Sentencia Social 457/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2425/2020 de 28 de junio del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión a resolver es la de decidir si la sentencia del juzgado de lo social es recurrible en suplicación, en un supuesto, como el presente, en que la empresa fue sancionada con una multa de 10.001 euros por la comisión de una infracción en materia de seguridad Social.

2.- La sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de junio de 2020 (Rec. 1112/2019), declaró la falta de competencia funcional de la sala por razón de la cuantía. La sentencia de instancia había desestimado la demanda del empresario que pretendía que se dejara sin efecto la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Consta que la Inspección de Trabajo giró visita al centro de trabajo del empresario demandante el 9 de febrero de 2018 a las 13,30 horas. En el acta de inspección se hace constar que la trabajadora demandada manifestó que trabajaba allí desde ese día. La trabajadora estaba percibiendo desempleo. El empresario demandante dio de alta a la trabajadora en su cuenta de cotización el mismo día 9 de febrero de 2018 a las 20 horas, siendo dada de baja la trabajadora en desempleo con efectos de 8 de febrero de 2018. En el acta de infracción de 13 de junio de 2018 se propuso una sanción al empresario, por falta muy grave, en grado mínimo, en cuantía de 10.001 euros. Por resolución de 21 de septiembre de 2019 se confirmó la propuesta, que fue ratificada tras recurso de alzada. Por declaración jurada de 16 de julio de 2018 y por acta de comparecencia ante el Juzgado de Paz de Valdilecha de 10 de junio de 2019, la trabajadora manifestó que "en ningún momento previo al inicio de la prestación de servicios puso en conocimiento de la empresa mi condición de perceptora de prestación por desempleo". La trabajadora tiene pendiente un procedimiento de revocación de la prestación de desempleo por parte del SPEE.

La sentencia recurrida estimó que no cabía recurso de suplicación por cuanto se impugna la resolución que impuso a la empresa demandante una sanción por falta muy grave del artículo 23. 1 a) de la LISOS, en cuantía de 10.0001 euros, que no alcanza la cuantía mínima de 18.000 euros que determina el artículo 191.3 g) de la LRJS para el acceso al recurso.

3.- La empresa demandante formalizó recurso de casación para la unificación de la doctrina invocando como de contraste la sentencia dictada por esta Sala IV de 12 de noviembre de 2019 (Rcud 529/2017). El recurso ha sido impugnado de contrario por la Abogacía del Estado e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar su procedencia.

SEGUNDO.- 1.- En el supuesto resuelto por la sentencia de contraste se plantea si la sanción impuesta al empresario queda dentro del ámbito laboral o de Seguridad Social, pues de ello dependerá el límite de cuantía a aplicar para el acceso al recurso. Esta Sala razona que la duda surge desde el momento en las consecuencias de la sanción no afectan al reconocimiento, denegación o devolución de prestaciones. Pues bien, la Sala estima que la sanción al empresario versa sobre incumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social y, además, no se limita a la sanción de 6.251 euros ( artículo 23.1 de la LISOS) sino que se extiende a declarar su responsabilidad solidaria en el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por la trabajadora. Por tanto, coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal, estima que la sanción entra de lleno en la materia de Seguridad Social. Una vez determinada la naturaleza de la sanción, la Sala aplica la doctrina al respecto, contenida, entre otras, en la sentencia del Pleno 857/2017, de 2 de noviembre de 2017 (Rcud 66/2016), conforme a la cual, en la impugnación de sanciones en materia de seguridad social, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 euros, calculada de la manera prevista en el artículo 192.4 de la LRJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular. Dicha doctrina ha sido seguida, entre otras, por las SSTS 228/2018 de 28 de febrero (Rcud. 1554/2016); 508/2018 de 11 de mayo (Rcud. 1880/16); 625/2018 de 13 de junio (Rcud. 3257/2016); 757/2018 de 12 de julio (Rcud. 883/17) y 43/2019 de 23 enero (Rcud. 417/2017).

2.- Es evidente que concurre a contradicción en los términos previstos en el artículo 219 LRJS ya que en mérito a hechos, pretensiones y fundamentos sustancialmente iguales las sentencias comparadas han llegado a resultados contradictorios, ya que. Mientras la sentencia recurrida estima que no cabe recurso contra la sentencia del Juzgado, la de contraste entiende que el recurso es procedente por lo que ordena reponer los autos y tramitar el correspondiente recurso de suplicación.

TERCERO.- 1.- Además, con relación con la contradicción, ha de tenerse en cuenta que la cuestión de acceso a la suplicación por razón de la cuantía o de la materia, puede ser examinada de oficio por la Sala, aunque no concurra la contradicción, puesto que afecta al orden público procesal y a su propia competencia funcional, sin que el Tribunal quede vinculado por la decisión que se haya adoptado en trámite de suplicación [entre otras muchas, SSTS de 19 de enero de 2007 (Rcud. 4439/05); de 6 de marzo de 2007 (Rcud. 1395/05); y de 30 de enero de 2007 (Rcud. 4980/05)]. Y ello es así porque tal cuestión no afecta sólo a ese recurso, el de suplicación, sino que se proyecta sobre la competencia del propio Tribunal Supremo, habida cuenta de que el recurso de casación para la unificación de doctrina procede contra las sentencias dictadas en suplicación, lo que supone que la recurribilidad en casación se condiciona a que la sentencia de instancia fuera -a su vez- recurrible en suplicación, y por ello el control de la competencia funcional de la Sala supone el previo control sobre la procedencia o improcedencia de la suplicación [entre otras, SSTS de 19 de julio de 1994 (Rcud 2508/93); de 27 de junio de 2000 (Rcud 798/99); y de 26 de octubre de 2004 (Rcud 2513/03).

2.- La doctrina de esta Sala, recogida en la sentencia de Pleno, de 2 de noviembre de 2017, ya citada y las posteriores, concluía diciendo que "en la impugnación de sanciones en materia de seguridad social, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3000 euros ( artículo 191.2 g) LRJS), calculada en la manera prevista en el art. 192.4 LRJS y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular".

Esa doctrina negaba que estuviéramos ante el supuesto contemplado en el apartado 3.g del art. 192 de la LRJS, que es el aplicado aquí en la sentencia recurrida, porque dicho apartado se ciñe a la impugnación de actos administrativos en "materia laboral", sin extenderse a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social, lo que conduce a que estos últimos deban regirse por la regla general del artículo 191.2 g) LRJS, que establece el umbral de 3000 euros para el acceso al recurso de suplicación.

En el presente caso, se está impugnando una sanción administrativa 10.001 euros por infracción muy grave del art. 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), por dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad.

El art. 23 forma parte del Capítulo III del citado texto legal, destinado a las "infracciones en materia de seguridad social" y no en el capítulo II sobre "infracciones laborales". Y, como hemos recordado, nuestra doctrina ha establecido, al ceñirse el artículo 191.3 g) LRJS a la impugnación de actos administrativos en "materia laboral", que a la impugnación de actos administrativos en materia de seguridad social se le ha de aplicar la regla general del artículo 191.2 g) LRJS.

CUARTO. - Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado y, en consecuencia, procede casar y anular la sentencia recurrida, con devolución de lo actuado a la Sala de procedencia para que, con plena libertad de criterio, resuelva las cuestiones planteadas por la recurrente en el recurso de suplicación. Todo ello sin imposición de imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS.