Sentencia Social 221/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3606/2021 de 06 de febrero del 2024

PRIMERO.- 1.- La controversia litigiosa radica en determinar si, como consecuencia de la aplicación de la nueva estructura retributiva regulada por la disposición adicional 15ª de la Ley 15/2012 de las Islas Baleares, el actor, que presta servicios laborales para una fundación del sector público instrumental, tiene derecho a incrementar el salario que percibía antes de la nueva estructura retributiva. El demandante reclama que le abonen los complementos de responsabilidad, dificultad técnica y penosidad con la misma cuantía que otro trabajador de la misma fundación que realiza funciones esencialmente iguales y que percibe esos tres pluses con cuantías superiores al actor.

2.- Los hechos esenciales para la resolución de este pleito son los siguientes:

a) El demandante prestaba servicios en la Fundació IBIT hasta que la Fundació Balear d`Inovacio i Tecnología (en adelante, Fundació BIT) se subrogó en su contrato de trabajo. Tiene la categoría profesional de Experto Senior.

b) La creación de la Fundació BIT supuso la extinción de las siguientes entidades: ParcBit Desenvolupament SA, Bitel Baleares Innovación Telemática SA y Fundación IBIT.

La Fundació BIT se subrogó en los contratos de los trabajadores de esas empresas. En todos los casos, tras la subrogación los trabajadores mantuvieron las retribuciones que tenían en su empresa de origen manteniéndose la aplicación de los convenios colectivos que regían en cada una de ellas. En el caso de la Fundación IBIT, se aplicaba el Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos.

c) En fecha 28 de noviembre de 2017 la Fundació BIT aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) que contenía la descripción de las categorías profesionales, funciones y estructura retributiva de cada uno de los puestos de trabajo de la entidad.

d) El 27 de marzo de 2018 la Fundació BIT acordó la aplicación provisional del régimen retributivo previsto en la disposición adicional 15ª de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2013.

e) El actor fue clasificado en la nueva RPT como Grupo A, categoría "Técnico Superior Experto Innovación" dentro del Área R+D+I, con el puesto de trabajo NUM001 de la RPT. Ese puesto de trabajo tiene asignados dentro de sus retribuciones los complementos de responsabilidad (829,55 euros), dificultad técnica (2.222,47 euros) y penosidad (313,33 euros).

f) El puesto de trabajo identificado con el número NUM002 de la RPT ("Técnico Superior Experto Emprendimiento") tiene asignados los complementos de responsabilidad (3.190 euros), dificultad técnica (7.590 euros) y penosidad (1.100 euros) con remuneraciones superiores a las del actor.

g) Las funciones de ambos puestos de trabajo: el NUM002 y el NUM001 son esencialmente iguales. La diferente nomenclatura de ambos puestos de trabajo deriva del diferente cliente que reciben: el puesto de trabajo número NUM001 atiende a las empresas en general y el número NUM002 a los emprendedores. El demandante y el trabajador que ocupa el puesto de trabajo número NUM002 lo hacen en entornos físicos distintos. La asignación de cada trabajador a un centro de trabajo dependió de la voluntad de cada uno de ellos.

3.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social estimó en parte la demanda. Contra ella recurrieron en suplicación el trabajador y la empresa. La sentencia del TSJ de las Islas Baleares 208/2021, de 21 de junio (recurso 333/2020), desestimó el recurso del trabajador, estimó el de la empresa, revocó la sentencia de instancia y desestimó íntegramente la demanda.

El Tribunal argumenta que la disposición adicional 15ª de la citada Ley 15/2012 tuvo como finalidad hacer frente al déficit público y para ello se ordenó la elaboración de una RPT partiendo de criterios objetivos. Sin embargo, la fundación demandada optó por un criterio subjetivo manteniendo las retribuciones que los trabajadores asignados a esos puestos venían percibiendo anteriormente. Esa disposición adicional estableció un complemento personal transitorio y absorbible para cuando se redujeran en cómputo anual las retribuciones del trabajador. Para la sentencia recurrida no hay elementos para considerar adecuadas las retribuciones del puesto NUM002. El Tribunal afirma que no existe un derecho a la igualdad en la desigualdad.

4.- El trabajador interpuso recurso de casación unificadora con un único motivo en el que denuncia la infracción de la mentada disposición adicional 15ª en relación con la Constitución. Argumenta que la diferencia retributiva entre los puestos NUM002 y NUM001 no está justificada y solicita que se estime íntegramente la demanda.

5.- La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.

El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.- En primer lugar, debemos examinar si concurre el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS). Se invoca de contraste la sentencia del TSJ de las Islas Baleares 64/2020, de 10 de marzo (recurso 458/2019).

En ella, el actor prestaba servicios para la Fundació IBIT con la categoría profesional de gestor. Tras la subrogación se incorporó al área de proyectos y comunicación R+D+I manteniendo el salario y condiciones laborales de la empresa de origen. Se le asignó el puesto NUM003 RPT. En la demanda reclamó las diferencias salariales entre los complementos que percibía por clasificación en la RPT y los puestos NUM004 y subsidiariamente NUM005. La sentencia referencial confirma el fallo estimatorio de instancia argumentando que procede la equiparación salarial por realizarse las mismas funciones, destacando además que una referencia genérica a la disposición adicional 15ª es insuficiente para estimar el recurso ya que no se funda en prueba alguna y la valoración de la clasificación y asignación del alcance económico de los complementos debatidos pudo ser errónea y debe revisarse en cada caso.

2.- Concurre el requisito de contradicción. En ambos litigios, sendos trabajadores de la Fundació BIT desempeñaban funciones esencialmente iguales que otros trabajadores de la misma fundación, los cuales percibían complementos salariales con unas cuantías superiores. Se discute si, por aplicación del art. 14 de la Constitución, los demandantes tienen derecho a percibir una retribución igual. La sentencia recurrida rechaza dicha pretensión mientras que la de contraste la estima.

TERCERO.- 1.- El art. 26 del Decreto-ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de otras instituciones autonómicas; establece:

"Artículo 26. Límites retributivos del personal del sector público instrumental.

1. Las retribuciones del personal al servicio de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma no superarán las fijadas en la Administración de la Comunidad Autónoma para los empleados públicos con iguales o similares funciones. La comparación afectará a la suma de todos los conceptos retributivos y requerirá la aprobación de un acuerdo de homologación de funciones y de categorías profesionales por parte de cada ente [...]".

2.- La disposición adicional 15ª de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2013, se titula: "Medidas de racionalización del régimen retributivo y de la clasificación profesional del personal laboral al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears".

Los apartados 1, 2 y 3 de esta disposición adicional 15ª tienen el siguiente contenido:

"1. Clasificación profesional: grupos y categorías profesionales.

1.1. Las categorías profesionales del personal laboral al servicio de los entes que integran el sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Baleares se tienen que agrupar, en función de la titulación exigida para el ingreso, en los grupos siguientes:

a) Grupo A [...]".

"2. Estructura salarial.

Las retribuciones del personal laboral al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma se tienen que estructurar en retribuciones básicas y en retribuciones complementarias:

2.1. Son retribuciones básicas:

a) El sueldo base [...]

2.3. Son retribuciones complementarias las que determinen las relaciones de puestos de trabajo, previa la negociación en el seno de los órganos correspondientes de cada ente, en función de la concurrencia o no en cada caso de las circunstancias siguientes:

[...] c) Responsabilidad [...]

d) Dificultad técnica [...]

e) Peligrosidad [...]

2.4 Cada ente dispone de un periodo de siete meses para llevar a cabo la valoración objetiva de los puestos de trabajo y asignar a cada puesto los complementos retributivos que correspondan, con la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Para establecer las cuantías de cada complemento retributivo se debe tener en cuenta que la suma de las retribuciones básicas, del complemento de insularidad y de las retribuciones complementarias del puesto de trabajo, con exclusión de la antigüedad o el concepto análogo, no pueden exceder de las cuantías siguientes, en cómputo anual para el año 2013:

a) 49.980,32 euros para los puestos de trabajo de categorías profesionales integradas en el grupo A".

"3. Complemento personal transitorio.

3.1. Las retribuciones establecidas en esta ley y las complementarias que resulten de la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de cada ente tienen que absorber la totalidad de las remuneraciones que perciba actualmente cada trabajador en virtud de su régimen retributivo anterior, por cualquier concepto, tanto fijo como variable.

3.2. Si como consecuencia de la aplicación del nuevo sistema retributivo se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones del trabajador, se podrá reconocer, en el seno de la negociación colectiva y de manera excepcional, un complemento personal y transitorio que abarque la diferencia, el cual se configurará y absorberá de acuerdo con los criterios siguientes [...]

3.4 En ningún caso, la aplicación del nuevo régimen de clasificación y de la estructura retributiva puede suponer un incremento de retribuciones para el personal afectado".

3.- La doctrina constitucional, a partir de la sentencia del TC 161/1991, de 18 de julio, sostiene que, cuando el empleador es una Administración pública, en las relaciones con su personal rige el principio de que, ante supuestos de hecho idénticos, cualquier diferencia de trato retributivo ha de estar objetivamente justificada, pues de lo contrario sería discriminatoria y, en consecuencia, lesiva del derecho a la igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución.

CUARTO.- 1.- El actor fue clasificado en el grupo A con el número NUM001 de la RPT. La Fundació BIT adaptó las retribuciones de sus trabajadores a la disposición adicional 15ª de la Ley 17/2012 con efectos del 1 de abril de 2018. El demandante, tanto antes como después de esa fecha, percibe una retribución total bruta mensual de 2.494,27 euros. Después de adaptar sus retribuciones, cobra los pluses de penosidad, responsabilidad y dificultad técnica, que antes no percibía.

Otro trabajador de la Fundació BIT, que ocupa el puesto de trabajo número NUM002, desempeña unas funciones esencialmente iguales a las del actor: la responsabilidad, dificultad técnica y penosidad de su trabajo es la misma. Sin embargo, percibe los pluses de responsabilidad, dificultad técnica y penosidad con unas cuantías superiores.

2.- La sentencia recurrida explica que la diferencia retributiva entre esos dos puestos de trabajo se debe a que, al instaurar el nuevo régimen retributivo previsto en la disposición adicional 15ª de la Ley 15/2012, la valoración de esos dos puestos de trabajo y la asignación a cada uno de los complementos retributivos no se hicieron con criterios objetivos, como exige la citada norma, sino que se partió de un criterio subjetivo: el mantenimiento de las retribuciones que los trabajadores asignados a esos puestos de trabajo venían percibiendo con anterioridad, sin establecer el correspondiente complemento personal transitorio.

La finalidad de esas normas era hacer frente al déficit público asegurando la estabilidad presupuestaria mediante la racionalización del régimen retributivo del personal al servicio de los entes del sector público instrumental de esa Comunidad Autónoma, razón por la cual el apartado 3.4 de esta disposición adicional 15ª prohíbe que la aplicación del nuevo régimen de clasificación y de estructura retributiva suponga un incremento de las retribuciones para el personal afectado.

Esa norma se vulneraría si se reconociera el derecho del actor a percibir los complementos de responsabilidad, dificultad técnica y penosidad en la cuantía reclamada porque su retribución después de aplicar la nueva estructura retributiva sería superior a la que percibía antes.

La disposición adicional 15ª establece las siguientes reglas:

a) La nueva estructura retributiva no puede suponer una disminución de las retribuciones de cada trabajador. La norma prevé el abono de un complemento personal transitorio que incluya la diferencia (disposición adicional 15ª.3.2).

b) Tampoco puede suponer un aumento de las retribuciones (disposición adicional 15ª.3.4).

Esta última norma se vulneraría si se reconociera el derecho del demandante a percibir esos pluses, debiendo hacer hincapié en que la diferencia entre las retribuciones asignadas al puesto del actor ( NUM001 de la RPT) y el puesto de trabajo NUM002 de la RPT tiene su origen en la instauración de la nueva estructura retributiva prevista en la disposición adicional 15ª, lo que excluye que esta diferencia retributiva vulnere el derecho a la igualdad del art. 14 de la Constitución.

3.- En definitiva, la finalidad de la mentada disposición adicional 15ª era la de hacer frente al déficit público mediante la racionalización del régimen retributivo de ese personal. Se estableció la obligación de adaptación de la estructura profesional y del régimen retributivo de todas las entidades del sector público instrumental de las Illes Balears. El apartado 3.4 de la disposición adicional 15ª impide que la aplicación del nuevo régimen retributivo suponga un aumento salarial. Hasta el 31 de marzo de 2018 el actor percibía una retribución de 2.494,27 euros mensuales, la misma que cobraba después de esa fecha. La cantidad percibida por el demandante por estos tres complementos es de 3.365,35 euros y la percibida por el trabajador del puesto NUM002 asciende a 11.880 euros. La instauración del nuevo régimen retributivo no puede conllevar un incremento del salario. De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que no se ha vulnerado el derecho a la igualdad del art. 14 de la Constitución, al existir la mentada justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato.

QUINTO.- Los anteriores argumentos obligan, a desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la parte actora, confirmando la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS).