Sentencia Social 1342/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 41/2023 de 11 de diciembre del 2024

PRIMERO.- 1.-En este recurso de casación ordinario se suscitan las siguientes cuestiones:

a) Si ha caducado la acción de impugnación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo (en adelante MSCT) de carácter colectivo.

b) Si la empresa ha impuesto unilateralmente un sistema de compensaciones por el trabajo a distancia que vulnera las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.

2.-Los datos esenciales para la resolución del recurso son los siguientes:

a) El día 26 de enero de 2021 la empresa remitió un correo electrónico a toda la plantilla comunicándole la decisión empresarial de implantar el trabajo a distancia en el que se explicaba en qué consistía esta medida: la implantación y regulación del trabajo a distancia supondría la posibilidad de trabajar a distancia de 2 a 3 días por semana. Debido a ello, los trabajadores dejarían de percibir aquellos conceptos que tenían asociado un componente compensatorio por acudir al centro de trabajo (subvención de comida, comida en especie y plus de transporte) y pasarían a percibir el complemento TaD (trabajo a distancia), el complemento Gastos TaD y el complemento Material de Oficina.

b) El día 15 de febrero de 2021 el comité de empresa de Madrid de Siemens presentó una primera demanda contra esa mercantil ante los Juzgados de lo Social de Madrid en la que impugnaba la MSCT de carácter colectivo solicitando que se dictase sentencia por la que se declarase la nulidad o subsidiariamente el carácter injustificado de esa decisión empresarial. En ella constaba que «[e]l 26 de enero de 2021 la empresa remitió a todos sus trabajadores, individualmente, el correo electrónico que se aporta como documento 3 y en el que ahora sí, con claridad, procedía a modificar unilateralmente el régimen retributivo de los trabajadores forzados al trabajo a distancia como consecuencia de la pandemia».

c) El 26 de julio de 2021 el Juzgado de lo Social número Cuatro de Madrid dictó auto en el que declaraba su incompetencia y atribuía la competencia a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

La parte actora interpuso recurso de reposición que fue desestimado por auto de fecha 4 de noviembre de 2021.

d) El día 4 de abril de 2022 se celebró intento de mediación ante el SIMA

promovido por CC. OO. contra Siemens, que finalizó sin acuerdo.

e) El día 29 de julio de 2022 se presentó la presente demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En el escrito de demanda se afirma que, a partir de enero de 2021, Siemens llevó a cabo una modificación unilateral que afectaba tanto al trabajo extraordinario derivado de la pandemia como al ordinario y que consistía en sustituir el devengo de los conceptos extrasalariales consistentes en el plus transporte y el de ayuda comida que se abonaban con anterioridad por un nuevo concepto retributivo, de menor importe, denominado TaD. La parte actora sostuvo que no era posible modificar unilateralmente esas retribuciones sin acudir al procedimiento específico del art. 41 del ET.

SEGUNDO.- 1.-La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional 145/2022, de 14 de noviembre (procedimiento 262/2022) declaró la caducidad de la acción y desestimó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras de Industria (en adelante CC. OO.) contra la empresa Siemens Rail Automation SAU (en adelante Siemens). Intervino como interesado el sindicato Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (en adelante FICA-UGT).

2.-Contra ella recurrieron en casación ordinaria los sindicatos CC. OO. y FICA-UGT:

A) El sindicato CC. OO. formuló cuatro motivos:

a) El primero, amparado en el art. 207.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) , solicita la revisión del relato histórico.

b) El segundo motivo, sustentado en el art. 207.e) de la LRJS, denuncia la infracción de los arts. 41.1, 41.2, 41.4 y 59.4 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) . Argumenta que la acción de impugnación de la MSCT no ha caducado.

c) El tercer motivo, con el mismo amparo procesal, denuncia la vulneración de la disposición transitoria primera de la Ley 10/2021. Alega que la empresa impuso unilateralmente un sistema de compensaciones por trabajo a distancia inferior al que venía aplicando con anterioridad, con la excusa de adaptarse la nueva regulación legal del trabajo a distancia.

d) El cuarto motivo, con idéntico amparo procesal, denuncia la violación de la disposición transitoria tercera de la Ley 10/2021. Sostiene que la decisión empresarial afecta también a los que trabajan a distancia de modo forzoso como consecuencia de la pandemia. Explica que se aplica a las compensaciones fijadas unilateralmente por la empresa, que son diferentes y menores a las que venían aplicándose en esta situación durante la pandemia, lo que vulnera la citada norma.

B) El sindicato FICA-UGT desarrolla un único motivo amparado en el art. 207.e) de la LRJS en el que denuncia la infracción de los arts. 59. 3 y 4 y 41. 3 y 5 del ET en relación con el art. 138 de la LRJS y de los arts. 24, 37, y 28 de la Constitución Española. Sostiene que la acción de MSCT no ha caducado.

3.-Siemens presentó sendos escritos de impugnación de los recursos en los que solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación de ambos recursos.

TERCERO.- 1.-El primer motivo del recurso de casación interpuesto por CC. OO. pretende modificar el hecho probado cuarto. Ese ordinal comienza con la siguiente afirmación:

«El día 25-1-2.021 la empresa remitió correo electrónico a toda la plantilla en el que refería lo siguiente: [...]».

Esta recurrente propone una redacción alternativa:

«El día 26-1-2.021 la empresa remitió correo electrónico en el que refería lo siguiente: [...]».

2.-Son dos modificaciones distintas:

- Una de ellas afecta a la fecha de envío de ese correo electrónico. Esta recurrente sostiene que se envió el 26 de enero de 2021, no el día anterior. Es un error material manifiesto que debe corregirse, aunque carece de trascendencia para la resolución de este litigio.

- Niega que ese correo se remitiera a toda la plantilla. Esta pretensión revisora se basa en la denominada prueba negativa: sostiene que no hay ningún elemento fáctico en las actuaciones que permita concluir que ese correo electrónico fue remitido a todos los trabajadores de la empresa.

3.-Reiterada doctrina jurisprudencial ha rechazado que tenga eficacia revisora casacional la denominada prueba negativa. La vía negativa de falta de prueba no puede sustentar una revisión fáctica: «no cabe la denuncia de error de hecho en casación exclusivamente amparada en la mera alegación de prueba negativa, es decir, sosteniendo que no se ha practicado en juicio prueba alguna que acredite la conclusión fáctica que recoge la sentencia y que en trámite de casación se cuestiona» [ sentencias del TS 226/2021, de 23 de febrero (rec. 112/2019); 159/2022, de 17 de febrero (rec. 123/2020, Pleno); y 417/2024, de 5 de marzo (rec. 34/2022].

El éxito de la revisión fáctica casacional exige que la parte recurrente identifique los concretos documentos que demuestren el error probatorio de instancia. No puede prosperar cuando la parte recurrente se limita a invocar la denominada prueba negativa, lo que impide estimar este motivo.

CUARTO.- 1.-En el segundo motivo del recurso de casación formulado por el sindicato CC. OO. y en el único motivo del recurso del sindicato FICA-UGT se alega que la acción de impugnación de la MSCT no ha caducado. Vamos a examinar conjuntamente, por su interconexión, ambos motivos.

2.-Los preceptos aplicables son los siguientes:

a) El art. 41.5 del ET dispone:

«La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación [...]».

b) El art. 59.4 del ET establece:

«Lo previsto en el apartado anterior (el plazo de caducidad de 20 días) será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.»

c) El art. 138.1 de la LRJS acuerda:

«El proceso se iniciará por demanda de los trabajadores afectados por la decisión empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los artículos 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación, sin perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores. »

3.-Esta Sala ha examinado la caducidad de la acción de impugnación de MSCT de carácter colectivo:

a) La sentencia del TS 30/2017, de 12 de enero (rec. 26/2016) argumenta: «El artículo 138.1 LRJS contiene un mandato claro sobre la cuestión examinada: el plazo de caducidad no comenzará a computarse hasta que tenga lugar la notificación por escrito, de la empresa a sus trabajadores o representantes. Por tanto, aunque las normas sustantivas no reflejen esta obligación de manera nítida, incluso aunque se considere que la misma es ajena al periodo de consultas, lo cierto es que existe una norma con rango de Ley específicamente dedicada a la fijación del dies a quo.»

b) La sentencia del TS 806/2019, de 26 de noviembre (rec. 97/2018) explica que el art. 138.1 de la LRJS contiene una «rotunda previsión legal (que) nos ha llevado a afirmar que, tras la entrada en vigor de esta nueva ley procesal, dicho plazo es aplicable en todo caso y con independencia de que la empresa no hubiere seguido el procedimiento del art. 41 ET para implantar las medidas en litigio, resultando por ello intrascendente cualquier argumentación sobre el grado de cumplimiento de tal procedimiento, en tanto que "La fijación de un plazo de caducidad perentorio constituye una garantía de la seguridad jurídica que para las partes se ha de derivar de la consolidación de una decisión no impugnada, de suerte que el transcurso del mismo actúa como ratificación de la aceptación de la parte social».

Esta Sala declaró caducada la acción de impugnación de una MSCT de carácter colectivo que se había notificado por correo electrónico enviado por la empresa a todos los profesores en el que les informó de que se había aprobado el nuevo sistema de evaluación y reglamento del profesorado que se aplicaría a partir del curso 2017/2018, cuyo texto íntegro se acompañaba: «con aquel correo electrónico de la empresa de 3 de julio de 2017, se ha producido en este caso la notificación por escrito a los trabajadores y a sus representantes legales que exigen los arts. 59.4 ET y 138.1 LRJS. A partir de esa fecha se desencadena el plazo de caducidad de veinte días hábiles que estos preceptos legales establecen para el ejercicio de la acción».

En el mismo sentido se pronunció la sentencia del TS 765/2021, de 7 de julio (rec. 80/2020): «Queda con ello claro que el instituto de la caducidad es igualmente de aplicación cuando la empresa no ha seguido el preceptivo procedimiento del art. 41 ET para implementar la medida.»

c) La reciente sentencia del TS 1227/2024, de 30 de octubre (rec. 279/2022) ha reiterado esa doctrina. Se trataba de una acción de impugnación de una MSCT de carácter colectivo que había sido comunicada por escrito a la plantilla el 25 de marzo de 2022. La demanda se interpuso el día 11 de abril de 2022. En esa fecha no había transcurrido el plazo de caducidad de veinte días de los arts. 41.2 y 59.4 del ET y del art. 138.1 de la LRJS.

QUINTO. 1.-En este pleito se ha ejercitado una acción de impugnación de una MSCT de carácter colectivo sujeta al plazo de caducidad de 20 días del art. 59.4 del ET en relación con el art. 138 de la LRJS. Ese plazo se ha superado. La comunicación por escrito a toda la plantilla se produjo el día 26 de enero de 2021. En ella se informaba a los trabajadores de la decisión empresarial de implantar el trabajo a distancia y se explicaba en qué consistía esta medida.

El día 15 de febrero de 2021 se interpuso una primera demanda ante un órgano judicial incompetente en la que constaba que «[e]l 26 de enero de 2021 la empresa remitió a todos sus trabajadores, individualmente, el correo electrónico que [...] con claridad, procedía a modificar unilateralmente el régimen retributivo de los trabajadores forzados al trabajo a distancia como consecuencia de la pandemia». El Juzgado de lo Social se declaró incompetente por auto de fecha 26 de julio de 2021, confirmado por auto de 4 de noviembre de 2021.

En fecha 4 de abril de 2022 se celebró intento de mediación ante el SIMA y la demanda rectora de esta litis se presentó el día 29 de julio de 2022. A la vista de los citados extremos, forzoso es concluir que, entre la comunicación de la MSCT por escrito a toda la plantilla y la interposición de la demanda, transcurrieron más de 20 días hábiles, por lo que la acción estaba caducada.

2.-El sindicato UGT-FICA argumenta que la declaración de que la acción ha caducado supone una interpretación extensiva de la caducidad, que ello premia al infractor de la norma, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, que infringe el derecho a la negociación colectiva del art. 37 de la Constitución y que viola el derecho a la libertad sindical del art. 28 de la Constitución.

A juicio de esta Sala, no se trata de una interpretación extensiva de la institución de la caducidad, que está vinculada a la seguridad jurídica, porque la citada doctrina jurisprudencial aplica el tenor literal del art. 138 de la LRJS.

Tampoco se premia al infractor de la norma. Si la acción se hubiera ejercitado dentro del plazo legal, la omisión del preceptivo procedimiento del art. 41.4 del ET hubiera conllevado la declaración de nulidad de la decisión empresarial aunque se hubiera probado la existencia de razones económicas, organizativas, técnicas o de producción. Si la impugnación judicial ha sido extemporánea, ello solamente es imputable a esa parte procesal.

Por la misma razón, no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque la parte actora ha podido impugnar la decisión empresarial. Por último, tampoco se infringen el derecho a la negociación colectiva, ni a la libertad sindical. La declaración de la caducidad de la acción de impugnación de la MSCT no afecta a esos derechos.

SEXTO.- 1.-En el siguiente motivo del recurso interpuesto por CC. OO. se alega que la sentencia recurrida vulnera la disposición transitoria primera de la Ley 10/2021 porque la empresa impuso unilateralmente un sistema de compensaciones por trabajo a distancia inferior al que venía aplicando con anterioridad, con la excusa de adaptarse la nueva regulación legal del trabajo a distancia.

2.-La disposición transitoria primera de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, tiene el siguiente contenido:

«Situaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada en vigor de esta Ley.

1. Esta Ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia [...]

2. En ningún caso la aplicación de esta Ley podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con carácter previo sus servicios a distancia que se reflejarán en el acuerdo de trabajo a distancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 [...]».

3.-Esa norma regula las «[s]ituaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada en vigor de esta Ley». Ese precepto se aplica a los trabajadores que «con carácter previo (prestaban) sus servicios a distancia», los cuales no perderán sus condiciones más beneficiosas por la aplicación de la Ley 10/2021.

Su finalidad es que la entrada en vigor de esa norma (el día 11 de julio de 2021) no perjudique los trabajadores que con anterioridad prestaban trabajo a distancia, los cuales conservan las condiciones más beneficiosas que disfrutaban antes.

4.-Siemens introdujo esta MSCT antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2021:

a) El día 26 de enero de 2021 Siemens comunicó a los trabajadores que la implantación del trabajo a distancia suponía que los empleados que desempeñaban anteriormente un trabajo presencial y pasaban a realizarlo a distancia dejarían de percibir los conceptos retributivos compensatorios de acudir al centro de trabajo y les iba a pagar un complemento de trabajo a distancia, otro complemento para compensar sus gastos ligados a la prestación de servicios a distancia y un complemento de material de oficina.

b) El día 11 de julio de 2021 entró en vigor la Ley 10/2021, que se aplicó a los trabajadores que antes de su entrada en vigor prestaban sus servicios a distancia.

5.-De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos concluir que no consta que Siemens haya vulnerado la citada disposición transitoria primera de la Ley 10/2021. Esa norma transitoria no impide que, con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley, una empresa hubiera introducido el trabajo a distancia sustituyendo complementos vinculados al trabajo presencial por complementos adaptados al trabajo a distancia. Los cambios en los complementos abonados a los trabajadores no se deben a la aplicación de la Ley 10/2021 sino a una decisión empresarial anterior a ella.

SÉPTIMO.- 1.-En el último motivo del recurso interpuesto por CC. OO. se denuncia la violación de la disposición transitoria tercera de la Ley 10/2021. Este sindicato argumenta que esta decisión empresarial afecta también a los que trabajan a distancia de modo forzoso como consecuencia de la pandemia. El sindicato CC. OO. sostiene que solo mediante la negociación colectiva puede establecerse la compensación de los gastos por el trabajo a distancia, lo que impide que la empresa pueda modificar unilateralmente el sistema de compensación previo a la pandemia.

2.-La disposición transitoria tercera de la Ley 10/2021 dispone:

«Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.

En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.»

3.-Esa norma obliga a la empresa a proporcionar los medios materiales para el trabajo a distancia y a proporcionar el mantenimiento que necesiten. Además, remite a la negociación colectiva la compensación de los gastos del trabajador a distancia.

Tampoco se ha probado que Siemens haya vulnerado ese precepto. No se ha acreditado que Siemens incumpliera la obligación de proporcionar los medios necesarios para llevar a cabo el trabajo a distancia como consecuencia de la COVID-19.

La demanda rectora de esta litis solicita que se deje sin efecto la decisión unilateral de la empresa de dejar de abonar a los trabajadores a distancia los pluses de transporte, subvención de comida y comida en especie. La acción para impugnar esa MSCT ha caducado. La parte recurrente no puede fundamentar la pretensión de que se deje sin efecto esa decisión empresarial con base en una disposición transitoria que se limita a remitir a la negociación colectiva la compensación de los gastos del trabajo a distancia: esa norma jurídica es ajena a la pretensión formulada en este litigio.

4.-Los anteriores argumentos obligan a desestimar los recursos de casación ordinarios interpuestos por CC. OO. y FICA-UGT y confirmar la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235.2 de la LRJS) .