Sentencia Social 1336/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 256/2022 de 11 de diciembre del 2024

PRIMERO.-1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) ha dictado sentencia el 8 de junio de 2022 en los autos seguidos con el núm. 122/2022, en proceso de conflicto colectivo, por modificación sustancial de condiciones de trabajo colectivas, por la que se desestima la demanda interpuesta por el Sindicato CSIF, a la que se adhirió el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), frente a la mercantil PHS Serkonten, S.A., al apreciar la caducidad de la acción.

2. Frente a dicha resolución judicial se ha interpuesto por la parte demandante recurso de casación en el que, como primer motivo, al amparo del apartado e) del art. 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) denuncia infracción de las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia, en relación con la caducidad.

A tal efecto, destaca que, si bien la empresa anunció por correo electrónico, el 31 de diciembre de 2021, que iba a modificar sustancialmente las condiciones de trabajo, la realidad es que tal medida fue puesta en marcha por comunicación de 7 de marzo de 2022, que es cuando se envía la propuesta de liquidación de los comisionamientos del mes de febrero de 2022 a las personas trabajadoras. A tal efecto hace mención de lo que la propia Sala de la AN recogió en la sentencia 27/2020, de 3 de marzo. En consecuencia, en diciembre de 2021 la empresa pone en conocimiento de la plantilla que se va a publicar un nuevo documento sobre nuevas tarifas, tablas y propósitos de cara a la retribución variable; las tablas de 2022, con efectos a partir de 1 de febrero de 2022, se comunica a la representación legal de los trabajadores el 11 de enero de 2022, lo que fue impugnado por el sindicato actor ante el SIMA el 9 de febrero de 2022, si bien los trabajadores afectados tuvieron conocimiento de la repercusión de tales medidas el 7 de marzo de 2022. A la vista de ello, el plazo inicial de los veinte días de caducidad debe ubicarse en esta última fecha, que es cuando los afectados conocen las consecuencias reales en la retribución variable del mes de marzo de 2022, ya que eso fue el detonante del conflicto real. Además, añade que la empresa no dio cumplimiento al art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y no puede sacar provecho de ello. También señala que la fecha tomada por la sentencia recurrida (la de 11 de enero de 2022) no es admisible porque hasta que no fue comunicado a los trabajadores individualmente la real aplicación de esa medida no podía conocer la parte demandante el perjuicio real de tal decisión empresarial.

El Sindicato UGT se ha adherido al recurso interesando su estimación.

3. La parte demandante ha impugnado el recurso y, respecto del primer motivo, con cita del art. 59.4 del ET y tomando las fechas de 11 de enero de 2022 -momento en que se notifica a la representación legal de los trabajadores la medida empresarial impugnada- y la de 31 de diciembre de 2021 -a la propia plantilla-, mantiene que la acción se encuentra caduca, tal y como ha decidido la sentencia recurrida, acudiendo a la doctrina recogida en la STS 476/2017, de 2 de junio (rec. 163/2016) de la que se desprende que el plazo es perentorio y actúa como garantía de la seguridad jurídica y su transcurso actúa como ratificación de la aceptación de la parte social. Sigue diciendo que lo pretendido por la parte recurrente solo sería admisible si la empresa hubiera efectuado una comunicación hipotética o de futuro pero ello no fue así, sino que se informa expresamente su proceder a partir de entonces y con puesta en vigor en fecha 1 de febrero de 2022. Además, la parte recurrente ya impugnó las mismas tablas el 9 de febrero de 2022, en papeleta de conciliación.

4. El Ministerio Fiscal ha emitido informe en el que sostiene la desestimación total del recurso. En relación con el presente motivo, pone de manifiesto su defectuosa formulación al no dar cumplimiento al art. 210 de la LRJS dado que no hace cita alguna de precepto legal infringido ni tampoco identifica las jurisprudencia que haya sido vulnerada, tal y como exige el apartado 2 del citado precepto procesal. En todo caso, tampoco se habría infringido el no citado art. 138 de la LRJS, en el que se pone como día inicial del plazo el de la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, lo que en el supuesto que ha resuelto la sentencia impugnada no se ha cumplido por cuanto que la notificación por correo electrónico efectuada por la empresa a la plantilla tuvo lugar el 31 de diciembre de 2021, indicando que se iban a publicar nuevas tablas, tarifas y propósitos respecto de la retribución variable que iban a tener efectos desde el 1 de febrero de 2022. El 1 de febrero de 2022 las nuevas tablas fueron puestas en conocimiento, mediante correo electrónico, a la representación legal de los trabajadores. Si la demanda se presentó el 4 de abril de 2022, la caducidad apreciada por la sentencia recurrida es conforme a derecho. Lo que se alega por la parte recurrente no se compadece con su propio actuar cuando, el 9 de febrero de 2022, presentó papeleta de conciliación ante el SIMA, impugnando las referidas tablas.

5. El motivo debe ser desestimado por las razones que pasamos a exponer.

Como advierte el Ministerio Fiscal, el motivo incurre en una defectuosa formulación por cuanto que no da cumplimiento al art. 210.2 de la LRJS, en el que se dispone que " En el escrito se expresarán por separado, con el necesario rigor y claridad, cada uno de los motivos de casación, por el orden señalado en el artículo 207, razonando la pertinencia y fundamentación de los mismos y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso de invocación de quebranto de doctrina jurisprudencial, de las concretas resoluciones que establezcan la doctrina invocada".

Como viene señalando esta Sala, si bien los requisitos formales que dan acceso a los recursos deben ser interpretados a la luz del derecho de tutela judicial efectiva, en el sentido más favorable a su efectividad, ello no supone que se deban tener por bien formalizados los escrito de recursos que no cumplan debidamente con las exigencias formales que, para el que nos ocupa, se contemplan en aquel mandato procesal, reflejo de la especial relevancia que tiene por su naturaleza extraordinaria. Es por ello por lo que cualquier escrito que incumpla de forma grave e insubsanable la obligación de exponer con claridad y rigor las causas de impugnación de la sentencia recurrida, omitiendo todo razonamiento sobre la pertinencia y fundamentación de la infracción o vulneración que se entienda producida en ella, sin cita clara y precisa de las normas sustantivas infringidas, debe ser rechazado. Con ello, según venimos sosteniendo, " no se pretende aplicar al recurrente un rigorismo puramente formal, que sería contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE , sino, bien al contrario, garantizar ese mismo derecho a los recurridos, en tanto que la estimación de un recurso que ha sido defectuosamente planteado supone dejar en indefensión a la parte contraria, en cuanto obliga al Tribunal a adoptar postura de parte para subsanar de oficio los defectos en los que haya podido incurrir el recurrente, viéndose obligado a identificar las normas legales que no han sido invocadas en el recurso cuya posible infracción dé lugar a casar la sentencia, y al hilo de ello construir los argumentos jurídicos que conducen a su vulneración que no fueron articulados por la recurrente, privando de esta forma a la recurrida de la posibilidad de defenderse de unas alegaciones que ni tan siquiera habían sido esgrimidas en el escrito de recurso" [ STS 233/2024, de 7 de febrero (rec. 214/2021)].

En el caso que nos ocupa, el primer motivo del recurso, si bien se ampara en el apartado e) del art. 207 de la LRJS, comienza reproduciendo el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida para, seguidamente, hacer lo mismo con lo que se recoge en la demanda, en relación con la vigencia de la acción para continuar con una descripción de hechos y exponer su criterio.

En ningún momento se identifica precepto sustantivo o procesal alguno relativo a la excepción de caducidad que impugna. Tan solo y al final del motivo, se identifica un precepto legal, el art. 41 del ET, pero para indicar tan solo que la empresa no ha cumplido con el procedimiento en él establecido.

En estas circunstancias no podemos tener por bien formalizado el recurso.

SEGUNDO.-1. En todo caso, y aunque se pudiera entender superada aquella exigencia formal, el art. 138 de la LRJS y 59.4 del ET, no habrían sido vulnerados por la sentencia recurrida por cuanto que el día inicial del plazo de caducidad, aplicable, aunque no se haya seguido por el empresario el procedimiento del art. 41 del ET (como recuerda la STS 505/2024, de 20 de marzo, rec. 46/2022), comienza al día siguiente a la fecha de la notificación por escrito de la decisión empresarial a los representantes legales de los trabajadores "por cuanto dicho requisito asegura el conocimiento de la medida por la RLT, quién deberá impugnarla en un plazo perentorio de caducidad, que se activa al día siguiente de la citada notificación" ( STS 994/2023, de 22 de noviembre, rec. 113/2021).

Como recuerda la doctrina constitucional, la caducidad constituye una causa impeditiva de un pronunciamiento judicial sobre el fondo y que " como tal presupuesto procesal, no vulnera por sí mismo el derecho a la tutela judicial efectiva, como tampoco se deriva ninguna lesión de su correcta apreciación por parte de los órganos judiciales, ya que los plazos en los que las acciones deben ejercitarse no se encuentran a disposición de las partes" Ahora bien, sigue diciendo esa misma doctrina que el art. 24.1 de la CE se puede ver vulnerado cuando se haya apreciado una caducidad sin razonamiento o de forma arbitraria o irrazonable " entendiendo por tal, no toda interpretación que no sea la más favorable, sino la que por excesivo formalismo o rigor revele una clara desproporción entre los fines preservados por las condiciones legales de admisión y los intereses que resultan sacrificados" [ STC 252/2004]

2. Atendiendo a dichos criterios, es evidente que en el caso que nos ocupa, como bien señala la sentencia recurrida, esa notificación de la decisión empresarial, de modificar las tablas, tarifas y propósitos respecto de la retribución variable, tuvo lugar, en un primer momento, el 31 de diciembre de 2021, por correo electrónico, a la plantilla, comunicando en ella que, a partir del 1 de febrero de 2022, se iban a producir esos cambios, incluso corrigiendo errores del documento de tarifas de 2022; igualmente, las nuevas tablas de 2022, que a partir de aquella fecha iban a aplicarse, fueron notificadas a los representantes legales de los trabajadores el 11 de enero de 2022, por igual medio de comunicación. Por tanto, a partir del siguiente día hábil, de esa última fecha, comenzó el plazo de caducidad que la parte demandante no ha respetado, al presentar la demanda el 4 de abril de 2022.

En modo alguno se puede aceptar que el día inicial del plazo sea el que pretende la parte recurrente, queriéndolo trasladar a la fecha en que los trabajadores sufrieron la aplicación de esas modificaciones, 7 de marzo de 2022, por cuanto que la voluntad de la empresa de llevarlas a cabo era clara y precisa cuando no solo lo notificó a la plantilla sino a los propios representantes de los trabajadores, indicando expresamente que esas medidas tenía una fecha concreta de efectos, razón por la que los representantes legales de los trabajadores, siendo conocedores de esa decisión, a los pocos días de recibir esa notificación, la impugnaron ante el SIMA, el 9 de febrero de 2022.

3. Estando caducada la acción, no es necesario entrar a conocer de los dos motivos siguientes del recurso que se destinan a la cuestión de fondo.

TERCERO.-Por lo expuesto, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.

Todo ello sin imposición de costas, a tenor del art. 235 de la LRJS.