Sentencia Social 180/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 1296/2022 de 11 de marzo del 2025

PRIMERO.- 1.-La controversia casacional radica en determinar si el beneficiario debe reintegrar el subsidio asistencial de desempleo que le reconoció indebidamente el SEPE debido a un error de este organismo autónomo.

2.-La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ávila estimó en parte la demanda formulada por el SEPE y declaro revocado el derecho a percibir el subsidio por desempleo del beneficiario, desestimando la solicitud de devolución de prestaciones. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león -sede de Burgos- de 10 de noviembre de 2021, Rec. Sup. 572/2021, estimó el recurso del SEPE y condenó al beneficiario a la devolución de lo indebidamente percibido que ascendía a la cantidad de 20.956,21 euros.

Consta que al beneficiario le fue reconocida la prestación por desempleo para mayores de 55 años por resolución del SPEE de fecha 14 de febrero de 2017, para el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2017 a 26 de febrero de 2019 y un total de 20.956,41 euros.

La sentencia recurrida argumentó que, aunque concurre la expectativa en el beneficiario de recibir y mantener las prestaciones reconocidas por el SEPE dado el tiempo transcurrido entre su concesión en fecha 14 de febrero de 2.017 y la presentación de la demanda solicitando su revocación y la devolución de cantidades el 19 de abril de 2.021, también existe proporcionalidad, pues el demandado, aunque alegó un escaso importe de rentas en el momento de solicitar el subsidio por desempleo (232,72 euros mensuales), no tiene enfermedad mental u otra enfermedad similar que le incapacite para el trabajo, no consta situación familiar semejante a la del asunto Cakarevic y tampoco constan en el relato fáctico carencias económicas similares, siendo aplicable lo previsto sobre inembargabilidad y sobre el respeto a la garantía de bienes mínimos para la subsistencia conforme a la legislación española.

3.-Disconforme el beneficiario con la solución alcanzada por la sala de suplicación se alza ahora en casación para la unificación de doctrina solicitando que se determine que no procede la devolución de las cantidades percibidas en concepto de prestación por desempleo porque se trata de un error imputable a la Administración y resulta de aplicación la doctrina contenida en la STEDH de 26 de abril de 2018 (Caso Cakarevic vsCroacia ), debiendo prevalecer su derecho de propiedad que, de no ser estimado su recurso, se verá vulnerado ya que se le está exigiendo una carga inasumible y excesiva dadas las especiales circunstancias concurrentes en el caso. Al efecto, denuncia la aplicación e interpretación errónea del artículo 1 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Protección de derechos fundamentales y libertades públicas, según la interpretación que de dicha norma ha efectuado al STEDH de 26 de abril de 2018 (P. 489211, Caso Cakarevic contra Croacia).

El recurso ha sido impugnado por el SEPE e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerarlo improcedente.

SEGUNDO.- 1.-Invoca el recurrente como sentencia contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de septiembre de 2020 -Rec. 285/2020- en la que se concluye que la beneficiaria que percibió subsidio por desempleo para mayores de 52 años por error no imputable a ella, sino al INSS, no tiene que reintegrar lo percibido, al gozar de una expectativa de legitimidad. El SPEE reconoció el 27/11/14 el subsidio indicado sobre la base de un certificado del INSS, según el cual, el beneficiario reunía todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la jubilación. Con posterioridad, el INSS emitió otro certificado, de fecha 12/04/19, indicando que no reunía el periodo de carencia para acceder a la jubilación.

Declara la sentencia que se examina que procede dejar sin efecto la resolución, pero no el reintegro de lo indebidamente percibido (7.400,19 euros), ya que el beneficiario goza de una expectativa de legitimidad que, al ser una persona vulnerable, le permite no hacer frente al reintegro, al no haber concurrido responsabilidad de este en el abono indebido. Se aplica la doctrina del TEDH porque se está ante un error en la resolución que concedió a la demandada el subsidio de desempleo, error que no puede imputarse a esta sino a la entidad gestora, pero ha de tenerse en cuenta que se trata de un subsidio reconocido a una persona en desempleo, sin recursos económicos y consecuentemente la devolución que se le reclama, supone una grave carga, siendo el supuesto que nos ocupa muy similar al contemplado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 26 de abril de 2018 (sección 1ª) (caso Cakarevic contra Croacia).

2.-Concurre la contradicción toda vez que, en efecto, existen puntos en común entre los fallos enfrentados y distintas soluciones alcanzadas por las salas de suplicación. En ambos casos los beneficiarios habían accedido al subsidio por desempleo para mayores de 52 años por error no imputable a ellos sino a la entidad gestora que, unos años después, dada cuenta de tal error insta la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

En ambos casos, las sentencias aprecian la concurrencia de legitima expectativa del beneficiario a mantener prestaciones en atención el tiempo transcurrido entre la concesión de la prestación y la demanda de reintegro de cantidades indebidamente percibidas, injerencia de la Administración y error administrativo no imputable al beneficiario, pero mientras que la sentencia de contraste aplica la doctrina contemplada en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 26 de abril de 2018 (caso Cakarevic contra Croacia) porque considera que la devolución que se le reclama supone una grave carga para el demandado, la sentencia recurrida alcanza la solución contraria. Con base en hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, esos Tribunales han dictado pronunciamientos contradictorios que deben ser unificados.

TERCERO.- 1.-Procede examinar la alegación del SEPE relativa a la falta de contenido casacional. El art. 225.4 de la LRJS establece cuáles son las causas de inadmisión del recurso de casación unificadora. En la redacción de ese precepto aplicable a esta litis, anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, establecía: "Son causas de inadmisión el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para preparar o interponer el recurso, la carencia sobrevenida del objeto del recurso, la falta de contenido casacional de la pretensión y el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos sustancialmente iguales".

La causa de inadmisión consistente en la falta de contenido casacional permite inadmitir estos recursos sin necesidad de dictar sentencia, con un auto que pone término al procedimiento, en aquellos supuestos en los que la sentencia recurrida ha resuelto de forma coincidente con la doctrina de esta Sala del TS. Se evita así el dictado de múltiples sentencias del TS reiterativas, que reproducen la misma doctrina jurisprudencial y que confirman la sentencia recurrida. Ahora bien, no cabe invocar falta de contenido casacional cuando, con posterioridad a la doctrina jurisprudencial que se invoca para sostener la causa de inadmisión, el Tribunal ha variado su doctrina, justificándolo en base a la aplicación de una sentencia del TEDH, e iniciado una nueva línea jurisprudencial, tal como aquí acontece, como inmediatamente se reseñará.

2.-La sentencia del TEDH de 26 de abril de 2018, proceso 48921/2013 (caso Cakarevic contra Croacia) interpretó el art. 1 del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Ese precepto reconoce el derecho de toda persona física o moral al "respeto de sus bienes". En ese pleito, una nacional croata había interpuesto una demanda contra la República de Croacia ante el TEDH, alegando que se había vulnerado su derecho al disfrute pacífico de sus bienes por habérsele ordenado reintegrar las prestaciones por desempleo que percibió entre el 10 de junio de 1998 y el 27 de marzo de 2001 y que las autoridades croatas consideraron posteriormente indebidamente percibidas. Esa beneficiaria había sido condenada por el correspondiente órgano jurisdiccional croata a reintegrar 2.600 euros más los correspondientes intereses.

La sentencia del TEDH de 26 de abril de 2018 declaró que, en las circunstancias del caso, el requerimiento a la demandante de reembolsar el importe de las prestaciones por desempleo abonadas por error por la autoridad competente suponía una carga individual excesiva para ella, por lo que declaró vulnerado el art. 1 del Protocolo.

En virtud de esa vulneración, el TEDH condenó a la República de Croacia a abonar a la demandante 2.600 euros más el impuesto que pudiera ser exigible en concepto de daños morales y 2.130 euros más el impuesto que pudiera ser exigible en concepto de costas y gastos. Por ende, el TEDH condenó a abonar a la interesada en concepto de daños morales exactamente la misma cantidad que se le reclamaba por la percepción indebida de las prestaciones por desempleo. El TEDH argumentó:

a) La interesada no contribuyó a que la decisión de reconocerle la prestación de desempleo se adoptara o aplicara indebidamente, sin que tampoco se cuestionara su buena fe. Recuerda el TEDH, en este sentido, que "no se ha aducido que la demandante haya contribuido a la percepción indebida de prestaciones mediante alegaciones falsas u otros actos o hechos contrarios a la buena fe".

b) La prestación de desempleo satisface "necesidades básicas de subsistencia". La cantidad percibida por tal concepto fue "muy modesta" y los órganos jurisdiccionales nacionales no tuvieron en cuenta la situación sanitaria y económica de la demandante.

c) El TEDH examina si la intervención de las autoridades croatas ha logrado el justo equilibrio exigido entre las exigencias del interés general y las exigencias de protección del derecho de la demandante al disfrute pacífico de sus bienes, y si impone una carga desproporcionada y excesiva a la demandante. Para ello parte de que el error en el reconocimiento de la prestación por desempleo es "imputable únicamente a las autoridades estatales", y que no se trata tanto de la supresión de la prestación por desempleo de la demandante, sino de la obligación que se le impone de reintegrar las prestaciones ya percibidas.

Recuerda el TEDH su jurisprudencia de que los errores imputables únicamente a las autoridades estatales no deben, en principio, remediarse a expensas de la persona afectada, y que, cuando se trata de una cuestión de interés general, incumbe a las autoridades públicas actuar a su debido tiempo, de manera adecuada y coherente. El TEDH afirma que, en el supuesto, las autoridades incumplieron este principio de "buena gobernanza".

A pesar de que las prestaciones por desempleo que la demandante no debería haber percibido eran enteramente el resultado de un error del Estado, se requirió a la demandante el reembolso íntegro, de manera que no se declaró ninguna responsabilidad del Estado, que evitó cualquier consecuencia de su propio error y toda la carga recayó únicamente en la demandante.

CUARTO.- 1.-Las SSTS 530/2024, de 4 de abril (Rcud. 1156/2023); 631/2024, de 29 abril (Rcud 1158/2023); y 812/2024 de 30 mayo (Rcud 1093/2023), entre otras, examinaron sendos supuestos en los que se había acordado una reducción de jornada del 75% en el periodo de consultas de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción como consecuencia del COVID-19. El SEPE reconoció la prestación por desempleo. Posteriormente, el organismo autónomo comunicó al beneficiario la propuesta de revocación de prestaciones por desempleo porque la reducción de su jornada laboral superaba el 70%.

Esta Sala aplicó los argumentos del TEDH por las siguientes razones:

a) La trabajadora tampoco contribuyó, en modo alguno, a la resolución mediante la cual se reconoció la prestación por desempleo a partir del 14 de marzo de 2020: no hizo alegaciones falsas ni cualquier acto contrario a la buena fe.

b) La reducción de su jornada en un 75% fue fruto de un ERTE sin que conste que en su inclusión en el ERTE se realizaran alegaciones falsas que llevaran a error al SEPE. Por el contrario, se comunicó abierta y transparentemente a la autoridad laboral que la reducción de jornada era del 75%.

c) La prestación de desempleo también satisface necesidades básicas de subsistencia. Igualmente se puede afirmar que las cantidades recibidas y ahora reclamadas eran relativamente modestas y que tampoco se ha considerado la situación del trabajador, especialmente en el difícil contexto de la pandemia de la COVID-19.

d) El error en el reconocimiento indebido de la prestación de desempleo fue imputable únicamente al SEPE y, sin embargo, se requirió a la trabajadora la devolución de lo percibido, de manera que la entidad gestora del desempleo evitó cualquier consecuencia de su propio error, y toda la carga recayó únicamente en la interesada.

En definitiva, la resolución inicial del SEPE hizo recaer toda la carga del error cometido sobre la trabajadora, obligándole a reintegrar la cantidad percibida, lo que condujo a aplicar la doctrina referida del TEDH.

Dicha doctrina ha sido seguida por la STS 1186/2024, de 15 de octubre (Rcud. 806/2022) en un supuesto casi idéntico al que ahora examinamos en el que se alegó la misma sentencia de contraste que la que aquí se ha analizado.

2.-Esos argumentos son aplicables a esta litis ya que el beneficiario no hizo ninguna alegación falsa o inexacta que indujera a error al SEPE. Cuando cumplió la edad exigida (55 años), al no tener trabajo ni ingresos suficientes, solicitó el subsidio por desempleo informando al organismo autónomo de cuáles eran sus rentas. Además, el subsidio por desempleo controvertido satisface necesidades básicas de subsistencia del beneficiario, quien se encontraba sin trabajo y en una situación difícil, habida cuenta de sus escasos ingresos y su edad. La cantidad percibida en concepto de subsidio por desempleo es muy modesta (entre 4.618,22 y 5.163,24 euros anuales), por lo que debemos inferir que ha sido consumida por el beneficiario para afrontar sus gastos básicos de subsistencia. En definitiva, el reconocimiento indebido del subsidio por desempleo es imputable únicamente al SEPE. Pese a ello, se requirió al beneficiario para que devolviese íntegramente lo percibido. El SEPE evitó cualquier consecuencia de su propio error, lo que causa un grave perjuicio al beneficiario.

Por consiguiente, el SEPE ha hecho recaer toda la carga de su error sobre el beneficiario. El TEDH sostiene que los errores atribuibles exclusivamente a las autoridades estatales no deben remediarse, en principio, a expensas de la persona afectada, especialmente cuando no está en juego ningún otro interés privado en conflicto.

QUINTO.-La aplicación de la citada doctrina del TEDH y del TS conduce, oído el Ministerio Fiscal, a estimar el recurso de casación unificadora interpuesto por D. Mario, casar y anular la sentencia dictada por el TSJ y resolver el recurso de suplicación interpuesto por el SEPE contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en el sentido de desestimar íntegramente el de tal clase formulado por el SEPE, confirmando la sentencia de instancia. Sin que la Sala deba realizar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas ( artículo 235 LRJS) .