e incondicionada, que el derecho de reunión comprende el de que, para su ejercicio, un tercero deba poner a disposición de quienes lo ejercitan un local de su titularidad, ni que la entidad donde prestan su servicio deba soportar, en la misma forma absoluta e incondicionada, el que la reunión se celebre dentro del horario de trabajo. Por eso decíamos en la Sentencia de 8 de junio de 1981, recaída en el recurso de amparo 101/1981 ("Boletín Oficial del Estado" de 16 de junio de 1981, fundamento jurídico 4) que "si bien el derecho de reunión se tiene en principio frente a los poderes públicos, es admisible y lógico que, con sujeción a la Constitución y sin perjuicio de su regulación general, se puedan contemplar también especialidades en su ejercicio cuando se efectúa en el ámbito laboral o del personal al servicio de la Administración, en la medida en que puede afectar en alguna manera al funcionamiento de la actividad de que se trate, y en que requiere además normalmente la colaboración de la empresa privada o de la Administración para hacerlo efectivo (por ejemplo, reuniones en horas de trabajo o en locales de la empresa)". [ sentencia del TC 91/1983, de 7 de noviembre, (recurso 453/1982), reiterada por las sentencias del TC 88/2003, de 19 de mayo (recurso 5040/1998) y 76/2001, de 26 de marzo (recurso 1714/1997)].

3.- Partiendo de las anteriores premisas tampoco podemos considerar que la negativa de la empresa infrinja lo estipulado en dicho Acuerdo Marco por las siguientes razones:

a) Las reuniones en los centros de trabajo deben tener lugar fuera de las horas de trabajo. El art. 78 del ET establece que las asambleas de los trabajadores han de realizarse fuera de las horas de trabajo "salvo acuerdo con el empresario"; y el art. 8.1 b) de la LOLS también establece que las reuniones sindicales han de "realizarse fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa".

Tal norma general puede admitir excepciones cuando exista acuerdo con la empresa. En el presente caso, el Acuerdo Marco permite realizar estas reuniones sindicales (que no asambleas de trabajadores) dentro de la jornada de trabajo con un máximo de 6 horas anuales por sindicato, y centro de trabajo y turno. Pero tal acuerdo no implica que la empresa haya de autorizar la celebración de dicha reunión de forma automática e incondicionada tras la petición del sindicato; no se deduce tal automatismo del texto del referido acuerdo en donde se parte de la premisa de que "para garantizar la prestación de servicios, las referidas horas se consumirán en el tiempo que menos interrumpa el trabajo"; se prevén las negativas sobre espacios de tiempo a utilizar "atendiendo a las necesidades productivas y a la prestación de los servicios" y se establece que, en caso de desacuerdo, sea la empresa la que determine el horario de la reunión, así como la necesidad de que para autorizar las asambleas en momento en los que el incremento del trabajo es notable (campañas extraordinarias de navidades, electorales u otras situaciones excepcionales similares) se tengan en cuenta "especialmente a las necesidades en la prestación de servicios" y que las solicitudes se negocien entre las Ejecutivas Estatales de los sindicatos y la Unidad de Relaciones Industriales del Centro Directivo.

b) La empresa ha alegado y justificado la existencia de causas válidas que justificaron su negativa. Por un lado, las restricciones impuestas por la pandemia del COVID 19, hecho notorio que no se ve contrarrestado por los argumentos de la recurrente ya que, con independencia de que el número de trabajadores fuera el mismo, la celebración de una reunión implicaba la confluencia de ese personal en un espacio más concreto y reducido que todo el centro de trabajo.

Por otro lado, la empresa ha acreditado que, en dicho periodo, en los centros afectados por la negativa se produjo un incremento de la carga de trabajo por las diversas campañas comerciales que se recogen en el hecho probado duodécimo de la sentencia de instancia -Día del soltero (11 de noviembre), Black Friday (26 de noviembre) y campaña anual de Navidad que se extiende hasta el mes de enero- y por la convocatoria de elecciones autonómicas.

Por lo tanto, tal negativa no puede considerarse una medida innecesaria, desproporcionada o inidónea respecto del derecho de reunión. También se debe apuntar que no se aprecia que se produzca una vulneración en relación al derecho de información, ya que, como argumenta acertadamente la sentencia de instancia, "por un lado la pretensión no era la de realizar asambleas sólo para los trabajadores afiliados al sindicato, sino a todos los trabajadores en horario de trabajo; y por otro lado, porque en las propias comunicaciones escritas remitidas a la parte demandante ya se indicaba que la adopción de la medida denegatoria de las asambleas lo era sin perjuicio de las visitas que pudieran realizar los representantes de los trabajadores a los correspondientes centros de trabajo, o de transmitir las informaciones que consideraran oportuno por escrito, mediante reparto de documentación en los centros o por cualquier otro medio que estimaran oportuno".

c) Es cierto que en las mismas fechas en las que se denegó la celebración de las asambleas litigiosas se autorizaron otras asambleas (las recogidas en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia), pero tal realidad no puede sustentar los argumentos de la recurrente. La comparativa de la situación existente entre unos y otros centros de trabajo nos lleva a rechazar la postura de la recurrente, ya que, como señala la sentencia de instancia, "o bien son anteriores al incremento de actividad, o bien afecta a unidades de reparto en los que no existían las mismas circunstancias productivas". Comparativa que lleva a rechazar un trato dispar injustificado respecto a lo ocurrido en años precedentes por la situación de pandemia que implicaba.

d) Finalmente, debemos indicar que, si bien es cierto el Acuerdo Marco no recoge la prohibición de celebración de asambleas durante las campañas extraordinarias, también es verdad que no es la primera vez que se dan estas negativas, tal como se recoge en el hecho probado decimoquinto de la sentencia de instancia, de cuya lectura se desprende claramente que en el año 2019 - entre el 24 de octubre al 12 de noviembre y durante todo el mes de diciembre- no se autorizó la celebración de asambleas sindicales por concurrir una situación excepcional -elecciones generales de 10 de noviembre y elecciones sindicales de 18 de diciembre-.

4.- Las precedentes consideraciones obligan, de conformidad con el Ministerio Fiscal, a desestimar el recurso de casación ordinario, confirmando la sentencia de instancia. Sin pronunciamiento sobre costas ( art. 235 de la LRJS).