Sentencia Social 246/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 35/2025 de 10 de marzo del 2026

PRIMERO.- 1.La controversia casacional radica en determinar si la modificación sustancial de condiciones de trabajo (en adelante MSCT) de carácter colectivo cuyo periodo de consultas finalizó con acuerdo de fecha 9 de julio de 2024 entre la empresa Apple Retail Spain SL (en adelante Apple) y la mayoría de los representantes de los trabajadores, debe declararse nula porque se pactó que entraría en vigor el día siguiente al de la firma del acuerdo: el 10 de julio de 2024. La parte recurrente también impugna la sanción por temeridad de 300 euros que le impuso la Audiencia Nacional.

2.La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 130/2024, de 21 de octubre (procedimiento 284/2024) desestimó la demanda de impugnación de la MSCT interpuesta por la Federación de Hostelería, Alimentación y Comercio de la Confederación General de Trabajo (en adelante CGT) contra la empresa Apple, la Confederación Sindical Independiente FETICO, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (en adelante CC. OO.) y los representantes de la parte social. La sentencia de instancia declaró ajustada a derecho la MSCT e impuso a CGT una sanción por temeridad de 300 euros.

3.El sindicato CGT recurrió en casación ordinaria con dos motivos:

A) El primer motivo, amparado en el art. 207.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS), denuncia la infracción del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores ( en adelante ET).

Argumenta que el acuerdo de MSCT entró en vigor el día siguiente a su firma, sin que se notificase al trabajador. Invoca la doctrina establecida en la STSJ de Navarra 287/2019, de 3 de octubre (procedimiento 280/2019).

B) El segundo motivo, sustentado en el art. 207.a) de la LRJS, denuncia la vulneración de los arts. 97.3 y 75 de la LRJS.

Alega que no ha actuado con temeridad, ni mala fe y solicita que se deje sin efecto la sanción de 300 euros impuesta por la Audiencia Nacional.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso. Los demandados CC. OO., la Confederación Sindical Independiente FETICO y Apple presentaron sendos escritos de impugnación del recurso en los que solicitan la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- 1.En la presente litis, debemos interpretar y aplicar el art. 41 del ET. La demanda presentada por el sindicato CGT argumenta que los demandados han incumplido los requisitos del art. 41.3 del ET, que exige la notificación de la MSCT tanto de carácter individual como colectivo. A continuación, reproduce ese precepto con el tenor siguiente:

«La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual o colectiva deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad».

Sin embargo, el texto del art. 41.3 del ET es distinto. Ese precepto regula la notificación de la decisión de MSCT de carácter individual, no la de carácter colectivo. Al reproducir el precepto, el sindicato CGT añadió una mención a la notificación colectiva que la norma legal no contiene. No es una mención irrelevante porque esta controversia litigiosa tiene como objeto la notificación de las MSCT colectivas.

2.La regulación de la MSCT contenida en el ET diferencia:

A) MSCT de carácter individual

El art. 41.3 del ET establece que la decisión deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad.

B) MSCT de carácter colectivo

a) Sin acuerdo

El art. 41.5 del ET estatuye que, cuando se cierra el periodo de consultas sin acuerdo, la MSCT será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación.

b) Con acuerdo

Cuando el periodo de consultas de una MSCT colectiva finaliza con acuerdo, el ET no regula la notificación empresarial. El art. 41.4 del ET dispone: «Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión».

En caso de MSCT de carácter colectivo finalizada con acuerdo, deberá estarse a lo pactado por las partes negociadoras, que solamente podrá impugnarse por la concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

3.El acuerdo de MSCT pactó cuál sería su fecha de entrada en vigor: «la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que se pacta en el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 10 de julio de 2024, pudiendo la Compañía aplicar las condiciones de manera gradual para llevar a cabo su implantación total antes de que termine en enero de 2026.»

Hemos explicado que los acuerdos de MSCT de carácter colectivo solo pueden impugnarse por la concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

La parte recurrente sostiene que dicho pacto vulnera el art. 41 del ET pero no alega que ese acuerdo sea fraudulento, ni doloso, ni que haya habido coacción o abuso de derecho. La cognición limitada de los procedimientos de MSCT que impugnan las modificaciones de carácter colectivo alcanzadas con acuerdo, impide estimar su pretensión. No se ha acreditado que el citado acuerdo incurra ni en fraude, ni en dolo, ni en coacción, ni en abuso de derecho.

En definitiva, la empresa y la mayoría de los representantes de los trabajadores alcanzaron un acuerdo de MSCT de carácter colectivo en el que se fijaba expresamente el día en el que esas modificaciones entrarían en vigor: el día siguiente al acuerdo. No se ha probado que ese acuerdo sea fraudulento, ni que hubiera un vicio de consentimiento, ni abuso de derecho, lo que impide estimar este motivo.

4.La parte recurrente invoca los argumentos vertidos en la STSJ de Navarra 287/2019, de 3 de octubre (procedimiento 280/2019). La doctrina de esa Sala de Suplicación no vincula al TS. Además, a diferencia de la presente litis, la MSCT colectiva enjuiciada por ese TSJ finalizó sin acuerdo. Es un supuesto distinto del enjuiciado en el presente procedimiento.

TERCERO.- 1.El segundo motivo del recurso de casación solicita que se deje sin efecto la sanción de 300 euros por temeridad.

A) El art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe.

B) Los arts. 75.4 y 97.3 de la LRJS habilitan al órgano judicial que conoce en instancia a imponer una sanción pecuniaria cuando aprecie la existencia de temeridad o mala fe.

a) El art. 97.3 LRJS dispone: «La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del art. 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.»

b) El art. 75.4 de la LRJS, en la redacción de autos, estatuye: «Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez (o jueza: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero) o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta (seiscientos, en la versión de la Ley Orgánica 1/2025) a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio [...]».

C) La STS 1005/2024, de 10 de julio (rec. 1005/2024), explica que «[e]l citado artículo 97.3 LRJS concede a los tribunales de instancia la facultad de imponer la multa a la que el precepto alude a aquel litigante que hubiera obrado de mala fe o con notoria temeridad. Ciertamente, el precepto procesal concede una cierta discrecionalidad para la imposición de la sanción, pero no cabe duda de que el sustrato básico imprescindible es que se ejerciten pretensiones totalmente infundadas, con conocimiento de su injusticia ( SSTS 4 de octubre de 2001 -rec. 4477/2000 - y 27 de junio de 2005 -rec. 168/04)».

D) La STS 432/2024, de 6 de marzo (rec. 304/2021) reitera que «el Tribunal de instancia tiene una cierta discrecionalidad para imponer la multa a que se refiere el citado artículo 97.3 de la LPL, valorando los factores que confluyen en la posición de la parte actora y motivando la decisión ( STC 41/1984), que naturalmente puede ser analizada y eventualmente anulada por el Tribunal de casación si se entendiera que la medida ha sido arbitraria, pero para ello es preciso que consten de forma fehaciente y clara elementos de los que se pueda desprender de manera objetiva que la aplicación de aquel precepto fue inadecuada ( STS de 7 de diciembre de 1999 (Rec. 1946/1999)».

En el mismo sentido se ha pronunciado las STS 326/2025, de 22 de abril (rec. 54/2023); 382/2025 de 6 de mayo (rec. 124/2023); y 594/2025, de 4 de junio (rec. 261/2023), entre otras.

2.La sentencia de instancia impone la sanción por las siguientes razones:

«No cabe afirmar, como se hace en demanda, que no existió proceso negociador alguno cuando constan las propuesta y contrapropuestas en el desarrollo de un amplio periodo de contactos, sin protesta por parte de CGT al respecto de la información facilitada e, incluso, con la suscripción de un preacuerdo en fecha 19 de junio de 2024 sin reservas de fondo. Tampoco cabe señalar el carácter abusivo de todas o gran parte de las cláusulas del acuerdo sin mucha más explicación e ignorando el parecer de la mayoría de la parte social. Y, por último, no es posible solicitar la nulidad o el carácter injustificado de un acuerdo final por aplicación de plazos de notificación no aplicables a las modificaciones colectivas con acuerdo. Tal posición procesal ha de ser considerada infundada y, por tanto, merecedora de la sanción antes citada.»

3.La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial obliga a mantener la sanción impuesta. No constan de forma fehaciente y clara elementos de los que se pueda desprender de manera objetiva que la aplicación del art. 97.3 de la LRJS fue inadecuada. La Audiencia Nacional motiva la imposición de la sanción pecuniaria en la posición infundada mantenida por la parte actora, explicando por qué la considera temeraria y merecedora de la citada sanción: por incluir en la demanda una afirmación que no es verdad, por señalar el carácter abusivo de todas o gran parte de las cláusulas del acuerdo sin mucha más explicación y por solicitar la nulidad o el carácter injustificado del acuerdo final por aplicación de un plazo de notificación ajeno a las MSCT colectivas con acuerdo.

De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que la citada sanción se ajusta a los parámetros de razonabilidad, justificación y proporcionalidad, por lo que debemos desestimar el motivo.

4.Lo anteriormente razonado, de acuerdo con el Ministerio Público, obliga a desestimar el recurso de casación ordinario, confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .