Sentencia Social 704/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2860/2021 de 04 de octubre del 2023

PRIMERO.- 1.- La cuestión a resolver es la de determinar si la acción de reclamación de sexenios ejercitada por la actora, que es profesora de religión al servicio del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes, está o no prescrita. Más concretamente, si se ha producido la interrupción de la prescripción como consecuencia de la reunión entre el Ministerio de Educación y los sindicatos, de 12 de diciembre de 2017, sobre la ejecución de la sentencia 199/2014 de la Audiencia Nacional, de 16 de diciembre de 2014 (proc. 297/2014), en la que el Ministerio hizo constar que, dado el número de solicitudes de reconocimiento de sexenios y el tiempo medio estimado para la resolución de cada una de ellas, se consideraba que las mismas no iban a poder resolverse hasta pasados 16 meses.

2.- La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda presentada por la actora frente a MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES y, en consecuencia, declaró su derecho al reconocimiento, devengo y percepción del complemento de formación, conocido como sexenios, en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes del mismo nivel educativo y condenó al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a estar y pasar por la anterior declaración, a los efectos oportunos.

Así mismo, condenó al citado Ministerio a abonar a la demandante la cantidad de 9.044,63 euros por el periodo 23.06.2016 a 31.05.2020 en concepto de complemento de formación (sexenios).

La sentencia recurrida es la sentencia núm. 390/2021, de 4 de junio, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/ Santa Cruz de Tenerife, en el recurso de suplicación núm. 586/2020, que desestima el interpuesto por la Administración General del Estado (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes)

La Sala de suplicación, se remite a pronunciamientos previos sobre la misma cuestión, en las que analizando al objeto de la reunión de 12/12/2017, y las manifestaciones indicadas han considerado que en tal fecha se produjo un reconocimiento de deuda susceptible de interrumpir la prescripción, conforme al art 1973 CC. Para ello, parte del concepto amplio de reconocimiento de deuda en la Jurisprudencia al que se suma el principio de confianza legítima que actualmente reconoce el art. 3.1.e) Ley 50/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y que constituye un principio general que la administración debe respetar en su actuación y relaciones. De dicho principio, con arreglo a la jurisprudencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo, "no puede invocarse para crear, mantener o extender, en el ámbito del Derecho público, situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando del acto precedente resulta una contradicción con el fin o interés tutelado por una norma jurídica que, por su naturaleza, no es susceptible de amparar una conducta discrecional por la Administración que suponga el reconocimiento de unos derechos y/u obligaciones que dimanen de actos propios de la misma". Considera que los términos en que se desarrolló la mencionada reunión generaron en los interlocutores y en los trabajadores representados por estos la esperanza legítima de que su reclamación sería resuelta en vía administrativa en el plazo de 16 meses, sin tener que reclamarla judicialmente antes de esa fecha. Además, no se estaba manteniendo ninguna situación contraria al ordenamiento jurídico, pues el derecho al cobro de sexenios derivaba de una sentencia firme de conflicto colectivo, el abono de las cantidades que resultaran no dependía de ninguna decisión discrecional de la administración, y el afirmarse por la administración que necesitaba unos 16 meses para resolver las reclamaciones no conculcaba ningún precepto legal presupuestario. Finalmente se añade que la conducta de la administración, oponiendo la prescripción de los importes devengados un año antes de la demanda, resulta contradictoria con sus actos.

3.- Frente a dicha sentencia recurre el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El único motivo del recurso, denuncia infracción de los arts. 59.2 del ET y 1973 del CC, para sostener que la existencia de una reunión entre el Ministerio y las principales organizaciones sindicales no es suficiente para entender interrumpida la prescripción del derecho al cobro de los sexenios. Razona, sin cuestionar el derecho de los profesores de religión a percibir el complemento de formación o sexenios, que discrepa de que una mera reunión entre el Ministerio y las principales organizaciones sindicales sea suficiente para entender interrumpida la prescripción del derecho al cobro de los sexenios. Considera que la sentencia recurrida se aparta de la doctrina unificada que afirma que la interrupción de la prescripción debe estar determinada con total nitidez, puesto que afecta a la seguridad jurídica de todas las partes, sin que una simple reunión informativa en la que no hubo reconocimiento de deuda alguno ni tampoco concierto o acuerdo sobre ello tanga valor interruptivo de la prescripción.

Invoca como sentencia de contraste la STSJ Aragón núm. 542/2020, de 16 de noviembre, rec. 505/2020.

4.- El Ministerio Fiscal informa en favor de estimar parcialmente el recurso de casación unificadora interpuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, al entender que la solución adecuada es la que contiene la sentencia de contaste. Razona al efecto, que la demandante presentó solicitud de reconocimiento de sexenios el 27.04.2018. Si por el Protocolo del Ministerio de Educación éste se comprometió con los sindicatos a que resolverían las solicitudes (favorable o desfavorablemente) en el plazo de 16 meses, es decir, como máximo en junio 2019, puede entenderse que, en virtud del principio de confianza legítima, la actora podía esperar que su solicitud fuera analizada durante el plazo que la misma AP se dio.

Transcurrido el plazo puede también entenderse que éste sería el dies a quo para presentar demanda judicial, pero en reclamación de los sexenios que únicamente había solicitado (del 23.06.2016 al 31.05.2020).

Para el resto de los sexenios, a partir de tal fecha, resultaría aplicable el plazo de prescripción de un año, de modo que, si interpuso demanda en 12 de diciembre de 2019, estarían prescritos los sexenios desde el 11.12.2017 al 11.12.2018 .

El recurso ha sido impugnado por la representación procesal de la parte actora. En primer lugar niega la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, porque el debate jurídico y la prueba practicada no ha sido la misma. En segundo lugar, razona que en la reiteradamente citada reunión, si bien no hubo un reconocimiento de deuda, se creó una expectativa por parte de la Administración Pública frente a sus trabajadores de que las reclamaciones extrajudiciales realizadas en virtud de ese mismo artículo 1973 CC y, por lo tanto, interruptoras de la prescripción, se iban a resolver expresamente en el plazo de 16 meses, creando la expectativa de la innecesariedad de reiterar la reclamación o judicializarla. Y concluye que en aplicación de los principios de buena fe, prohibición del abuso de derecho y de confianza legítima en la Administración, el plazo de prescripción quedó, cuando menos interrumpido durante los 16 meses alegados por la Administración necesarios para la resolución de las reclamaciones extrajudiciales. Comenzando el cómputo nuevamente pasados esos 16 meses a partir de diciembre de 2017 -fecha de la citada reunión- es decir, a partir de, final de abril de 2019.

5.- Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre dicha cuestión en las SSTS núm. 37/2023, de 17 enero, rcud. 1963/2021; núm. 38/2023, de 17 de enero, rcud. 2238/2021; núm. 39/2023, de 18 de enero, rcud. 2854/2021; núm. 40/2023, de 18 de enero, rcud. 3884/2021, todas deliberadas el 17 de enero de 2023.

La identidad de la cuestión a resolver impone que hayamos de reiterar y reproducir los argumentos que en ellas expusimos.

SEGUNDO.- 1.- Debemos resolver si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

2.- En el caso de la recurrida, como ya hemos avanzado, confirma la de instancia que con estimación parcial de la demanda declara el derecho de la actora al reconocimiento, devengo y percepción del complemento de formación, (sexenios), en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes del mismo nivel educativo, condenando a la Administración al abono de las cuantías correspondientes. Considera dicha sentencia que los términos en que se desarrolló la mencionada reunión generaron en los interlocutores y en los trabajadores representados por estos la esperanza legítima de que su reclamación sería resuelta en vía administrativa en el plazo de 16 meses, sin tener que reclamarla judicialmente antes de esa fecha. Además, no se estaba manteniendo ninguna situación contraria al ordenamiento jurídico, pues el derecho al cobro de sexenios derivaba de una sentencia firme de conflicto colectivo, el abono de las cantidades que resultaran no dependía de ninguna decisión discrecional de la administración, y el afirmarse por la administración que necesitaba unos 16 meses para resolver las reclamaciones no conculcaba ningún precepto legal presupuestario. Finalmente se añade que la conducta de la administración, oponiendo la prescripción de los importes devengados un año antes de la demanda, resulta contradictoria con sus actos.

3.- En el supuesto de la sentencia de contraste, se examina una situación similar de otra profesora que reclamaba sus sexenios, devengados desde julio de 2018, constando en los hechos probados tanto las sentencias de conflicto colectivo y su firmeza, como la reunión de la administración en diciembre de 2017 con los sindicatos, en la que se elaboró una "planificación del reconocimiento del complemento de formación permanente - sexenios a los profesores contratados para impartir enseñanza de religión [...]" con un plazo estimado de realización de 16 meses.

La sentencia de instancia estimó en parte la demanda al apreciar la prescripción de las cantidades reclamadas en periodos anteriores al año anterior a la presentación de la demanda. La sentencia de contraste confirma dicha resolución porque considera que de la reunión de diciembre de 2017 y del compromiso allí adquirido por la administración demandada no cabe deducir que se produjera ningún reconocimiento de deuda por parte del MECD, ni tampoco es equivalente a una reclamación extrajudicial o judicial, únicos supuestos en los que se produce interrupción de la prescripción de acuerdo con el art. 1973 CC. La trabajadora recurrente también alegó la quiebra del principio de confianza legítima del art. 3.1.e) Ley 40/2015 ya citada, a lo que la sentencia no dio más respuesta que la señalada, desestimando el recurso de la trabajadora demandante.

4.- De la comparación efectuada se concluye que se produce la contradicción , porque ante supuestos sustancialmente iguales, de profesores de religión al servicio del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes, que solicitan el reconocimiento del derecho al devengo de sexenios y el abono de lo adeudado por ese concepto, las sentencias dan respuestas distintas en atención a la prescripción alegada de contrario. Así, la recurrida interpreta que la afirmación vertida por la administración en la ya conocida reunión de diciembre de 2017 para la ejecución de la sentencia de conflicto colectivo, de que tardaría 16 meses en resolver las reclamaciones de sexenios presentadas, es un reconocimiento de deuda (tácito o implícito), cosa que sin embargo, rechaza la de contraste; y porque además la recurrida entiende que dicha afirmación vincula a la administración por el principio de confianza legítima del art. 3.1 e) Ley 40/2015, cosa que la de contraste rechaza con el argumento de la prescripción apreciada.

TERCERO. 1.- Como hemos avanzado con anterioridad, esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse precisamente sobre dicha cuestión, entre otras en SSTS núm. 37/2023, de 17 enero, rcud. 1963/2021; núm. 38/2023, de 17 de enero, rcud. 2238/2021; núm. 39/2023, de 18 de enero, rcud. 2854/2021; núm. 40/2023, de 18 de enero, rcud. 3884/2021; todas deliberadas el 17 de enero de 2023. En este sentido, como dijimos en nuestra STS nº 39/2023, de 18 de enero, rcud. 2854/2021:

"Pues bien, a la vista de ello podemos decir que la situación la generó la parte demandada cuando, con fecha 11 de diciembre de 2017 (y en las manifestaciones realizadas en la reunión con los sindicatos del 12 de diciembre de 2017) y para dar cumplimiento a una sentencia judicial firme, dictada en proceso de conflicto colectivo, planificó la forma de proceder a su cumplimiento señalando un plazo determinado para dar respuestas a las solicitudes de los trabajadores en las que, consecuencia de aquella decisión judicial, formularan la reclamación de sexenios. Este proceder de la empleadora, en orden a valorar la existencia de prescripción de la acción, ciertamente, es una manifestación de voluntad de la deudora de mantener activa la reclamación extrajudicial que se le había formulado durante el tiempo que ella misma se dio para dar respuesta a las reclamaciones que presentaron los trabajadores, de forma que, a partir de la conclusión de ese término, el trabajador debería proceder a iniciar una nueva reclamación frente a la demandada.

Ello, por tanto, aunque no podría calificarse como acto de reconocimiento de la deuda porque no fue esa la decisión que la demandada adoptó, sí que permite hablar de voluntad o animus conservandi del acreedor que se prolonga durante todo el tiempo que la propia deudora ha fijado para dar su respuesta, a modo de una ampliación del espacio de interrupción de la prescripción, que va más allá del legalmente fijado."

No concurriendo en el presente caso circunstancias fácticas o jurídicas distintas a las que entonces valoramos, elementales principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley ( arts.9.3 y 14 CE), nos conducen a reiterar dicho criterio.

2.- A la vista de lo expuesto, concluimos que es la sentencia recurrida la que contiene la doctrina correcta, en tanto que ha otorgado un determinado efecto -interruptivo de la prescripción- al tiempo que se dio la demandada para dar respuesta a las reclamaciones de los trabajadores, lo que implica que éstas se mantuvieron activas frente a la demandada hasta que las resolviera o, en otro caso, transcurriera el plazo que se dio a tal fin. No procede atender a la solicitud de estimación del Ministerio Fiscal, toda vez que el plazo que concluyó el de dieciséis meses para resolver se debe tener por finalizado el 12 de abril de 2019, momento a partir del cual comienza a computar el año de prescripción que, en este caso, la actora no ha agotado, al haber presentado su demanda el 12 de diciembre de 2019.

CUARTO.- Las razones expuestas, oído el Ministerio Fiscal, conducen a desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional; así como a confirmar la sentencia recurrida y declarar su firmeza.

Todo ello con imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS, en importe de 1500 euros.