Sentencia Social 960/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 139/2021 de 08 de noviembre del 2023

PRIMERO.- 1. La C.N.T. articula un único motivo de casación, en el cual, con cita del art. 207 b) LRJS, denuncia que la sentencia recurrida ha infringido lo dispuesto en el art. 8.1, en relación con el art. 2.f), LRJS y el art. 24 CE.

Defiende básicamente que el ámbito del conflicto no se limita a Vigo y ni siquiera a una comunidad autónoma, como sostienen los autos recurridos.

2. El Sindicato de Oficios Varios de Vigo de la CNT ha impugnado el recurso de casación.

3. El Ministerio Fiscal interesa en su informe la desestimación del recurso de casación.

SEGUNDO. - 1. El art. 6.1 LRJS dispone: 1. Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal.

El art. 7.1 LRJS encomienda a las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia el conocimiento en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes.

El primer párrafo del art. 8.1 LRJS dice textualmente: 1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

El art. 2.f) LRJS establece que los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán sobre los procesos de tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho.

2. La competencia se determina por los límites reales e inherentes a la cuestión debatida ( STS de 20 de diciembre de 2004 -Rec. 44/2004-). Ello supone, a su vez, que: no cabe extender un litigio colectivo basándose en una potencial afectación distinta de la señalada en la demanda, en puras conjeturas e hipótesis de futuro ( STS de 4 de abril de 2002 -Rec. 882/2001- y 25 de octubre de 2004 -Rec. 5046/2003-); y que tampoco cabe ceñirse a los límites artificialmente diseñados por las partes. Abunda en esa tesis el que el artículo 154 LRJS atribuya la legitimación para promover el proceso de conflicto colectivo en función del alcance de la representación de sindicatos, asociaciones empresariales o representantes legales o sindicales de los trabajadores. Por ello, también desde esta óptica, esta sala 4ª ha venido sosteniendo que la competencia para conocer de una demanda de conflicto colectivo no deriva del alcance de la norma o decisión que se trata de interpretar o aplicar, sino del alcance o área a la que se contrae el conflicto ( STS de 21 de julio de 2009, rcud 3389/2008).

De este modo, la competencia para el conocimiento de las demandas de tutela de derechos fundamentales será competencia de los juzgados de lo social, a la sala de lo social de los tribunales superiores de justicia, o a la sala de lo social de la Audiencia Nacional, según sea el ámbito del conflicto, de manera que, cuando el conflicto extienda sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma, la competencia corresponderá obligatoriamente a la sala de lo social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el art. 8.1 LRJS.

3. La doctrina de la Sala, sintetizada en STS 26 de enero de 2017, rec. 54/2016, ha anudado el ámbito del conflicto con la pretensión actora, lo cual obliga necesariamente a su examen para constatar si el conflicto planteado queda circunscrito a Vigo, tal y como se mantiene por el auto recurrido o, por el contrario, excede de una comunidad autónoma, en cuyo caso deberíamos concluir que el conocimiento del litigio corresponde a la sala de lo social de la Audiencia Nacional.

TERCERO. - 1. Debemos precisar, por tanto, si el ámbito del conflicto se limita a Vigo, como defiende el auto recurrido o, por el contrario, su ámbito es estatal, para lo cual debemos comprobar cuál es el objeto de la pretensión de tutela promovida por C.N.T.

La demanda de tutela, promovida por C.N.T. tiene como punto de partida la "desfederación" de la CNT Vigo, acordada por el Pleno Regional de Sindicatos de Galicia de la CNT celebrado el día 20/06/2015, lo que no fue impugnado por CNT Vigo con arreglo a los estatutos del sindicato, de manera que la "desfederación" quedó firme, según los citados estatutos. C.N.T. requirió a CNT Vigo la entrega de las llaves del local de patrimonio confederal que disfrutaba y reclamó que cesara en el uso de las siglas CNT.

La demandante denuncia que, con posterioridad a su "desfederación" y hasta la actualidad, el sindicato demandado ha seguido actuando bajo la denominación "Confederación Nacional del Trabajo" y bajo las siglas CNT, haciendo caso omiso de los requerimientos que se les han realizado para que dejasen de utilizar la denominación y las siglas en cuestión por ser las mismas de uso exclusivo del sindicato demandante y se mantiene en el local antes dicho. Reprocha, a estos efectos que, el sindicato demandado ha realizado un uso fraudulento de las siglas C.N.T. y que usurpa esta denominación.

Denuncia, por otra parte que, el sindicato demandado mantiene y participa de una página web, cuya dirección es , manteniendo y anunciando una dirección de correo electrónico con las siglas CNT, usando indiscriminadamente los signos distintivos del sindicato demandante, creando y manteniendo secciones sindicales, haciendo creer que forman parte de la CNT cuando es un sindicato que está expulsado de la CNT y llegando a convocar una huelga general en Vigo el 8 de marzo de 2020, usando las siglas CNT y manteniendo su sede en un local que es propiedad del sindicato demandante y que el sindicato demandado no pone a su disposición.

Todo ello lesiona el derecho de libertad sindical del sindicato demandante.

2. Esta sala 4ª del Tribunal ha examinado recursos sustancialmente similares al actual, llegando a la conclusión, en todos ellos, de que la competencia corresponde a la sala de lo social de la Audiencia Nacional.

Remitimos, por todas, a las SSTS 993, 994, 995 y 996/2021, de 6 octubre; 997 y 998/2021, de 7 octubre; 1091/2021, de 14 de noviembre; y 716/2022, de 8 de septiembre.

La misma solución se debe aplicar en el presente caso.

3. Como señalamos en las citadas sentencias, cuestión distinta es que la litis esté adecuadamente trabada, ya que el sindicato demandante ha interpuesto dieciocho demandas contra cada uno de los sindicatos encuadrados en C.N.T.-A.I.T., que se tramitan ante la sala de lo social de la Audiencia Nacional en los autos 310 a 328/2020 inclusive, en vez de interponer una sola contra todos ellos y, en su caso, contra C.N.T.-A.I.T, lo cual deberá resolverse en su momento por aquella sala de lo social, pero dicha circunstancia no afecta a su competencia funcional, que viene determinada, como apuntamos más arriba, por el ámbito real del conflicto, que excede claramente de una comunidad autónoma.

CUARTO. - Por las razones expuestas, oído el Ministerio Fiscal, procede: estimar el recurso de casación interpuesto por la Confederación Nacional del Trabajo, representada y asistida por su Letrado D. Vicente González Escribano, contra el auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 4 de febrero de 2021, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el auto de aquella sala de 30 de octubre de 2020, que había declarado de oficio la falta de competencia funcional de la sala, en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales 328/2020, promovido a instancia de Confederación Nacional del Trabajo contra el Sindicato de Oficios Varios de Vigo de la Confederación Nacional del Trabajo; casar y anular el auto recurrido, y asimismo el auto de 30 de octubre de 2020, declarando que compete el conocimiento del litigio a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Sin costas.