Sentencia Social 869/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1299/2022 de 27 de octubre del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión a resolver es la de determinar si la acción de reclamación de sexenios ejercitada por el actor, que es profesora de religión al servicio del Ministerio de Educación y Formación Profesional, está o no prescrita. Más concretamente, si se ha producido la interrupción de la prescripción como consecuencia de la reunión entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y los sindicatos, de 12 de diciembre de 2017, sobre la ejecución de la sentencia 199/2014 de la Audiencia Nacional, de 16 de diciembre de 2014 (proc. 297/2014), en la que el Ministerio hizo constar que, dado el número de solicitudes de reconocimiento de sexenios y el tiempo medio estimado para la resolución de cada una de ellas, se consideraba que las mismas no iban a poder resolverse hasta pasados 16 meses.

2.- La sentencia de instancia estimó la excepción de prescripción, con estimación parcial de la demanda, reconociendo a la trabajadora el derecho a percibir, por el concepto de tres sexenios la suma total de 7.074,34 euros, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2019 al 30 de abril de 2021, más el 10 % en concepto de mora de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La sentencia recurrida es la núm. 224/2022 dictada el 10 de febrero de 2022, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada, que confirma la de instancia. Para ello, razona que cuando se presentó la reclamación previa el 27 de febrero de 2020 había transcurrido más de un año desde la solicitud de 19 de junio de 2017 y el reconocimiento económico no puede ir más allá del año precedente. La sentencia rechaza que el documento del Ministerio de diciembre de 2017 interrumpiese la prescripción por no constituir un acto de reconocimiento de deuda al que se refiere el art. 1973 CC.

3.- Frente a dicha sentencia recurre la parte actora. El único motivo del recurso denuncia la infracción de los art. 59.2 ET, art. 1973 del CC y 3.1e) de la Ley 40/2015 (Principio de confianza legítima), para sostener que la existencia de una reunión entre el Ministerio y las principales organizaciones sindicales el 12 de diciembre de 2017, en la que el Ministerio manifestó que necesitaría cerca de 16 meses para resolver todas las reclamaciones sobre sexenios, supuso un reconocimiento de deuda susceptible de interrumpir la prescripción.

Invoca como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 4 de noviembre de 2020, rec. 419/2020.

4.- El Ministerio Fiscal informa en el sentido de estimar el recurso, razonando que, aplicando la doctrina mantenida por esta Sala al presente caso, en diciembre de 2017 se interrumpió la prescripción hasta abril de 2019, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda no había transcurrido el plazo de prescripción. En el mismo sentido, invoca la sentencia de esta Sala de 18 de enero de 2023, rec. 2854/21.

La Administración demandada impugna el recurso de casación unificadora, aduciendo, en primer término, como causa de inadmisibilidad, la falta de contenido casacional, considerando que la Sentencia recurrida se adecúa a la doctrina unificada tanto en materia de prescripción (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social - STS-, de 15 de marzo de 2010; recurso n.º 1854/2009), como en materia de los requisitos para el cobro de los sexenios de los profesores de religión (por todas, STS 493/2021, de 5 de mayo de 2021; recurso 3963/2019). Subsidiariamente, considera que el recurso ha de ser desestimado, razonando que una mera reunión informativa, no dirigida a efectuar reclamación alguna y en la que tampoco hubo ninguna suerte de admisión o reconocimiento de deuda, no puede tener ningún efecto de interrumpir la prescripción, sin que, por lo mismo, haya vulneración alguna de la confianza legítima, pues no hay ningún acto propio de la Administración al que ésta deba atenerse.

5.- Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre dicha cuestión en las SSTS núm. 37/2023, de 17 enero, rcud. 1963/2021; núm. 38/2023, de 17 de enero, rcud. 2238/2021; núm. 39/2023, de 18 de enero, rcud. 2854/2021; núm. 40/2023, de 18 de enero, rcud. 3884/2021, todas deliberadas el 17 de enero de 2023.

La identidad de la cuestión a resolver impone que hayamos de reiterar y reproducir los argumentos que en ellas expusimos.

SEGUNDO.-1.- Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

2.- En el caso de la recurrida, confirma la decisión de instancia y se indica que el informe de 11 de diciembre de 2017 de la Administración demandada no supone un reconocimiento de deuda, pues no existe voluntad unilateral alguna de reconocer nominativamente la existencia de una deuda previamente constituida y cuantificada, máxime cuando las solicitudes de los profesores de religión y la documentación que aportan, debía ser analizada para verificar el cumplimiento de los correspondientes requisitos.

3.- En el supuesto de la sentencia de contraste, se parte de la demanda efectuada por una profesora de religión católica que reclamaba varios sexenios frente al mismo Ministerio demandado, siendo igualmente la cuestión suscitada si la acción se encontraba prescrita por el ya referido posible reconocimiento de deuda de diciembre de 2017. La sentencia considera que en esa reunión y en el documento resultante el Ministerio hizo un reconocimiento de deuda, pues se trataba de ejecutar la sentencia colectiva que le obligaba a pagar sexenios a los profesores de religión, manifestándose por el Ministerio que tardaría no menos de 16 meses en poder resolver todas las peticiones. La actora presentó la demanda en septiembre de 2019 y la sentencia rechaza la prescripción alegada de contrario no sólo por apreciar el referido reconocimiento de deuda, de acuerdo con la interpretación amplia y flexible que aplica la jurisprudencia, sino también por entender que creó una expectativa de resolución expresa sin necesidad de judicializar el asunto antes de los 16 meses que acababan en abril de 2019, considerando por ello aplicable el principio de confianza legítima y no prescrito el plazo para el ejercicio de la acción contado desde esta última fecha.

4.- De la comparación efectuada se concluye que se produce la contradicción, porque ante supuestos sustancialmente iguales, de profesoras de religión al servicio del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes, que solicitan el reconocimiento del derecho al devengo de sexenios y el abono de lo adeudado por ese concepto, las sentencias dan respuestas distintas en atención a la prescripción alegada de contrario. En efecto, se produce la contradicción por la diferente naturaleza jurídica que otorgan las sentencias a la reunión del Ministerio con los sindicatos para la ejecución de la sentencia colectiva que le obligaba a pagar los sexenios, ya que la recurrida no la considera un reconocimiento de deuda a los efectos de interrumpir la prescripción de las acciones planteadas con el mismo objeto, mientras que la de contraste sí lo hace.

TERCERO. 1.- Como ya hemos avanzado con anterioridad, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse precisamente sobre dicha cuestión. En efecto, dijimos en nuestra STS nº 39/2023, de 18 de enero, rcud. 2854/21:

"Pues bien, a la vista de ello podemos decir que la situación la generó la parte demandada cuando, con fecha 11 de diciembre de 2017 (y en las manifestaciones realizadas en la reunión con los sindicatos del 12 de diciembre de 2017) y para dar cumplimiento a una sentencia judicial firme, dictada en proceso de conflicto colectivo, planificó la forma de proceder a su cumplimiento señalando un plazo determinado para dar respuestas a las solicitudes de los trabajadores en las que, consecuencia de aquella decisión judicial, formularan la reclamación de sexenios. Este proceder de la empleadora, en orden a valorar la existencia de prescripción de la acción, ciertamente, es una manifestación de voluntad de la deudora de mantener activa la reclamación extrajudicial que se le había formulado durante el tiempo que ella misma se dio para dar respuesta a las reclamaciones que presentaron los trabajadores, de forma que, a partir de la conclusión de ese término, el trabajador debería proceder a iniciar una nueva reclamación frente a la demandada.

Ello, por tanto, aunque no podría calificarse como acto de reconocimiento de la deuda porque no fue esa la decisión que la demandada adoptó, sí que permite hablar de voluntad o animus conservandi del acreedor que se prolonga durante todo el tiempo que la propia deudora ha fijado para dar su respuesta, a modo de una ampliación del espacio de interrupción de la prescripción, que va más allá del legalmente fijado."

Partiendo de ello, y al contrario de lo que sostiene la impugnante, concurre en el presente caso contenido casacional. Ello es así puesto que, como ha quedado expuesto, la sentencia recurrida se aparta de la doctrina de esta Sala.

Rechazada la causa de inadmisión aducida por la impugnante y entrando en el fondo del recurso, no concurren en el presente caso circunstancias fácticas o jurídicas distintas a las que valoramos en las sentencias antes citadas, por lo que, elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley ( arts. 9.3 y 14 CE), nos conducen a reiterar dicho criterio.

2.- A la vista de lo expuesto, concluimos que es la sentencia de contraste la que contiene la doctrina correcta en tanto que ha otorgado un determinado efecto -interruptivo de la prescripción- al tiempo que se dio la demandada para dar respuesta a las reclamaciones de los trabajadores, lo que implica que éstas se mantuvieron activas frente a la demandada hasta que las resolviera o, en otro caso, transcurriera el plazo que se dio a tal fin.

Ahora bien, el presente recurso ha de estimarse parcialmente, puesto que la actora solicita que se le reconozcan los efectos económicos de los sexenios reconocidos con un año de antelación a su primera solicitud, en lugar de desde la fecha de la solicitud. Sobre este particular ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala, en nuestra sentencia núm. 568/2021, de 25 de mayo, rcud. 3819/2018, también en un caso de Profesores religión católica de la Junta de Andalucía, que reclamaban el complemento formación (sexenios). En la citada sentencia consideramos que una vez cumplidos los requisitos, el devengo económico se produce desde la fecha de la solicitud inicial para su reconocimiento, que no desde el año anterior a la misma, lo que debemos reiterar en el caso que nos ocupa.

CUARTO.- Las razones expuestas, oído el Ministerio Fiscal, conducen a estimar parcialmente el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte actora frente a la sentencia de suplicación, casarla y anularla y resolver el debate de suplicación en el sentido de acoger el recurso de igual clase formulado por la parte actora, para revocar la sentencia de instancia y, en consecuencia, desestimar la excepción de prescripción, declarar el derecho de la actora al reconocimiento y pago de los sexenios que le corresponden, con efectos económicos de su primera reclamación, esto es el 1 de diciembre de 2016 hasta 30 de abril de 2021 condenando a la demandada a abonar las cuantías correspondientes, más el interés por mora.

Todo ello sin costas, conforme al art. 235 LRJS.