Sentencia Social 1254/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2601/2024 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO.- 1.La representación de la parte actora suscita en sede de recurso de casación para la unificación de doctrina la concreción del importe de la indemnización por daños morales derivada de la vulneración del derecho a la igualdad retributiva ante la inaplicación por la parte demandada, Delegación de Gobierno de Ceuta, del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

2.La sentencia de instancia estimó la demanda de Tutela de Derechos Fundamentales y declaró que la no aplicación a la parte actora del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado constituye una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación, contenido en el artículo 14 CE, por percibir unas retribuciones inferiores a las que prevé dicho convenio para trabajadores de similar categoría profesional, con condena a la demandada a abonar al demandante la cantidad de 3.029,95 euros en concepto de indemnización por lucro cesante y 6.251 euros en concepto de indemnización por daños morales.

Recurrida en suplicación por la Delegación del Gobierno de Ceuta la sentencia ahora impugnada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 16 de mayo de 2024 (R. 235/2024), estima parcialmente el recurso de la administración, en el sentido de minorar la indemnización por daños morales a 300 €.

3.El recurso unificador, con cita de contraste de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de diciembre de 2023 (R. 2364/2023), razona la vulneración del articulo 183 LRJS e invoca la doctrina de STC 247/2006 y de varias sentencias de esta Sala Cuarta -las SSTS 15 febrero 2012 (RJ 2012, 3894) (rec. 67/2011), 5 febrero 2013 (RJ 2013, 3368) (rec. 89/2012), y la num. 768/2017 de 5 octubre, con relación a la cuantificación del daño moral y la utilización de la LISOS como baremo para la indemnización del daño causado.

4.El Ministerio Fiscal informa en el sentido de estimar la falta de contradicción en relación con el debate casacional indicado.

La Abogacía del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado (Delegación del Gobierno en Ceuta) presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega, en primer lugar, la carencia del presupuesto de identidad esencial entre la sentencia recurrida y la sentencia invocada de contraste, ya que son distintos los supuestos fácticos que resuelven, el debate jurídico que se plantea y las pretensiones deducidas. Y, en segundo lugar, se opone en cuanto al fondo, solicitando la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar con carácter previo la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la citada STSJ de la Comunidad Valenciana 3489/2023, de 19 de diciembre (rec 2364/2023).

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

2.En este litigio acaece que la sentencia dictada en suplicación que ahora se recurre, manteniendo la existencia de vulneración del derecho a la igualdad retributiva por inaplicación a la parte actora del convenio colectivo citado, estima parcialmente el recurso de aquella clase, minorando la cuantía de la indemnización por daños morales a 300 euros.

Tras desestimar el motivo relativo a la infracción del artículo 2 f) del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración del Estado, examina la cuestión concerniente a la indemnización por daños morales en atención a la regulación efectuada en la LRJS y rechaza la argumentación de la recurrente. Deja sin efecto el pronunciamiento relativo a la fijación en la suma de 6.251 € de los daños morales ocasionados, estableciendo, en cambio, por tal concepto, la suma de 300 €, que es la cantidad que la Sala considera prudente y adecuada en supuestos similares.

3.Por su parte, la referencial estimó parcialmente el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que, apreciando la existencia de vulneración del derecho a la igualdad retributiva, concretó la indemnización por daño moral en 15.000 euros, condenando a la universidad demandada a su abono y absolviendo a la Generalitat Valenciana.

La sentencia de contraste mantuvo la existencia de vulneración del derecho a la igualdad por parte de la universidad demandada, considerando que se había producido una discriminación retributiva del actor, contratado temporal de la universidad como ayudante doctor, en relación con los contratados fijos doctores, al habérsele denegado el complemento por el sexenio, que tenía acreditado por ANECA. Y, en cuanto a la indemnización por daño moral, estimando parcialmente el recurso de suplicación, disminuyó su importe, aplicando, con carácter orientativo el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que, para las infracciones muy graves de vulneración de derechos fundamentales del artículo 8.12 del citado texto legal, impone una sanción pecuniaria mínima de 7.501 euros, concretando en esta cantidad el importe de la indemnización.

4.Para llevar a cabo el pertinente juicio de contradicción hemos de tomar en consideración varios aspectos esenciales, tal y como hemos perfilado en reiteradas sentencias de esta Sala IV del Tribunal Supremo sobre la cuantificación de la indemnización por el daño moral derivado de la vulneración de derechos fundamentales.

Entre las más recientes sentencias que transponen dicha doctrina podemos relacionar las SSTS dictadas en fecha 22 de octubre de 2025. En ellas expresamos que por un lado, ha de tenerse en cuenta que, ante la especial dificultad que supone la estimación detallada del importe de estos daños morales por la vulneración de derechos fundamentales, deben flexibilizarse las exigencias para la determinación de la cuantía de la indemnización, lo que conlleva un mayor margen de discrecionalidad en su valoración, como declararon, entre otras, las SSTS 356/2022, de 20 de abril (rcud 2391/2019), 214/2022, de 9 de marzo (rcud 2269/2019), 179/2022, de 23 de febrero (rcud 4322/2019) y, 768/2017, de 5 de octubre (rcud 2497/2015).

También la idoneidad de la utilización del criterio orientador del importe de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para la infracción consistente en la vulneración de derechos fundamentales, lo que no supone su aplicabilidad directa, sino la consideración de que el importe de la sanción se considera razonable como cuantía de la indemnización por el daño moral, ponderándose, de este modo, tanto el aspecto resarcitorio como el preventivo de la indemnización. En este sentido, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 1056/2018, de 13 de diciembre (rec 3/2018), 1025/2017, de 19 de diciembre ( rcud 624/2016), de 2 de febrero de 2015 ( rec 279/2013), de 8 de julio de 2014 (rec 282/2013) y de 15 de febrero de 2012 (rec 67/2011). Este criterio también ha sido objeto de reconocimiento constitucional, entre otras, en la STC 247/2006, de 24 de julio (rec 6074/2003).

Y, por último, debido a la amplia horquilla establecida en aquella normativa, la Sala ha perfilado su concreción atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, como recordaba la STS 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024), a saber, la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta, o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.

5.Acaece en este litigio que las sentencias contrastadas, manteniendo los pronunciamientos sobre el fondo debatido en el sentido que ya se expresó con anterioridad, aminoran el importe de la indemnización por daño moral por la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, reconocido en la instancia por los Juzgados de lo Social. Las dos resoluciones atienden a la doctrina jurisprudencial indicada en la precedente fundamentación. De este modo, en la sentencia recurrida se tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto y, en la sentencia de contraste, de forma paralela, se cuantifica la indemnización en la cuantía mínima prevista para la sanción en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, por la infracción muy grave de la vulneración del derecho a la igualdad.

De lo expuesto, se ha de colegir que los pronunciamientos de ambas sentencias son coincidentes, en tanto en cuanto minoran el importe de la indemnización por daño moral por la vulneración del derecho fundamental, reclamado y reconocido en la instancia.

Ello enerva la concurrencia del presupuesto de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, por lo que debió inadmitirse el recurso de casación para la unificación de doctrina, procediendo ahora su desestimación. En este sentido, se ha pronunciado esta Sala IV del Tribunal Supremo -en relación también con sentencias recurridas sobre la misma materia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, habiéndose invocado la misma sentencia de contraste, la STSJ de la Comunidad Valenciana 3489/2023, de 19 de diciembre (rec 2364/2023)-, en SSTS 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024) y 241/2025, de 25 de marzo (rcud 1138/2024), entre otras.

TERCERO.- 1.Las consideraciones precedentes conllevarán la desestimación del recurso -la causa de inadmisión muta en causa de desestimación, de conformidad con el criterio ya acuñado jurisprudencialmente-, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, debiendo declararse la firmeza de la sentencia de instancia.

2.No procede efectuar especial pronunciamiento en costas ( art. 235.1 LRJS) .

PRIMERO.- 1.La representación de la parte actora suscita en sede de recurso de casación para la unificación de doctrina la concreción del importe de la indemnización por daños morales derivada de la vulneración del derecho a la igualdad retributiva ante la inaplicación por la parte demandada, Delegación de Gobierno de Ceuta, del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

2.La sentencia de instancia estimó la demanda de Tutela de Derechos Fundamentales y declaró que la no aplicación a la parte actora del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado constituye una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación, contenido en el artículo 14 CE, por percibir unas retribuciones inferiores a las que prevé dicho convenio para trabajadores de similar categoría profesional, con condena a la demandada a abonar al demandante la cantidad de 3.029,95 euros en concepto de indemnización por lucro cesante y 6.251 euros en concepto de indemnización por daños morales.

Recurrida en suplicación por la Delegación del Gobierno de Ceuta la sentencia ahora impugnada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 16 de mayo de 2024 (R. 235/2024), estima parcialmente el recurso de la administración, en el sentido de minorar la indemnización por daños morales a 300 €.

3.El recurso unificador, con cita de contraste de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de diciembre de 2023 (R. 2364/2023), razona la vulneración del articulo 183 LRJS e invoca la doctrina de STC 247/2006 y de varias sentencias de esta Sala Cuarta -las SSTS 15 febrero 2012 (RJ 2012, 3894) (rec. 67/2011), 5 febrero 2013 (RJ 2013, 3368) (rec. 89/2012), y la num. 768/2017 de 5 octubre, con relación a la cuantificación del daño moral y la utilización de la LISOS como baremo para la indemnización del daño causado.

4.El Ministerio Fiscal informa en el sentido de estimar la falta de contradicción en relación con el debate casacional indicado.

La Abogacía del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado (Delegación del Gobierno en Ceuta) presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega, en primer lugar, la carencia del presupuesto de identidad esencial entre la sentencia recurrida y la sentencia invocada de contraste, ya que son distintos los supuestos fácticos que resuelven, el debate jurídico que se plantea y las pretensiones deducidas. Y, en segundo lugar, se opone en cuanto al fondo, solicitando la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar con carácter previo la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la citada STSJ de la Comunidad Valenciana 3489/2023, de 19 de diciembre (rec 2364/2023).

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

2.En este litigio acaece que la sentencia dictada en suplicación que ahora se recurre, manteniendo la existencia de vulneración del derecho a la igualdad retributiva por inaplicación a la parte actora del convenio colectivo citado, estima parcialmente el recurso de aquella clase, minorando la cuantía de la indemnización por daños morales a 300 euros.

Tras desestimar el motivo relativo a la infracción del artículo 2 f) del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración del Estado, examina la cuestión concerniente a la indemnización por daños morales en atención a la regulación efectuada en la LRJS y rechaza la argumentación de la recurrente. Deja sin efecto el pronunciamiento relativo a la fijación en la suma de 6.251 € de los daños morales ocasionados, estableciendo, en cambio, por tal concepto, la suma de 300 €, que es la cantidad que la Sala considera prudente y adecuada en supuestos similares.

3.Por su parte, la referencial estimó parcialmente el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que, apreciando la existencia de vulneración del derecho a la igualdad retributiva, concretó la indemnización por daño moral en 15.000 euros, condenando a la universidad demandada a su abono y absolviendo a la Generalitat Valenciana.

La sentencia de contraste mantuvo la existencia de vulneración del derecho a la igualdad por parte de la universidad demandada, considerando que se había producido una discriminación retributiva del actor, contratado temporal de la universidad como ayudante doctor, en relación con los contratados fijos doctores, al habérsele denegado el complemento por el sexenio, que tenía acreditado por ANECA. Y, en cuanto a la indemnización por daño moral, estimando parcialmente el recurso de suplicación, disminuyó su importe, aplicando, con carácter orientativo el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que, para las infracciones muy graves de vulneración de derechos fundamentales del artículo 8.12 del citado texto legal, impone una sanción pecuniaria mínima de 7.501 euros, concretando en esta cantidad el importe de la indemnización.

4.Para llevar a cabo el pertinente juicio de contradicción hemos de tomar en consideración varios aspectos esenciales, tal y como hemos perfilado en reiteradas sentencias de esta Sala IV del Tribunal Supremo sobre la cuantificación de la indemnización por el daño moral derivado de la vulneración de derechos fundamentales.

Entre las más recientes sentencias que transponen dicha doctrina podemos relacionar las SSTS dictadas en fecha 22 de octubre de 2025. En ellas expresamos que por un lado, ha de tenerse en cuenta que, ante la especial dificultad que supone la estimación detallada del importe de estos daños morales por la vulneración de derechos fundamentales, deben flexibilizarse las exigencias para la determinación de la cuantía de la indemnización, lo que conlleva un mayor margen de discrecionalidad en su valoración, como declararon, entre otras, las SSTS 356/2022, de 20 de abril (rcud 2391/2019), 214/2022, de 9 de marzo (rcud 2269/2019), 179/2022, de 23 de febrero (rcud 4322/2019) y, 768/2017, de 5 de octubre (rcud 2497/2015).

También la idoneidad de la utilización del criterio orientador del importe de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para la infracción consistente en la vulneración de derechos fundamentales, lo que no supone su aplicabilidad directa, sino la consideración de que el importe de la sanción se considera razonable como cuantía de la indemnización por el daño moral, ponderándose, de este modo, tanto el aspecto resarcitorio como el preventivo de la indemnización. En este sentido, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 1056/2018, de 13 de diciembre (rec 3/2018), 1025/2017, de 19 de diciembre ( rcud 624/2016), de 2 de febrero de 2015 ( rec 279/2013), de 8 de julio de 2014 (rec 282/2013) y de 15 de febrero de 2012 (rec 67/2011). Este criterio también ha sido objeto de reconocimiento constitucional, entre otras, en la STC 247/2006, de 24 de julio (rec 6074/2003).

Y, por último, debido a la amplia horquilla establecida en aquella normativa, la Sala ha perfilado su concreción atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, como recordaba la STS 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024), a saber, la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta, o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.

5.Acaece en este litigio que las sentencias contrastadas, manteniendo los pronunciamientos sobre el fondo debatido en el sentido que ya se expresó con anterioridad, aminoran el importe de la indemnización por daño moral por la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, reconocido en la instancia por los Juzgados de lo Social. Las dos resoluciones atienden a la doctrina jurisprudencial indicada en la precedente fundamentación. De este modo, en la sentencia recurrida se tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto y, en la sentencia de contraste, de forma paralela, se cuantifica la indemnización en la cuantía mínima prevista para la sanción en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, por la infracción muy grave de la vulneración del derecho a la igualdad.

De lo expuesto, se ha de colegir que los pronunciamientos de ambas sentencias son coincidentes, en tanto en cuanto minoran el importe de la indemnización por daño moral por la vulneración del derecho fundamental, reclamado y reconocido en la instancia.

Ello enerva la concurrencia del presupuesto de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, por lo que debió inadmitirse el recurso de casación para la unificación de doctrina, procediendo ahora su desestimación. En este sentido, se ha pronunciado esta Sala IV del Tribunal Supremo -en relación también con sentencias recurridas sobre la misma materia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, habiéndose invocado la misma sentencia de contraste, la STSJ de la Comunidad Valenciana 3489/2023, de 19 de diciembre (rec 2364/2023)-, en SSTS 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024) y 241/2025, de 25 de marzo (rcud 1138/2024), entre otras.

TERCERO.- 1.Las consideraciones precedentes conllevarán la desestimación del recurso -la causa de inadmisión muta en causa de desestimación, de conformidad con el criterio ya acuñado jurisprudencialmente-, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, debiendo declararse la firmeza de la sentencia de instancia.

2.No procede efectuar especial pronunciamiento en costas ( art. 235.1 LRJS) .

PRIMERO.- 1.La representación de la parte actora suscita en sede de recurso de casación para la unificación de doctrina la concreción del importe de la indemnización por daños morales derivada de la vulneración del derecho a la igualdad retributiva ante la inaplicación por la parte demandada, Delegación de Gobierno de Ceuta, del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

2.La sentencia de instancia estimó la demanda de Tutela de Derechos Fundamentales y declaró que la no aplicación a la parte actora del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado constituye una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación, contenido en el artículo 14 CE, por percibir unas retribuciones inferiores a las que prevé dicho convenio para trabajadores de similar categoría profesional, con condena a la demandada a abonar al demandante la cantidad de 3.029,95 euros en concepto de indemnización por lucro cesante y 6.251 euros en concepto de indemnización por daños morales.

Recurrida en suplicación por la Delegación del Gobierno de Ceuta la sentencia ahora impugnada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 16 de mayo de 2024 (R. 235/2024), estima parcialmente el recurso de la administración, en el sentido de minorar la indemnización por daños morales a 300 €.

3.El recurso unificador, con cita de contraste de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de diciembre de 2023 (R. 2364/2023), razona la vulneración del articulo 183 LRJS e invoca la doctrina de STC 247/2006 y de varias sentencias de esta Sala Cuarta -las SSTS 15 febrero 2012 (RJ 2012, 3894) (rec. 67/2011), 5 febrero 2013 (RJ 2013, 3368) (rec. 89/2012), y la num. 768/2017 de 5 octubre, con relación a la cuantificación del daño moral y la utilización de la LISOS como baremo para la indemnización del daño causado.

4.El Ministerio Fiscal informa en el sentido de estimar la falta de contradicción en relación con el debate casacional indicado.

La Abogacía del Estado, en la representación que legalmente ostenta de la Administración General del Estado (Delegación del Gobierno en Ceuta) presentó escrito de impugnación del recurso en el que alega, en primer lugar, la carencia del presupuesto de identidad esencial entre la sentencia recurrida y la sentencia invocada de contraste, ya que son distintos los supuestos fácticos que resuelven, el debate jurídico que se plantea y las pretensiones deducidas. Y, en segundo lugar, se opone en cuanto al fondo, solicitando la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.Debemos examinar con carácter previo la concurrencia del requisito de contradicción exigido en el recurso de casación para la unificación de doctrina por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre la sentencia recurrida y la sentencia de contraste, que es la citada STSJ de la Comunidad Valenciana 3489/2023, de 19 de diciembre (rec 2364/2023).

La contradicción se produce cuando existen pronunciamientos diferentes en procedimientos con hechos, fundamentos y pretensiones entre las que existe una igualdad sustancial, respecto de los mismos litigantes o entre litigantes distintos que se encuentren en idéntica situación. No se exige una identidad absoluta, bastando la diversidad de las decisiones, a pesar de ser los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales.

2.En este litigio acaece que la sentencia dictada en suplicación que ahora se recurre, manteniendo la existencia de vulneración del derecho a la igualdad retributiva por inaplicación a la parte actora del convenio colectivo citado, estima parcialmente el recurso de aquella clase, minorando la cuantía de la indemnización por daños morales a 300 euros.

Tras desestimar el motivo relativo a la infracción del artículo 2 f) del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración del Estado, examina la cuestión concerniente a la indemnización por daños morales en atención a la regulación efectuada en la LRJS y rechaza la argumentación de la recurrente. Deja sin efecto el pronunciamiento relativo a la fijación en la suma de 6.251 € de los daños morales ocasionados, estableciendo, en cambio, por tal concepto, la suma de 300 €, que es la cantidad que la Sala considera prudente y adecuada en supuestos similares.

3.Por su parte, la referencial estimó parcialmente el recurso de suplicación formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social que, apreciando la existencia de vulneración del derecho a la igualdad retributiva, concretó la indemnización por daño moral en 15.000 euros, condenando a la universidad demandada a su abono y absolviendo a la Generalitat Valenciana.

La sentencia de contraste mantuvo la existencia de vulneración del derecho a la igualdad por parte de la universidad demandada, considerando que se había producido una discriminación retributiva del actor, contratado temporal de la universidad como ayudante doctor, en relación con los contratados fijos doctores, al habérsele denegado el complemento por el sexenio, que tenía acreditado por ANECA. Y, en cuanto a la indemnización por daño moral, estimando parcialmente el recurso de suplicación, disminuyó su importe, aplicando, con carácter orientativo el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que, para las infracciones muy graves de vulneración de derechos fundamentales del artículo 8.12 del citado texto legal, impone una sanción pecuniaria mínima de 7.501 euros, concretando en esta cantidad el importe de la indemnización.

4.Para llevar a cabo el pertinente juicio de contradicción hemos de tomar en consideración varios aspectos esenciales, tal y como hemos perfilado en reiteradas sentencias de esta Sala IV del Tribunal Supremo sobre la cuantificación de la indemnización por el daño moral derivado de la vulneración de derechos fundamentales.

Entre las más recientes sentencias que transponen dicha doctrina podemos relacionar las SSTS dictadas en fecha 22 de octubre de 2025. En ellas expresamos que por un lado, ha de tenerse en cuenta que, ante la especial dificultad que supone la estimación detallada del importe de estos daños morales por la vulneración de derechos fundamentales, deben flexibilizarse las exigencias para la determinación de la cuantía de la indemnización, lo que conlleva un mayor margen de discrecionalidad en su valoración, como declararon, entre otras, las SSTS 356/2022, de 20 de abril (rcud 2391/2019), 214/2022, de 9 de marzo (rcud 2269/2019), 179/2022, de 23 de febrero (rcud 4322/2019) y, 768/2017, de 5 de octubre (rcud 2497/2015).

También la idoneidad de la utilización del criterio orientador del importe de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para la infracción consistente en la vulneración de derechos fundamentales, lo que no supone su aplicabilidad directa, sino la consideración de que el importe de la sanción se considera razonable como cuantía de la indemnización por el daño moral, ponderándose, de este modo, tanto el aspecto resarcitorio como el preventivo de la indemnización. En este sentido, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 1056/2018, de 13 de diciembre (rec 3/2018), 1025/2017, de 19 de diciembre ( rcud 624/2016), de 2 de febrero de 2015 ( rec 279/2013), de 8 de julio de 2014 (rec 282/2013) y de 15 de febrero de 2012 (rec 67/2011). Este criterio también ha sido objeto de reconocimiento constitucional, entre otras, en la STC 247/2006, de 24 de julio (rec 6074/2003).

Y, por último, debido a la amplia horquilla establecida en aquella normativa, la Sala ha perfilado su concreción atendiendo a las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, como recordaba la STS 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024), a saber, la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta, o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido.

5.Acaece en este litigio que las sentencias contrastadas, manteniendo los pronunciamientos sobre el fondo debatido en el sentido que ya se expresó con anterioridad, aminoran el importe de la indemnización por daño moral por la vulneración del derecho a la igualdad retributiva, reconocido en la instancia por los Juzgados de lo Social. Las dos resoluciones atienden a la doctrina jurisprudencial indicada en la precedente fundamentación. De este modo, en la sentencia recurrida se tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso concreto y, en la sentencia de contraste, de forma paralela, se cuantifica la indemnización en la cuantía mínima prevista para la sanción en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, por la infracción muy grave de la vulneración del derecho a la igualdad.

De lo expuesto, se ha de colegir que los pronunciamientos de ambas sentencias son coincidentes, en tanto en cuanto minoran el importe de la indemnización por daño moral por la vulneración del derecho fundamental, reclamado y reconocido en la instancia.

Ello enerva la concurrencia del presupuesto de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, por lo que debió inadmitirse el recurso de casación para la unificación de doctrina, procediendo ahora su desestimación. En este sentido, se ha pronunciado esta Sala IV del Tribunal Supremo -en relación también con sentencias recurridas sobre la misma materia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, habiéndose invocado la misma sentencia de contraste, la STSJ de la Comunidad Valenciana 3489/2023, de 19 de diciembre (rec 2364/2023)-, en SSTS 242/2025, de 25 de marzo (rcud 1178/2024) y 241/2025, de 25 de marzo (rcud 1138/2024), entre otras.

TERCERO.- 1.Las consideraciones precedentes conllevarán la desestimación del recurso -la causa de inadmisión muta en causa de desestimación, de conformidad con el criterio ya acuñado jurisprudencialmente-, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, debiendo declararse la firmeza de la sentencia de instancia.

2.No procede efectuar especial pronunciamiento en costas ( art. 235.1 LRJS) .