Sentencia Social 800/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 383/2021 de 26 de octubre del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora es si la figura del trabajador indefinido no fijo resulta de aplicación, también, a las sociedades mercantiles estatales, como es el caso de la Empresa Transformación Agraria S.A. (en adelante: TRAGSA).

2.- La sentencia de instancia reconoció al actor la condición de trabajador indefinido fijo discontinuo.

Dicha sentencia fue confirmada por la dictada en suplicación, aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 7 de diciembre de 2020 (rec. 1345/2019).

Consta en la sentencia recurrida que el actor viene prestando servicios para TRAGSA desde el 29 de junio de 2010 con categoría de especialista -brif, en virtud de sucesivos contratos laborales de interinidad y de obra y servicio que figuran en el hecho probado tercero. La Sala, en lo que ahora interesa, parte de que la construcción del indefinido no fijo es inaplicable a las sociedades anónimas, aunque pertenezcan al sector público. La sentencia transcribe la STS 6 de julio de 2016 (rcud 229/2015).

SEGUNDO. - 1.- La sentencia citada de contraste es la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 9 de noviembre de 2020 (rec. 502/2020).

Esta sentencia estimó el recurso de TRAGSA frente a la sentencia de instancia que había estimado la demanda del trabajador y declarado su condición de fijo discontinuo, que fue revocada para declarar la condición del demandante como trabajador indefinido no fijo discontinuo. En el caso, el trabajador presta servicios para la misma empresa y con la misma categoría profesional. Constan los contratos celebrados entre demandante y demandada y que uno de ellos es de interinidad. La sala acoge la reciente jurisprudencia de la Sala Cuarta que entiende que las sociedades mercantiles estatales están vinculadas por los principios de acceso al empleo público por mor de la disposición adicional primera del EBEP.

2.- La contradicción es evidente, pues, ante dos trabajadores de la misma empresa, que es una sociedad mercantil estatal, de la misma categoría y que reclaman la fijeza, las sentencias comparadas han resuelto de modo contrario declarando la recurrida tal fijeza discontinua y la de contraste el carácter indefinido discontinuo y no fijo de la relación laboral. No obsta a la contradicción la referencia en la sentencia recurrida al convenio colectivo por cuanto la razón de decidir se ampara en la jurisprudencia superada de esta Sala Cuarta.

TERCERO. - 1.- La empresa recurrente formula su recurso con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 103 de la Constitución, en relación con los arts. 1.3 b), 7, 55.1, 61.6 y 61.7 del EBEP.

La cuestión controvertida ha sido resuelta por la Sala en varias sentencias. En concreto, son las SSTS -pleno- de 18 de junio de 2020, Rcud. 1911/2018 y 2005/2018 y de 2 de julio de 2020, Rcud. 1906/2018, así como la STS de 17 de septiembre de 2020, Rcud. 1408/2018, y, en particular respecto de TRAGSA, en las SSTS 30 de junio de 2021, Rcud. 1202/2020, y 20 de octubre de 2021, Rcud. 1314/2020, a cuya doctrina hay que estar por elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley.

En efecto, en dichas sentencias sentamos doctrina afirmando que, realizando un exhaustivo examen de la normativa de cobertura, destacando las previsiones del EBEP y la evolución doctrinal en la materia, afirmamos la proyección de la figura de trabajador indefinido no fijo también cuando el empleador es una sociedad mercantil estatal.

La presente sentencia reproduce, básicamente las citadas SSTS 30 de junio de 2021, Rcud. 1202/2020, y 20 de octubre de 2021, Rcud. 1314/2020, referidas a TRAGSA.

2.- Procede a continuación fijar precisamente las condiciones de acceso al empleo en tales sociedades, esclareciendo si han de ser las preceptuadas en el EBEP y, específicamente, si han de ahormarse a la senda de su art. 55, cuando dispone:

"1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados".

Esa remisión al art. 2 de mismo EBEP, cuya rúbrica reza "Ámbito de aplicación", no otorgaría con claridad amparo a la tesis de la demandada, por cuanto sus términos literales acotan aquél en la siguiente forma:

"1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

[...] d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las' Administraciones Públicas".

Pero sí atisbamos esa cobertura por mor de la extensión que verifica el propio texto del EBEP en su Disposición Adicional Primera, relativa al "Ámbito específico de aplicación", dado que establece que los principios contenidos, entre otros en el transcrito art. 55, serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica. Como expresamos en el rcud 1911/2018, el tenor literal de la citada D.A. 1ª del EBEP indica que al referirse a las "entidades del sector público estatal" no se limita a las "entidades de derecho público" mencionadas en el artículo 2. En caso contrario, la reiterada DA 1ª EBEP no tendría ningún contenido porque las entidades de derecho público ya están incluidas en su ámbito de aplicación conforme al artículo 2 EBEP.

Esta última dicción faculta la afirmación de que, también en el sector societario en que nos encontramos, opera la necesaria concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público (concepto más amplio que el de función pública), tal y como dispone el artículo 55 EBEP al desarrollar las directrices del texto constitucional - artículo 103 CE- que fija los de mérito y capacidad, y el sumatorio de su artículo 14, a fin de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades.

3. Por último, hay que recordar que el objetivo y finalidad de la denominada relación laboral indefinida no fija, acudiendo una vez más al recurso ya identificado que plasma su cristalización jurisprudencial. Decimos al respecto que aquella persigue salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice. Dicha finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

CUARTO. - Las antedichas consideraciones determinan, en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, la estimación del recurso, casando y anulando la sentencia recurrida. Resolviendo el debate planteado en suplicación, procederá estimar el recurso de esta clase formulado por TRAGSA en el sentido de declarar que la relación laboral de la trabajadora es de naturaleza indefinida no fija discontinua.

Sin costas en ninguna de las instancias, y procediendo la devolución de los depósitos y de las consignaciones efectuadas en su caso para recurrir ( arts. 235 y 228 LRJS).