Sentencia Social 832/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1606/2021 de 27 de octubre del 2023

PRIMERO. - Con fecha 13 de mayo de 2019, el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete dictó sentencia cuya parte dispositiva es la que sigue: "Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por Dª. Eloisa, D. Oscar, D. Pelayo, Dª. Eulalia, Dª. Fátima, D. Roman, D. Rubén, Dª Guadalupe, D. Sergio, Dª Josefina, Dª Juliana, D. Victoriano y D. Vidal, asistidos por la Letrada Dª Encarna Tarancón Pérez frente a la mercantil Liberbank S.A., asistida por la Letrada Dª. Esther Belinchón Cuartero; debo condenar y condeno a la mercantil Liberbank S.A. a que proceda a aportar al plan de pensiones de cada uno de los demandantes las sumas que se recogen en el hecho probado quinto de esta sentencia, así como al abono de interés del 10% anual de dicha cantidad desde la interpelación judicial".

En la referida resolución se declararon como hechos probados los que siguen:

PRIMERO.- Los actores Dª Eloisa, Con DNI NUM000; D. Oscar, con DNI NUM001; D. Apolonio, con DNI NUM002; D. Pelayo, con DNI NUM003; Dª. Eulalia, con DNI NUM004; Dª. Fátima, con DNI NUM005; D. Roman, con DNI NUM006; D. Rubén, con DNI NUM007; Dª Guadalupe, con DNI NUM008; D. Sergio, con DNI NUM009; Dª Josefina con DNI NUM010; Dª Juliana, con DNI NUM011, D. Victoriano, con DNI NUM012 y D. Vidal, con DNI NUM013, vienen prestando servicios para la entidad Liberbank S.A. en la que se integra la entidad Banco Castilla La Mancha S.A., en la provincia de Albacete, mediante contrato indefinido a jornada completa, percibiendo sus retribuciones conforme al Convenio Colectivo Estatal de Cajas de Ahorro, aprobado por Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro. (BOE 12-8-2016).

SEGUNDO. - ERE NUM014, Sentencia 193/2013 de fecha 14/11/2013 de la Sala Social de la Audiencia Nacional procedimiento 320/2013 y Sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de fecha 22/07/2015 Rec. Casación 130/2014. El 16- 10-2012 se convocaron a las secciones sindicales de CCOO; UGT y CSICA para, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del Convenio Colectivo, iniciar un período de consultas previo a la promoción de medidas de flexibilidad interna, manteniéndose reuniones posteriores durante los días 24/10/2012, 27/11/2012 y 17/04/2013. Con fecha 23/04/2013 se inicia el período de consultas invocándose causa económica, notificándose a la Dirección General de Empleo (DGE) el día 24/04/2013, produciéndose posteriormente reuniones durante los días 30/04/2013, 07/05 y 08/05/2013, fecha en la que finalizó el período de consultas sin acuerdo. El día 13/05/2013 (ya finalizado el período de consultas), la DGE realiza una serie de advertencias a la empresa, que contesta en fecha 24 de mayo de 2013. El día 22/05/2013 la empresa comunica a los Sindicatos la decisión unilateral de las medidas a tomar. Con fecha de entrada en la DGE de 23/05/2013 se comunica el fin período de consultas sin acuerdo y las medias a tomar por la empresa. CCOO-UGT, por una parte y las demás secciones sindicales de modo particular promovieron procedimientos de mediación ante el SIMA, quien decidió acumularlos en un solo acto, citándose a las partes para el 25/06/2013. Las empresas se reunieron con los representantes de CCOO y UGT y alcanzaron un acuerdo en la madrugada del 25/06/2013 sobre las medidas de modificación sustancial, inaplicación de convenio, suspensiones de contratos y reducciones de jornada. El 25/06/2013 en el SIMA la empresa puso sobre la mesa y las secciones sindicales de CCOO y UGT manifestaron su conformidad con la propuesta, mientras que las demás secciones sindicales se opusieron a la suscripción del acuerdo. La empresa demandada no compareció a las mediaciones, promovidas por las demás secciones sindicales. El 05/07/2013 las empresas demandadas notificaron el acuerdo a la DGE. El 10/07/2013 las empresas demandadas notificaron a la comisión negociadora la aplicación de las medidas, acordadas en el SIMA el 25/06/2013. El 15/07/2013 la DGE acusa recibo de la notificación empresarial y emite oficio en el que pone en cuestión la legalidad de la actuación empresarial. La empresa contesta el 19/07/2013 mediante escrito. Interpuesta demandada ante la Audiencia Nacional, siguiéndose procedimiento 320/2013 y dictándose Sentencia 193/2013 de fecha 14/11/2013, por la que: "Estimando parcialmente la demanda interpuesta por CSI CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDAS; STC-CIC SINDICATO TRABAJADORES DE CREDITO, a la que se adhirieron CONFEDERACION SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS DE AHORROS; CSIF; APECASYC contra LIBERBANK SA; BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA; CCOO y UGT, anulamos las medidas impuestas por vulneración de la libertad sindical de los sindicatos demandantes y adheridos a su demanda, ordenamos el cese de dicho comportamiento y condenamos a LIBERBANK SA; BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA; CCOO y UGT a reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas. - Condenamos solidariamente a las empresas antes dichas, así como a CCOO y a UGT a abonar a cada uno de los sindicatos actores la cantidad de 600 euros en concepto de daños morales, absolviéndoles de los restantes pedimentos de la demanda". Dicha sentencia fue aclarada por Auto de 25/11/2013, donde se precisó que los sindicatos condenados solo tenían que hacer frente a la condena solidaria. De dicha Sentencia 193/2013 de fecha 14/11/2013 dictada por la Audiencia Nacional, cabe destacar su Hecho Probado Primero: "... LIBERBANK S.A. y BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. están integradas, junto con varias sociedades más (unas 50) dentro de un grupo, denominado GRUPO LIBERBANK, del cual LIBERBANK S.A. es la empresa dominante. -LIBERBANK, SA y BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, SA regulaban sus relaciones laborales por el Convenio de Cajas de Ahorro, de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro, publicado en el BOE de 29-03-2012, cuya vigencia concluye el 31-12-2014. -No obstante, la regulación de la previsión social complementaria está establecida en ambas mercantiles mediante acuerdos de empresa, fechados los días 15-01-2002; 18-10-2002; y dos más signados el 12-05- 2003....", el primer párrafo de su Fundamento de Derecho Tercero que viene a centrar el objeto de la controversia "... La simple lectura del suplico de la demanda permite concluir que los demandantes no impugnan las medidas de flexibilidad interna, impuestas por las empresas demandadas a partir del 16-06-2013, como consecuencia de la finalización sin acuerdo del período de consultas, iniciado el 23-04-2013 y concluido el 8-05-2013, que incluía en sus inicios medidas de modificación sustancial de condiciones de trabajo ( art. 41 ET), suspensión de contratos y reducción de jornada ( art. 47 ET) e inaplicación de convenio colectivo estatutario ( art. 82.3 ET), imponiéndose finalmente las medidas de modificación sustancial y de inaplicación de convenio. -No se impugnan, porque dichas medidas quedaron sin efecto, al alcanzarse acuerdo en procedimiento de mediación, seguido ante el SIMA el 25-06- 2013, entre las empresas demandadas y las secciones sindicales de CCOO y UGT, quienes ostentaban el 64, 93% de la representatividad, que supuso una notificación de las nuevas medidas a la DGE de 5-07-2012, así como a la comisión negociadora del período de consultas...", y el último párrafo de su Fundamento de Derecho Cuarto "... En conclusión declaramos probado, que los demandantes y los sindicatos adheridos a su demanda, vieron impedido su derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, venimos a declarar la vulneración de los arts. 28.1 y 37.1 CE y anulamos, el acuerdo alcanzado ante el SIMA el 25-06-2013, ordenando a los codemandados que cesen en su comportamiento y reponemos a los trabajadores afectados en todos los derechos, que se les han alterado con causa al acuerdo anulado...". En el mes de diciembre de 2013 se solicita la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 14/11/2013 y la reposición de todos los trabajadores afectados por el conflicto colectivo en las condiciones previas que conformaban la relación laboral con anterioridad al acuerdo alcanzado el 25/06/2013 ante el SIMA, entre LIBERBANK S.A., Banco de Castilla-La Mancha S.A., CCOO y UGT por la cual se dejaba sin efecto las medidas aplicadas por la empresa y, en consecuencia, se requiera a la empresa a reponer a todos los trabajadores en las condiciones que regían la relación laboral previa al ERTE NUM014 y asimismo que se proceda al abono de las cantidades objeto de la condena. Habiéndose dictado Auto por esta Sala de fecha 28 de marzo de 2014 en cuya parte dispositiva se desestima la pretensión de ejecución provisional de la Sentencia dictada en fecha 14/11/2013 en la forma en que ha sido solicitada. La Sala Social del Tribunal Supremo dicta Sentencia con fecha 22/07/2015 desestimando el Recurso de Casación interpuesto por la representación letrada de Liberbank, S.A. y el BANCO CASTILLA-LA MANCHA, S.A., contra la Sentencia 193/2013 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 14/11/2013 en autos nº 320/2013. A su vez y de forma separada la Audiencia Nacional tramito el conflicto colectivo 265/2013 formulado por los sindicatos CSICA, CSI y STC frente a las medidas unilateralmente adoptadas por la empresa derivadas del procedimiento sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE NUM014), que determinó el dictado por la Audiencia Nacional de sentencia 146/2016 de 23/09/2016 por el que se acordaba la nulidad de las citadas medidas unilaterales, pronunciamiento que fue confirmado por STS de fecha 21/06/2017.

TERCERO.- Mediante comunicación fechada el 22/05/2013 y notificada a la trabajadora a través de burofax recibido el 23/05/2013, se da cuenta de la finalización con fecha 08/05/2013 el período de consultas de modificación sustancial de condiciones de trabajo ex art. 41 del ET por causas económicas expuestas a la representación de los trabajadores con entrega de la documentación acreditativa (entre ella Memoria Explicativa e Informe Técnico), pasando seguidamente a exponer las mismas, se pone en conocimiento del trabajador que se ha adoptado por la Empresa, entre otras medidas, la consistente en "...C. Suspensión de aportaciones a Planes de Pensiones: Durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2017, se suspenderá para todos los partícipes, hayan o no extinguido el contrato de trabajo, la aportación a los planes de pensiones por la continencia de jubilación...". Que igualmente mediante el sistema de comunicaciones generalizadas por vía de intranet se procedió a comunicar a los actores en fecha 14 de junio de 2013 el denominado Acuerdo SIMA relativo a reducción de jornada.

CUARTO.- Que los actores D. Oscar, D. Victoriano, D. Vidal y D. Rubén, han formulado demandas relativas a modificación sustancial de condiciones de trabajo, que han dado lugar a los procedimientos 988/2013 del juzgado de lo Social Nº 1 de Albacete, y 1000/2013 del Juzgado de lo Social Nº 3 de Albacete, respectivamente, que a la fecha de la celebración de la vista estaban suspendidos y no se habían celebrado (doc. 3,4 y 5 del ramo de prueba de la parte actora).

QUINTO. - Que las sumas que no fueron aportadas por las entidades demandas a los fondos de pensiones y que debieron ser integrados en el periodo de aplicación de las medidas colectivas finalmente anuladas, son: Dª. Eloisa.... 2157'76 euros brutos; D. Oscar... 1477'80 euros brutos; D. Pelayo...3900'74 euros brutos; Dª. Eulalia...2641 euros brutos; Dª. Fátima...1968'74 euros brutos; D. Roman...1996'35 euros brutos; D. Rubén... 2828'20 euros brutos Dª Guadalupe...1373'75 euros brutos; D. Sergio...2437'22 euros brutos; Dª Josefina...1478'43 euros brutos; Dª Juliana...1272'55 euros brutos; D. Victoriano....5549'46 euros brutos; D. Vidal...4391'02 euros brutos.

SÉPTIMO.- Con fecha 14/07/2016 los actores interponen la preceptiva Papeleta de Conciliación en materia de reclamación de cantidad frente a la entidad BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A., celebrándose ante la UMAC el acto de Conciliación con fecha 17/08/2016 que resultó sin avenencia".

Por auto de fecha 8 de julio de 2019 se aclaró la anterior sentencia en el siguiente sentido: "Que procede rectificar los siguientes extremos de la sentencia recaída en el presente procedimiento: a) Se modifica en hecho probado primero en el aspecto de establecer que DNI correcto de la demandante Dña. Eloisa es NUM015- y al tiempo se elimina la referencia a D. Apolonio como demandante. b) Se modifica el hecho probado tercero indicando respecto a las cantidades debidas a los siguientes trabajadores: - Dña. Eloisa: 1.477,80 euros - D. Oscar: 3.900,74 euros - Pelayo: 2.056, 26 euros".

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación de la parte demandante, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, la cual dictó sentencia nº 267/2021, de 15 de febrero, en la que consta el siguiente fallo: "Que desestimando como desestimamos el recurso de suplicación formulado por LIBERBANK, S.A. y estimando en parte como estimamos el recurso formulado por los demandantes contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Albacete de fecha 13 de mayo de 2019, en el procedimiento 540/2017, debemos revocar y revocamos en parte la sentencia impugnada en el particular relativo a la fecha de efectos de los intereses del artículo 29.3 LET que se devengarán desde el 22 de julio de 2015; confirmando el resto de los pronunciamientos. Se condena a la entidad demandada recurrente a las costas del recurso de esta y al abono a la parte demandante, en concepto de honorarios de la asistencia Letrada, de la cantidad de 1.000 euros".

TERCERO. - Por la representación de D. Rubén y otros, se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se invoca como sentencia contradictoria con la recurrida la sentencia nº 1359/20, de 29 de septiembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (r. 1111/2019).

CUARTO. - Por providencia de esta Sala de 9 de junio de 2022 se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

La parte recurrida, Liberbank S.A. ha impugnado el recurso y alega que ninguno de los tres motivos en los que encuentra sustento el recurso formalizado de contrario cumple con lo establecido en el artículo 224 LRJS, en relación con lo dispuesto en el artículo 207 LRJS, y ello en la medida en la que el primer motivo del recurso se ciñe a señalar el supuesto punto de contradicción existente entre la sentencia recurrida y la aportada como de contraste; el segundo motivo del recurso a fundamentar la infracción normativa en la que la sentencia recurrida supuestamente ha incurrido; y el tercer motivo a esgrimir el supuesto quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia. De conformidad con lo anterior, añade, ninguno de ellos, por sí solos o de forma individualizada, recoge el punto de contradicción esgrimido junto con la fundamentación de la supuesta infracción normativa y el presunto quebranto en la unidad de doctrina. Así, pone de manifiesto que, en el primero, la parte recurrente invoca en exclusiva la presunta contradicción existente entre la sentencia n.º 267/2021 y la sentencia n.º 1359/2020, sin incluir la fundamentación de la presunta infracción normativa y quebranto de la unidad de doctrina en que supuestamente aquella Resolución n.º 267/2021 incurre; el segundo fundamenta la referida infracción normativa que, a su criterio, comete la Sentencia n.º 267/2021, sin alegar nada en relación al punto de contradicción argüido; y el tercero pone de relieve el presunto quebranto de la unidad de doctrina por la meritada Sentencia n.º 267/2021, sin aludir siquiera a la contradicción supuestamente existente, de forma que todos ellos tienen por finalidad denunciar una misma supuesta infracción normativa y quebranto de la unidad de Doctrina; en concreto, la presunta infracción del artículo 29.3 ET, y el supuesto quebranto de la doctrina judicial que interpreta tal precepto legal, por la Sentencia n.º 267/2021, de fecha 15 de febrero de 2021, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. A continuación, señala que las supuestas infracciones normativas y de quebranto de la unidad de doctrina denunciadas no merecen favorable acogida por esa Sala, dado que la referida Sentencia n.º 267/20214 no sólo cumple con lo dispuesto en el mencionado artículo 29.3 ET, sino que, además, es acorde con la doctrina judicial que interpreta tal precepto legal y, en consecuencia, ha de prevalecer sobre la contenida en la Sentencia n.º 1359/2020, aportada como Sentencia de contraste. En este sentido, se dice que la recurrente pretende que se considere como fecha de inicio del devengo del interés por mora vinculado a las aportaciones que la empresa venía efectuando en favor de los recurrentes (las cuales se vieron temporalmente suspendidas durante el período transcurrido desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2013, según lo pactado en virtud del Acuerdo alcanzado en el SIMA el 25 de junio de 2013 con las secciones sindicales de CCOO y UGT), la de 31 de diciembre de 2013, y no la de 22 de julio de 2015, fecha en la que fue dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en virtud de la cual fue confirmada la nulidad de las medidas pactadas en virtud del referido Acuerdo alcanzado en el SIMA y, entre ellas, la nulidad de la suspensión de las aportaciones efectuadas en favor de los recurrentes. De este modo, la impugnante entiende que el recurso no merece favorable acogida, pues resulta conforme a lo establecido en el artículo 29.3 ET, así como acorde con la Jurisprudencia. Que el art. 29.3 del ET utiliza la expresa de "lo adeudado"., de modo que no ha lugar a la aplicación del citado interés por mora hasta tanto la cuantía salarial de que se trate no ostente la consideración de "adeudada", es decir, hasta tanto no se "adeude". De conformidad con lo anterior, contravendría de forma expresa lo dispuesto en el citado artículo 29.3 ET considerar como fecha de inicio del devengo de intereses vinculados a las referidas aportaciones al plan de pensiones suspendidas durante el período comprendido desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2013, la pretendida por la parte recurrente, esto es, la de 31 de diciembre de 2013; y ello en tanto que, a fecha 31 de diciembre de 2013, la empresa no adeudaba ninguna cuantía salarial a los recurrentes ya que, entonces, el Acuerdo alcanzado en el SIMA el 25 de junio de 2013 era plenamente válido y, por ende, también lo era la medida acordada en su virtud, consistente en la suspensión de las aportaciones al plan de pensiones en favor de los recurrentes durante el concreto período transcurrido desde el 1 de junio de 2013 hasta el 31 de mayo de 2017. Cita la Jurisprudencia emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, entre otras, la Sentencia de fecha 11 julio 2012 (RCUD n.º 3479/2011).

QUINTO. - Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de considerar que el recurso debe ser declarado procedente.

SEXTO. - Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 25 de octubre de 2023, fecha en que tuvo lugar.