Sentencia Social 1239/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 5024/2023 de 12 de noviembre del 2024

PRIMERO.- 1.La representación de Pretec Valles Fabricació S.L. plantea en su recurso de casación para la unificación de doctrina si la extinción de la relación contractual del trabajador constituye o no un despido nulo por vulneración de la garantía de indemnidad.

La sentencia recurrida fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de julio de 2023. Confirmó el fallo combatido que, con estimación de la demanda, declaró la nulidad del despido con las medidas inherentes a dicha declaración, condenando a la empresa al abono de la indemnización de 6.215 euros en concepto de daños y perjuicios.

En el caso, el actor ha venido prestando servicios para la demandada en virtud de contrato por circunstancias de la producción de fecha 18-8-2021 como operario [Grupo I]. El contrato de trabajo tenía una duración inicial prevista hasta el 17-11-2021, siendo su causa el «refuerzo y soporte de personal de producción por incremento de pedidos de varios clientes». El 26-10-2011 el actor sufrió un accidente de trabajo, enviando comunicación al empleador el 10-11-2021 interesando que le facilitaran el documento de accidente de trabajo. Asimismo, que le fuera reconocido el carácter de indefinido de la relación de trabajo argumentando que había sido suscrito en fraude de ley. El 26-11-2021 presentó denuncia ante la inspección de trabajo por fraude en la contratación, falta de seguridad en el accidente de trabajo y carencia de formación en materia de prevención de riesgos laborales. El 17-11-2021 la empresa comunica al trabajador la extinción del contrato de trabajo. Constan asimismo las extinciones de otros contratos de trabajo por expiración del tiempo convenido.

La Sala de suplicación, en lo que a la cuestión casacional importa, confirma la declarada nulidad del despido. Razona al respecto que consta una conexión lógico-temporal entre las actuaciones previas y la extinción del contrato de trabajo, sin que concurra prueba o justificación de la empresa sobre dicha extinción del contrato de trabajo.

2.El informe del Ministerio Público emitido al amparo del art. 226.3 de la LRJS señala que es posible apreciar la existencia de contradicción, en los términos previstos en el art. 219 LRJS. Respecto del fondo deducido interesa la estimación del recurso: la sentencia de suplicación no explica, ni aporta argumento alguno que permita deducir que, de no mediar la reclamación del trabajador, la empresa no hubiera adoptado la misma decisión extintiva. De hecho, todo apunta a que el contrato se hubiera extinguido igualmente como ocurrió con otros contratos similares en las mismas fechas, junto al carácter inocuo de la denuncia a la inspección, posterior a que se acordase la extinción del vínculo laboral.

SEGUNDO.- 1.Se propone como sentencia de contraste la dictada por esta Sala IV el 29 de junio de 2020 (rec 2778/17). En la misma consta que el actor venía prestando servicios para el Ayuntamiento demandado en virtud de diversos contratos temporales para obra o servicio determinado, el último de los cuales se extinguió el 3-7-2015. El trabajador presentó el 25-6-2015 reclamación previa solicitando el reconocimiento de relación laboral indefinida. La Sala IV confirma la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido. En el recurso de casación unificador planteado por el demandante se pretendía la declaración de nulidad del despido por resultar vulnerador de la garantía de indemnidad. La sentencia, tras recordar la doctrina relativa a la distribución de la carga de la prueba cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales, concluye que, aunque el cese del actor tras la presentación de la reclamación previa frente al Ayuntamiento demandado constituye indicio suficiente de vulneración de la garantía de indemnidad, lo cierto es que la demandada actuó conforme a lo que era previsible, dada la duración pactada en contrato, pues éste contenía una fecha de finalización a la que se atuvo el Consistorio, sin anticipar tal decisión ni variar su conducta habitual.

2.La contradicción en sentido legal ha de declararse existente, pues en ambos supuestos nos encontramos con trabajadores vinculados con sus respectivas empleadoras en virtud de contratos de naturaleza temporal que finalizan a la fecha fijada en el contrato. Consta asimismo que, con anterioridad a la extinción, había deducido reclamación o petición frente a su empleadora interesando la fijeza.

Las soluciones alcanzadas, sin embargo, se evidencian dispares. Mientras que en la recurrida la extinción se califica como despido nulo, en la de contraste se rechaza tal calificación. Además, en el actual procedimiento ha quedado acreditada la extinción de otras contrataciones temporales de trabajadores diversos en fechas próximas a la del demandante.

TERCERO.- 1.La mercantil recurrente denuncia que la sentencia de suplicación vulnera e infringe los art. 108.2 LRJS, arts. 4.2.g) y 55.5 del Estatuto de los trabajadores y art. 24 de la Constitución Española, así como la jurisprudencia concordante respecto de la garantía de indemnidad. Asevera que la conducta de la empresa no ha sido otra que la que era perfectamente previsible, esto es, la no prórroga del contrato de trabajo temporal, con independencia de que el trabajador hubiera realizado o no esa reclamación, puesto que se limitó a extinguir la relación laboral en la fecha establecida, de igual modo que hizo con contratos temporales de otros compañeros.

En la sentencia referencial concluimos que la reclamación de fijeza del trabajador no resultaba indicio suficiente de quiebra de la garantía de indemnidad al haberse extinguido el contrato en la fecha que estaba inicialmente prevista. Se expresaba en su fundamentación que la afirmación de la vulneración del derecho ha de ir acompañada de «la acreditación de indicios de los que quepa deducir la posibilidad de que la vulneración constitucional se haya producido; esto es, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación ( STC 92/2008, 125/2008 y 2/2009). Sólo entonces surge para el demandado la carga de probar que los hechos motivadores se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales STC 183/2007, 257/2007, 74/2008, 125/2008 y 92/2009).».

Recordamos igualmente la doctrina reiteradísima del Tribunal Constitucional que nos enseña que la garantía de indemnidad implica que «del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos» (por todas, STC 14/1993, 25/2008 y 92/2009). Indicamos que en el caso enjuiciado el contrato tenía fijada la finalización y a tal momento se acogió la decisión empresarial extintiva, sin anteponer su solución en virtud de la reclamación del trabajador, ni variar lo que venía siendo su conducta habitual de extinguir los contratos temporales con arreglo las fechas inicialmente establecidas. Compartirnos entonces la conclusión que alcanzó la sentencia que se recurría, puesto que, frente a la aportación del dato indiciario de la reclamación del trabajador, se constató que la decisión extintiva resultaba previsible y tenía enormes índices de probabilidad.

2.La referida doctrina ha sido aplicada en posteriores pronunciamientos señalando que, con carácter general, la mera reclamación de fijeza del trabajador no resulta indicio suficiente de la vulneración de la garantía de indemnidad si el contrato se extingue en la fecha que estaba inicialmente prevista ( SSTS 196/2020, 3 de marzo de 2020, rcud 61/2018; 356/2020, o 19 de mayo de 2020, rcud 4496/2017), y que en todo caso las cuestiones relacionadas con la lesión de la garantía de indemnidad resultan tributarias de las circunstancias concurrentes en cada supuesto.

La prohibición del despido como respuesta al ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos se desprende también, y así se fundamenta en STS IV 21 de julio de 2021, rcud 3702/2018, del art. 5 c) del Convenio 158 OIT, norma que ha de ser tenida en cuenta, por mandato del art. 10.2 de la Constitución, a efectos de la interpretación de derechos fundamentales. Tal precepto excluye expresamente de las causas válidas de la extinción del contrato de trabajo «haber planteado una queja o participado en un procedimiento entablado contra el empleador por supuestas violaciones de Leyes o reglamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes». Y como establece el art. 181.2 LRJS, «en el ámbito de los derechos fundamentales, el legislador ha dispuesto un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba, según el que "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". La evidente dificultad probatoria del móvil antisindical o discriminatorio en una conducta empresarial ha sido tenida en cuenta por el legislador, no para producir, de entrada, una inversión de la carga de la prueba, sino para provocar una aliteración de la misma a través de la exigencia, para el actor, de aportar únicamente indicios racionales de la lesión». ( STS IV Pleno, de 20 octubre de 2021, rec. 87/2021).

Vamos a trasladar también algunos fragmentos de la STS 203/2015, de 5 de octubre, con cita de la del Pleno del mismo TC - STC 140/2014, de 11 de septiembre, FJ 7-, ocupándose de la finalidad de la prueba indiciaria y del doble plano probatorio en el que se articula: «el indicio razonable de que se ha producido la lesión del derecho fundamental no consiste en la mera constatación de que en un momento precedente tuvo lugar el ejercicio del derecho -en este caso que se participó en una huelga o en que se formuló una reclamación judicial- sino que es preciso justificar -indiciariamente- la existencia de una relación de causalidad entre tal ejercicio y la decisión o acto calificado de lesivo del derecho. El que en un momento pasado se haya ejercitado un derecho fundamental constituye un presupuesto de la posibilidad misma de la violación denunciada, pero no un indicio de esta que por sí solo desplace a la otra parte la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto, pues la aportación de la prueba que concierne a la parte demandante deberá superar inexcusablemente el umbral mínimo de aquella conexión necesaria ( SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 4; 151/2004, de 20 de septiembre, FJ 3; y 41/2006, de 13 de febrero, FJ 6)».

3.En el actual litigio ha resultado probado que el contrato de trabajo suscrito entre las partes tenía una duración inicial prevista hasta el 17-11-2021, siendo su causa el «refuerzo y soporte de personal de producción por incremento de pedidos de varios clientes». En esa fecha (17-11-2021) la empresa comunica efectivamente al trabajador la extinción del contrato, constando también las extinciones de otros contratos de trabajo de otros compañeros por expiración del tiempo convenido.

El evento o reclamación que sustentaría la tesis actora acaece tras el accidente de trabajo sufrido en fecha 26-10-2011, y el demandante lo sitúa en la comunicación que envía al empleador el 10-11-2021 interesando que le facilitaran el documento de accidente de trabajo y que le fuera reconocido el carácter de indefinido de la relación de trabajo, argumentando que había sido suscrito en fraude de ley. Con posterioridad al cese (el 26-11-2021) presentaba denuncia ante la inspección de trabajo por fraude en la contratación, falta de seguridad en el accidente de trabajo y carencia de formación en materia de prevención de riesgos laborales.

El panorama indiciario aportado por el actor resulta claramente insuficiente. A diferencia de lo acaecido en otros procedimientos en los que el empleador había desconocido la condición de PINF del trabajador reconocido en pronunciamientos precedentes, socavando el derecho a que las sentencias sean efectivamente cumplidas, o había activado el cese conociendo la firmeza de la decisión judicial que descartaba la validez de la contratación temporal, en esta litistan solo figura que unos días antes de la llegada del término establecido para el vencimiento del contrato el trabajador pide documentación al empleador sobre el accidente de trabajo y que reconozca la naturaleza indefinida de su vínculo laboral. Ya se ha indicado que la denuncia ante la inspección es posterior al acto extintivo, enervando su consideración.

La actuación del demandado que acuerda la extinción del contrato en la fecha en él prevista, al igual que lo verifica en momentos próximos respecto de otros trabajadores, no evidencia una sospecha razonable de la conectividad de dicha decisión de extinción con la reclamación del actor en los términos que han resultado acreditados. No concurren elementos adicionales ni complementarios sólidos que permitan afirmar la vulneración del derecho a la indemnidad ( art. 24 CE) .

Como argumenta el Ministerio Fiscal, cuestión distinta hubiera sido que la empresa, tras la reclamación del trabajador extinguiera la relación laboral antes de la fecha convenida contractualmente, pues entonces sí que existiría un indicio sólido de la interconexión entre la reclamación y la extinción contractual, pero eso no es lo que ha acaecido, limitándose la empresa a dar por finalizada la relación contractual en la fecha prevista en el contrato, tal y como resultaba previsible que aconteciera sin mediar la reclamación del trabajador.

CUARTO.-Las precedentes consideraciones conllevarán la estimación del recurso unificador, en línea con el informe del Ministerio Público, casando y anulando en parte la sentencia impugnada y resolviendo el debate suscitado en esa sede, estimaremos el recurso formulado por la parte demandada, revocando parcialmente la sentencia de instancia a fin de desestimar en su integridad la demanda y absolver a la empleadora de los pedimentos deducidos frente a ella. Se mantienen, en consecuencia, los restantes pronunciamientos desestimatorios que dichas resoluciones contenían.

No procede pronunciamiento en costas ( art. 235.1 LRJS) . Se acordará la devolución de los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir (art. 228.2 del mismo texto procesal).