Sentencia Social 845/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1/2024 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO.- 1.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS, debe indicarse que los hechos probados se han acreditado sobre la base del expediente administrativo y el acta de infracción obrante en el mismo, que relata los hechos que las funcionarias actuantes percibieron con sus propios sentidos en la visita realizada al centro de trabajo de la empresa y en las comparecencias que siguieron a dicha visita y que se incorporaron a los hechos reseñados en el Acta de Infracción. Las SSTS 1140/2024, de 17 de septiembre (rec. 2669/2021) y 436/2025, de 20 de mayo (rec. 2/2023) sistematizan la presunción de certeza de las actas de la ITSS: «La presunción de certeza atribuida a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización, que en principio, debe reconocerse al Inspector actuante [...] (es) perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 CE) , ya que los citados preceptos se limitan a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario [...] limitando la presunción de certeza a solo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma [...] tal presunción no excluya un control jurisdiccional de los medios empleados por el Inspector [...] exigiéndose, asimismo, que el contenido de las actas, ya sean de infracción o de liquidación, determinen las "circunstancias del caso" y los "datos" que hayan servido para su elaboración [...] no se reconoce la presunción de certeza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas».

2.-Los artículos 151.8 LRJS, 53.2 LISOS y 23.1 LOIT establecen que "Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados".

La prueba aportada por la empresa, a lo largo del expediente administrativo, así como la aportada junto con la demanda que dio origen a las presentes actuaciones, no desvirtúa en modo alguno la presunción de certeza de los hechos que fueron constatados personalmente por las funcionarias de la inspección durante las actuaciones descritas en los hechos probados. En concreto, los justificantes de pago de liquidación complementaria aportados junto con la demanda de ninguna manera desvirtúan los hechos relatados por el acta de infracción; tampoco los correos remitidos por la empresa a la ITSS revelan otra cosa que manifestaciones de parte que se comunican a las inspectoras actuantes, pero no acreditan la certeza de su contenido, ni desvirtúan los hechos constatados personalmente por las inspectoras que se incorporaron al acta de infracción. Ningún documento concreto ni la valoración conjunta de la prueba documental aportada por la empresa, tanto en vía administrativa como la acompañada con el escrito de demanda acreditan que no se incumplieron reiteradamente los requerimientos de documentación expedidos por la Inspección ni, tampoco, que se cumplimentaran las comparecencias solicitadas por las Inspectoras de Trabajo en los términos en los que fueron efectuadas. En definitiva, los elementos de prueba aportados por la empresa sobre este particular carecen de eficacia suficiente para desvirtuar la presunción de certeza de la que legalmente gozan los hechos constatados personalmente por los funcionarios de la inspección.

3.-A lo largo del expediente administrativo y, especialmente en la tramitación judicial de las presentes actuaciones, la empresa ha sostenido, primeramente, que el Acta de infracción por obstrucción, no podía ser examinada en tanto en cuanto no recayera firmeza sobre el acta de infracción por infracotización levantada por la ITSS, en cuya tramitación se produjo la obstrucción a la labor inspectora que constituye el objeto de las presentes actuaciones. A juicio de la empresa aquí demandante si, finalmente fuese revocada la sanción por cotización inferior a lo exigido y se considerase que no existía infracotización, la sanción por obstrucción debería decaer automáticamente. En este sentido, mediante otrosí de la demanda solicitó el archivo provisional de su propia demanda hasta la resolución mediante sentencia firme de su impugnación del acta de liquidación derivada de las actuaciones inspectoras en las que se levanto el acta por obstrucción que aquí se analiza. La Sala denegó oportunamente tal solicitud, expresando que se trataba de dos procedimientos independientes.

En efecto, la obligación de colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad Social es totalmente independiente de que las labores de investigación y comprobación que realizan los funcionarios de la ITSS finalicen o no con una propuesta de sanción o de liquidación de cuotas a la Seguridad Social; y, también, de que una eventual propuesta de sanción o una liquidación sean o no confirmadas en sede administrativa o judicial. El tipo infractor del artículo 50 LISOS, en sus diversas concreciones, es totalmente independiente de la forma o del contenido de la finalización de la labor inspectora de suerte que «las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, serán constitutivas de obstrucción a la labor inspectora» con independencia del resultado de la labor inspectora. La infracción se produce por tanto cuando existe perturbación, retraso o impedimento para el ejercicio de las funciones propias de la Inspección de Trabajo y no está vinculada a que la consecuencia de la actuación inspectora constate o no un incumplimiento de la normativa laboral o de Seguridad Social.

SEGUNDO.- 1.-La aludida desconexión entre deber de colaboración con a Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la resolución final acerca del cumplimiento o no de la normativa vigente explica, por un lado las decisiones de la Sala en orden a la tramitación del presente procedimiento; y, por otro, la respuesta a la demanda que debe centrarse en el examen de la constatación de la concurrencia del tipo infractor en la actuación empresarial y de su correcta calificación, así como de la adecuación de la sanción impuesta.

Tal como hemos avanzado, el artículo 50 de la LISOS considera que concurre obstrucción a la labor inspectora cuando por parte del sujeto sometido a inspección se realicen conductas que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. Tales conductas se considerarán muy graves en los supuestos descritos en el apartado 4 del mencionado artículo 50 LISOS que, por lo que a los presentes efectos interesa, son las siguientes:

«c) El incumplimiento de los deberes de colaboración con los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 11.2 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

d) El incumplimiento del deber de colaboración con los funcionarios del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al no entregar el empresario en soporte informático la información requerida para el control de sus obligaciones en materia de régimen económico de la Seguridad Social, cuando esté obligado o acogido a la transmisión electrónica de liquidaciones de cuotas o de datos de cotización».

La referencia que el transcrito apartado c) efectúa al artículo 11 de la LOIT hay que entenderla referida al vigente artículo 18 de dicha norma que en su apartado 1 establece que: «Los empresarios, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden social, están obligados cuando sean requeridos: ... d) A declarar ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten a las comprobaciones inspectoras, así como a facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Quienes representen a los sujetos inspeccionados deberán acreditar documentalmente tal condición si la actuación se produjese fuera del domicilio o centro de trabajo visitado».

2.-La relación de hechos probados revela claramente que la entidad demandante ha realizado conductas que encajan perfectamente en los tipos infractores descritos. Así resulta que los hechos revelan una reiterada falta de aportación requerida en soporte electrónico con el contenido material y temporal requerido respecto del ámbito subjetivo solicitado que hacía referencia a todos los trabajadores en alta en la cuenta de cotización expresada por la Inspección, respecto de un período temporal de cuatro años. Además, se constata una reiterada dilación en el tiempo respecto del concedido para la correcta actuación inspectora en la aportación de la documentación entregada por la empresa, siempre de forma incorrecta o incompleta. Por otro lado, la ITSS requirió la comparecencia específica del Director del Área de Organización y Personas un determinado día con citación específica además personal, por entender que como responsable de dicha área era quien mejor podía esclarecer determinadas cuestiones a la vista de las respuestas ofrecidas por otros representantes de la empresa. Dicha comparecencia no se produjo a pesar de los reiterados requerimientos de la inspección. Todas estas conductas se enmarcan en una completa labor de comprobación que estaba intentando realizar la Inspección de Trabajo y que se refería a las diferencias de cotización derivadas del complemento de puesto de trabajo derivadas de la aplicación del convenio vigente y que afectaban a mas de cuatro mil quinientos trabajadores, de los que más de mil quinientos no habían sido incluidos en las liquidaciones complementarias.

En consecuencia, no cabe duda alguna de que los hechos que constan en la relación de hechos probados encajan perfectamente en los tipos infractores previstos en los apartados c) y d) del artículo 50.4 LISOS, por lo que no existe infracción alguna del principio de tipicidad.

TERCERO.- 1.-Por lo demás, el art. 39.2 LISOS expone los criterios de graduación de las sanciones a tener en cuenta para su aplicación dentro de los márgenes legalmente previstos, y dispone que "Calificadas las infracciones, en la forma dispuesta por esta ley, las sanciones se graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida".

El art. 40. 1 c) LISOS, contempla la sanción de las faltas muy graves "con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros".

2.-La calificación de la falta como muy grave está justificada en el Acta de infracción, así como en la resolución combatida en la atención número de trabajadores afectados (promedio mensual de 4.711 trabajadores), la cifra de negocios de la empresa(70.766.555 € en el año 2021 y 99.579.357 € en el año 2022) y por el perjuicio causado a la Seguridad Social al no haberse podido verificar si las bases de cotización complementarias por diferencias del CPT del período enero de 2020 a diciembre de 2021 alcanzaban los importes establecidos en el citado art. 26.d) del convenio colectivo de empresa, y, en su caso, cuantificar la deuda con la Seguridad Social de no haberse cotizado las retribuciones por el CPT convencionalmente establecidas. Criterios que la Sala comparte al tratarse de circunstancias concurrentes claras y objetivas; a las que cabría añadir la extraordinaria complejidad de las comprobaciones que la ITSS debía realizar y, de manera especial, las reiteradas advertencias y recordatorios realizados por la propia inspección sobre el incumplimiento de lo requerido, sobre la obligación de colaboración que deriva del artículo 18 LOIT y sobre las posibles consecuencias de tan contumaz incumplimiento.

3.-Resulta evidente, por tanto, que ni se ha infringido el principio de tipicidad porque tanto la infracción como la sanción están perfectamente descritas en la norma legal, según se ha señalado, y porque la sanción está bien graduada, tal como se ha argumentado; y, en cuanto a la proporcionalidad de la misma, hay que señalar que al haberse impuesto en el grado máximo atendiendo a las circunstancias que rodeaban la infracción, entre los que tampoco resulta desdeñable las posibilidades de la empresa en orden a la colaboración adecuada con la labor inspectora, cumpliéndose el fundamento de que la discrecionalidad de la administración para la imposición de sanciones no es absoluta, sino que, además de quedar debidamente justificada en la resolución sancionadora, se halla sometida a los límites legalmente impuestos y a los que deriven de los principios generales del derecho, entre los que cobra especial relevancia el llamado principio de proporcionalidad entre medios y fines, ya que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras y que, en cualquier caso, el principio de proporcionalidad no puede sustraerse al control jurisdiccional.

Y es que, con carácter general, el principio de proporcionalidad constituye un criterio constitucional informador de aquella actividad de los poderes públicos que sea susceptible de restringir o lesionar de alguna forma los derechos individuales de los ciudadanos. Su vinculación constitucional resulta compleja en la medida en que no existe precepto concreto que lo enuncie, lo que ha llevado al TC a señalar que principio de proporcionalidad no está explícitamente enunciado en la Constitución ( STC 6/1988, de 21 de enero), constituyendo un principio general del derecho, informador de la globalidad del ordenamiento que, dada su formulación como concepto jurídico indeterminado, permite un margen de apreciación ( STC 65/1982, de 15 de octubre). Los criterios de la individualización de la pena que atienden a la gravedad de los hechos, como elemento de prevención general, y a la personalidad del autor como regla de prevención especial, han de ser tenidos en cuenta también en el terreno de las sanciones administrativas: la vía del principio de la proporcionalidad ha de inspirar siempre la actuación de las potestades de la Administración como consecuencia de la importancia que el fin tiene en este ámbito ( STS -3ª- de 31 de diciembre de 1988). En efecto, la discrecionalidad de la administración para la imposición de sanciones no es absoluta, sino que se halla sometida a los límites legalmente impuestos y a los que deriven de los principios generales del derecho, entre los que cobra especial relevancia el llamado principio de proporcionalidad entre medios y fines ( STS -3ª- de 8 de mayo de 1995), ya que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras ( STS -3ª- de 15 de enero de 1996), dentro del límite de que la sanción aplicada debe ser la correspondiente a la infracción cometida, quedando la posibilidad de individualización de la sanción con la aplicación de los criterios de graduación.

CUARTO.-Las consideraciones expuestas llevan a la ineludible conclusión de que la resolución que impone la sanción aquí combatida no ha vulnerado ninguna norma o principio. Así, resulta que, por un lado, se han seguido escrupulosamente las previsiones legales en orden a la tipificación de infracción y sanción, respondiendo a lo dispuesto en la LISOS que dispone de unos criterios de graduación (Artículo 39 con carácter general; y, específicamente, para las infracciones por obstrucción: artículo 50.1, ambos de la LISOS) al servicio de la proporcionalidad de la sanción en atención a las circunstancias allí establecidas. Y, por otro lado, en el supuesto que nos ocupa, la imposición de la sanción y su cuantificación avalan suficientemente la adecuada ponderación de las circunstancias concurrentes y una fiel aplicación del principio de proporcionalidad. Todo ello impone la desestimación de la demanda.