Sentencia Social 575/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3033/2023 de 11 de junio del 2025

PRIMERO.- 1.La representación de Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias SL interpone recurso de casación para la unificación de doctrina a fin de que se determine si el cálculo de las pagas extraordinarias debe hacerse de forma anual o semestral. La cuantía reclamada en demanda en concepto de paga de verano asciende a trescientos ochenta y un euros con tres céntimos (381,03) más los intereses correspondientes.

2.Impugna la sentencia del TSJ de Canarias (Las Palmas), de 10 de abril de 2023, rec. 275/2022, que desestimó el recurso de suplicación interpuesto por Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias SL y confirmó la dictada en instancia que había estimado la demanda de la trabajadora, condenando a la empresa a abonarle la suma referida.

3.El recurrente sostiene que la sentencia que impugna vulnera el artículo 11 del Convenio colectivo del sector de la Hostelería de Las Palmas y el art. 31 del Estatuto de los Trabajadores, así como de la jurisprudencia que interpreta estos preceptos, al existir un acuerdo para el devengo de las pagas extraordinarias de forma semestral pacífico consolidado en el centro de trabajo y que el supuesto perjuicio alegado por la parte actora como consecuencia del devengó semestral de las pagas extraordinarias no deriva del citado devengo, sino que el mismo trae causa de la situación excepcional producida por la suspensión del contrato de trabajo de la actora como consecuencia del ERTE aplicado en el centro de trabajo.

4.El informe del Ministerio Fiscal pone de manifiesto que cuando la cuantía reclamada no alcanza a los 3.000 €, no tiene afectación general, se debe declarar de oficio la irrecurribilidad de la sentencia de la instancia y casar y anular la dictada por el TSJ de Canarias.

El escrito de impugnación señala en primer término la inadmisibilidad del recurso por falta de competencia funcional de la Sala al carecer el procedimiento de afectación general ( art 191.2 g LRJS) , y, en segundo lugar, la ausencia de contenido casacional de la pretensión del recurrente, además de entender que no concurre el presupuesto de contradicción y oponerse en cuanto al fondo del debate deducido de contrario.

Evacuado el pertinente traslado sobre la cuestión competencial, la recurrente argumentó la existencia de afectación general.

SEGUNDO.- 1.Estando afectado el orden jurídico procesal procede analizar con carácter prioritario el indicado obstáculo al análisis del fondo planteado (por todas STS IV de 29 de abril de 2021, rec. 299/2019).

De manera paralela la Sala también ha expresado que no resulta necesario entrar a determinar la existencia de la contradicción exigida en el art. 219 LRJS, sino que deberá analizar de oficio la concurrencia o no de la competencia funcional para enjuiciar el litigio (por todas SSTS de 29 de abril de 2021, rcud 299/2019 y 8 de febrero de 2023, rcud 251/2022), lo que conduciría eventualmente a apreciar la nulidad de la sentencia impugnada, que no debió examinar la cuestión de fondo planteada y, por tanto, a declarar la irrecurribilidad de la dictada en la instancia por falta de cuantía y de afectación general.

2.Es el art. 191 de la LRJS el que regula las reglas aplicables. Concretamente, el art. 191.2 g) dispone que no procederá recurso de suplicación en «Reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros...» Y el apartado 3.b) del mismo precepto establece que procederá el recurso de suplicación: «En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las partes».

La STS IV 1007/2018, de 4 diciembre (rcud 611/2016), de Pleno, recopiló y clarificó los criterios interpretativos sobre estas previsiones de la LRJS que analizamos, y que hemos seguido en posteriores resoluciones. Son los que siguen: «Como indica el art. 191.2 g), las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros no tendrán acceso al recurso de suplicación. Esta regla, inicialmente carente de complejidad, precisa de otras que delimiten el concepto de "cuantía litigiosa" ya que no siempre una pretensión podrá identificarse con una cifra o número.

Es por ello por lo que el art. 192 de la LRJS va a completar aquella previsión general perfilando los criterios que deben seguirse ante determinados supuestos, para poder obtener ese concepto de "cuantía litigiosa" que, en el límite cuantitativo impuesto, permitirá acceder al recurso de suplicación al que se refiere.

La cuantía de una pretensión viene determinada por la solicitud de la demanda lo que, a su vez, condiciona el acceso al recurso de suplicación "sin que se contemple en nuestras normas procesales una cuantía para la demanda y otra distinta para el recurso ["summa gravaminis"].

Es inasumible la sinonimia entre cantidad litigiosa y cantidad controvertida, por lo que ha estarse a una concepción amplia del término "litigiosa", que no ha de venir asimilada a cuantía disputada o controvertida, y sí a cuantía reclamada, o sea, integrante del "petitum" de la demanda y como tal constitutiva -junto a otros pedimentos- del objeto de la litis».

La STS 903/2022 del 11 de noviembre (rcud 3666/2021) adicionaba que no puede computarse, a los efectos indicados, los intereses ni los recargos por mora.

3.En el actual litigio de devengarse la paga extraordinaria de verano de 2020, señala el HP 7º que: desde 01.07.2019 a 30.06.2020, en el presente hasta 19.03.2020 debió abonarse la cantidad de 961,12 euros, habiendo abonado la empresa demandada la cantidad de 580,09 euros, generándose, en su caso, una diferencia de 381,03 euros.

Esta Sala IV, en sentencia de 31 de mayo de 2023 (rcud 3194/2022), ya se pronunció acerca de la competencia funcional de la Sala de suplicación en un caso sustancialmente igual al que ahora constituye el objeto de este recurso, en el que la demandada era la misma mercantil y en el que también se accionaba el abono de diferencias por la paga extraordinaria de verano de 2020 derivada de la forma de computar su devengo, diferencias que así mismo no superaban la cuantía legalmente exigida para el acceso al recurso de suplicación.

En ella declaramos lo que sigue: «En efecto, la cuantía reclamada no alcanza el umbral exigido por el art. 191.2.g) LRJS para recurrir en suplicación, y tampoco concurren elementos suficientes para afirmar la concurrencia de la afectación general a que se refiere el art. 191.3.b) de dicha ley, porque ni es notoria, ni consta fuera alegada ni probada en juicio, ni cabe entender que el tema debatido tenga un contenido de generalidad incuestionable. Así, la Sala viene advirtiendo que la afectación general no resulta apreciable por la posible proyección general de un litigio, sino que es preciso que "esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate", de forma que "no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general».

Recordábamos así mismo en la sentencia referenciada que en lo atinente a la existencia de afectación general, en la STS 2 de diciembre de 2020, rcud 3112/2018, hemos dicho que «A partir de las SSTS del Pleno de 3 octubre 2003 (rec. 1011/2003 y 1422/2003) que modificaron el criterio anterior, existe una línea jurisprudencial totalmente consolidada en el sentido de que no es necesaria la previa alegación de parte ni la prueba de la afectación general en el supuesto de que la misma sea "notoria"; en tal caso basta con que sea apreciada razonadamente por el Juzgado o Tribunal encargado del enjuiciamiento».

Hemos afirmado también que corresponde en primer lugar al Juez de lo Social analizar la concurrencia de la afectación general, pero que similar facultad tienen las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia al resolver el recurso de suplicación, y esta Sala IV al examinar el recurso de casación para la unificación de doctrina. A pesar del carácter extraordinario de ambos recursos y de la naturaleza excepcional del segundo, la afectación general condiciona la competencia funcional y puede ser examinada de oficio por la Sala ad quemsin necesidad de cumplir las rigurosas exigencias propias de aquellos ( SSTS de 28 de enero de 2009, rcud 1219/2008; de 3 de mayo de 2011, rcud 2639/2010 y de 6 de julio de 2015, rcud 1622/2014, entre otras). Y sin que esta Sala IV esté vinculada por la apreciación que en instancia y en sede de suplicación se hubiere podido efectuar acerca de la afectación general, debiendo proceder de oficio a verificar la propia competencia ( SSTS de 22 de diciembre de 2010, rcud 52/2010; y de 11 de marzo de 2011, rcud 3242/2010, entre otras).

Asimismo, se ha venido señalando que la vía de la afectación general, como medio de acceso al recurso de suplicación, «no está concebida exclusivamente como un derecho de las partes, pues se configura también como un instrumento que tiene por objeto conseguir la unificación de doctrina en supuestos que son trascendentes en su conjunto y en los que la unidad de criterios aplicativos y hermenéuticos participa en buena medida de la condición de orden público. Así la STC 79/1985, de 3 de julio precisó que uno de los objetivos que se persiguen por el legislador al establecer esta vía especial de acceso al recurso, es "evitar que queden sin recurso reclamaciones de escasa entidad económica desde una consideración meramente individual, pero que pueden trascender esta dimensión al multiplicarse o extenderse a numerosos supuestos de hecho idénticos y requerir, por ello, una actividad uniformadora de los Tribunales de rango superior"; y de la sentencia del mismo Tribunal 108/1992, de 14 de septiembre, se desprende que este supuesto excepcional de interposición del recurso de suplicación que permite el art. 191.3.b) LRJS responde a "un interés abstracto: la defensa del 'ius constitucionis' y la garantía de la uniformidad de la doctrina legal en todo el territorio nacional como principal expresión del principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley».

Advertíamos también que «la afectación general no puede confundirse con la posible proyección general de un litigio sobre la interpretación de una norma, sino que requiere que esa proyección se traduzca en un nivel de litigiosidad relevante y actual sobre el problema que se debate, de forma que no cabe confundir el número de destinatarios potenciales de la norma aplicable con el nivel de litigiosidad sobre la misma, que es el que ha de tenerse en cuenta a efectos de la afectación general ( STS de 2 de junio de 2016, rcud. 3820/2014; de 7 junio 2017, rcud. 3039/2014 y de 24 de octubre de 2017, rcud. 1160/2016)».

Y en STS de 26 de octubre de 2022 (rcud. 4290/2019) reiteramos que «la evidencia compartida no opera como algo que quede a la libre disposición de las partes, de forma que el acuerdo de éstas pueda dotar de afectación general a una controversia que no lo tiene; se trata de una cuestión de orden público, que no es disponible por las partes, y, en consecuencia, su acuerdo, conformidad o discrepancia no vincula a la Sala», para recordar finalmente el criterio que esta Sala viene manteniendo respecto del reconocimiento de la existencia de afectación general, a pesar de haber sido negada en asuntos previos pero que, por lo constatado en un momento determinado posterior, dicha condición se advierte claramente. Así lo expresa, entre otras, la STS de 6 de abril de 2022, rcud 1289/2021, cuando argumenta que «La aplicación de esa misma doctrina conduce a declarar que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación, vista la efectiva existencia del elevado nivel de litigiosidad que se desprende de los numerosos procedimientos de los que tiene finalmente constancia este Tribunal, que evidencian el carácter notorio de la afectación general, pese a que la sentencia recurrida no contenga ninguna indicación sobre este particular, ni hubiere sido alegada y probada por ninguno de los 2».

4.La aplicación de la doctrina expuesta al caso controvertido lleva a la conclusión de que no concurre una afectación generalizada del tema decidendi,no existiendo ningún dato que permita afirmar que la reclamación tiene trascendencia general o que conduzca a apreciar la notoriedad de la afectación múltiple teniendo en cuenta su intrínseca naturaleza y el colectivo implicado.

No concurre, por ende, nada indicativo de una afectación masiva, esto es, la cifra señalada por el recurrente no constituye un número significativo de la litigiosidad a la que se refiere la afectación general, ni tampoco, como expresamos en precedentes asuntos, podemos aceptar la afectación general por el solo hecho de gravitar la controversia sobre la interpretación de un precepto concreto del convenio de hostelería porque, como se ha dicho, el que la norma sea susceptible de una aplicación en masa no significa que sobre aquella exista la litigiosidad relevante a la que alude la afectación general.

Sin que, como también hemos dicho, pueda vincular a este Tribunal lo que haya entendido en ese particular la Sala de suplicación, ya sea en la propia sentencia recurrida o en un eventual y ulterior auto en resolución de un recurso de queja en asuntos similares al presente, por cuanto ese órgano judicial no puede condicionar la competencia de esta Sala IV para conocer de los recursos de casación unificadora.

TERCERO.- 1.Por todo lo razonado procede, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, declarar la falta de competencia funcional para el enjuiciamiento del litigio. La sentencia emitida por la Sala de lo Social del TSJ lo fue careciendo de la necesaria competencia funcional, procediendo ahora que sea casada y anulada, otorgando la correspondiente declaración de firmeza a la resolución de instancia y anulando las actuaciones posteriores a su dictado.

2.No se efectúa condena en costas, al quedar firme la sentencia de instancia que estima la demanda y declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad, procediendo la devolución a la parte recurrente de los depósitos efectuados para recurrir y el mantenimiento de las consignaciones constituidas en garantía del cumplimiento de la condena (ex arts. 235.1 y 228 LRJS) .