Sentencia Social 610/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2471/2025 de 01 de julio del 2026

PRIMERO.- 1.El Gobierno de Cantabria había externalizado la limpieza de un centro escolar. La última empresa contratista era Onet Iberia Soluciones SAU (en adelante Onet). El Gobierno de Cantabria acordó la reversión de la contrata de limpieza. Esa Administración pública presta el servicio con su propio personal y sin que conste que haya asumido ningún medio material de la empresa contratista. Se discute si debe subrogarse en el contrato de trabajo de una limpiadora de la empresa contratista.

2.El Juzgado de lo Social declaró improcedente el despido de una limpiadora de la empresa contratista. La sentencia de instancia negó que el Gobierno de Cantabria tuviera que subrogarse en su contrato de trabajo. Condenó a Onet y absolvió a la Consejería de Educación y Gobierno de Cantabria.

Onet interpuso recurso de suplicación, que fue desestimado por la sentencia recurrida, del TSJ de Cantabria 258/2025, de 11 de abril (recurso 247/2025).

3.Onet recurrió en casación para la unificación de la doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 130.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) en relación con el art. 14 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Cantabria y con el art. 17 del Convenio Sectorial Nacional de Limpieza de Edificios y Locales. Argumenta que el Gobierno de Cantabria debe subrogarse en el contrato de trabajo de la demandante.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

La parte actora presentó escrito de impugnación del recurso en el que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar si concurre el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TSJ de Castilla y León con sede en Burgos 866/2018, de 20 de diciembre (recurso 891/2018).

2.En ambas sentencias, una Administración pública acuerda la reversión del servicio de limpieza de un centro de enseñanza público, que realiza con su propio personal, sin que conste que se transmita ningún medio material. Se ejercitan sendas acciones de despido. La sentencia recurrida niega que la Administración pública deba subrogarse en el contrato de trabajo de una limpiadora que prestaba servicios en la contrata de limpieza, mientras que la sentencia referencial considera que sí que debe subrogarse. En mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales han dictado pronunciamientos contradictorios que deben unificarse.

3.Concurre el interés casacional objetivo exigido por el art. 219.1 de la LRJS porque la cuestión posee una trascendencia o proyección significativa [ art. 219.1.b) de la LRJS] debido a la incidencia dimanante de la contratación pública administrativa y el fenómeno de la subrogación cuando la Administración concernida no fue parte firmante del convenio correlativo.

TERCERO.- 1.La STS 895/2020, de 13 de octubre (rcud 2126/2018) resolvió un recurso semejante, relativo a la reversión de otro servicio de limpieza por una Administración pública. Esta Sala sentó la doctrina siguiente:

A) Un convenio colectivo no puede regular relaciones laborales ajenas a su ámbito aplicativo. Las STS de 10 de diciembre de 2008 (rcud 2731/2007) y 17 de junio de 2011 (rcud 2855/2010), argumentan: «el convenio colectivo no puede [...] en su contenido normativo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación. Así lo deja precisado el invocado art. 82.3 del citado Estatuto de los Trabajadores al disponer que los convenios colectivos regulados por su Título III obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, en el que sólo pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente, estuvieron representados por las partes intervinientes en la negociación del convenio». Respecto de convenios colectivos del sector de limpieza así lo han advertido asimismo las STS de 14 de marzo de 2005 (rec. 6/2004).

B) La STS 713/2018, de 4 de julio (rcud 2609/2017) explica que el hecho de que una Administración Pública decida hacerse cargo de un servicio, previamente descentralizado, para prestarlo de forma directa con su propia plantilla y con sus propios materiales no implica, necesariamente, que estemos en presencia de una sucesión de empresa comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23/CEE y, por ende, del art. 44 del ET.

La STS de 6 de febrero de 1997 (rcud 1886/1996) dijo que «la doctrina de esta Sala es constante al afirmar con carácter general que la extinción de la contrata y la asunción con trabajadores propios de la actividad antes descentralizada no constituye, por sí misma, un supuesto de subrogación empresarial».

La STS de 26 de julio de 2012 (rcud 3627/2011) negó que se produjera sucesión empresarial cuando «no consta transmisión alguna de elementos patrimoniales o estructura organizativa ni tampoco la asunción por el Ayuntamiento codemandado de una parte sustancial de la plantilla». Doctrina reiterada en STS 531/2016, de 16 de junio de 2016 (rcud 2390/2014).

La STJUE de 20 de enero de 2011 (C-463/09, Clece) declara que la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que ésta no se aplica a una situación en la que un Ayuntamiento, que había encargado la limpieza de sus dependencias a una empresa privada decide poner fin al contrato celebrado con ésta y realizar por si mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias, contratando para ello nuevo personal.

C) La STS (Pleno) 336/2019, de 6 de mayo (rcud 608/2018) ha negado la aplicación, a efectos del cobro de salario, del convenio sectorial a quienes desarrollan tareas propias de su giro (construcción) si el Ayuntamiento carece de convenio propio, armonizando las respuestas diversas que previamente habíamos venido dando:

«Una Administración Pública -que carece de convenio propio o de otro específicamente aplicable- no puede quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que no ha formado parte ni está representada por las Asociaciones empresariales firmantes del mismo. Las Administraciones Públicas no pueden estar sujetas a normas convenidas por organizaciones patronales necesariamente guiadas por intereses particulares o sectoriales que muy difícilmente podrán coincidir con aquellos intereses públicos y generales que, como ocurre en este caso concreto, los Ayuntamientos están llamados a desempeñar, y por ello entendemos que las asociaciones empresariales carecen de la representatividad necesaria para extender los efectos de una negociación colectiva a tales entidades».

A continuación, añadimos:

«Ninguna duda cabe que la formalización por los ayuntamientos de un convenio colectivo propio es la herramienta jurídica más adecuada para dar solución a esta problemática, en tanto que permite regular unitariamente las relaciones laborales de todos sus empleados y de todas las diferentes actividades que pudiere desarrollar en la prestación del servicio público. Igualmente, la ausencia de convenio colectivo podría ser solucionada mediante el recurso a los mecanismos previstos en el art. 92 ET , bien mediante la adhesión a otro convenio, bien mediante la extensión de otro convenio colectivo en vigor».

La STS 638/2020 de 9 de julio (rcud 846/2019) reitera esos argumentos.

D) La Administración pasa a prestar la actividad antes externalizada sin utilizar infraestructura productiva relevante que ya se viniera poniendo en juego previamente por la contratista y no ha asumido parte alguna de la plantilla que venía adscrita a la contrata de limpieza.

Por ello, las vías generales para que opere la subrogación empresarial (asunción de plantilla en sectores donde la mano de obra sea fundamental; aprovechamiento de medios materiales relevantes que ya estuvieran adscritos a la contrata) no permiten sostener que debiera operar la subrogación en los contratos de trabajo.

E) El convenio sectorial propio de la actividad de la empresa adjudicataria de la contrata no es aplicable a la Administración pública porque no es una empresa dedicada a tal ramo de servicios. La eficacia general de los convenios solo resulta predicable a quienes quedan comprendidos dentro del ámbito representativo de las partes firmantes. El muy conocido principio de correspondencia y el propio diseño normativo del ET así lo imponen.

F) No cabe acudir a la subrogación convencional porque la entidad que desarrolla la actividad queda fuera del campo aplicativo del convenio que la impone y ni siquiera concurre ausencia de convenio colectivo aplicable a la Administración demandada

2.En el mismo sentido se han pronunciado las STS 84/2022, de 28 de enero (rcud 4463/2019); 257/2022, de 23 de marzo (rcud 108/2020); y 416/2023, de 7 de junio (rcud 2283/2022).

La STS 459/2023, de 28 de junio (rcud 4205/2020) reitera la inaplicación del convenio colectivo sectorial a empresas excluidas: «Las previsiones sobre subrogación por cambio de contratista que albergan algunos convenios sectoriales solo son aplicables a las empresas comprendidas en su ámbito funcional y territorial».

CUARTO.- 1.La aplicación de la citada doctrina a la presente litis obliga a desestimar el recurso. El art. 130.3 de la LCSP establece que, cuando una Administración pública decida prestar directamente un servicio que venía siendo desarrollado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

Ese precepto condiciona la subrogación a que la imponga una norma, un convenio colectivo o un acuerdo colectivo de eficacia general:

A) El convenio colectivo sectorial de limpieza, que impone la subrogación, no es aplicable a la Administración pública demandada, que no está incluida en su ámbito funcional.

B) Tampoco se ha producido la sucesión legal del art. 44 del ET porque no ha habido transmisión de plantillas (tampoco consta que haya habido transmisión de medios materiales). La Administración asumió directamente el servicio de limpieza con personal propio, sin integrar a los trabajadores de la empresa saliente, por lo que no se transmitió una entidad económica que mantuviera su identidad, por lo que la Administración pública no debía subrogarse en el contrato de trabajo de la actora.

2.Lo anteriormente razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, obliga a desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso en la cantidad de 1.500 euros. Se acuerda la pérdida del depósito.

Fallo