Sentencia Social 99/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2035/2022 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- 1. La controversia casacional radica en determinar si las aportaciones de Telefónica de España SAU (en adelante Telefónica) al Plan de Empleo de los actores deben ascender al 4,51% del salario regulador o al 6,87% de dicho salario.

SEGUNDO.- 1. La sentencia recurrida estimó (pese al error de transcripción que se contiene en el fallo, atendiendo al sentido del último del los pronunciamientos del fundamento de derecho tercero de la misma) el recurso de suplicación entablado por la entidad demandada y, revocando la sentencia de instancia, razonaba que pese a encontrarse el actor prestando servicios para la entidad demandada en fecha 30 de junio de 1992, dejó de hacerlo el 31 de diciembre de dicha anualidad, no volviendo a adquirir la condición de trabajador hasta el 21 de julio de 1993, por lo que no reuniría la condición exigida en el Acuerdo de 30 de junio de 1992 de mantener el vínculo laboral con la empleadora durante un periodo superior a seis meses.

2.- Como sentencia de contraste se cita la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el 22 de septiembre de 2017 en recurso 583/2017. Se discutía aquí el derecho de la trabajadora accionante (que había prestado servicios para la demandada en virtud de contrato de duración determinada entre el 26 de agosto de 1991 y el 25 de agosto de 1992, volviendo a hacerlo con la condición de empleada fija desde el 22 de abril de 1993) a que la entidad demandada asumiera las aportaciones al plan de pensiones de empleados en el porcentaje de 6.87% y no en el de 4.51% con el que venía haciéndolo. La Sala territorial desestimó el recurso de la entidad demandada argumentando que lo determinante para la fijación del porcentaje de aportación empresarial al plan de pensiones de los empleados es el hecho de haberse incorporados estos con anterioridad o posterioridad al 30 de junio de 1992, no desvirtuando tal realidad ni la modalidad de su contratación, ni el hecho de haber de dejado de prestar servicios temporalmente.

3.- Como ha señalado esta Sala de manera reiterada (por todas, STS 697/2023 de 3 de octubre, recud.57/2022) el artículo 219.1 LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

Como regla general, la contradicción no podrá apreciarse cuando las pretensiones formuladas en los correspondientes procesos que han dado lugar a las sentencias comparadas se fundan en normas distintas, porque en estos casos no cabe apreciar la identidad de las controversias, ya que se produce una diferencia relevante en el elemento jurídico de la pretensión, que no puede salvarse a través de meras semejanzas de redacción; y es así, porque la interpretación de las normas y, en particular la de los convenios colectivos, no puede limitarse a la consideración literal de un precepto aislado, sino que tiene que ponderar otros elementos en el marco de una interpretación sistemática del conjunto de la disposición y de la finalidad perseguida por la misma, teniendo en cuenta sus antecedentes históricos, la realidad social de su aplicación o, en su caso, la actuación de los negociadores en el convenio colectivo. En definitiva, la contradicción no puede apreciarse cuando las normas aplicables en los supuestos decididos sean diferentes, salvo supuestos excepcionales en los que se acredite la plena identidad de las regulaciones.

4.- Concurre el presupuesto procesal de contradicción entre ambas sentencias, pues se trata en ambos casos de reclamaciones de trabajadores que se encontraban prestando sus servicios para Telefónica en fecha 30 de junio de 1992, si bien con posterioridad dejaron de hacerlo para reanudar la actividad ulteriormente con la condición de empleados fijos. Reclaman en los dos procedimientos que la aportación empresarial al Plan de Pensiones ascienda al 6,87% lo que es denegado por la recurrida y reconocida por la de contraste.

TERCERO.-1.- La Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión que se somete a nuestro juicio en STS 527/2022, de 8 de junio, Rcud.1631/2019, a cuya doctrina habrá de estarse por elementales criterios de seguridad jurídica y porque no existen razones para cambiarla.

2.- En dicha resolución vinimos a señalar que la resolución de este litigio debe partir de las siguientes consideraciones:

1) En Telefónica existía un régimen interno de prestaciones: la Institución Telefónica de Previsión (ITP), que se integró en el Régimen General de la Seguridad Social por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 1991.

2) El 30 de junio de 1992 se suscribió un Acuerdo entre la empresa y el Comité Intercentros por el que se constituía un Plan de Pensiones del sistema de empleo. Dicho acuerdo se incorporó al Convenio Colectivo 1993/1995 como anexo IV.

3) Se trata de un plan de aportación definida. Los apartados I.e) y g) del anexo IV disponen:

"e) Las aportaciones imputadas del promotor consistirán en un 6,87 por 100 en cada año de la suma de los salarios reguladores de cada uno de los partícipes que sean empleados (en los términos que defina el Reglamento del Plan de Pensiones) al 30 de junio de 1992 y en tanto mantengan esa condición [...]

g) Para el personal que ingrese en Telefónica con carácter de fijo con posterioridad a 1 de julio de 1992, la aportación imputada del promotor consistirá en un 4,51 por 100 de su salario regulador, en tanto adquieran y mantengan la condición de partícipes [...]".

En el apartado I.m) de este anexo IV consta que "La vigencia del Plan, será la del 1 de julio de 1992."

4) El artículo 6 del Reglamento del Plan de Pensiones de los empleados de Telefónica, al que se refiere el precitado apartado e) establece: "Podrán acceder a la condición de partícipes del presente Plan aquellos empleados de Telefónica de España, S.A., que tengan la condición de trabajadores fijos o temporales, en cualquier momento, una vez superado el periodo de prueba, en su caso, sin perjuicio del posible cómputo del mismo a efectos de su incorporación al Plan."

5) En fecha 5 de julio de 2010 el sindicato CGT presentó demanda de conflicto colectivo solicitando que "se declare la nulidad (por ser contrario al principio de igualdad) del apartado de los Acuerdos de Previsión Social vigentes en la empresa y del Reglamento del Plan de Pensiones de Telefónica en sus apartados que fijan como aportación obligatoria del promotor al Plan de Pensiones una cuantía Inferior a los trabajadores ingresados en la empresa con posterioridad al 30-06-1992".

La demanda fue desestimada por sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 23 de noviembre de 2010, confirmada por la sentencia del TS de 18 de junio de 2012, recurso 221/2010.

Esta Sala argumentó que "los diferentes coeficientes de aportación empresarial al Plan de Pensiones [6,87% y 4,51% de la base salarial] para los colectivos de trabajadores empleados -respectivamente- antes y después de 30/06/92, está vinculada a la coetánea extinción de la "IPT" y al objetivo -expresamente referido en el ordinal séptimo del relato fáctico- de que "[d]icha diferenciación se determinó estadística y actuarialmente con la finalidad de igualar la prestación en un 3,7676 de la base salarial". Y ello al objeto de igualar las prestaciones que en el futuro pudieran corresponder a los trabajadores, pues como con acierto argumenta la sentencia recurrida, "si se pretendía que todos los trabajadores al final de su vida activa alcanzaran el igual coeficiente multiplicador del 3,7976, las aportaciones empresariales debían ser superiores para los trabajadores ya contratados antes respecto de los ingresados después, conforme a las consideraciones periciales obrantes en autos y adveradas".

Este Tribunal añadió que esa finalidad igualitaria no quedaba "empañada por la posible compensación económica obtenida por los trabajadores empleados antes del 30/06/92 en causa a la extinción de la "Institución Telefónica de Previsión", no sólo porque este dato no ha tenido acceso al relato de hechos [...] sino porque faltaría todo detalle en orden a los términos exactos de esa pretendida "compensación" y resultaría -por ello- absolutamente gratuito deducir de su existencia, sin más, que la diferenciación de tratamiento está carente de una justificación "objetiva y razonable".

6) El día 18 de junio de 2014 el sindicato UGT presentó demanda de conflicto colectivo postulando que se declare "que TESA debe reconocer y computar, a efectos de antigüedad en la empresa y, en consecuencia, como fecha de ingreso en Telefónica de España, a efectos del Plan de Pensiones y de las aportaciones obligatorias ordinarias del Promotor (para los ingresados mediante contratos temporales antes del 1 de julio de 1992, del 6,87%, por cada año, de los salarios reguladores. Y para los ingresados a partir de esa fecha, la aportación del Promotor será del 4,51%), los distintos periodos de servicios reales prestados por los trabajadores mediante contratos temporales, sea cual sea la razón de su temporalidad (de cualquier tipo o condición, incluidos los formativos- en prácticas o formación, eventuales, etc), previos a la adquisición de fijo en plantilla, y ello con independencia del periodo de interrupción temporal entre contratos."

La demanda fue desestimada por sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18 de septiembre de 2014, confirmada por el TS en sentencia de 13 de octubre de 2015, recurso 45/2015. Esta sala desarrolló los argumentos siguientes:

a) En primer lugar, negó que hubiera discriminación entre los trabajadores temporales y fijos: "no existe discriminación en la regulación del Plan de Pensiones de los trabajadores de Telefónica de España SAU, atendiendo a la temporalidad del vínculo, ya que todos ellos, estén vinculados a la empresa por un contrato temporal o de duración indefinida, reciben una aportación del 6,87%, si estaban en activo el 30 de junio de 1992."

b) A continuación, este tribunal examinó la alegación de las partes recurrentes relativa a si debe considerarse discriminatorio el diferente coeficiente de aportación al Plan de Pensiones del 6,87% o el 4,51%, atendiendo a si los trabajadores estaban empleados en la empresa en fecha anterior o posterior al 30 de junio de 1992. El TS explicó que "únicamente quienes tuvieran la condición de trabajadores pueden acceder a la condición de partícipes y, si dicha condición la ostentaban el 30 de junio de 1992, la aportación empresarial al Plan será del 6,87% y, si es con posterioridad a esta fecha, del 4,51 %. Si con anterioridad a dicha fecha prestaron servicios a la empresa pero no tenían la condición de trabajadores el 30 de junio de 1992 y pasan a ser trabajadores con posterioridad, la aportación empresarial será del 4,51 %, en aplicación de lo establecido en el apartado 1. g) del Anexo IV del Convenio Colectivo de Telefónica de España SA y su personal".

c) Por último, negó que las sentencias del TS de 10 de marzo de 1995, recurso 2663/1993; 19 de mayo de 2010, recurso 42/2009; 20 de julio de 2010, recurso 136/2009; y 18 de junio de 2012, recurso 221/2010; reconocieran "el tiempo real de servicios prestados a Telefónica, con contratos temporales o de duración determinada, de cualquier tipo o condición, previos a la adquisición de la condición de fijos de plantilla o indefinidos, como tiempo que otorgue derecho a generar todos los derechos recogidos en la Normativa General de Telefónica de España, sino únicamente los limitados derechos que en cada una de las sentencias se reconoce."

CUARTO.- En la presente litis, el actor trabajó para Telefónica en virtud de un contrato temporal del 1 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1992 y como trabajador fijo a partir del 21 de julio de 1993.

La referida sentencia colectiva del TS de 13 de octubre de 2015 argumentó que Telefónica no debía aportar al Plan de Pensiones el 6,87% del salario regulador en el caso de los trabajadores que habían prestado servicios para Telefónica antes del 1 de julio de 1992 pero que no estaban de alta el día 30 de junio de 1992.

En la presente litis, el actor estaba de alta en Telefónica el 30 de junio de 1992 por lo que sí que tendría derecho a la citada aportación empresarial al Plan de Pensiones en el porcentaje de 6,87% que reclama.

QUINTO.- En consecuencia, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina entablado por el Letrado Don Isidro Ruiz Sanz en representación de Don Hernan, debiendo casar y anular la sentencia recurrida, para resolver el debate de suplicación en el sentido de desestimar el tal clase formulado por la parte demandada, confirmado y declarando la firmeza de la sentencia de instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la LRJS no procede efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.