Sentencia Social 25/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 2055/2024 de 14 de enero del 2025

PRIMERO.- 1.-La controversia litigiosa radica en determinar si concurren causas económicas que justifican el despido objetivo de la actora.

La sentencia recurrida, dictada por el TSJ de Castilla-La Mancha 296/2024, de 22 de febrero (recurso 73/2024), confirmó la sentencia de instancia, que había desestimado la demanda y había declarado la procedencia del despido. El TSJ argumenta que se acreditan pérdidas en los dos ejercicios previos al despido, sin que la existencia de pérdidas desde años anteriores obste a tal conclusión. Considera que la extinción del contrato de arrendamiento del local no es causa autónoma de despido objetivo, sino la consecuencia de la decisión empresarial de cesar en un negocio ruinoso.

2.-La parte actora interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción del art. 24 de la Constitución en relación con los arts. 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) y de los arts. 105, 122.1, 123.2, 108.1 y 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) . Argumenta que se ha vulnerado el art. 105 de la LRJS porque correspondía a la empresa la carga de la prueba de la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido, lo que no ha hecho. Sostiene que no concurría una causa económica justificativa del despido porque la situación económica había mejorado.

3.-La parte demandada no se personó ante esta Sala. El Ministerio Fiscal informó en contra de la estimación del recurso.

SEGUNDO.- 1.-En primer lugar, debemos examinar el presupuesto procesal de contradicción exigido por el art. 219.1 de la LRJS. En la sentencia recurrida concurren las siguientes circunstancias:

a) La actora prestó servicios para la empresa La Gavia Asesores Ayala SL con categoría de técnico en el centro de trabajo sito en el Centro Comercial Ferial Plaza de Guadalajara.

b) Fue despedida en fecha 29 de septiembre de 2021 por causas objetivas de carácter económico y organizativo.

c) El contrato de arrendamiento del local sito en el centro comercial Ferial Plaza de Guadalajara finalizó el 30 de septiembre de 2021.

d) En las Cuentas de Pérdidas y Ganancias depositadas en el Registro Mercantil de esa empresa constan pérdidas al menos desde el ejercicio 2016. En 2020 la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa arrojó pérdidas por importe de 3.653.121 euros antes de impuestos. En 2021 las pérdidas acumuladas fueron de 2.659.267 euros antes de impuestos.

2.-Se invoca de contraste la sentencia del mismo TSJ de Castilla-La Mancha 1417/2023, de 13 de octubre (recurso 613/2023). En ella, la demandante prestaba servicios para la misma empresa (La Gavia Asesores Ayala SL), con la misma categoría profesional (técnico) en el mismo centro de trabajo (Centro Comercial Ferial Plaza de Guadalajara). Fue despedida por causas objetivas en la misma fecha (29 de septiembre de 2021) con fundamento en los mismos hechos de la sentencia recurrida, que reflejan pérdidas en los dos últimos ejercicios y la extinción del contrato de arrendamiento de local.

La Sala de suplicación admitió una revisión fáctica e incluyó en él que la empresa había tenido beneficios en el ejercicio 2017 y pérdidas en los ejercicios 2018 y 2019. Argumenta que los datos globales empresariales no indican que la situación empresarial sea tan grave como para que el despido esté justificado. También considera que no se ha probado en qué media el cierre del centro contribuye a la viabilidad empresarial en su conjunto. Por ello, declara la improcedencia del despido.

3.-Concurre el presupuesto procesal de contradicción. Se trata de trabajadoras que prestan servicios en el mismo centro de trabajo de la misma empresa, con la misma categoría y que son despedidas objetivamente por las mismas causas el mismo día. En ambos casos se constata que la empresa tiene pérdidas desde el ejercicio 2018. A pesar de dichas identidades, la sentencia recurrida considera que el despido objetivo es procedente mientras que la sentencia referencial lo declara improcedente.

TERCERO.- 1.-En cuanto a las causas económicas, la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 872/2017, de 14 de noviembre (rec. 17/2017), explica que «[l]a justificación del despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1º) Acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2º) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquélla provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 3º) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder a esa necesidad».

2.-La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 861/2018, de 25 de septiembre (rec. 43/2018), sostiene que, «además de probar la concurrencia de la causa económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la entidad de la misma justifica el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido. El que la medida concreta quede al arbitrio del empresario y el que su criterio no pueda ser suplido por los Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión empresarial, probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos judiciales pueden realizar, como ya dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma, para determinar si son ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la medida tomada que será confirmada si es razonable [...] Es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil que, por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE) ».

3.-La sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del TS 656/2018, de 20 de junio (rec. 168/2017), argumentó que «si bien el control judicial de las medidas adoptadas por el empresario tras un PDC comporta un test de «proporcionalidad» -canon de constitucionalidad- a desarrollar en las tres fases de «adecuación» [idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido], de «necesidad de la medida» [por no existir otra más moderada para conseguir el mismo fin con igual eficacia] y de «ponderación» [de todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes] (SSTS ( SSTS -Pleno- 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan»; 25/06/14 -rco 165/13-, asunto «Teltech»; y 20/10/15 -rco 172/14-, asunto «Tragsa»), no lo es menos que no corresponde a los Tribunales fijar la precisa «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial ( STS 27/01/14 -rco 100/13-, asunto «Cortefiel»; y de Pleno, SS 15/04/14 -rco 136/13-, asunto «Gesplan»; 23/09/14 -rco 231/13-, asunto «Agencia Laín Entralgo»; y 20/10/15 -rco 172/14-asunto «Tragsa»), sino que se debe limitar a excluir «en todo caso, como carentes de "razonabilidad" y por ello ilícitas, aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores.»

4.-Las sentencias del TS de 27 de enero de 2014, recurso 100/2013; 741/2018, de 11 de julio ( rcud 467/2017); y 28/2021, de 14 de enero ( rcud 2896/2018) explican que, «aunque a la Sala no le correspondan juicios de "oportunidad" que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión empresarial [...] el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible vulneración de derechos fundamentales. Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo en todo caso que a través de la degradación de las condiciones de trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que se ha llamado "dumping" social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica una mayor competitividad, tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos».

5.-Las sentencias del TS 538/2020, de 26 de junio (rcud 4405/2017) y 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018), sostienen que, acreditada la concurrencia de la causa económica, consistente en la disminución persistente de los ingresos por ventas, «[l]a única fórmula para enervar tal efectividad de la causa sobre la bondad de la decisión empresarial sería la de su desmesura en término de razonabilidad. Mas, como hemos visto, ello hubiera exigido constatar una clara desproporción entre el grado de incidencia económica de la causa negativa y la adopción de la medida extintiva».

6.-La sentencia del TS 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018) explica que la sentencia recurrida sostiene que, si la empresa no despidió al trabajador en el año 2015, cuando las pérdidas eran mayores, no puede despedirlo ulteriormente, en el año 2016, cuando las pérdidas eran menores. Esta Sala argumentó: «El hecho de que la empresa no despidiera al trabajador por causas económicas en el año 2015, cuando la cifra de facturación era de 11.285.716,62 euros; no imposibilita que pueda despedirlo en noviembre del año 2016, cuando la cifra de facturación era mucho menor: 9.747.186,89 euros. Es cierto que el resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias fue peor en 2015 que en 2016. Pero en este último año la empresa también sufrió importantes pérdidas. La empresa intentó solucionar su situación crítica del año 2015 sin extinguir a la sazón el contrato de trabajo del actor, lo que no debe impedir que, si las causas económicas subsistieron en el año siguiente, el empleador pueda despedir por causas objetivas al trabajador en el año 2016. La tesis contraria tendría un efecto disuasorio para las empresas que intentan superar su situación económica negativa sin realizar despidos al iniciarse dicha situación».

CUARTO.- 1.-Debemos resolver este recurso con base en los hechos declarados probados. Se declara acreditado que en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la empresa La Gavia Asesores Ayala SL depositadas en el Registro Mercantil constan pérdidas al menos desde el ejercicio 2016. En 2020 la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa arrojó pérdidas por importe de 3.653.121 euros antes de impuestos. En 2021 las pérdidas acumuladas fueron de 2.659.267 euros antes de impuestos. La extinción contractual se justifica por las pérdidas económicas de la empresa, no por la finalización del contrato de arrendamiento del local, que fue una medida empresarial para aminorar sus pérdidas.

2.-En consecuencia, la empresa La Gavia Asesores Ayala SL ha acreditado que ha sufrido pérdidas prolongadas en el tiempo. En el ejercicio de 2020 superaron los tres millones de euros y en 2021 las pérdidas acumuladas superaron los dos millones y medio de euros. Ello evidencia la concurrencia de una situación económica negativa, razón por la cual esta empresa realizó ajustes de personal. Debemos concluir que la empresa ha probado la concurrencia de causas económicas que justifican la extinción del contrato del actor. Dicha extinción debe considerarse como una medida adecuada y proporcionada al fin perseguido: el despido del demandante es una medida razonable y proporcionada para hacer frente a las importantes pérdidas sufridas por la empresa durante un prolongado lapso temporal, las cuales justifican la decisión del empleador extintiva de la relación laboral, sin que se haya probado una patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y el sacrificio impuesto al accionante.

3.-La sentencia referencial declara la improcedencia del despido porque considera que la carta de despido focaliza las pérdidas en un solo centro de trabajo y transforma una causa económica, que debería afectar a toda la entidad, en una causa organizativa, consistente en el cierre de un concreto centro de trabajo. Además, sostiene que los datos económicos no ponen de manifiesto que la situación de la empresa haya empeorado desde que subrogó a la trabajadora. Añade que no se ha acreditado en qué medida el cierre de este concreto centro de trabajo evita poner en riesgo la viabilidad futura de la empresa en su conjunto.

En el presente litigio, la carta de despido no focaliza las pérdidas en un solo centro de trabajo. Expone cuáles son las pérdidas de la empresa, su caída de ventas y la disminución de su facturación. Posteriormente menciona las pérdidas del centro de trabajo en el que prestaba servicios esta trabajadora. Pero se trata de un argumento que intenta explicar por qué el cierre de ese trabajo puede ayudar a superar esa situación económica negativa de la empresa.

La citada sentencia del TS 28/2021, de 14 de enero (rcud 2896/2018) considera que, aunque las pérdidas económicas se hayan iniciado en el pasado, si las causas económicas subsisten, el empleador puede despedir por causas objetivas al trabajador. La tesis contraria tendría un efecto disuasorio para las empresas que intentan superar su situación económica negativa sin realizar despidos al iniciarse dicha situación.

Por último, no es necesario que el empresario acredite que el despido por causas objetivas evita poner en riesgo la viabilidad futura: la supervivencia de la empresa. Es suficiente con que constituya una medida adecuada y proporcionada para hacer frente a las importantes pérdidas sufridas por la empresa y el empleador lo ha acreditado: el despido de esta trabajadora constituye una medida adecuada y proporcionada para afrontar esas pérdidas.

4.-Debemos concluir, de conformidad con el Ministerio Fiscal, que el despido enjuiciado es una medida razonable en atención a las graves circunstancias concurrentes: se ha acreditado la existencia de causas reales y verosímiles que justifican la decisión empresarial extintiva de las relaciones laborales.

Los anteriores argumentos, de conformidad con el razonado informe del Ministerio Público, obligan a desestimar el recurso de casación unificadora y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida. Sin condena al pago de costas ( art. 235 de la LRJS) .