Sentencia Social 842/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 194/2023 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO.- 1.El conflicto colectivo versa sobre la interpretación del artículo 46 d) del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Madrid (B.O.C.M. el 21 de marzo de 2022) en relación con el cálculo del crédito horario de los representantes de los trabajadores. La demandante, Organización Sindical de Acción Directa (OSAD), sostiene que de acuerdo con el convenio colectivo las horas mensuales de todos los miembros deben sumarse y multiplicarse "por doce" para el cómputo anual, lo que implicaría el reconocimiento de un crédito horario también en el mes de vacaciones. En el suplico de la demanda pide que se declare que la empresa Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA) reconozca el crédito horario sindical mensual de la Sección Sindical de OSAD multiplicado por doce y permita el disfrute de las 520 horas de diferencia de crédito horario que así resultarían en el año 2022.

2.La sentencia del Tribunal Superior de Justicia recurrida, sin entrar en el fondo del asunto, declaró su falta de competencia funcional para conocer del pleito en la instancia. La empresa demandada había alegado en el acto del juicio la incompetencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, argumentando que el conflicto se circunscribía a un único centro de trabajo. El tribunal concluyó que, aunque la cuestión jurídica es la interpretación del artículo 46 del Convenio Colectivo, el ámbito de afectación real del conflicto se circunscribe a los trece miembros del comité de empresa pertenecientes a la sección sindical del sindicato demandante y todos ellos prestan servicios en un único centro de trabajo sito en la Avenida de Brasil n° 11 de Madrid. De ahí concluye que la competencia para conocer del litigio en instancia corresponde a los Juzgados de lo Social de Madrid y no al Tribunal Superior de Justicia.

3.Es la propia empresa demandada y que vió su pretensión estimada la que interpone el recurso de casación, alegando dos motivos al amparo del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En el primero, con amparo en la letra c, denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por cuanto dice que el tribunal de instancia debería haber apreciado de oficio la falta de competencia funcional desde el momento de la presentación de la demanda, al tener a su disposición todos los elementos de juicio necesarios, sin esperar a la fase de sentencia. Dice que la competencia objetiva y funcional es una cuestión de orden público procesal que los jueces deben examinar de oficio y la demanda ya indicaba que el conflicto afectaba solo a trece miembros en un centro de trabajo específico en Madrid, lo que a juicio de ASISPA, debió haber llevado al órgano judicial a una resolución inmediata de incompetencia por parte de un juzgado de primera instancia, sin permitir que el procedimiento continuara hasta la celebración del juicio y el dictado de sentencia.

En el segundo denuncia error en la apreciación de la prueba al amparo de la letra d.

4.La parte demandante presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega que el recurso de la empresa contradice los propios actos de la misma, puesto que está recurriendo una sentencia que estima la excepción de incompetencia por ella misma alegada en la instancia y ello lo hace con la única finalidad de alargar el procedimiento judicial y evitar que recaiga sentencia que obligue a la empresa recurrente a reconocer el crédito horario en la extensión prevista en el convenio colectivo, por lo que incurre en un fraude de ley al ejercitar su derecho al recurso, lo que le lleva a solicitar la condena en costas de la empresa y la imposición de una multa.

5.El Ministerio Fiscal informó en sentido contrario a la estimación del recurso, manifestando que la parte recurrente va contra sus propios actos al recurrir una sentencia que estima una excepción alegada por la misma y que además los fundamentos del recurso no llegan a constituir una "impugnación razonada" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO.- 1.Lo que cuestiona la parte recurrente no es propiamente la incompetencia declarada por la Sala a quo, ya que fue la propia empresa recurrente quien alegó tal excepción en el acto del juicio, sino que plantea una supuesta infracción procesal por no haber decretado la incompetencia en trámite de admisión, ya que, según dice, los datos necesarios para ello estaban contenidos en la propia demanda.

El artículo 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nos dice en su párrafo primero que "si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho". El número dos del mismo artículo dice que "igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto".

Por lo tanto hay dos momentos procesales en los que el órgano judicial puede declarar su falta de jurisdicción o de competencia, en el momento de la admisión de la demanda y en el momento de dictar sentencia. En ambos casos, conforme al número tres de dicho precepto, es preceptiva la previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días, si no hubieran tenido ocasión de hacer alegaciones al respecto en otro trámite procesal, especialmente en el acto del juicio.

La asunción de la jurisdicción o de la competencia en el trámite de admisión de la demanda por parte del órgano judicial no produce efecto alguno de cosa juzgada formal, de manera que el órgano judicial después en su sentencia podrá y deberá declarar su falta de jurisdicción o de competencia si en base a los hechos acreditados y el contenido del proceso llegara a tal conclusión.

Su decisión sobre el momento procesal de declaración de incompetencia exige de una valoración de las circunstancias por el órgano judicial, puesto que hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones para decidir sobre la competencia habrá que determinar los hechos del caso, lo que solamente puede hacerse en sentencia una vez finalizado el acto del juicio y practicada la prueba en el mismo. Por ello, salvo en casos en que la falta de jurisdicción o de competencia se presente ya ab initio con meridiana claridad, lo usual es que haya de tramitarse el procedimiento, sin que de ello pueda derivarse reproche alguno al proceso seguido. En este caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia precisamente ya razona debidamente esta decisión en sus fundamentos.

2.En tal escenario apreciamos que el recurso de casación aquí planteado carece de todo objeto, no existiendo gravamen alguno derivado de la sentencia que estimó la excepción planteada por la empresa. Sería absurdo decretar ahora la nulidad de la sentencia para que el órgano a quo dice un auto con el mismo pronunciamiento que ya contiene la misma, pronunciamiento que además acoge precisamente la excepción procesal alegada por la recurrente. La única finalidad que puede racionalmente atribuirse al recurso presentado es puramente dilatoria, dirigida a mantener la litispendencia que impediría temporalmente plantear a la parte actora nueva demanda ante los Juzgados de lo Social, declarados competentes en la sentencia recurrida conforme a la excepción alegada por la propia recurrente, lo que constituye un manifiesto abuso de derecho en el ejercicio del derecho al recurso.

3.El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice:

"1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe...

2. Los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal...".

A su vez el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en la redacción aplicable al caso) dice:

"Deberes procesales de las partes.

1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones...

4... De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas...".

El artículo 235.2 de la misma Ley dice:

"La regla general del vencimiento establecida en el apartado anterior, no se aplicará cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podrá imponer el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe."

En este caso, por todo lo que hemos dicho, debe apreciarse la mala fe de la parte recurrente, lo que conlleva la imposición de costas correspondientes a los honorarios del abogado de la parte contraria que actuó en el recurso en cuantía de mil ochocientos euros.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, lleva a apreciar una causa de inadmisión por falta de legitimación de la parte recurrente, que llegado a fase de sentencia se convierte en causa de desestimación.

2.Se imponen a la parte recurrente las costas de su recurso en cuantía de 1.800 euros y se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

PRIMERO.- 1.El conflicto colectivo versa sobre la interpretación del artículo 46 d) del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Madrid (B.O.C.M. el 21 de marzo de 2022) en relación con el cálculo del crédito horario de los representantes de los trabajadores. La demandante, Organización Sindical de Acción Directa (OSAD), sostiene que de acuerdo con el convenio colectivo las horas mensuales de todos los miembros deben sumarse y multiplicarse "por doce" para el cómputo anual, lo que implicaría el reconocimiento de un crédito horario también en el mes de vacaciones. En el suplico de la demanda pide que se declare que la empresa Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA) reconozca el crédito horario sindical mensual de la Sección Sindical de OSAD multiplicado por doce y permita el disfrute de las 520 horas de diferencia de crédito horario que así resultarían en el año 2022.

2.La sentencia del Tribunal Superior de Justicia recurrida, sin entrar en el fondo del asunto, declaró su falta de competencia funcional para conocer del pleito en la instancia. La empresa demandada había alegado en el acto del juicio la incompetencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, argumentando que el conflicto se circunscribía a un único centro de trabajo. El tribunal concluyó que, aunque la cuestión jurídica es la interpretación del artículo 46 del Convenio Colectivo, el ámbito de afectación real del conflicto se circunscribe a los trece miembros del comité de empresa pertenecientes a la sección sindical del sindicato demandante y todos ellos prestan servicios en un único centro de trabajo sito en la Avenida de Brasil n° 11 de Madrid. De ahí concluye que la competencia para conocer del litigio en instancia corresponde a los Juzgados de lo Social de Madrid y no al Tribunal Superior de Justicia.

3.Es la propia empresa demandada y que vió su pretensión estimada la que interpone el recurso de casación, alegando dos motivos al amparo del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En el primero, con amparo en la letra c, denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por cuanto dice que el tribunal de instancia debería haber apreciado de oficio la falta de competencia funcional desde el momento de la presentación de la demanda, al tener a su disposición todos los elementos de juicio necesarios, sin esperar a la fase de sentencia. Dice que la competencia objetiva y funcional es una cuestión de orden público procesal que los jueces deben examinar de oficio y la demanda ya indicaba que el conflicto afectaba solo a trece miembros en un centro de trabajo específico en Madrid, lo que a juicio de ASISPA, debió haber llevado al órgano judicial a una resolución inmediata de incompetencia por parte de un juzgado de primera instancia, sin permitir que el procedimiento continuara hasta la celebración del juicio y el dictado de sentencia.

En el segundo denuncia error en la apreciación de la prueba al amparo de la letra d.

4.La parte demandante presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega que el recurso de la empresa contradice los propios actos de la misma, puesto que está recurriendo una sentencia que estima la excepción de incompetencia por ella misma alegada en la instancia y ello lo hace con la única finalidad de alargar el procedimiento judicial y evitar que recaiga sentencia que obligue a la empresa recurrente a reconocer el crédito horario en la extensión prevista en el convenio colectivo, por lo que incurre en un fraude de ley al ejercitar su derecho al recurso, lo que le lleva a solicitar la condena en costas de la empresa y la imposición de una multa.

5.El Ministerio Fiscal informó en sentido contrario a la estimación del recurso, manifestando que la parte recurrente va contra sus propios actos al recurrir una sentencia que estima una excepción alegada por la misma y que además los fundamentos del recurso no llegan a constituir una "impugnación razonada" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO.- 1.Lo que cuestiona la parte recurrente no es propiamente la incompetencia declarada por la Sala a quo, ya que fue la propia empresa recurrente quien alegó tal excepción en el acto del juicio, sino que plantea una supuesta infracción procesal por no haber decretado la incompetencia en trámite de admisión, ya que, según dice, los datos necesarios para ello estaban contenidos en la propia demanda.

El artículo 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nos dice en su párrafo primero que "si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho". El número dos del mismo artículo dice que "igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto".

Por lo tanto hay dos momentos procesales en los que el órgano judicial puede declarar su falta de jurisdicción o de competencia, en el momento de la admisión de la demanda y en el momento de dictar sentencia. En ambos casos, conforme al número tres de dicho precepto, es preceptiva la previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días, si no hubieran tenido ocasión de hacer alegaciones al respecto en otro trámite procesal, especialmente en el acto del juicio.

La asunción de la jurisdicción o de la competencia en el trámite de admisión de la demanda por parte del órgano judicial no produce efecto alguno de cosa juzgada formal, de manera que el órgano judicial después en su sentencia podrá y deberá declarar su falta de jurisdicción o de competencia si en base a los hechos acreditados y el contenido del proceso llegara a tal conclusión.

Su decisión sobre el momento procesal de declaración de incompetencia exige de una valoración de las circunstancias por el órgano judicial, puesto que hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones para decidir sobre la competencia habrá que determinar los hechos del caso, lo que solamente puede hacerse en sentencia una vez finalizado el acto del juicio y practicada la prueba en el mismo. Por ello, salvo en casos en que la falta de jurisdicción o de competencia se presente ya ab initio con meridiana claridad, lo usual es que haya de tramitarse el procedimiento, sin que de ello pueda derivarse reproche alguno al proceso seguido. En este caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia precisamente ya razona debidamente esta decisión en sus fundamentos.

2.En tal escenario apreciamos que el recurso de casación aquí planteado carece de todo objeto, no existiendo gravamen alguno derivado de la sentencia que estimó la excepción planteada por la empresa. Sería absurdo decretar ahora la nulidad de la sentencia para que el órgano a quo dice un auto con el mismo pronunciamiento que ya contiene la misma, pronunciamiento que además acoge precisamente la excepción procesal alegada por la recurrente. La única finalidad que puede racionalmente atribuirse al recurso presentado es puramente dilatoria, dirigida a mantener la litispendencia que impediría temporalmente plantear a la parte actora nueva demanda ante los Juzgados de lo Social, declarados competentes en la sentencia recurrida conforme a la excepción alegada por la propia recurrente, lo que constituye un manifiesto abuso de derecho en el ejercicio del derecho al recurso.

3.El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice:

"1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe...

2. Los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal...".

A su vez el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en la redacción aplicable al caso) dice:

"Deberes procesales de las partes.

1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones...

4... De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas...".

El artículo 235.2 de la misma Ley dice:

"La regla general del vencimiento establecida en el apartado anterior, no se aplicará cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podrá imponer el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe."

En este caso, por todo lo que hemos dicho, debe apreciarse la mala fe de la parte recurrente, lo que conlleva la imposición de costas correspondientes a los honorarios del abogado de la parte contraria que actuó en el recurso en cuantía de mil ochocientos euros.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, lleva a apreciar una causa de inadmisión por falta de legitimación de la parte recurrente, que llegado a fase de sentencia se convierte en causa de desestimación.

2.Se imponen a la parte recurrente las costas de su recurso en cuantía de 1.800 euros y se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

PRIMERO.- 1.El conflicto colectivo versa sobre la interpretación del artículo 46 d) del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Madrid (B.O.C.M. el 21 de marzo de 2022) en relación con el cálculo del crédito horario de los representantes de los trabajadores. La demandante, Organización Sindical de Acción Directa (OSAD), sostiene que de acuerdo con el convenio colectivo las horas mensuales de todos los miembros deben sumarse y multiplicarse "por doce" para el cómputo anual, lo que implicaría el reconocimiento de un crédito horario también en el mes de vacaciones. En el suplico de la demanda pide que se declare que la empresa Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA) reconozca el crédito horario sindical mensual de la Sección Sindical de OSAD multiplicado por doce y permita el disfrute de las 520 horas de diferencia de crédito horario que así resultarían en el año 2022.

2.La sentencia del Tribunal Superior de Justicia recurrida, sin entrar en el fondo del asunto, declaró su falta de competencia funcional para conocer del pleito en la instancia. La empresa demandada había alegado en el acto del juicio la incompetencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, argumentando que el conflicto se circunscribía a un único centro de trabajo. El tribunal concluyó que, aunque la cuestión jurídica es la interpretación del artículo 46 del Convenio Colectivo, el ámbito de afectación real del conflicto se circunscribe a los trece miembros del comité de empresa pertenecientes a la sección sindical del sindicato demandante y todos ellos prestan servicios en un único centro de trabajo sito en la Avenida de Brasil n° 11 de Madrid. De ahí concluye que la competencia para conocer del litigio en instancia corresponde a los Juzgados de lo Social de Madrid y no al Tribunal Superior de Justicia.

3.Es la propia empresa demandada y que vió su pretensión estimada la que interpone el recurso de casación, alegando dos motivos al amparo del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En el primero, con amparo en la letra c, denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por cuanto dice que el tribunal de instancia debería haber apreciado de oficio la falta de competencia funcional desde el momento de la presentación de la demanda, al tener a su disposición todos los elementos de juicio necesarios, sin esperar a la fase de sentencia. Dice que la competencia objetiva y funcional es una cuestión de orden público procesal que los jueces deben examinar de oficio y la demanda ya indicaba que el conflicto afectaba solo a trece miembros en un centro de trabajo específico en Madrid, lo que a juicio de ASISPA, debió haber llevado al órgano judicial a una resolución inmediata de incompetencia por parte de un juzgado de primera instancia, sin permitir que el procedimiento continuara hasta la celebración del juicio y el dictado de sentencia.

En el segundo denuncia error en la apreciación de la prueba al amparo de la letra d.

4.La parte demandante presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega que el recurso de la empresa contradice los propios actos de la misma, puesto que está recurriendo una sentencia que estima la excepción de incompetencia por ella misma alegada en la instancia y ello lo hace con la única finalidad de alargar el procedimiento judicial y evitar que recaiga sentencia que obligue a la empresa recurrente a reconocer el crédito horario en la extensión prevista en el convenio colectivo, por lo que incurre en un fraude de ley al ejercitar su derecho al recurso, lo que le lleva a solicitar la condena en costas de la empresa y la imposición de una multa.

5.El Ministerio Fiscal informó en sentido contrario a la estimación del recurso, manifestando que la parte recurrente va contra sus propios actos al recurrir una sentencia que estima una excepción alegada por la misma y que además los fundamentos del recurso no llegan a constituir una "impugnación razonada" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO.- 1.Lo que cuestiona la parte recurrente no es propiamente la incompetencia declarada por la Sala a quo, ya que fue la propia empresa recurrente quien alegó tal excepción en el acto del juicio, sino que plantea una supuesta infracción procesal por no haber decretado la incompetencia en trámite de admisión, ya que, según dice, los datos necesarios para ello estaban contenidos en la propia demanda.

El artículo 5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social nos dice en su párrafo primero que "si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho". El número dos del mismo artículo dice que "igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto".

Por lo tanto hay dos momentos procesales en los que el órgano judicial puede declarar su falta de jurisdicción o de competencia, en el momento de la admisión de la demanda y en el momento de dictar sentencia. En ambos casos, conforme al número tres de dicho precepto, es preceptiva la previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días, si no hubieran tenido ocasión de hacer alegaciones al respecto en otro trámite procesal, especialmente en el acto del juicio.

La asunción de la jurisdicción o de la competencia en el trámite de admisión de la demanda por parte del órgano judicial no produce efecto alguno de cosa juzgada formal, de manera que el órgano judicial después en su sentencia podrá y deberá declarar su falta de jurisdicción o de competencia si en base a los hechos acreditados y el contenido del proceso llegara a tal conclusión.

Su decisión sobre el momento procesal de declaración de incompetencia exige de una valoración de las circunstancias por el órgano judicial, puesto que hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones para decidir sobre la competencia habrá que determinar los hechos del caso, lo que solamente puede hacerse en sentencia una vez finalizado el acto del juicio y practicada la prueba en el mismo. Por ello, salvo en casos en que la falta de jurisdicción o de competencia se presente ya ab initio con meridiana claridad, lo usual es que haya de tramitarse el procedimiento, sin que de ello pueda derivarse reproche alguno al proceso seguido. En este caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia precisamente ya razona debidamente esta decisión en sus fundamentos.

2.En tal escenario apreciamos que el recurso de casación aquí planteado carece de todo objeto, no existiendo gravamen alguno derivado de la sentencia que estimó la excepción planteada por la empresa. Sería absurdo decretar ahora la nulidad de la sentencia para que el órgano a quo dice un auto con el mismo pronunciamiento que ya contiene la misma, pronunciamiento que además acoge precisamente la excepción procesal alegada por la recurrente. La única finalidad que puede racionalmente atribuirse al recurso presentado es puramente dilatoria, dirigida a mantener la litispendencia que impediría temporalmente plantear a la parte actora nueva demanda ante los Juzgados de lo Social, declarados competentes en la sentencia recurrida conforme a la excepción alegada por la propia recurrente, lo que constituye un manifiesto abuso de derecho en el ejercicio del derecho al recurso.

3.El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice:

"1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe...

2. Los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal...".

A su vez el artículo 75 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en la redacción aplicable al caso) dice:

"Deberes procesales de las partes.

1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones...

4... De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas...".

El artículo 235.2 de la misma Ley dice:

"La regla general del vencimiento establecida en el apartado anterior, no se aplicará cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podrá imponer el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe."

En este caso, por todo lo que hemos dicho, debe apreciarse la mala fe de la parte recurrente, lo que conlleva la imposición de costas correspondientes a los honorarios del abogado de la parte contraria que actuó en el recurso en cuantía de mil ochocientos euros.

TERCERO.- 1.Lo anteriormente razonado, oído el Ministerio Fiscal, lleva a apreciar una causa de inadmisión por falta de legitimación de la parte recurrente, que llegado a fase de sentencia se convierte en causa de desestimación.

2.Se imponen a la parte recurrente las costas de su recurso en cuantía de 1.800 euros y se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.