Sentencia Social 573/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 176/2023 de 11 de junio del 2025

PRIMERO.-1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación ordinario radica en la validez del Acuerdo alcanzado por la empresa y por los sindicatos que representan la mayoría en el comité de empresa, en el ámbito territorial de la CA de Madrid, conforme al cual la empresa ha de acceder a la petición efectuada por unanimidad de los integrantes de un servicio de pasar de un horario de ocho horas a un horario de doce o viceversa, por el periodo mínimo de un año o pasar a un horario mixto, con la alternancia que se acuerde en el colectivo y, asimismo, la compatibilidad del contenido del Acuerdo en lo tocante a los cuadrantes. Asimismo, se plantea por la parte impugnante del recurso, ATES-SAM, la caducidad de la acción ejercitada, por el transcurso del plazo de 30 días establecido en el art. 67 de la LRJS, siendo que dicha excepción fue alegada en el acto de la vista oral y no fue resuelta por la Sala de instancia.

2.La parte recurrente consideró que dicho Acuerdo supone una vulneración de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva e infringe además el art. 52 del Convenio Colectivo que establece que "entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente deberá mediar un mínimo de trece horas salvo en los casos siguientes: a) especial urgencia o perentoria necesidad; b) en el trabajo a turnos", mejorando así la previsión estatutaria del art. 34.3 ET que establece un mínimo de doce horas, que a su vez supera el mínimo de once horas de la Directiva 2003/88/CL y, por otra parte, supone también, una vulneración de lo establecido en el convenio colectivo en relación al cuadrante anual.

3.La sentencia dictada por la Sala Social del TSJ de Madrid 165/2023, de 21 de febrero, sobre conflicto colectivo a instancia de CCOO de Construcción y Servicios de Madrid y Sindicato Alternativa Sindical de Seguridad Privada contra Eulen Seguridad, SA, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato Autónomo de Madrid (ATES-SAM), Unión Sindical Obrera (USO), Coalición Sindical Independiente de Trabajadores Unión Profesional y Comité de Empresa Eulen Seguridad, SA desestimó la demanda y absolvió a todos los codemandados de las pretensiones en su contra deducidas.

4.Contra la referida sentencia interpone recurso de casación ordinaria el Letrado D. Eduardo Rodríguez González, en nombre y representación de CCOO Construcción y Servicios de Madrid, el cual se construye a través de cinco motivos, el primero para revisar los hechos probados y el resto para cuestionar la aplicación del derecho.

5.El recurso ha sido impugnado por el sindicato ATES-SAM, el que alega la caducidad de la acción ejercitada por la parte actora, ya que, como se puso de manifiesto en el hecho sexto de la demanda, CCOO hizo uso de la acción de impugnación de acuerdo de conciliación conforme al art. 67 de la LRJS y, dicho precepto determina en su párrafo segundo que: «La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido». Añade que, como señala la parte actora en los hechos octavo, noveno y décimo de su demanda, con fecha 27/12/2021 se interpuso una previa demanda de conflicto colectivo contra el mismo acuerdo de conciliación de fecha 16 de noviembre de 2021. El procedimiento concluyó por sentencia de 31 de marzo de 2022, procedimiento de conflicto colectivo 885/2021 seguido ante la Sección 4ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Por tanto, el plazo de caducidad de 30 días hábiles, aun aplicándolo en toda su duración (suspensión/caducidad), está superado toda vez que, la papeleta de conciliación del presente procedimiento se presenta ya en el año 2022 (folio 125), celebrado el acto de conciliación el 18 de octubre el día 27 de junio de 2022 (casi 3 meses después de la sentencia) y, la demanda se presenta el día 2 de noviembre de 2022 (casi 7 meses después). Por tanto, entiende que ha caducado la acción que se pretende ejercitar en este procedimiento. Añade que, la excepción fue planteada en el acto del juicio celebrado el día 19 de enero de 2023, no obstante, la sentencia objeto del presente recurso no se pronunció sobre la misma. Alude también el art. 43.3 de la LRJS cuando establece que, salvo los plazos señalados para dictar resolución, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables y cita sentencia de esta Sala 134/2023, de 14 de febrero, dictada en el Recurso de Casación 201/2022.

6.Conferido traslado de la excepción aducida por la recurrida, la parte recurrente presentó escrito de fecha 16 de mayo de 2025, alegando que lo que se está impugnando es el acuerdo alcanzado en el acto de conciliación con valor de convenio colectivo y, por tanto, el plazo de impugnación es el previsto en el art. 163 de la LRJS

7.El Ministerio Fiscal ha emitido informe en el sentido de que el motivo de revisión fáctica debe ser desestimado por ser intrascendente y, en cuanto a los motivos de infracción o censura jurídica, también, ya que no se han infringido los preceptos que se citan como denunciados, que existe un acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores y la empresa en la que el propio sindicato actor ha participado.

SEGUNDO.- 1.Procede resolver en primer lugar la cuestión previa planteada por la parte impugnante del recurso, ATES-SAM, que alega la caducidad de la acción, al estar impugnando la parte actora lo acordado en acto de conciliación, de forma que el plazo de impugnación es de 30 días, excepción de caducidad que no fue resuelta en la instancia.

2.El art. 67 de la LRJS determina que: «1. El acuerdo de conciliación o de mediación podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto objeto de la conciliación o de la mediación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad.

2. La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido».

3.El art. 153 de la LRJS dispone que: «1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley».

4.El art. 156 de la LRJS establece que: «1. Será requisito necesario para la tramitación del proceso el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el artículo 63.

2. Lo acordado en conciliación o mediación tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviará copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en el artículo 13 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo».

5.El art. 163.1 de la LRJS establece que: «1. La impugnación de un convenio colectivo de los regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los laudos arbitrales sustitutivos de éstos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, podrá promoverse de oficio ante el juzgado o Sala competente, mediante comunicación remitida por la autoridad correspondiente».

6.Lo acordado por la parte recurrida, ATES-SAM junto con UGT, que ostentan la mayoría en el comité de empresa, y Eulen, en el acto de mediación celebrado el 16 de noviembre de 2021, puso fin al conflicto conforme se recoge en el propio Acuerdo, de modo que se trata de un convenio o pacto de naturaleza colectiva, que debe ser impugnado a través del procedimiento de conflicto colectivo, que es lo que aquí precisamente acontece.

7.La naturaleza jurídica del acuerdo no impide que, para su impugnación, rija el plazo de 30 días de caducidad previsto en el art. 67.2 de la LRJS, contrariamente a lo que afirmó la representación letrada de CCOO en el acto de la vista, al contestar la referida excepción planteada, en efecto, por el sindicato ATES-SAM, la cual no fue resuelta por la sentencia recurrida. La propia parte demandante en la demanda rectora de autos pone de manifiesto que está impugnando lo acordado en acto conciliatorio de conformidad, precisamente, a ese precepto de la LRJS.

8.En ese sentido, CCOO estuvo presente el día 16 de noviembre de 2021 en el acto celebrado ante el Instituto de Laboral de la Comunidad de Madrid, de modo que a partir de esa fecha puso impugnar dicho acuerdo, lo que así hizo a medio de demanda presentada el 27 de diciembre de 2021, como también reconoce la misma en su demanda, dando lugar a la sentencia de 31 de marzo de 2022, procedimiento de conflicto colectivo 885/2021, seguido ante la Sección 4ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Con posterioridad a esta sentencia, la parte inicia el presente procedimiento, primero, a través de una papeleta de conciliación, presentada el 29 de junio de 2022 (folio 129 reverso), siendo citadas las partes al acto de conciliación el 18 de octubre de 2022 y, segundo, seguida por demanda presentada el día 2 de noviembre de 2022.

Entre la sentencia dictada por el TSJ de Madrid de 31 de marzo de 2022 no constan más actuaciones hasta el inicio del presente procedimiento a través de la papeleta de conciliación presentada el 29 de junio de 2022.

9.En definitiva, el Acuerdo impugnado fue alcanzado en un acto de mediación celebrado en el Instituto de Laboral de la Comunidad de Madrid y, por tanto, su impugnación por parte de quién consideraba que le perjudicaba debía realizarse en el plazo de 30 días, siendo que ha transcurrido un plazo que excede con mucho del mismo, sin perjuicio de que hubiera estado suspendido con ocasión del anterior procedimiento. Por tanto, cabe estimar la caducidad de la acción que se pretende ejercitar en este procedimiento.

TERCERO.- Expuesto lo anterior y, oído el Ministerio Fiscal, procede la estimación de la caducidad de la acción y, casar y anular la sentencia recurrida con la consiguiente desestimación de la demanda, sin imposición de costas conforme dispone el art. 235.2 de la LRJS.

PRIMERO.-1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación ordinario radica en la validez del Acuerdo alcanzado por la empresa y por los sindicatos que representan la mayoría en el comité de empresa, en el ámbito territorial de la CA de Madrid, conforme al cual la empresa ha de acceder a la petición efectuada por unanimidad de los integrantes de un servicio de pasar de un horario de ocho horas a un horario de doce o viceversa, por el periodo mínimo de un año o pasar a un horario mixto, con la alternancia que se acuerde en el colectivo y, asimismo, la compatibilidad del contenido del Acuerdo en lo tocante a los cuadrantes. Asimismo, se plantea por la parte impugnante del recurso, ATES-SAM, la caducidad de la acción ejercitada, por el transcurso del plazo de 30 días establecido en el art. 67 de la LRJS, siendo que dicha excepción fue alegada en el acto de la vista oral y no fue resuelta por la Sala de instancia.

2.La parte recurrente consideró que dicho Acuerdo supone una vulneración de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva e infringe además el art. 52 del Convenio Colectivo que establece que "entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente deberá mediar un mínimo de trece horas salvo en los casos siguientes: a) especial urgencia o perentoria necesidad; b) en el trabajo a turnos", mejorando así la previsión estatutaria del art. 34.3 ET que establece un mínimo de doce horas, que a su vez supera el mínimo de once horas de la Directiva 2003/88/CL y, por otra parte, supone también, una vulneración de lo establecido en el convenio colectivo en relación al cuadrante anual.

3.La sentencia dictada por la Sala Social del TSJ de Madrid 165/2023, de 21 de febrero, sobre conflicto colectivo a instancia de CCOO de Construcción y Servicios de Madrid y Sindicato Alternativa Sindical de Seguridad Privada contra Eulen Seguridad, SA, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato Autónomo de Madrid (ATES-SAM), Unión Sindical Obrera (USO), Coalición Sindical Independiente de Trabajadores Unión Profesional y Comité de Empresa Eulen Seguridad, SA desestimó la demanda y absolvió a todos los codemandados de las pretensiones en su contra deducidas.

4.Contra la referida sentencia interpone recurso de casación ordinaria el Letrado D. Eduardo Rodríguez González, en nombre y representación de CCOO Construcción y Servicios de Madrid, el cual se construye a través de cinco motivos, el primero para revisar los hechos probados y el resto para cuestionar la aplicación del derecho.

5.El recurso ha sido impugnado por el sindicato ATES-SAM, el que alega la caducidad de la acción ejercitada por la parte actora, ya que, como se puso de manifiesto en el hecho sexto de la demanda, CCOO hizo uso de la acción de impugnación de acuerdo de conciliación conforme al art. 67 de la LRJS y, dicho precepto determina en su párrafo segundo que: «La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido». Añade que, como señala la parte actora en los hechos octavo, noveno y décimo de su demanda, con fecha 27/12/2021 se interpuso una previa demanda de conflicto colectivo contra el mismo acuerdo de conciliación de fecha 16 de noviembre de 2021. El procedimiento concluyó por sentencia de 31 de marzo de 2022, procedimiento de conflicto colectivo 885/2021 seguido ante la Sección 4ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Por tanto, el plazo de caducidad de 30 días hábiles, aun aplicándolo en toda su duración (suspensión/caducidad), está superado toda vez que, la papeleta de conciliación del presente procedimiento se presenta ya en el año 2022 (folio 125), celebrado el acto de conciliación el 18 de octubre el día 27 de junio de 2022 (casi 3 meses después de la sentencia) y, la demanda se presenta el día 2 de noviembre de 2022 (casi 7 meses después). Por tanto, entiende que ha caducado la acción que se pretende ejercitar en este procedimiento. Añade que, la excepción fue planteada en el acto del juicio celebrado el día 19 de enero de 2023, no obstante, la sentencia objeto del presente recurso no se pronunció sobre la misma. Alude también el art. 43.3 de la LRJS cuando establece que, salvo los plazos señalados para dictar resolución, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables y cita sentencia de esta Sala 134/2023, de 14 de febrero, dictada en el Recurso de Casación 201/2022.

6.Conferido traslado de la excepción aducida por la recurrida, la parte recurrente presentó escrito de fecha 16 de mayo de 2025, alegando que lo que se está impugnando es el acuerdo alcanzado en el acto de conciliación con valor de convenio colectivo y, por tanto, el plazo de impugnación es el previsto en el art. 163 de la LRJS

7.El Ministerio Fiscal ha emitido informe en el sentido de que el motivo de revisión fáctica debe ser desestimado por ser intrascendente y, en cuanto a los motivos de infracción o censura jurídica, también, ya que no se han infringido los preceptos que se citan como denunciados, que existe un acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores y la empresa en la que el propio sindicato actor ha participado.

SEGUNDO.- 1.Procede resolver en primer lugar la cuestión previa planteada por la parte impugnante del recurso, ATES-SAM, que alega la caducidad de la acción, al estar impugnando la parte actora lo acordado en acto de conciliación, de forma que el plazo de impugnación es de 30 días, excepción de caducidad que no fue resuelta en la instancia.

2.El art. 67 de la LRJS determina que: «1. El acuerdo de conciliación o de mediación podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto objeto de la conciliación o de la mediación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad.

2. La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido».

3.El art. 153 de la LRJS dispone que: «1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley».

4.El art. 156 de la LRJS establece que: «1. Será requisito necesario para la tramitación del proceso el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el artículo 63.

2. Lo acordado en conciliación o mediación tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviará copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en el artículo 13 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo».

5.El art. 163.1 de la LRJS establece que: «1. La impugnación de un convenio colectivo de los regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los laudos arbitrales sustitutivos de éstos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, podrá promoverse de oficio ante el juzgado o Sala competente, mediante comunicación remitida por la autoridad correspondiente».

6.Lo acordado por la parte recurrida, ATES-SAM junto con UGT, que ostentan la mayoría en el comité de empresa, y Eulen, en el acto de mediación celebrado el 16 de noviembre de 2021, puso fin al conflicto conforme se recoge en el propio Acuerdo, de modo que se trata de un convenio o pacto de naturaleza colectiva, que debe ser impugnado a través del procedimiento de conflicto colectivo, que es lo que aquí precisamente acontece.

7.La naturaleza jurídica del acuerdo no impide que, para su impugnación, rija el plazo de 30 días de caducidad previsto en el art. 67.2 de la LRJS, contrariamente a lo que afirmó la representación letrada de CCOO en el acto de la vista, al contestar la referida excepción planteada, en efecto, por el sindicato ATES-SAM, la cual no fue resuelta por la sentencia recurrida. La propia parte demandante en la demanda rectora de autos pone de manifiesto que está impugnando lo acordado en acto conciliatorio de conformidad, precisamente, a ese precepto de la LRJS.

8.En ese sentido, CCOO estuvo presente el día 16 de noviembre de 2021 en el acto celebrado ante el Instituto de Laboral de la Comunidad de Madrid, de modo que a partir de esa fecha puso impugnar dicho acuerdo, lo que así hizo a medio de demanda presentada el 27 de diciembre de 2021, como también reconoce la misma en su demanda, dando lugar a la sentencia de 31 de marzo de 2022, procedimiento de conflicto colectivo 885/2021, seguido ante la Sección 4ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Con posterioridad a esta sentencia, la parte inicia el presente procedimiento, primero, a través de una papeleta de conciliación, presentada el 29 de junio de 2022 (folio 129 reverso), siendo citadas las partes al acto de conciliación el 18 de octubre de 2022 y, segundo, seguida por demanda presentada el día 2 de noviembre de 2022.

Entre la sentencia dictada por el TSJ de Madrid de 31 de marzo de 2022 no constan más actuaciones hasta el inicio del presente procedimiento a través de la papeleta de conciliación presentada el 29 de junio de 2022.

9.En definitiva, el Acuerdo impugnado fue alcanzado en un acto de mediación celebrado en el Instituto de Laboral de la Comunidad de Madrid y, por tanto, su impugnación por parte de quién consideraba que le perjudicaba debía realizarse en el plazo de 30 días, siendo que ha transcurrido un plazo que excede con mucho del mismo, sin perjuicio de que hubiera estado suspendido con ocasión del anterior procedimiento. Por tanto, cabe estimar la caducidad de la acción que se pretende ejercitar en este procedimiento.

TERCERO.- Expuesto lo anterior y, oído el Ministerio Fiscal, procede la estimación de la caducidad de la acción y, casar y anular la sentencia recurrida con la consiguiente desestimación de la demanda, sin imposición de costas conforme dispone el art. 235.2 de la LRJS.

PRIMERO.-1.La cuestión suscitada en el presente recurso de casación ordinario radica en la validez del Acuerdo alcanzado por la empresa y por los sindicatos que representan la mayoría en el comité de empresa, en el ámbito territorial de la CA de Madrid, conforme al cual la empresa ha de acceder a la petición efectuada por unanimidad de los integrantes de un servicio de pasar de un horario de ocho horas a un horario de doce o viceversa, por el periodo mínimo de un año o pasar a un horario mixto, con la alternancia que se acuerde en el colectivo y, asimismo, la compatibilidad del contenido del Acuerdo en lo tocante a los cuadrantes. Asimismo, se plantea por la parte impugnante del recurso, ATES-SAM, la caducidad de la acción ejercitada, por el transcurso del plazo de 30 días establecido en el art. 67 de la LRJS, siendo que dicha excepción fue alegada en el acto de la vista oral y no fue resuelta por la Sala de instancia.

2.La parte recurrente consideró que dicho Acuerdo supone una vulneración de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva e infringe además el art. 52 del Convenio Colectivo que establece que "entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente deberá mediar un mínimo de trece horas salvo en los casos siguientes: a) especial urgencia o perentoria necesidad; b) en el trabajo a turnos", mejorando así la previsión estatutaria del art. 34.3 ET que establece un mínimo de doce horas, que a su vez supera el mínimo de once horas de la Directiva 2003/88/CL y, por otra parte, supone también, una vulneración de lo establecido en el convenio colectivo en relación al cuadrante anual.

3.La sentencia dictada por la Sala Social del TSJ de Madrid 165/2023, de 21 de febrero, sobre conflicto colectivo a instancia de CCOO de Construcción y Servicios de Madrid y Sindicato Alternativa Sindical de Seguridad Privada contra Eulen Seguridad, SA, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato Autónomo de Madrid (ATES-SAM), Unión Sindical Obrera (USO), Coalición Sindical Independiente de Trabajadores Unión Profesional y Comité de Empresa Eulen Seguridad, SA desestimó la demanda y absolvió a todos los codemandados de las pretensiones en su contra deducidas.

4.Contra la referida sentencia interpone recurso de casación ordinaria el Letrado D. Eduardo Rodríguez González, en nombre y representación de CCOO Construcción y Servicios de Madrid, el cual se construye a través de cinco motivos, el primero para revisar los hechos probados y el resto para cuestionar la aplicación del derecho.

5.El recurso ha sido impugnado por el sindicato ATES-SAM, el que alega la caducidad de la acción ejercitada por la parte actora, ya que, como se puso de manifiesto en el hecho sexto de la demanda, CCOO hizo uso de la acción de impugnación de acuerdo de conciliación conforme al art. 67 de la LRJS y, dicho precepto determina en su párrafo segundo que: «La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido». Añade que, como señala la parte actora en los hechos octavo, noveno y décimo de su demanda, con fecha 27/12/2021 se interpuso una previa demanda de conflicto colectivo contra el mismo acuerdo de conciliación de fecha 16 de noviembre de 2021. El procedimiento concluyó por sentencia de 31 de marzo de 2022, procedimiento de conflicto colectivo 885/2021 seguido ante la Sección 4ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Por tanto, el plazo de caducidad de 30 días hábiles, aun aplicándolo en toda su duración (suspensión/caducidad), está superado toda vez que, la papeleta de conciliación del presente procedimiento se presenta ya en el año 2022 (folio 125), celebrado el acto de conciliación el 18 de octubre el día 27 de junio de 2022 (casi 3 meses después de la sentencia) y, la demanda se presenta el día 2 de noviembre de 2022 (casi 7 meses después). Por tanto, entiende que ha caducado la acción que se pretende ejercitar en este procedimiento. Añade que, la excepción fue planteada en el acto del juicio celebrado el día 19 de enero de 2023, no obstante, la sentencia objeto del presente recurso no se pronunció sobre la misma. Alude también el art. 43.3 de la LRJS cuando establece que, salvo los plazos señalados para dictar resolución, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables y cita sentencia de esta Sala 134/2023, de 14 de febrero, dictada en el Recurso de Casación 201/2022.

6.Conferido traslado de la excepción aducida por la recurrida, la parte recurrente presentó escrito de fecha 16 de mayo de 2025, alegando que lo que se está impugnando es el acuerdo alcanzado en el acto de conciliación con valor de convenio colectivo y, por tanto, el plazo de impugnación es el previsto en el art. 163 de la LRJS

7.El Ministerio Fiscal ha emitido informe en el sentido de que el motivo de revisión fáctica debe ser desestimado por ser intrascendente y, en cuanto a los motivos de infracción o censura jurídica, también, ya que no se han infringido los preceptos que se citan como denunciados, que existe un acuerdo alcanzado entre los representantes de los trabajadores y la empresa en la que el propio sindicato actor ha participado.

SEGUNDO.- 1.Procede resolver en primer lugar la cuestión previa planteada por la parte impugnante del recurso, ATES-SAM, que alega la caducidad de la acción, al estar impugnando la parte actora lo acordado en acto de conciliación, de forma que el plazo de impugnación es de 30 días, excepción de caducidad que no fue resuelta en la instancia.

2.El art. 67 de la LRJS determina que: «1. El acuerdo de conciliación o de mediación podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto objeto de la conciliación o de la mediación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad.

2. La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido».

3.El art. 153 de la LRJS dispone que: «1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley. Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley».

4.El art. 156 de la LRJS establece que: «1. Será requisito necesario para la tramitación del proceso el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el artículo 63.

2. Lo acordado en conciliación o mediación tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siempre que las partes que concilien ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se enviará copia de la misma a la autoridad laboral. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en el artículo 13 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo».

5.El art. 163.1 de la LRJS establece que: «1. La impugnación de un convenio colectivo de los regulados en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los laudos arbitrales sustitutivos de éstos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, podrá promoverse de oficio ante el juzgado o Sala competente, mediante comunicación remitida por la autoridad correspondiente».

6.Lo acordado por la parte recurrida, ATES-SAM junto con UGT, que ostentan la mayoría en el comité de empresa, y Eulen, en el acto de mediación celebrado el 16 de noviembre de 2021, puso fin al conflicto conforme se recoge en el propio Acuerdo, de modo que se trata de un convenio o pacto de naturaleza colectiva, que debe ser impugnado a través del procedimiento de conflicto colectivo, que es lo que aquí precisamente acontece.

7.La naturaleza jurídica del acuerdo no impide que, para su impugnación, rija el plazo de 30 días de caducidad previsto en el art. 67.2 de la LRJS, contrariamente a lo que afirmó la representación letrada de CCOO en el acto de la vista, al contestar la referida excepción planteada, en efecto, por el sindicato ATES-SAM, la cual no fue resuelta por la sentencia recurrida. La propia parte demandante en la demanda rectora de autos pone de manifiesto que está impugnando lo acordado en acto conciliatorio de conformidad, precisamente, a ese precepto de la LRJS.

8.En ese sentido, CCOO estuvo presente el día 16 de noviembre de 2021 en el acto celebrado ante el Instituto de Laboral de la Comunidad de Madrid, de modo que a partir de esa fecha puso impugnar dicho acuerdo, lo que así hizo a medio de demanda presentada el 27 de diciembre de 2021, como también reconoce la misma en su demanda, dando lugar a la sentencia de 31 de marzo de 2022, procedimiento de conflicto colectivo 885/2021, seguido ante la Sección 4ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la excepción de inadecuación de procedimiento y falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Con posterioridad a esta sentencia, la parte inicia el presente procedimiento, primero, a través de una papeleta de conciliación, presentada el 29 de junio de 2022 (folio 129 reverso), siendo citadas las partes al acto de conciliación el 18 de octubre de 2022 y, segundo, seguida por demanda presentada el día 2 de noviembre de 2022.

Entre la sentencia dictada por el TSJ de Madrid de 31 de marzo de 2022 no constan más actuaciones hasta el inicio del presente procedimiento a través de la papeleta de conciliación presentada el 29 de junio de 2022.

9.En definitiva, el Acuerdo impugnado fue alcanzado en un acto de mediación celebrado en el Instituto de Laboral de la Comunidad de Madrid y, por tanto, su impugnación por parte de quién consideraba que le perjudicaba debía realizarse en el plazo de 30 días, siendo que ha transcurrido un plazo que excede con mucho del mismo, sin perjuicio de que hubiera estado suspendido con ocasión del anterior procedimiento. Por tanto, cabe estimar la caducidad de la acción que se pretende ejercitar en este procedimiento.

TERCERO.- Expuesto lo anterior y, oído el Ministerio Fiscal, procede la estimación de la caducidad de la acción y, casar y anular la sentencia recurrida con la consiguiente desestimación de la demanda, sin imposición de costas conforme dispone el art. 235.2 de la LRJS.