Sentencia Social 484/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 105/2022 de 05 de julio del 2023

PRIMERO.- 1.- La única cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora se refiere al momento del cumplimiento del requisito de comunicación de la decisión extintiva a los representantes de los trabajadores en los supuestos de despido objetivo al amparo de las causas previstas en el artículo 52.c) ET; en concreto se controvierte si dicha comunicación debe ser anterior o simultánea a la notificación al trabajador despedido, o, por el contrario, puede efectuarse con posterioridad.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social n.º 16 de Valencia desestimó la demanda, declaró procedente el despido y, por lo que se refiere a la cuestión casacional que aquí se plantea, consideró que la comunicación efectuada cuatro días después de la fecha de la notificación extintiva cumplía las exigencias formales derivadas del artículo 53 ET. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de octubre de 2021, Rec. 1556/2021, desestimó el recurso de suplicación y confirmó íntegramente la sentencia recurrida.

Consta que la demandante había venido prestando servicios para Noroto SAU como administrativa desde el 19-2-2007. El 25 de septiembre de 2020 se le comunicó el despido por razones objetivas en los concretos términos que allí obran. Mediante escrito de 30 de septiembre de 2020 la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores de servicios centrales la extinción de los contratos de trabajo de cuatro trabajadores, entre los que figuraba la demandante. La sentencia, en lo que a la cuestión casacional importa, declaró que la empresa sí notificó a la representación de los trabajadores la carta de despido, cumpliéndose así el requisito de la norma. Sentado lo anterior, y acreditadas las causas objetivas, se pronunció estableciendo la procedencia del despido.

3.- Disconforme la demandante con la solución alcanzada por la sentencia recurrida se alza ahora en casación para la unificación de doctrina denunciando infracción del artículo 53.1.c) ET. El recurso ha sido impugnado de contrario mediante escrito en el que, en primer lugar, se opone a la admisión del recurso por considerar que se plantea una cuestión nueva. En segundo lugar, pretende la introducción de un nuevo documento y, sobre el mismo, una revisión de los hechos probados; y, en tercer lugar, se opone al recurso por considerar que la sentencia recurrida aplica correctamente el precepto cuya infracción se denuncia. El Ministerio Fiscal, en su preceptivo informe aboga por la procedencia del recurso.

SEGUNDO.- 1.- La recurrente aporta como sentencia de contraste la dictada por la sala de lo social del Tribunal Superior de justicia de Canarias -sede de Las Palmas- de 29 de junio de 2020 (Rec. 118/2020), en la que se declara la improcedencia del despido porque consta la comunicación de la extinción, un día después de su fecha de efectos, mediante remisión de una nota al Comité de empresa en la que se identifica a la trabajadora afectada, fecha de entrega de la carta de extinción, fecha de efectos de la misma, y la alusión a ser causas de organización y producción de la empresa conforme al art. 52.1.c) ET. Pese a que el retraso en la comunicación es breve, apreciado el incumplimiento del requisito formal de entregar en tiempo de copia de la comunicación extintiva a la representación legal de los trabajadores, debe declararse la improcedencia del despido.

2.- La contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 LRJS, tal como informa al Ministerio Fiscal y no niega la impugnante del recurso, ha de declararse existente. En efecto, en ambas sentencias se suscita análoga cuestión con relación al incumplimiento de la previsión legal obrante en el art. 53.1 c) ET de "dar copia a la representación legal de los trabajadores". Ahora bien, siendo pacífico que en ambos supuestos se ha dado copia a la representación legal de los trabajadores (extremo sobre el que no se polemiza), el punto de contradicción gira sobre el momento en que debe producirse la comunicación, a saber, si la misma debe realizarse de forma previa o simultánea a la notificación al trabajador afectado, o cabe asimismo la notificación en un momento inmediatamente posterior. En la sentencia recurrida se tiene por cumplido dicho presupuesto, aun cuando se efectúa en momento posterior a la fecha de efectos del despido; en la decisión de contraste, se alcanza solución diversa, al sostener que el retraso en la entrega de la copia de comunicación extintiva a representación legal de los trabajadores, aunque sea el día después. determina la improcedencia del despido.

TERCERO.- 1.- Antes de entrar en la resolución de la cuestión casacional planteada deben abordarse las dos causas de impugnación previas suscitadas por la recurrida en su escrito de impugnación al recurso. En la primera de dichas cuestiones sostiene que el recurso debió inadmitirse y debería, ahora, desestimarse, por plantear una cuestión nueva que no fue abordada en la instancia ni en la suplicación. Sin embargo, tal entendimiento es total y absolutamente erróneo. En efecto, en la demanda inicial ya figuraba la alegación de que el despido debía ser declarado improcedente por razones de forma ya que se habían infringido los requisitos formales exigibles a los despidos objetivos por las causas del artículo 52.c) ET, en concreto, porque la comunicación a los representantes de los trabajadores no se había efectuado al ser la misma tardía. A tal alegación dio respuesta explícita la sentencia del juzgado de lo Social entendiendo y razonando que la comunicación existió y que su notificación a los representantes algunos días después ni infringía el artículo 53.1.c) ET ni contrariaba la finalidad de la misma. Además, tal cuestión fue suscitada, nuevamente, por la demandante, en su recurso de suplicación en el que su primer motivo se destinó, íntegramente, a denunciar vulneración del artículo 53 ET "relativo a la falta de notificación del despido a los representantes sindicales, de forma previa o simultánea a procederse al despido". Resulta evidente, a la vista de los expuesto, que en modo alguno puede tildarse a la cuestión casacional aquí planteada de novedosa; antes, bien al contrario, estamos en presencia de la misma cuestión que ya se planteó en la instancia y en suplicación, razón por la que hay que desestimar la alegación de la parte recurrida.

2.- En segundo lugar, el escrito de impugnación al recurso pretende por la vía del artículo 233 introducir un documento nuevo y, sobre el mismo, revisar un hecho probado de la sentencia de instancia, ya que el relato fáctico no fue modificado en suplicación. Tampoco es posible acceder a tales pretensiones. En primer lugar, porque la posibilidad de revisión de los hechos probados, bien en base a documentos obrantes en autos, bien en base a nuevos documentos, únicamente puede efectuarse en el recurso de suplicación ( artículo 197.1 LRJS) o en el de casación ordinario ( Artículo 211.1 LRJS), pero no en el recurso de casación para la unificación de la doctrina, sin perjuicio de que, de admitirse un nuevo documento, su contenido pueda ser tenido en cuenta, tanto para la apreciación de la contradicción, como para la resolución del fondo del asunto. Sin embargo, en segundo lugar, la objeción más importante es que el documento cuya introducción se pretende no reúne los requisitos exigidos por la ley. En efecto, según el artículo 233 LRJS, la Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos. No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala dispondrá lo procedente.

Al respecto resulta evidente que los documentos que la impugnante del recurso pretende introducir en esta fase casacional ya fueron acompañados por la misma representación empresarial ante la Sala que dictó la sentencia aquí recurrida mediante un escrito de "complemento a la impugnación del recurso de suplicación" presentado en el pazo de impugnación al citado recurso y, por tanto, ya fueron tenidos en cuenta por la sentencia aquí recurrida. En definitiva, lo que la impugnante pretende ahora, de manera ilegal y torticera es conseguir una modificación de los hechos incompatible con este extraordinario recurso. Razón por la que la Sala no ha considerado ni siquiera tramitar un incidente sobre la admisión o no de un documento que, a todas luces, no cumple ninguno de los requisitos del articulo 233 LRJS.

CUARTO.- 1.- Aunque el artículo 53.1 c) del Estatuto de los Trabajadores no establece la obligación de entregar copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores, sino que señala que "del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento". Tal precepto ha sido interpretado por esta Sala en STS de 18 de abril de 2007, recurso 4781/2005, en la que se ha señalado: "El artículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores establece como requisito para el despido objetivo "la concesión de un plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo". El precepto añade que "en el supuesto contemplado en el artículo 52.c) del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento". Pero, como ha señalado la doctrina científica, hay un error en la redacción de este precepto, pues la copia que ha de facilitarse a los representantes de los trabajadores no es la del preaviso, que no es en sí mismo una comunicación del despido, sino una parte del contenido de la comunicación del cese. Por tanto, la exigencia de información a los representantes sindicales del artículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores no se refiere realmente al preaviso, sino a la comunicación del despido del apartado a) de este número; comunicación en la que debe exponerse la causa de la decisión extintiva y en la que normalmente, aparte de esta mención preceptiva de la causa, deben contenerse también las referencias a la concesión del preaviso y a la puesta a disposición de la indemnización, si bien el preaviso podría no incluirse en la comunicación".

2.- Tal como pusimos de relieve en nuestra STS 447/2022, de 17 de mayo (Rcud 2894/2020), que sigue la doctrina sentada en la anteriormente citada y en la STS 85/2016, de 10 de febrero de 2016 (Rcud 2502/2014), la voluntad de la ley consiste en que se produzca la entrega de una reproducción de la carta de despido que se ha entregado al trabajador, lo cual no consiste simplemente en dar información a los representantes de los trabajadores, sino en facilitar dicha información de una determinada forma, cual es la entrega de copia de la carta de despido. Uno de los requisitos del despido por causas objetivas relativas a las técnicas, productivas, organizativas o económicas de la empresa establecidas en el artículo 52.c) ET consiste, precisamente, en la entrega de la copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores. Su omisión, por tanto, no es un mero incumplimiento de un deber de información cuya represión se agote en una sanción administrativa.

El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores que regula los derechos de información y consulta del Comité de empresa -y de los delegados de personal en virtud de lo establecido en el artículo 62.2 del citado Estatuto- dispone en su apartado 6 que: "La información se deberá facilitar por el empresario al Comité de empresa, sin perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un contenido apropiados, que permita a la representación de los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe", enfatizando, de esta forma, la necesidad de cumplir con la exigencia formal prevista en el artículo 53.1c) ET consistente en que se entregue copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores, por lo que esta será la forma en la que habrá de realizarse la citada información. A mayor abundamiento, aunque no existiera esa concreta precisión, la comunicación requeriría la entrega de copia para poder cumplir las previsiones del apartado 6 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, para que los representantes puedan proceder al examen adecuado de la carta, las causas alegadas, en su caso, número de trabajadores afectados, finalidad que no se conseguiría mediante la mera presencia de un miembro del comité de empresa en el acto de entrega a los trabajadores de las cartas de despido y la suscripción de las mismas.

Igual conclusión se alcanza atendiendo a la finalidad de esta exigencia, que no es otra que permitir a los representantes de los trabajadores conocer la situación de la empresa, en orden a la correcta utilización del cauce del despido objetivo. Tal y como señala la sentencia de la Sala de 18 de abril de 2007, recurso 4781/2005: "La información a los representantes de los trabajadores sobre los despidos objetivos económicos es una pieza esencial del sistema legal de control de la distinción institucional entre el despido colectivo y el objetivo. Sin una información de esta clase, que tiene necesariamente que centralizarse en la representación unitaria de los trabajadores, éstos tendrán importantes dificultades para conocer la situación de la empresa en orden a la correcta utilización del cauce del despido objetivo económico y, por tanto, será muy difícil acreditar la eventual superación de los límites cuantitativos a efectos de mantener en el proceso la causa de nulidad del apartado d) del número 2 del artículo 122 de la LPL en relación con el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores : la utilización indebida del despido objetivo por sobrepasar los límites cuantitativos mencionados en el último precepto citado". Doctrina plenamente aplicable en la actualidad cuando el artículo 122.3 LRJS considera que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 53.1 ET conlleva la improcedencia del despido.

3.- La anterior doctrina, aunque no explícitamente, ya contiene una respuesta implícita a la cuestión aquí controvertida en la medida en que las aludidas sentencias se refieren a que "la voluntad de la ley consiste en que se produzca la entrega de una reproducción de la carta de despido que se ha entregado al trabajador", lo que evidentemente implica que la comunicación a los representantes no puede ser previa a la entrega al trabajador despedido. Por ello, resulta evidente que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida que se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala expresada anteriormente. Resulta obvio que la comunicación a la representación legal de los trabajadores puede, por tanto, efectuarse, con posterioridad al acto mismo del despido, siempre y cuando se efectúe en un plazo prudencial que ni frustre las finalidades de la exigencia legal ni impida que los destinatarios, esto es, los representantes puedan ejercitar los derechos que puedan estar vinculados a la información facilitada, entre los que no cabe desconocer la posibilidad de asesorar la trabajador sobre las causas y circunstancias del despido en cuestión. Resulta, por tanto, evidente, que en el caso examinado la comunicación efectuada cuatro días después del despido en nada perjudica ni afecta o condiciona ni los derechos de los representantes destinatarios de la información, ni los de la propia trabajadora despedida.

QUINTO.- Todo lo expuesto determina, oído el Ministerio Fiscal, la desestimación del recurso y la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida, sin que la Sala, por mandato del artículo 235 LRJS deba efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas.