Sentencia Social 1044/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 74/2024 de 12 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Planteamiento del debate casacional

1.El objeto del presente recurso de casación se centra en determinar si las personas trabajadoras que ingresaron en la empresa con posterioridad al 1 de enero de 2022 tienen derecho a percibir el importe del ticket restaurante o ticket comida, cuando presten sus servicios en la modalidad de teletrabajo, o de forma híbrida en teletrabajo y presencial.

2.La Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 140/2023, de 21 de diciembre (Conflicto colectivo 271/2023) desestimó la demanda interpuesta por el Sindicato ELA contra la empresa SOPRA STERIA EUSKADI SL.

Por el sindicato actor se invoca en la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, que se ha vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas trabajadoras que ingresaron en la empresa a partir del 1 de enero de 2022, que prestan servicios en las modalidades de teletrabajo o de forma híbrida entre el teletrabajo y la presencialidad, ya que a aquellas que ingresaron en la empresa con anterioridad a la fecha indicada, que prestaban sus servicios en alguna de las modalidades reseñadas, se les reconocía el derecho a percibir el ticket restaurante o el ticket comida, si la relación laboral tenía el régimen de jornada partida.

La sentencia recurrida declara, de un lado, que no ha quedado acreditado que percibieran el importe correspondiente al ticket restaurante o ticket comida los trabajadores que ingresaron en la empresa con anterioridad al 1 de enero de 2022, por lo que no se aprecia la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación invocada; y, de otro que, en la modalidad de teletrabajo, se carece del derecho a lucrar el importe de este ticket.

3.El recurso de casación formulado por el sindicato demandante se funda en los siguientes motivos:

a) Se solicita, como primer motivo de recurso de casación, la revisión fáctica del hecho probado tercero y la adición de un nuevo hecho probado a la sentencia recurrida, con base en el artículo 207 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, alegando el error en la apreciación de la prueba documental que reseña.

b) Como segundo motivo de recurso, al amparo del artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se denuncia la infracción de los artículos 14 de la Constitución, 4 y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores y 8 y 12 del convenio colectivo de aplicación.

4.El Ministerio Fiscal informó en favor de la estimación del recurso de casación, a pesar de que, por error, al principio del informe aparece que solicita la improcedencia del mismo.

5.La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que se opone a la estimación de los dos motivos de recurso de casación.

SEGUNDO.- Revisión fáctica

1.La parte recurrente solicita, como primer motivo de recurso de casación, con debido sustento adjetivo en el artículo 207 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la revisión fáctica del hecho probado tercero de la sentencia recurrida y la adición de un nuevo hecho probado.

2.Para que pueda prosperar el motivo de revisión fáctica en el recurso de casación, al amparo del artículo 207 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, como declararon, entre otras, las SSTS 410/2024, de 5 de marzo ( rec 143/2021), de 2 de marzo de 2016 ( rec 153/2015), de 25 de marzo de 2014 ( rec 161/2013), de 3 de julio de 2013 (rec 88/2012) y, de 28 de mayo de 2013 (rec 5/20112), se exige la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a) Ha de señalarse, con claridad y precisión, el hecho probado cuya revisión se solicita, indicándose expresamente, si se trata de una adición, una sustitución, o la supresión, facilitando, en su caso, la redacción alternativa.

b) La revisión fáctica no ha de incluir normas ni su interpretación, ni suponer valoraciones jurídicas, pues la ubicación acertada de lo anterior debe contenerse en la fundamentación jurídica de las sentencias y no en los hechos probados.

c) No es suficiente con la invocación por la parte recurrente de su discrepancia en general de la sentencia o de los hechos probados, pues se exige la delimitación concreta y exacta de la disconformidad.

d) La errónea apreciación de la prueba ha de extraerse, de forma clara, directa y patente de los documentos en los que se funde la parte recurrente, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. Por esta razón, no es válida la remisión genérica a la documental obrante en las actuaciones.

e) La revisión fáctica ha de fundarse en prueba documental, no siendo, por tanto, prueba apta para la revisión ni la prueba de interrogatorio de testigos ni la prueba pericial. Sólo, excepcionalmente y en algunos supuestos, cabría el examen de la prueba de interrogatorio de testigos y la pericial, exclusivamente cuando sea necesaria para la comprensión del contenido de los documentos en los que se funde la parte recurrente.

f) La revisión fáctica pretendida ha de tener trascendencia para la modificación del fallo de la sentencia, o para reforzar argumentalmente el sentido del mismo. Por esta razón, es preciso que la parte recurrente precise la influencia de la redacción alternativa que proponga del hecho probado cuya revisión se inste, en su caso, en la variación del sentido del pronunciamiento o en el reforzamiento argumental del fallo. En esta línea, la STS de 11 de febrero de 2014 (rec 27/2013) puso de manifiesto que el error en la apreciación de la prueba ha de ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida.

3.En primer lugar, se solicita la siguiente adición al hecho probado tercero de la sentencia recurrida:

«Dichos tickets de comida, se percibían tanto por la totalidad del personal contratado antes de enero del 2022 y con independencia de la modalidad de su prestación de servicios, esto es, con independencia de que la misma fuera presencial 100%, híbrida o 100% en teletrabajo».

Se funda la parte recurrente en la prueba documental obrante en los documentos números 7, 8, 9, 21, 22 y 23 de las actuaciones, consistentes en las condiciones ofertadas a una trabajadora, una nómina de ésta y su contrato de trabajo, en un listado de personas trabajadoras y, en las condiciones de contratación de otros dos trabajadores.

Improsperable destino ha de seguir esta pretensión revisora, pues, como se ha indicado anteriormente, el error en la apreciación de la prueba ha de extraerse, de forma clara, directa y patente de los documentos en los que se funde la parte recurrente y, sin embargo, en modo alguno, se extrae de la reseñada documental que la totalidad del personal contratado con anterioridad al 1 de enero de 2022, percibiera el importe del ticket comida, cualquiera que fuera la modalidad de su prestación de servicios.

4.En segundo lugar, se pretende la adición de un nuevo hecho probado del siguiente tenor:

«Que tanto en la normativa colectiva de teletrabajo, como en los contratos individuales, para acceder a la modalidad de prestación de servicios, en régimen de teletrabajo, se recoge lo siguiente:

- Se debe respetar el mismo horario que se venía realizado.

- Mismas condiciones económicas.

- Control de fichajes».

La parte recurrente se basa en los documentos números 21.2, 22.2 y 8 de las actuaciones, consistentes en los acuerdos de trabajo a distancia de dos trabajadores y en el manual de procedimiento de teletrabajo de la empresa demandada.

Suerte desestimatoria ha de tener también esta adición, pues, por una parte, el contenido de los convenios colectivos no necesita ser declarado probado al haber sido objeto de publicación oficial y, por otra, no cabe generalizar el contenido de los contratos individuales, con base en dos acuerdos de trabajo a distancia de dos trabajadores concretos.

5.Se desestima, consiguientemente, este primer motivo de recurso de casación.

TERCERO.- El ticket comida para las personas teletrabajadoras. No se aprecia discriminación por razón de la fecha de ingreso en la empresa, ni constituye una condición más beneficiosa adquirida

1.La parte recurrente denuncia, como último motivo de recurso de casación, con adecuado amparo procesal en el artículo 207 e) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción de los artículos 14 de la Constitución, 4 y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, 8 y 12 del Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.

El sindicato recurrente alega, en primer lugar, que atendiendo a que los trabajadores que ingresaron en la empresa con anterioridad al 1 de enero de 2022 perciben el importe del ticket comida, tanto si prestan servicios en la modalidad de teletrabajo o híbrida en teletrabajo y de forma presencial, deben también abonarse a las personas trabajadoras que comenzaron a prestar servicios para la empresa con posterioridad a la fecha indicada. Y, en segundo lugar, invoca que se trata de una condición más beneficiosa adquirida.

2.Se examinará, a continuación, la primera cuestión expuesta, a saber, si se ha vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación por la empresa al no reconocerle el derecho a percibir el importe del ticket comida a las personas teletrabajadoras que ingresaron en la empresa con posterioridad al 1 de enero de 2022, respecto de las que comenzaron a prestar servicios con anterioridad a esta fecha.

En el seno de la modalidad procesal especial de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, el artículo 181.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social dispone lo siguiente:

«En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».

Consiguientemente, hemos de determinar, con carácter previo, si el sindicato actor ha acreditado la existencia de indicios de la vulneración de este derecho y, a continuación, analizar, en su caso, si la actuación de la empresa tuvo una justificación objetiva y razonable.

En relación con la acreditación de los indicios, como declararon, entre otras, las SSTS 356/2025, de 9 de abril (Rec 92/2023), 545/2023, de 12 de septiembre (Rec 100/2021), 954/2022, de 13 de diciembre (Rec 40/2021), 1078/2020, de 2 de diciembre (Rec 97/2019) y 1023/2020, de 24 de noviembre (Rec 51/2019), debe tenerse en cuenta, de un lado, que las meras sospechas o conjeturas no son suficientes para invertir la carga de la prueba, por lo que la parte actora ha de aportar un principio de prueba, que aunque sea indiciaria, genere una razonable presunción de la existencia de la vulneración de un derecho fundamental. Y, de otro lado, que la falta de aportación de indicios determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el precepto transcrito, por lo que no será exigible al demandado la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida.

Pues bien, en el presente supuesto, el sindicato demandante no ha acreditado la existencia de indicios de la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, que intentó basar en el abono del importe del ticket comida a las personas teletrabajadoras que habían ingresado en la empresa con anterioridad al 1 de enero de 2022. Esta circunstancia no ha quedado probada, como expresamente consta en la sentencia recurrida y, además, se ha desestimado el primer motivo de este recurso de casación, que tenía como objetivo la inclusión de esta situación fáctica. Consiguientemente, como se ha indicado, no ha de analizarse si el comportamiento de la empresa tuvo una justificación objetiva ajena a la vulneración del derecho fundamental.

Por lo tanto, no ha existido vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación.

3.Resta por analizar si el abono del importe del ticket comida constituye una condición más beneficiosa adquirida y, por ende, debe abonarse a todos las personas teletrabajadoras de la empresa, incluidas las que comenzaron a prestar servicios con posterioridad al 1 de enero de 2022.

Conviene tener presente la doctrina jurisprudencial sentada sobre las condiciones más beneficiosas adquiridas, sentada, entre otras, en las SSTS 787/2025, de 17 de septiembre (Rec 156/2023), 957/2024, de 26 de junio (Rec 202/2022), 761/2018, de 12 de julio (Rec 146/2017), 313/2016, de 21 de abril (Rcud 2626/2014), que resumimos a continuación:

a) Para determinar si estamos en presencia de una condición más beneficiosa adquirida han de analizarse todas las circunstancias que permitan conocer si existe una sucesión de actos o de situaciones en las que se pueda basar el derecho y, si éste deriva de la voluntad empresarial. En esta línea, se pronunciaron también las SSTS de 7 de abril de 2009 ( Rec 99/2008), de 6 de julio de 2010 ( Rec 224/2009) y, de 7 de julio de 2010 (Rec 196/2009).

b) Las condiciones más beneficiosas adquiridas son de creación jurisprudencial, -con base en el artículo 9.2 de la Ley de Contrato de Trabajo- y, aunque, en un primer momento, al principio de la década de los años 1960, se aplicaban sólo a los beneficios individuales, concedidos por el empresario, sin percibir contraprestación alguna, de forma reiterada, que pasaban a integrarse en el propio contrato de trabajo, en un momento posterior, se extendió su aplicación a los actos y pactos de empresa que no tenían naturaleza de convenio colectivo y se reconocieron las condiciones más beneficiosas adquiridas de carácter colectivo. Fueron relevantes, al respecto, entre otras, las SSTS de 30 de diciembre de 1998 ( Rec 1399/1998), de 6 de julio de 2010 ( Rec 224/2009) y, de 7 de julio de 2010 (Rec 196/2009).

c) La condición más beneficiosa adquirida debe constituir un beneficio consolidado, generado por la voluntad empresarial inequívoca de su concesión, de forma tal que se puede afirmar que este acto de voluntad del empresario es constitutivo y genera como consecuencia la incorporación del beneficio o de la ventaja al nexo contractual, superando las fuentes legales o convencionales del contrato de trabajo. Así se afirma, entre otras, en las SSTS de 19 de diciembre de 2012 ( Rec 209/2011), de 26 de junio de 2012 ( Rec 238/2011) y de 5 de junio de 2012 (Rec 214/2011).

d) Es decisiva la prueba de la existencia de una voluntad del empresario de otorgar a la persona trabajadora una ventaja o derecho, para que quede incorporada al nexo contractual, por lo que no es suficiente la repetición o persistencia en el tiempo, siendo diferente de la mera liberalidad o tolerancia. En este sentido, lo destacaron, entre otras, las SSTS de 3 de noviembre de 1992 (Rec 2272/1991) y de 22 de septiembre de 2011 (Rec 204/2010).

e) Y, por último, se ha de indicar que las consecuencias del reconocimiento de una condición más beneficiosa adquirida son, de un lado, que se incorporan al nexo contractual, lo que impide que el empresario decida extraerlas del mismo. Y, de otro, que tienen la naturaleza de un acuerdo contractual tácito, conforme al artículo 3.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, por lo que mantienen su vigencia mientras las partes no acuerden otra cosa, o mientras no sean compensadas o neutralizadas en virtud de una norma posterior legal o pactada colectivamente que sea más favorable, siendo de aplicación las previsiones de los artículos 1091 del Código Civil, sobre la fuerza de obligar de los contratos y, 1256 del citado texto legal, acerca de la imposibilidad de modificar los términos del contrato de forma unilateral. En este sentido, se pronunciaron, entre otras, las SSTS de 19 de diciembre de 2012 ( Rec 209/2011), de 14 de noviembre de 2011 ( Rec 4726/2010) y de 26 de septiembre de 2011 (Rec 4249/2010).

Pues bien, en el presente supuesto se ha de destacar que no ha quedado acreditada la existencia de una voluntad de la empresa demandada de otorgar como ventaja o derecho, el ticket comida a todas las personas teletrabajadoras, por lo que no constituye un beneficio consolidado, que pueda entenderse incorporado al contrato de trabajo.

De lo expuesto, se ha de colegir que no estamos en presencia de una condición más beneficiosa adquirida, por lo que tampoco prospera la pretensión de la parte recurrente.

4.Procede, en consecuencia, la desestimación de este segundo motivo de recurso de casación.

CUARTO.- Resolución del recurso de casación

1.De acuerdo con lo anteriormente razonado, procede desestimar el recurso de casación formulado por el Sindicato ELA y, confirmar y declarar la firmeza de la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 140/2023, de 21 de diciembre (Conflicto colectivo 271/2023).

2.No hay expresa imposición de costas, ya que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia, conforme al artículo 235.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.