Sentencia Social 243/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 16/2025 de 10 de marzo del 2026

PRIMERO.- 1.La cuestión a resolver es la de determinar el convenio colectivo de aplicación a los trabajadores de la empresa demandada que prestan servicio en Gipuzkoa, si el de Ingeniería y Oficinas Técnicas de ámbito estatal o el de la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa.

La sentencia de la Sala Social del TSJ del País Vasco 2070/2024, de 4 de octubre, acoge la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato ELA y declara que es aplicable el Convenio Colectivo de la Industria siderometalúrgica de Gipuzkoa.

2.El recurso de casación de la empresa se articula en tres diferentes motivos.

El primero de ellos interesa la revisión del hecho probado sexto para que se haga constar que el sindicato demandante ha presentado tres demandas sucesivas sobre la misma cuestión, y en todas ellas aporta el mismo acto de conciliación para acreditar el cumplimiento de ese requisito procesal.

El motivo segundo denuncia infracción de los arts. 156 y 63 LRJS, así como la disposición adicional sexta del Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de Gipuzkoa, del art. 91 ET; y art. 9.2 del Convenio Colectivo nacional de empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos. Alega en primer lugar que no se ha cumplido el trámite de conciliación previa; para sostener a continuación que tampoco se ha cumplimentado el requisito de acudir a la comisión mixta de interpretación del convenio colectivo.

El último de los motivos denuncia genéricamente la inaplicación del Convenio Colectivo Provincial para la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia- que no de Gipuzkoa-; transcribe seguidamente el art. 1 de aquel convenio de Bizkaia y razona que la actividad de la empresa no se corresponde con su ámbito funcional, sino con el del Convenio Colectivo estatal de empresas de ingeniería.

3.El Ministerio Fiscal informa que deben desestimarse los tres motivos del recurso. El primero de ellos por ser irrelevante para la resolución del asunto la inclusión de unos elementos de juicio que ya obran adecuadamente recogidos en la sentencia. El segundo porque el acto de conciliación se celebró en su momento con la incomparecencia de la empresa; sin que resulte necesario acudir a la comisión paritaria de interpretación del convenio, cuando se trata de determinar el que resulte de aplicación. Y el tercero porque suscita una cuestión nueva al invocar el convenio del metal de Bizkaia, cuando el litigio afecta en realidad al de Gipuzkoa.

En el mismo sentido se manifiesta el sindicato demandante en su escrito de impugnación.

SEGUNDO. 1.La modificación de hechos probados que interesa el primer motivo del recurso debe rechazarse.

Las matizaciones que quieren adicionarse resultan del todo irrelevantes para la resolución del asunto, toda vez que la sentencia recurrida ya recoge que el acto de conciliación tuvo lugar el 12 de mayo de 2023, siendo su resultado sin efecto por incomparecencia de la empresa.

Tras lo que el sindicato ELA presentó una primera demanda el 19 de junio de 2023 ante los juzgados de lo social, que acabó en auto que declaró su incompetencia; al igual que la segunda demanda interpuesta ante los juzgados el 18 de abril de 2024, alegando la existencia de un centro de trabajo en ese territorio; tras la que formula la última de ellas que finalmente da lugar a las presentes actuaciones y se formula ante la Sala Social del 13 de junio de 2024.

2.No se discute que el objeto y pretensiones ejercitadas en las diferentes demandas es el mismo en todos los casos.

Tampoco cuestiona la empresa la posible prescripción o caducidad del acto de conciliación y sus efectos.

Únicamente alega que aquel acto de conciliación no puede valer para tener por realizado ese trámite en el presente asunto, porque tuvo lugar con ocasión de la presentación de una demanda anterior a la que es origen del presente procedimiento judicial.

Los hechos y elementos de juicio que recoge la sentencia recurrida ya resultan suficientes para resolver esa problemática, por lo que es del todo innecesario reiterar de forma expresa que en las tres demandas referidas se aportó el mismo acto de conciliación celebrado el 12 de mayo de 2023, tal y como así se desprende de los términos actuales de la resultancia fáctica

TERCERO. 1.El motivo segundo denuncia, de una parte, infracción de los arts. 156 y 63 LRJS, para sostener que la demanda se ha presentado sin cumplir con el requisito de instar el oportuno acto de conciliación previa. Y de otra, la disposición adicional sexta del Convenio Colectivo del metal de Gipuzkoa, arts. 9.2 del Convenio de empresas de Ingeniería y oficinas de estudios técnicos, para alegar en este caso que no se ha acudido a la comisión paritaria de interpretación del convenio.

2.La primera de esas pretensiones debe ser desestimada.

El sindicato demandante instó en su momento la celebración de un acto de conciliación previa que tuvo lugar el 12 de mayo de 2023, tras el que interpuso demanda de conflicto colectivo ante los juzgados de Donostia con el mismo objeto del presente procedimiento.

Concurre la peculiar circunstancia de que el juzgado dictó auto declarándose incompetente, por entender que correspondía el conocimiento del asunto a la Sala Social del TSJ del País Vasco.

El sindicato interpuso nueva demanda en los juzgados de lo social alegando la existencia de un centro de trabajo en ese territorio, dictándose un segundo auto de incompetencia por el juzgado.

Tras lo que definitivamente interpone la demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social.

Toda vez que la empresa no plantea la posible prescripción o caducidad de la acción o del trámite procesal, y siendo indiscutido que las pretensiones ejercitadas en las tres demandas de conflicto colectivo han sido siempre las mismas, debemos confirmar la decisión de la sentencia de instancia que mantiene la validez del acto de conciliación celebrado el 12 de mayo de 2023 al que otorga eficacia jurídica para considerar cumplimentado el trámite de conciliación previa a los efectos del presente procedimiento.

A lo que podemos añadir que carece de cualquier efecto útil una eventual declaración de nulidad de actuaciones en esta fase procesal, en tanto que la situación que hemos descrito no ha causado indefensión efectiva de ningún tipo a la empresa recurrente, que ha dispuesto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conciliación con el sindicato demandante en el acto del juicio oral celebrado ante la Sala de lo Social.

3.Tampoco podemos acoger la segunda de las pretensiones, con la que se alega que el sindicato ha eludido la preceptiva intervención de la comisión paritaria del convenio colectivo, al plantear directamente la demanda ante los órganos judiciales sin someter previamente el asunto a su conocimiento.

El escrito de recurso sigue la técnica de transcribir la dicción literal de numerosas sentencias dictadas por las Salas de lo Social de diferentes órganos judiciales relativas a la actuación y competencia de las comisiones paritarias de interpretación de los convenios colectivos, así como de la obligación de acudir a las mismas con carácter previo a la interposición de acciones judiciales, que resultan intrascendentes para la resolución del presente asunto.

La comisión paritaria tiene como finalidad la de interpretar el contenido de los respectivos convenios colectivos, y desde esta perspectiva pueden plantearse las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de omitir su previa intervención antes de acudir a los órganos judiciales cuando el convenio colectivo lo exige.

Pero aquí se trata de determinar cuál pudiere ser la actividad principal, la preponderante, de una determinada y concreta empresa. Analizar sus características y circunstancias específicas, para identificar su objeto y el sector en el que se desenvuelve y la que realizan los trabajadores del centro de trabajo al que afecta el conflicto, bajo la consideración de que anteriormente se les venía aplicando el convenio colectivo del metal de Gipuzkoa hasta el momento en el que se produce la subrogación de la recurrente.

Cuestión que afecta a las particulares y concretas circunstancias que en esa singular empresa concurren, que no guarda por lo tanto relación con las competencias que corresponden a la comisión paritaria en la genérica y abstracta interpretación de los preceptos del convenio colectivo.

CUARTO. 1.Sin invocar en realidad la infracción de ningún concreto precepto legal, el tercer y último motivo del recurso defiende que el convenio colectivo de aplicación es el Estatal de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, que no el de la industria siderometalúrgica de Gipuzkoa.

Como han puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal y la parte demandante en su escrito de impugnación, el escrito de recurso se refiere una y otra vez al convenio del metal de Bizkaia, incluso transcribe literalmente el art. 1 que delimita su ámbito funcional de manera diferente al de que Gipuzkoa, aunque en alguno de sus pasajes menciona posteriormente este último.

Con independencia de que tan anómalo y extraño alegato pueda considerarse como un mero error en la redacción del recurso, la pretensión no puede en ningún caso prosperar.

2.La STS 803/2025, de 19 de septiembre, rcud. 4458/2023, recuerda la consolidada doctrina jurisprudencial en la materia que recogen, entre otras muchas, las SSTS 607/2025, de 24 de junio, rec. 229/2023; 676/2025, de 2 de julio, rcud. 4075/2023.

Tal y como en ellas se indica "La STS 729/2023 de 10 octubre (rec. 4202/2020) compiló la doctrina respecto de la determinación del convenio colectivo aplicable cuando la actividad puede incardinarse en el ámbito de dos convenios colectivos distintos, concluyendo que debe atenderse a la actividad preponderante o principal de cada empresa, sin fraccionarla en unidades funcionales salvo que tuvieren funcionamiento realmente autónomo a todos los efectos".

A lo que seguidamente añadimos que la jurisprudencia de esta Sala IV ha venido estableciendo la aplicación del criterio de unidad de empresa complementado con el de la actividad preponderante de la misma, para resolver los problemas relativos a la determinación del convenio aplicable en aquellos supuestos en los que la actividad que realiza el trabajador puede incardinarse en el ámbito de aplicación de más de un convenio colectivo.

Como allí recordamos, nuestra STS 65/2022, de 25 de enero, rcud. 1565/2020, señala que el artículo art. 85.3 ET incluye en el contenido mínimo de los convenios su ámbito funcional en referencia a las actividades productivas o empresas afectadas por el convenio. Siendo criterio reiterado y pacífico en la jurisprudencia, (por todas SSTS de 31 de octubre de 2003, Rec. 17/2002 y de 1 de diciembre de 2015 Rec. 349/14), que, cuando las actividades de la empresa puedan subsumirse en varios convenios colectivos, deberá aplicarse aquel que se corresponda con la actividad preponderante de la empresa.

Criterio reiterado en la STS 79/2021, de 21 de enero, Rec. 158/2019 en la que insistimos en que la determinación del convenio colectivo aplicable no es disponible ni renunciable para las partes, sino que se trata de una cuestión indisponible y de orden público, de manera que no cabe elegir, ni adherirse, ni aplicar un convenio colectivo distinto del que debe aplicarse por estar incluida en su ámbito de aplicación la actividad realizada por la empresa".

3.La aplicación de esos mismos criterios al presente asunto obliga a desestimar el recurso y confirmar en sus términos la sentencia de instancia.

La identificación de la actividad principal o preponderante de una empresa o centro de trabajo es una cuestión de prueba, que debe resolverse conforme al acervo probatorio aportado por cada una de las partes al proceso judicial en el que esta cuestión se dirime.

La sentencia de instancia aplica en este caso esos mismos principios, para llegar a la conclusión de considerar probado que esa actividad es la instalación y mantenimiento de redes de fibra óptica para empresas de telefonía que se encuentra comprendida dentro del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de Gipuzkoa, que era el aplicado a los trabajadores de la empresa en ese centro de trabajo antes de la subrogación operada por la recurrente.

Explica de forma expresa que no hay prueba que acredite que los trabajadores desempeñen actividad en el sector de energía, que la empresa no desarrolla en Gipuzkoa, ni tampoco elementos probatorios que demuestren que sea la actividad principal o preponderante en el ámbito estatal de la empresa. A lo que añade que el convenio estatal de ingeniería y oficinas técnicas excluye específicamente de su ámbito de aplicación a las empresas dedicadas a la actividad siderometalúrgica, mientras que nada dice sobre la inclusión de la actividad de instalación y mantenimiento de fibra óptica.

La recurrente sostiene que también desempeña su actividad en el sector energético, y que por ese motivo es de aplicación el convenio colectivo estatal de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad.

Pero el recurso no combate la resultancia fáctica de la sentencia de instancia, ni los hechos que declara probados en la fundamentación jurídica en lo relativo a la identificación de la actividad principal de la empresa, por lo que comete el defecto de articular sus alegaciones a partir de unos datos distintos a los que se han dado como probados, construyendo sus razonamientos sobre premisas que no coinciden con la crónica judicial.

Viene a incurrir de esta forma en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión", que se produce cuando se parte de bases fácticas a las que declara como probadas la resolución recurrida ( SSTS 962/2023, de 8 de noviembre, rec. 204/2021; 62/2024, de 17 de enero, rec. 68/2022; entre otras muchas).

QUINTO.Conforme a lo razonado y de acuerdo con el Ministerio Fiscal, debemos desestimar el recurso y confirmar en sus términos la sentencia recurrida. Sin costas, por tratarse de un procedimiento de conflicto colectivo, y con pérdida del depósito constituido por la empresa para recurrir.