Sentencia Social 277/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 537/2025 de 12 de marzo del 2026

PRIMERO.- 1.El debate casacional consiste en dilucidar si el contrato de duración determinada para acumulación de tareas suscrito por una cocinera con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco para prestar servicios en un comedor escolar, cumple los requisitos legales.

2.La sentencia recurrida, dictada por el TSJ del País Vasco 2752/2024, de 16 de diciembre (recurso 2043/2024), argumenta que ese contrato cumple los requisitos legales y que la extinción de la relación laboral es ajustada a derecho, por lo que confirma la sentencia de instancia, que había desestimado la demanda de despido.

3.La parte actora interpuso recurso de casación unificadora con un único motivo, en el que denuncia la infracción del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores ( en adelante ET) y del art. 3 del Real Decreto 2720/1998.

Alega que el contrato de duración determinada no especifica con claridad ni precisión la causa de temporalidad, por lo que no se cumplen los requisitos formales de los contratos temporales. Además, añade que en un documento obrante en el expediente administrativo consta que, en el centro escolar en que la trabajadora prestaba servicios, no se ofrecía el servicio de comedor. Argumenta que, al comenzar un servicio nuevo, no cabe suscribir contratos temporales. Se trata de una alegación carente de sustento en el relato fáctico de autos, lo que impide estimarla.

4.El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

La parte demandada presentó escrito de impugnación del recurso en el que niega que concurra el requisito de contradicción. Alega que falta el interés casacional objetivo. En cuanto al fondo, argumenta que la doctrina contenida en la sentencia recurrida es conforme a derecho.

El presente recurso de casación unificadora se interpuso contra una sentencia dictada antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que introdujo el interés casacional objetivo, por lo que ese requisito no es exigible.

SEGUNDO.- 1.En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( en adelante LRJS) en relación con la sentencia de contraste, dictada por el TSJ del País Vasco 2103/2024, de 8 de octubre (recurso 1769/2024).

2.En la sentencia recurrida, la actora y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco suscribieron varios contratos de duración determinada. En fecha 26 de septiembre de 2022 se concertó un contrato a tiempo parcial por acumulación de tareas para que la demandante prestara servicios como cocinera en un centro escolar. En el contrato constaba que su objeto era: «Hacer frente a la acumulación de las siguientes tareas: Las que se generan adicionalmente por el número de usuarios adicionales del comedor (que excede en el curso 2022 - 23 del correspondiente al centro en aplicación de los ratios establecidos en el convenio colectivo)».

La cláusula 7ª del contrato estatuye su duración: «La duración de este contrato, que entrará en vigor el día 26 de septiembre de 2022 será hasta el 15 de junio de 2023».

La relación laboral se prolongó hasta junio de 2023. El contrato estuvo motivado por el aumento de usuarios del comedor escolar conforme a los ratios establecidos en el convenio colectivo aplicable. En el hecho probado tercero consta que la necesidad es solo por el curso académico, atendiendo a los usuarios del centro, pudiendo ser modificados en atención a usuarios o días de comedor.

La trabajadora interpuso demanda de despido. La sentencia de instancia desestimó la demanda y declaró procedente el cese porque consideró ajustada a derecho la contratación efectuada. La actora recurrió en suplicación. El TSJ argumentó que, aunque el convenio colectivo no se adaptó formalmente a la reforma legal del art. 15 del ET hasta noviembre de 2023, ya permitía una duración de nueve meses para el contrato eventual, equiparable al nuevo contrato por circunstancias de la producción. Consideró suficientemente acreditada la causa del contrato por el incremento de usuarios del comedor y rechazó el cómputo de una antigüedad continuada desde 2019 por la existencia de interrupciones prolongadas entre contrataciones. Desestimó el recurso y confirmó íntegramente la sentencia de instancia.

3.En la sentencia referencial, dictada por el mismo Tribunal, el demandante y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco suscribieron varios contratos temporales. Se declara probado que el último fue un contrato eventual a tiempo parcial para acumulación de tareas firmado en fecha 27 de octubre de 2022 en el que constaba que su objeto era: «Las que se generan adicionalmente por el número de usuarios adicionales del comedor (que excede en el curso 2022 - 23 del correspondiente al centro en aplicación de los ratios establecidos en el convenio colectivo)».

La trabajadora interpuso demanda de despido contra el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. La sentencia de instancia lo declaró improcedente. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco formalizó recurso de suplicación. La Sala de suplicación argumentó que las cláusulas contractuales que justificaban la acumulación de tareas eran genéricas y similares a otras ya consideradas inválidas en sentencias anteriores firmes de la misma Sala que declararon la existencia de relación indefinida por falta de concreción de la causa. Señaló que ni los contratos ni el recurso explicaban por qué se preveía la extinción del contrato en abril si el número de comensales no descendía y que no se había acreditado una variación significativa ni en los datos del centro de Elorrio ni en el de Lekeitio. Además, recordó que al contrato de 2022 le resultaba aplicable la reforma laboral introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, sin que las partes hubieran planteado argumentos al respecto. La Sala confirmó la improcedencia del despido y desestimó el recurso.

4.Concurre el requisito de contradicción. En ambos pleitos, las trabajadoras fueron contratadas por el mismo empleador (el Departamento de Educación del Gobierno Vasco) para prestar servicios el mismo curso escolar 2022-2023, con la misma categoría profesional (cocinera), mediante contratos por acumulación de tareas cuya cláusula causal era igual.

Los debates suplicacionales también coinciden. Se trata de determinar si la redacción genérica de la causa contractual permite considerar válida la contratación temporal o si, por el contrario, se presume una relación laboral indefinida por falta de justificación específica de la temporalidad, conforme a los arts. 15 del ET y 3.2.a) del RD 2720/1998, en el marco de la reforma operada por el Real Decreto-ley 32/2021.

Las sentencias comparadas, dictadas por la misma Sala Social del TSJ del País Vasco, resuelven la controversia en sentido opuesto. La sentencia recurrida considera válida la contratación, al estimar que la cláusula relativa al aumento de usuarios es suficiente y está respaldada por el convenio, incluso aunque este no se hubiera adaptado a la reforma legal en el momento del contrato. Por el contrario, la sentencia de contraste entiende que esa misma redacción es genérica e insuficiente y declara la improcedencia del despido porque no se acredita una causa real, concreta y limitada en el tiempo que justifique la contratación eventual.

TERCERO.- 1.Debemos examinar si el contrato de duración determinada cumple los requisitos formales. El contrato enjuiciado se suscribió el 26 de septiembre de 2022. El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, había reformado el art. 15 del ET. Su disposición transitoria 4ª estableció un régimen transitorio para los contratos de duración determinada celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, en virtud de la cual se regían «por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su duración no podrá ser superior a seis meses.»

El citado contrato se suscribió con posterioridad al 30 de marzo de 2022 por lo que, cuando se firmó ese contrato, era aplicable la siguiente redacción del art. 15 del ET:

«1. [...] El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.

2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1 [...]».

2.El Real Decreto-ley 32/2021 introduce requisitos formales en el art. 15 del ET. Los contratos de duración determinada deben especificar:

A) La causa habilitante de la contratación temporal.

B) Las circunstancias concretas que la justifican.

C) La conexión con la duración prevista.

3.El art. 3.2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre dispone:

«El contrato eventual por circunstancias de la producción tendrá el siguiente régimen jurídico:

a) El contrato deberá identificar con precisión y claridad la causa o la circunstancia que lo justifique y determinar la duración del mismo.»

CUARTO.- 1.En el contrato enjuiciado, la causa habilitante consiste en las tareas adicionales que se generan por el número de usuarios adicionales del comedor, que en el curso 2022-2023 excede del correspondiente al centro en aplicación de los ratios establecidos en el convenio colectivo. Hemos explicado que la cláusula 7ª del contrato establece que su duración será del 26 de septiembre de 2022 al 15 de junio de 2023.

El citado contrato se remite a la norma colectiva. El art. 9.3 del Convenio colectivo del personal laboral docente y educativo del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, regula los contratos eventuales. Esa norma colectiva se acordó con anterioridad al Real Decreto-ley 32/2021, que reformó los contratos de duración determinada. El tenor literal es el siguiente:

«Los contratos eventuales se celebrarán cuando se trata de atender las exigencias de dotación de personal en aplicación de los ratios establecidos al efecto, considerando que las necesidades de cada curso escolar son variables.

La duración de esta modalidad contractual será de un máximo de nueve meses dentro de un periodo de doce meses, desde la fecha en que se produjo la causa que justifique su utilización [...]».

El anexo IV de ese convenio colectivo establece los «ratios de limpieza y cocina». Respecto del servicio de comedor y elaboración de comida en las instalaciones del comedor, se calcula el número de horas en función del número de comensales.

En el centro de trabajo de la actora hay 182 alumnos y 4 alumnos con dieta especial. En el curso académico 2022-2023 hay dos cocineros en la plantilla del centro de trabajo con jornada completa y los ratios aprobados por el convenio colectivo exigen más horas de contratación. Hemos indicado que se declara probado que la necesidad solo es por el curso académico, con la finalidad de atender a los usuarios del centro.

2.Los requisitos formales del contrato de trabajo de duración determinada exigidos por el art. 15.1 del ET deben interpretarse en el sentido de que, con la mera lectura del negocio jurídico, las partes contratantes puedan conocer cuál es la causa real que permite la contratación temporal, cuáles son las circunstancias concretas que justifican que se haya suscrito dicho contrato y que la duración pactada está vinculada a ellas.

En el supuesto enjuiciado, el contrato de trabajo explica que en ese concreto curso escolar (2022-2023) hubo un número de usuarios adicionales del comedor que excedía de los ratios previstos en el convenio colectivo. La lectura del contrato permite conocer cuál es la causa y las circunstancias que justifican la contratación por tiempo determinado (el aumento temporal de usuarios del servicio público en ese curso lectivo), así como su vinculación con la duración: el contrato precisa que su duración será del 26 de septiembre de 2022 al 15 de junio de 2023, lo que coincide con la duración del curso escolar. Se declara probado que en ese curso el número de usuarios adicionales del comedor obligó a contratar a esta cocinera.

En consecuencia, de conformidad con el Ministerio Fiscal, debemos confirmar la sentencia de instancia porque el contrato de duración determinada cumple los requisitos formales exigidos por el art. 15 del ET y porque se ha probado la acumulación de tareas que justificó la contratación temporal de la demandante.

3.De acuerdo con lo razonado, procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas.