Sentencia Social 1056/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 4631/2023 de 12 de noviembre del 2025

PRIMERO.- 1.El debate casacional radica en dilucidar si es conforme a derecho la condena al abono de una indemnización de 300 euros por daños morales derivados de la vulneración del derecho fundamental a la igualdad entre los trabajadores contratados al amparo de un plan de empleo financiado por el SEPE y los demás trabajadores de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

2.La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social declaró que la inaplicación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado vulneraba el principio de igualdad de trato y no discriminación y condenó a la parte demandada a abonar a la actora 7.504 euros en concepto de indemnización de daños morales.

El Abogado del Estado interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Andalucía con sede en Sevilla 1808/2023, de 15 de junio (recurso 497/2023), estimó en parte el recurso y fijó la indemnización por daños morales por desigualdad retributiva en 300 euros.

3.La demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 183

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) . Alega que la indemnización por daños morales fijada por la sentencia de instancia vulnera la doctrina jurisprudencial que fija estas indemnizaciones utilizando como criterio orientador las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (en adelante LISOS) .

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurre el presupuesto procesal de contradicción.

La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega la falta del requisito de contradicción y solicita su desestimación.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TS 111/2021, de 27 de enero (rec. 140/2019).

Es la misma sentencia referencial que se invocó en el recurso de casación unificadora inadmitido por ATS de 10 de septiembre de 2024 (rcud 4696/2023), el cual examinó una controversia sustancialmente idéntica y llegó a la conclusión de que no concurría el presupuesto procesal de contradicción.

2.En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) El 23 de julio de 2021 el SEPE convocó la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contratasen trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general.

b) Esa subvención se concedió a la Delegación de Gobierno de Ceuta, destinada a la contratación de 722 trabajadores desempleados.

c) La actora suscribió un contrato temporal. Prestó servicios del 30 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022, como titulada media.

d) No se le aplicó el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que establecía un salario superior para su categoría profesional.

e) La sentencia recurrida argumenta que la diferencia de trato vulnera el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución Española porque no hay ninguna razón objetiva que justifique el trato diferente a los trabajadores temporales contratados al amparo de los programas de fomento del empleo que a los trabajadores fijos.

Respecto de la indemnización por daños morales, el TSJ explica que la dificultad que supone aplicar a este caso el sistema sancionatorio previsto en la LISOS, que no contempla en su articulado la realización de una conducta como la que es objeto de litigio, obliga a descartar la automática y directa aplicación del mecanismo de cuantificar el importe de la indemnización bajo esas referencias. Por ello, considera más acertado y proporcionado acogerse a la posibilidad que establece el art. 183.2 de la LRJS, que atribuye al órgano judicial la facultad de determinar prudencialmente su importe cuando resulte difícil la prueba exacta del perjuicio por otros mecanismos. La sentencia recurrida fija prudencialmente dicha indemnización por daños morales en la suma de 300 euros, que es la cantidad generalmente fijada por esa Sala en casos similares.

3.En la sentencia referencial se resuelve el recurso de casación unificadora interpuesto por la Corporación Radio e Televisión de Galicia SA frente a una sentencia del TSJ de Galicia que le condenaba por vulnerar el derecho fundamental de huelga del Comité Intercentros de dicha empresa y fijaba una indemnización por daño moral de 6.251 euros.

La Corporación había recurrido la imposición de dicha indemnización. Esta Sala desestimó el recurso en ese punto y consideró la misma como razonable. Argumenta que la cuantificación de la indemnización compete al Juez de instancia y que la cuantía sólo debe ser revisada si es manifiestamente irrazonable o arbitraria. Además, considera que es válido recurrir a la LISOS y que la citada cuantía es adecuada, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta de la demandada; su intensidad; el efecto que produjo, particularmente en relación con un programa que, pese a la huelga, se emitió; y el descrédito y desconfianza causado al Comité convocante.

4.De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos reiterar el pronunciamiento del citado ATS de 10 de septiembre de 2024 (rcud 4696/2023). No concurre la identidad exigida por el art. 219.1 de la LRJS. Las conductas son esencialmente distintas. En la sentencia referencial, la empresa procedió a la sustitución de trabajadores huelguistas, a la emisión de un programa con incumplimiento de los servicios mínimos y a la privación de visibilidad de la huelga. Nada de ello acontece en la sentencia recurrida.

La sentencia de contraste no impone la obligación de acudir a la LISOS para determinar el importe de las indemnizaciones, por lo que no es contradicha por la recurrida. Además, la sentencia referencial considera razonable la cuantía indemnizatoria porque el art. 8.10 de la LISOS menciona expresamente los actos lesivos del derecho de huelga. Por el contrario, la sentencia recurrida considera más prudente no recurrir a la LISOS porque no hay una referencia explícita a la discriminación retributiva, por lo que opta por fijar prudencialmente la cuantía indemnizatoria en 300 euros, de conformidad con otros pronunciamientos análogos de la propia Sala.

5.En el mismo sentido se han pronunciado, en supuestos semejantes aunque con otras sentencias de contraste, las STS 241/2025, de 25 de marzo (rcud 1138/2024); 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024); 613/2025, de 24 de junio (rcud 256/2024); y 734/2025, de 16 de julio (rcud 2695/2024), entre otras muchas.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ sentencias del TS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235.1 de la LRJS) .

PRIMERO.- 1.El debate casacional radica en dilucidar si es conforme a derecho la condena al abono de una indemnización de 300 euros por daños morales derivados de la vulneración del derecho fundamental a la igualdad entre los trabajadores contratados al amparo de un plan de empleo financiado por el SEPE y los demás trabajadores de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

2.La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social declaró que la inaplicación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado vulneraba el principio de igualdad de trato y no discriminación y condenó a la parte demandada a abonar a la actora 7.504 euros en concepto de indemnización de daños morales.

El Abogado del Estado interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Andalucía con sede en Sevilla 1808/2023, de 15 de junio (recurso 497/2023), estimó en parte el recurso y fijó la indemnización por daños morales por desigualdad retributiva en 300 euros.

3.La demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 183

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) . Alega que la indemnización por daños morales fijada por la sentencia de instancia vulnera la doctrina jurisprudencial que fija estas indemnizaciones utilizando como criterio orientador las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (en adelante LISOS) .

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurre el presupuesto procesal de contradicción.

La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega la falta del requisito de contradicción y solicita su desestimación.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TS 111/2021, de 27 de enero (rec. 140/2019).

Es la misma sentencia referencial que se invocó en el recurso de casación unificadora inadmitido por ATS de 10 de septiembre de 2024 (rcud 4696/2023), el cual examinó una controversia sustancialmente idéntica y llegó a la conclusión de que no concurría el presupuesto procesal de contradicción.

2.En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) El 23 de julio de 2021 el SEPE convocó la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contratasen trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general.

b) Esa subvención se concedió a la Delegación de Gobierno de Ceuta, destinada a la contratación de 722 trabajadores desempleados.

c) La actora suscribió un contrato temporal. Prestó servicios del 30 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022, como titulada media.

d) No se le aplicó el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que establecía un salario superior para su categoría profesional.

e) La sentencia recurrida argumenta que la diferencia de trato vulnera el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución Española porque no hay ninguna razón objetiva que justifique el trato diferente a los trabajadores temporales contratados al amparo de los programas de fomento del empleo que a los trabajadores fijos.

Respecto de la indemnización por daños morales, el TSJ explica que la dificultad que supone aplicar a este caso el sistema sancionatorio previsto en la LISOS, que no contempla en su articulado la realización de una conducta como la que es objeto de litigio, obliga a descartar la automática y directa aplicación del mecanismo de cuantificar el importe de la indemnización bajo esas referencias. Por ello, considera más acertado y proporcionado acogerse a la posibilidad que establece el art. 183.2 de la LRJS, que atribuye al órgano judicial la facultad de determinar prudencialmente su importe cuando resulte difícil la prueba exacta del perjuicio por otros mecanismos. La sentencia recurrida fija prudencialmente dicha indemnización por daños morales en la suma de 300 euros, que es la cantidad generalmente fijada por esa Sala en casos similares.

3.En la sentencia referencial se resuelve el recurso de casación unificadora interpuesto por la Corporación Radio e Televisión de Galicia SA frente a una sentencia del TSJ de Galicia que le condenaba por vulnerar el derecho fundamental de huelga del Comité Intercentros de dicha empresa y fijaba una indemnización por daño moral de 6.251 euros.

La Corporación había recurrido la imposición de dicha indemnización. Esta Sala desestimó el recurso en ese punto y consideró la misma como razonable. Argumenta que la cuantificación de la indemnización compete al Juez de instancia y que la cuantía sólo debe ser revisada si es manifiestamente irrazonable o arbitraria. Además, considera que es válido recurrir a la LISOS y que la citada cuantía es adecuada, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta de la demandada; su intensidad; el efecto que produjo, particularmente en relación con un programa que, pese a la huelga, se emitió; y el descrédito y desconfianza causado al Comité convocante.

4.De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos reiterar el pronunciamiento del citado ATS de 10 de septiembre de 2024 (rcud 4696/2023). No concurre la identidad exigida por el art. 219.1 de la LRJS. Las conductas son esencialmente distintas. En la sentencia referencial, la empresa procedió a la sustitución de trabajadores huelguistas, a la emisión de un programa con incumplimiento de los servicios mínimos y a la privación de visibilidad de la huelga. Nada de ello acontece en la sentencia recurrida.

La sentencia de contraste no impone la obligación de acudir a la LISOS para determinar el importe de las indemnizaciones, por lo que no es contradicha por la recurrida. Además, la sentencia referencial considera razonable la cuantía indemnizatoria porque el art. 8.10 de la LISOS menciona expresamente los actos lesivos del derecho de huelga. Por el contrario, la sentencia recurrida considera más prudente no recurrir a la LISOS porque no hay una referencia explícita a la discriminación retributiva, por lo que opta por fijar prudencialmente la cuantía indemnizatoria en 300 euros, de conformidad con otros pronunciamientos análogos de la propia Sala.

5.En el mismo sentido se han pronunciado, en supuestos semejantes aunque con otras sentencias de contraste, las STS 241/2025, de 25 de marzo (rcud 1138/2024); 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024); 613/2025, de 24 de junio (rcud 256/2024); y 734/2025, de 16 de julio (rcud 2695/2024), entre otras muchas.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ sentencias del TS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235.1 de la LRJS) .

PRIMERO.- 1.El debate casacional radica en dilucidar si es conforme a derecho la condena al abono de una indemnización de 300 euros por daños morales derivados de la vulneración del derecho fundamental a la igualdad entre los trabajadores contratados al amparo de un plan de empleo financiado por el SEPE y los demás trabajadores de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

2.La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social declaró que la inaplicación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado vulneraba el principio de igualdad de trato y no discriminación y condenó a la parte demandada a abonar a la actora 7.504 euros en concepto de indemnización de daños morales.

El Abogado del Estado interpuso recurso de suplicación. La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Andalucía con sede en Sevilla 1808/2023, de 15 de junio (recurso 497/2023), estimó en parte el recurso y fijó la indemnización por daños morales por desigualdad retributiva en 300 euros.

3.La demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 183

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) . Alega que la indemnización por daños morales fijada por la sentencia de instancia vulnera la doctrina jurisprudencial que fija estas indemnizaciones utilizando como criterio orientador las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (en adelante LISOS) .

4.El Ministerio Fiscal informó en el sentido de que no concurre el presupuesto procesal de contradicción.

La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega la falta del requisito de contradicción y solicita su desestimación.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el requisito de contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TS 111/2021, de 27 de enero (rec. 140/2019).

Es la misma sentencia referencial que se invocó en el recurso de casación unificadora inadmitido por ATS de 10 de septiembre de 2024 (rcud 4696/2023), el cual examinó una controversia sustancialmente idéntica y llegó a la conclusión de que no concurría el presupuesto procesal de contradicción.

2.En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) El 23 de julio de 2021 el SEPE convocó la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contratasen trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general.

b) Esa subvención se concedió a la Delegación de Gobierno de Ceuta, destinada a la contratación de 722 trabajadores desempleados.

c) La actora suscribió un contrato temporal. Prestó servicios del 30 de diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022, como titulada media.

d) No se le aplicó el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que establecía un salario superior para su categoría profesional.

e) La sentencia recurrida argumenta que la diferencia de trato vulnera el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución Española porque no hay ninguna razón objetiva que justifique el trato diferente a los trabajadores temporales contratados al amparo de los programas de fomento del empleo que a los trabajadores fijos.

Respecto de la indemnización por daños morales, el TSJ explica que la dificultad que supone aplicar a este caso el sistema sancionatorio previsto en la LISOS, que no contempla en su articulado la realización de una conducta como la que es objeto de litigio, obliga a descartar la automática y directa aplicación del mecanismo de cuantificar el importe de la indemnización bajo esas referencias. Por ello, considera más acertado y proporcionado acogerse a la posibilidad que establece el art. 183.2 de la LRJS, que atribuye al órgano judicial la facultad de determinar prudencialmente su importe cuando resulte difícil la prueba exacta del perjuicio por otros mecanismos. La sentencia recurrida fija prudencialmente dicha indemnización por daños morales en la suma de 300 euros, que es la cantidad generalmente fijada por esa Sala en casos similares.

3.En la sentencia referencial se resuelve el recurso de casación unificadora interpuesto por la Corporación Radio e Televisión de Galicia SA frente a una sentencia del TSJ de Galicia que le condenaba por vulnerar el derecho fundamental de huelga del Comité Intercentros de dicha empresa y fijaba una indemnización por daño moral de 6.251 euros.

La Corporación había recurrido la imposición de dicha indemnización. Esta Sala desestimó el recurso en ese punto y consideró la misma como razonable. Argumenta que la cuantificación de la indemnización compete al Juez de instancia y que la cuantía sólo debe ser revisada si es manifiestamente irrazonable o arbitraria. Además, considera que es válido recurrir a la LISOS y que la citada cuantía es adecuada, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta de la demandada; su intensidad; el efecto que produjo, particularmente en relación con un programa que, pese a la huelga, se emitió; y el descrédito y desconfianza causado al Comité convocante.

4.De conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos reiterar el pronunciamiento del citado ATS de 10 de septiembre de 2024 (rcud 4696/2023). No concurre la identidad exigida por el art. 219.1 de la LRJS. Las conductas son esencialmente distintas. En la sentencia referencial, la empresa procedió a la sustitución de trabajadores huelguistas, a la emisión de un programa con incumplimiento de los servicios mínimos y a la privación de visibilidad de la huelga. Nada de ello acontece en la sentencia recurrida.

La sentencia de contraste no impone la obligación de acudir a la LISOS para determinar el importe de las indemnizaciones, por lo que no es contradicha por la recurrida. Además, la sentencia referencial considera razonable la cuantía indemnizatoria porque el art. 8.10 de la LISOS menciona expresamente los actos lesivos del derecho de huelga. Por el contrario, la sentencia recurrida considera más prudente no recurrir a la LISOS porque no hay una referencia explícita a la discriminación retributiva, por lo que opta por fijar prudencialmente la cuantía indemnizatoria en 300 euros, de conformidad con otros pronunciamientos análogos de la propia Sala.

5.En el mismo sentido se han pronunciado, en supuestos semejantes aunque con otras sentencias de contraste, las STS 241/2025, de 25 de marzo (rcud 1138/2024); 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024); 613/2025, de 24 de junio (rcud 256/2024); y 734/2025, de 16 de julio (rcud 2695/2024), entre otras muchas.

TERCERO.- 1.Esta causa de inadmisión, en este trámite procesal, se convierte en causa de desestimación del recurso de casación unificadora [ sentencias del TS 620/2022, de 6 de julio (rcud 2309/2019); 776/2022, de 27 de septiembre (rcud 965/2020); y 893/2022, de 10 de noviembre (rcud 2882/2021), entre otras muchas].

2.De acuerdo con lo razonado, de conformidad con el Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235.1 de la LRJS) .