Sentencia Social 13/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 194/2024 de 14 de enero del 2026

PRIMERO.- Cuestión controvertida

La cuestión controvertida consiste en determinar si el plus de antigüedad regulado en el artículo 10 del Convenio colectivo de la empresa Transportes Pesa SA para los años 2016-2019 (publicado en el BO del País Vasco de 7 de diciembre de 2017), debe computarse desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos transcurridos entre contratos temporales.

SEGUNDO. - Resumen de antecedentes relevantes

1.-El presente proceso arranca con la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos ELA, UGT, LAB y otros, frente a la empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.) en la que solicitan que se reconozca con relación al colectivo afectado ( todos los trabajadores eventuales que prestan sus servicios en los centros de trabajo de San Sebastián, Arrasate, Bilbao y Vitoria, así como aquellos que han dejado de ser eventuales por haber suscrito un contrato indefinido en fecha posterior a marzo 2020) el plus de antigüedad previsto en el convenio colectivo de la empresa Transportes Pesa SA para los años 2016-2019 (publicado en el BO del País Vasco de 7 de diciembre de 2017), desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos transcurrido entre contratos temporales.

2.-Recayó una primera sentencia la núm. 943/2021 de 1 de junio dictada por la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, en la que desestimó la demanda de conflicto colectivo al acoger la excepción de inadecuación de procedimiento. Recurrida en casación, esta Sala dictó STS 335/2024 de 22 de febrero, casando y anulándola, al desestimar la excepción de inadecuación del procedimiento, procediendo a devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco para entrar a conocer el fondo de la acción de conflicto colectivo.

3.-La sentencia núm. 851/2024 de 9 de abril dictada por la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco (autos de conflicto colectivo núm.17/2021), frente a la que se interpone el presente recurso de casación, decide rechazar la excepción de incompetencia funcional planteada por la representación de la empresa demandada Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.), y estimar la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato UGT, la confederación sindical ELA, el sindicato ESK y el sindicato LAB contra dicha empresa y declarar el derecho del colectivo afectado a que la fecha de antigüedad en la empresa demandada, Avanza Movilidad Gipuzkoa SA, se compute desde la fecha de ingreso en la misma, sin descontar periodo alguno por el tiempo transcurrido entre contratos temporales, tal y como les había sido reconocido por la propia empresa hasta la firma de un contrato indefinido, condenando a la misma a estar y pasar por dicha declaración.

4.-La empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.) interpone recurso de casación contra la mencionada sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco. El recurso tiene un único motivo. Se expone con fundamento en el artículo 207.e) LRJS concretando la censura normativa en el artículo 10 del Convenio Colectivo de la Empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.), el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 14 de la Constitución Española, así como la jurisprudencia relativa a la materia tratada.

Pide que se dicte sentencia estimatoria del recurso al objeto de que se revoque la sentencia impugnada y se desestime la demanda interpuesta, declarando ajustada a Derecho la actuación empresarial, consistente en computar la antigüedad de los trabajadores a efectos del complemento económico de antigüedad, considerando únicamente los servicios prestados en la empresa y descontando los periodos de inactividad que hayan podido mediar entre los mismos.

5.-Los sindicatos demandantes ELA y UGT han presentado sendos escritos de impugnación del recurso, oponiéndose al mismo e interesando la confirmación de la sentencia de recurrida.

6.-El Ministerio Fiscal, en el trámite de informe contemplado en el art. 214.1 LRJS, interesa la desestimación del recurso de casación.

TERCERO. - Motivo único del recurso: interpretación del artículo 10 del Convenio colectivo de la empresa sobre el cómputo del plus de antigüedad mediando contratos temporales.

1.-La cuestión debatida consiste en determinar si es conforme a Derecho computar la antigüedad de los trabajadores temporales desde el primer contrato, sin descontar los periodos de inactividad entre contratos.

2.-El precepto convencional sobre el que pivota el litigio planteado es el artículo 10 de la empresa Transportes Pesa SA (en la actualidad Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A.) para los años 2016-2019, que regula el plus de antigüedad y dispone:

«Las personas trabajadoras comprendidas en este convenio disfrutarán como complemento personal de antigüedad de un aumento periódico por el tiempo de servicios prestados en la empresa, consistente en dos bienios del 5 % y cinco quinquenios del 10 %. Dichos porcentajes serán aplicados sobre las bases indicadas en el anexo de la tabla de sueldos para cada categoría profesional.

La fecha inicial del complemento personal de antigüedad será la del ingreso del o de la trabajadora en la empresa. Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta todo el tiempo servido a la empresa, considerándose también como efectivamente trabajados todos los meses o días en los que el contrato haya estado suspendido con derecho a la reserva del puesto de trabajo, pero sin que tenga tal consideración el tiempo en que el trabajador haya permanecido en situación de excedencia voluntaria.

Se computarán estos aumentos en razón de los años de servicio prestados en la empresa, cualquiera que sea el grupo profesional o categoría en que se encuentra en cuadrado, estimándose asimismo los servicios prestados de forma ininterrumpida y sin solución de continuidad, aunque tal prestación de actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos temporales, incluidos sus periodos de prueba.

Los aumentos por años de servicios comenzarán a devengarse a partir del día primero del mes siguiente en que se cumpla el bienio o quinquenio.

En caso de cambio de categoría, la base para el cálculo y abono de tal complemento personal será el que corresponda a la nueva categoría.»

3.-La doctrina del TS con relación a los recursos en los que se cuestiona la interpretación de los convenios colectivos realizada por los tribunales de instancia, con carácter general, establece que dado su carácter mixto -norma de origen convencional/contrato con eficacia normativa- su interpretación ha de atender tanto a las reglas legales atinentes a la hermenéutica de las normas jurídicas como a aquéllas otras que disciplinan la interpretación de los contratos. Asimismo, esta Sala ha matizado la doctrina tradicional señalando (entre otras, STS 507/2024 de 20 de marzo, rec 59/2022) que «en los últimos tiempos, hemos corregido expresamente dicho criterio, y hemos establecido que frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los 3 y 1281 y ss . CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la reiterada jurisprudencia a la que de inmediato se hará referencia". [Entre otras sentencias del TS 1222/2023, de 21 de diciembre (rcud 436/2021), 256/2023, de 11 de abril (rec.110/2021)].

Asimismo, en la última de las sentencias precitadas señalamos que "es doctrina constante de esta Sala [reiterada, entre otras en las SSTS 904/2020, de 13 de octubre de 2020 (Rec. 132/2019); 1135/2020, de 21 de diciembre de 2020 (Rec. 76/2019) y 862/2022, de 26 de octubre (Rec. 28/2021)] que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC) . La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC) . La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1, 1281 y 1283 CC) . No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007)».

4.-Como hemos dejado constancia, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco ha estimado la demanda de conflicto colectivo promovida por los sindicatos demandantes al entender que la interpretación del transcrito artículo 10 sobre el cómputo de la antigüedad laboral, desde la literalidad, llevaría a entender que solo debían contarse los periodos de trabajo continuado, excluyendo los días inactivos entre contratos temporales. Sin embargo, considera que conforme a la doctrina jurisprudencial contenida en la STS del 28 de enero de 2020 (rec 96/2019) esta interpretación resultaría discriminatoria para los trabajadores temporales frente a los indefinidos, ya que no respeta el principio de igualdad. Concluye que debe computarse todo el tiempo trabajado desde el primer contrato temporal, aunque haya interrupciones, para garantizar la equiparación retributiva entre ambos tipos de trabajadores.

5.-La empresa recurrente sostiene, por una parte, que la interpretación que alberga la sentencia de instancia vulnera los términos del artículo 10 del Convenio colectivo, ya que este reconoce el derecho a percibir el complemento de antigüedad únicamente por los servicios efectivamente prestados, y no por todo el tiempo transcurrido desde que el trabajador ingresó en la empresa, aunque durante parte de ese tiempo no haya trabajado. Por tanto, la fecha de antigüedad debe calcularse sumando solo los periodos en los que realmente se han prestado servicios, y no desde el primer contrato temporal firmado. Y, por otra parte, la recurrente censura la interpretación judicial por infringir el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 14 de la Constitución Española y la jurisprudencia aplicable, ya que supone un trato desigual entre trabajadores indefinidos y temporales. Entiende que a los temporales se les reconoce un derecho más favorable al computarles todo el tiempo desde el inicio de la relación laboral, aunque haya habido periodos sin prestación de servicios, mientras que a los indefinidos solo se les cuentan los periodos efectivamente trabajados, descontando los tiempos de inactividad, como ocurre en las excedencias voluntarias.

6.-El único motivo del recurso va a ser desestimado por las razones que a continuación pasamos a exponer.

7.-Principalmente porque en el presente caso, la correcta interpretación que realiza la sentencia de instancia encuentra pleno y cabal fundamento en los propios actos anteriores de la empresa.

En efecto, los hechos probado quinto y sexto informan de lo siguiente:

«QUINTO. - La empresa reconoce que nunca ha aplicado el artículo 10 del convenio colectivo en sus estrictos términos computando únicamente los servicios prestados de forma ininterrumpida, sino que ha dado a los trabajadores una mejor condición.

En concreto, hasta abril 2020 y a efectos del complemento de antigüedad la empresa venía reconociendo a algunos trabajadores eventuales que pasaban a ser trabajadores indefinidos la antigüedad coincidente con la fecha de ingreso en la empresa descontando los periodos inactivos. Y a otros se les reconoció también esa fecha y sin descontar los periodos inactivos.

SEXTO. - A partir de abril 2020 la empresa demandada ha concertado contratos indefinidos con 24 trabajadores que prestaban servicios como eventuales. A 15 de esos 24 trabajadores, que en sus nóminas tenían consignada una fecha de antigüedad desde el comienzo del primer contrato eventual, se les ha modificado la fecha de antigüedad haciéndola coincidir con la totalidad de los servicios prestados descontando los periodos inactivos.

Al resto (9 trabajadores) no se les ha modificado la fecha de antigüedad que tenían reconocida en la nómina.»

En consecuencia, la forma de proceder de la empresa resulta contradictoria con sus propios precedentes ante análogas situaciones, sin que pueda encontrar fundamentación ese cambio de criterio apelando a diversos criterios judiciales seguidos por la misma Sala del TSJ del País Vasco y otras Salas de lo Social territoriales en otros asuntos.

Como dice nuestra STS 507/2024 de 20 de marzo (rec 59/2022) respecto del alcance de la doctrina de los actos propios, «la prohibición de obrar en contra de los propios actos, que evoca el aforismo romano "venire contra factum propium non valet" (a nadie se permite ir contra sus propios actos), se justifica por la legítima protección que merece la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la procedencia de ejercitar los propios derechos conforme a las exigencias de la buena fe ( art. 7.1 del Código Civil). Se entiende que alguien actúa en contra de la buena fe cuando contradice sin razón objetiva su comportamiento anterior, sobre el cual un tercero fundó una legítima confianza que le llevó a determinadas disposiciones, inhibiciones o asunción de compromisos patrimoniales, que quedarían frustradas con aquel comportamiento contradictorio" [ sentencias del TS 345/2023, de 10 de mayo (rec. 70/2021), 1283/2021, de 21 de diciembre (rcud 1090/2019) y 902/2022, de 11 de noviembre (rcud 2979/2021), con cita de la sentencia de la Sala Civil del TS 358/2016, de 1 de junio (rec. 171/2013)]. Es inadmisible la contradicción con la propia conducta pues ello vulneraría la buena fe.»

8.-La sentencia recurrida al estimar la demanda, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, se ha ajustado a la doctrina sobre la continuidad esencial del vínculo también en el modo de cómputo del devengo del plus de antigüedad cuando se confrontan situaciones de cómputo habiendo mediado contratos temporales.

En este sentido, como hemos dicho, entre otras, en STS 87/2024, de 23 de enero (rec 2981/2022): «1.-Tal como establecimos en nuestra STS 1069/2020, de 2 de diciembre, (Rcud. 970/2018), la resolución del recurso exige necesariamente recordar nuestra doctrina sobre la continuidad esencial del vínculo, sintetizada en la STS 703/2017, de 21 de septiembre (Rcud. 2764/2015), donde valoramos la doctrina de la STS de 12 de julio de 2010 (Rcud. 76/2010) en la que se examinó un supuesto en el que se produjeron cuatro interrupciones contractuales, cuyos períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses, concluyéndose que una interrupción superior a tres meses no enerva, por sí sola y en todo caso, la presunción de continuidad del vínculo y se rechazó que debamos atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos. Lejos de estar queriendo fijar un tope exacto, la sentencia recuerda que se abandonó ese enfoque (por referencia a la doctrina que operaba sobre el plazo de veinte días hábiles).

De hecho, diversas sentencias de esta Sala [entre otras: SSTS 963/2016, de 8 de noviembre (Rcud. 310/2015); 494/2017, de 7 de junio (Rcud. 113/2015); 501/2017, de 7 de junio (Rcud. 1400/2016); 703/2017, de 21 de septiembre (Rcud. 2764/15) y 156/2019, de 28 de febrero (Rcud. 2768/2017)] han entendido que, con una interrupción superior a tres meses, es posible que siga existiendo una vinculación laboral reconocible como tal, es decir, unitaria. Así, en la STS 1085/2020, de 9 de diciembre (Rcud. 3954/2018) hemos admitido la concurrencia de unidad esencial del vínculo en una prestación de servicios de diez años de duración, mediante contrataciones laborales fraudulentas, en las que se habían producido varias interrupciones, siendo la más larga de cuatro meses y trece días de duración.

En dichas sentencias hemos concluido que, para adoptar la decisión final sobre la concurrencia de interrupciones significativas, con entidad para quebrar la unidad esencial del vínculo, cuando la contratación ha sido fraudulenta, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.

Dicha doctrina se ajusta plenamente a la doctrina de la STJUE de 19 de marzo de 2020 (Asunto Sánchez Ruiz), en la que se ha establecido que las cláusulas 2, 3, apartado 1, y 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado público de que se trate haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva, desde ese punto de vista, de carácter abusivo al comportamiento del empleador de modo que dicho Acuerdo Marco no sea aplicable a la situación de ese empleado público. La decisión del TJUE se fundamenta en la situación de debilidad objetiva del trabajador en este tipo de contrataciones, que "...podría disuadirle de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario, en particular cuando la reivindicación de estos pudiera provocar que quedara expuesto a medidas adoptadas por el empresario que redundasen en perjuicio de las condiciones de trabajo del trabajador concluyendo, por consiguiente que, so pena de privar completamente de todo efecto útil a la cláusula 5 del Acuerdo Marco, no puede considerarse que los trabajadores con contrato de duración determinada quedan privados de la protección que el Acuerdo les otorga por el mero hecho de que hayan consentido libremente la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada.»

9.-Finalmente, para desterrar cualquier signo de discriminación en el tratamiento de fijos y temporales ha de rechazarse la tesis de la empresa recurrente cuando alega que el sistema de cómputo de antigüedad es el mismo para toda la plantilla, lo que le lleva a entender que se cumple así con lo establecido en los artículos 15.6 ET y 14 CE, al contabilizar la antigüedad a efectos del complemento desde la fecha de ingreso en la empresa limitándose a considerar únicamente los servicios prestados, porque, en su opinión, aplica el mismo criterio para temporales e indefinidos, lo que impide contabilizar como trabajados los periodos en los que, sea cual sea la modalidad contractual del trabajador, no haya existido prestación efectiva de servicios.

La posición argumental de la empresa recurrente, además de lo ya indicado sobre ir contra sus propios actos en la interpretación del convenio colectivo de empresa, se compadece mal con nuestra doctrina, contenida, entre otras, en la STS 96/2024 de 24 de enero ( 279/2022), en la que dejamos constancia de que:

«[...] La Sala, en STS 117/2022, de 7 de febrero, Rcud.4371/2018, examinando precisamente la retribución desigual de los trabajadores fijos y temporales, ha mantenido, con apoyo en la STC177/1993, de 31/Mayo que las diferencias retributivas entre el personal fijo y el personal temporal no son compatibles con el art. 14 CE, de manera que, un tratamiento "que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida, a los que a veces se singulariza calificándolos como "trabajadores fijos" o "trabajadores de plantilla", en denominaciones tan imprecisas técnicamente como potencialmente discriminatorias si con ellas se quiere identificar una especie de estatuto de "trabajador pleno" de la empresa, por oposición a un estatuto más limitado o incompleto de trabajador temporal, son claramente discriminatorias, como ha defendido la STC 104/2004, de 28/Junio.

Hemos considerado también discriminatoria, con carácter general, toda diferencia en aquellos aspectos de la relación de trabajo en los que exista "igualdad radical e inicial entre unos y otros trabajadores"; y más específicamente, las diferencias salariales "cuando se demuestre que todos realizan un trabajo igual o similar" [ STC 136/1987, de 22/Julio] ( STS 13/07/06 -Rec.294/05-)", salvo que se acrediten razones objetivas que justifiquen ese desigual tratamiento del personal temporal respecto al fijo, conforme a lo dispuesto en el art. 15. 6 ET cuando establece que "Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos".

Finalmente, hemos defendido, aplicando la cláusula cuarta de la Directiva 1999/70, sobre empleos de duración determinada, que garantiza la no discriminación entre los trabajadores de duración determinada y los fijos comparables, subrayando que, "... la modalidad de la adscripción temporal o fija a la empresa no puede, por sí misma, justificar el distinto tratamiento de esos dos grupos de trabajadores, ya que su impacto o resultado destruye la proporcionalidad derivada de la duración de los respectivos contratos, y haría de peor condición artificiosamente a quienes ya lo son por la temporalidad de su empleo ( STC 177/1993 , de 31 de mayo, FJ3). En suma, cualquier excepción al criterio de igualación expuesto, entre los trabajadores con contratos de duración determinada y los trabajadores fijos comparables, debe estar fundada en razones objetivas.»

CUARTO. - Conclusión y pronunciamientos accesorios

1.-Lo expuesto determina que la sentencia de instancia no haya cometido las infracciones normativas ni de la jurisprudencia denunciadas en el recurso, por lo que procede, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, su desestimación y la confirmación de aquella.

2.-No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas de conformidad con lo dispuesto en el art. 235.2 LRJS.

3.-Se decreta la pérdida del depósito para recurrir ( art. 217.1 LRJS) .

PRIMERO.- Cuestión controvertida

La cuestión controvertida consiste en determinar si el plus de antigüedad regulado en el artículo 10 del Convenio colectivo de la empresa Transportes Pesa SA para los años 2016-2019 (publicado en el BO del País Vasco de 7 de diciembre de 2017), debe computarse desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos transcurridos entre contratos temporales.

SEGUNDO. - Resumen de antecedentes relevantes

1.-El presente proceso arranca con la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos ELA, UGT, LAB y otros, frente a la empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.) en la que solicitan que se reconozca con relación al colectivo afectado ( todos los trabajadores eventuales que prestan sus servicios en los centros de trabajo de San Sebastián, Arrasate, Bilbao y Vitoria, así como aquellos que han dejado de ser eventuales por haber suscrito un contrato indefinido en fecha posterior a marzo 2020) el plus de antigüedad previsto en el convenio colectivo de la empresa Transportes Pesa SA para los años 2016-2019 (publicado en el BO del País Vasco de 7 de diciembre de 2017), desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos transcurrido entre contratos temporales.

2.-Recayó una primera sentencia la núm. 943/2021 de 1 de junio dictada por la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, en la que desestimó la demanda de conflicto colectivo al acoger la excepción de inadecuación de procedimiento. Recurrida en casación, esta Sala dictó STS 335/2024 de 22 de febrero, casando y anulándola, al desestimar la excepción de inadecuación del procedimiento, procediendo a devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco para entrar a conocer el fondo de la acción de conflicto colectivo.

3.-La sentencia núm. 851/2024 de 9 de abril dictada por la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco (autos de conflicto colectivo núm.17/2021), frente a la que se interpone el presente recurso de casación, decide rechazar la excepción de incompetencia funcional planteada por la representación de la empresa demandada Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.), y estimar la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato UGT, la confederación sindical ELA, el sindicato ESK y el sindicato LAB contra dicha empresa y declarar el derecho del colectivo afectado a que la fecha de antigüedad en la empresa demandada, Avanza Movilidad Gipuzkoa SA, se compute desde la fecha de ingreso en la misma, sin descontar periodo alguno por el tiempo transcurrido entre contratos temporales, tal y como les había sido reconocido por la propia empresa hasta la firma de un contrato indefinido, condenando a la misma a estar y pasar por dicha declaración.

4.-La empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.) interpone recurso de casación contra la mencionada sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco. El recurso tiene un único motivo. Se expone con fundamento en el artículo 207.e) LRJS concretando la censura normativa en el artículo 10 del Convenio Colectivo de la Empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.), el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 14 de la Constitución Española, así como la jurisprudencia relativa a la materia tratada.

Pide que se dicte sentencia estimatoria del recurso al objeto de que se revoque la sentencia impugnada y se desestime la demanda interpuesta, declarando ajustada a Derecho la actuación empresarial, consistente en computar la antigüedad de los trabajadores a efectos del complemento económico de antigüedad, considerando únicamente los servicios prestados en la empresa y descontando los periodos de inactividad que hayan podido mediar entre los mismos.

5.-Los sindicatos demandantes ELA y UGT han presentado sendos escritos de impugnación del recurso, oponiéndose al mismo e interesando la confirmación de la sentencia de recurrida.

6.-El Ministerio Fiscal, en el trámite de informe contemplado en el art. 214.1 LRJS, interesa la desestimación del recurso de casación.

TERCERO. - Motivo único del recurso: interpretación del artículo 10 del Convenio colectivo de la empresa sobre el cómputo del plus de antigüedad mediando contratos temporales.

1.-La cuestión debatida consiste en determinar si es conforme a Derecho computar la antigüedad de los trabajadores temporales desde el primer contrato, sin descontar los periodos de inactividad entre contratos.

2.-El precepto convencional sobre el que pivota el litigio planteado es el artículo 10 de la empresa Transportes Pesa SA (en la actualidad Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A.) para los años 2016-2019, que regula el plus de antigüedad y dispone:

«Las personas trabajadoras comprendidas en este convenio disfrutarán como complemento personal de antigüedad de un aumento periódico por el tiempo de servicios prestados en la empresa, consistente en dos bienios del 5 % y cinco quinquenios del 10 %. Dichos porcentajes serán aplicados sobre las bases indicadas en el anexo de la tabla de sueldos para cada categoría profesional.

La fecha inicial del complemento personal de antigüedad será la del ingreso del o de la trabajadora en la empresa. Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta todo el tiempo servido a la empresa, considerándose también como efectivamente trabajados todos los meses o días en los que el contrato haya estado suspendido con derecho a la reserva del puesto de trabajo, pero sin que tenga tal consideración el tiempo en que el trabajador haya permanecido en situación de excedencia voluntaria.

Se computarán estos aumentos en razón de los años de servicio prestados en la empresa, cualquiera que sea el grupo profesional o categoría en que se encuentra en cuadrado, estimándose asimismo los servicios prestados de forma ininterrumpida y sin solución de continuidad, aunque tal prestación de actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos temporales, incluidos sus periodos de prueba.

Los aumentos por años de servicios comenzarán a devengarse a partir del día primero del mes siguiente en que se cumpla el bienio o quinquenio.

En caso de cambio de categoría, la base para el cálculo y abono de tal complemento personal será el que corresponda a la nueva categoría.»

3.-La doctrina del TS con relación a los recursos en los que se cuestiona la interpretación de los convenios colectivos realizada por los tribunales de instancia, con carácter general, establece que dado su carácter mixto -norma de origen convencional/contrato con eficacia normativa- su interpretación ha de atender tanto a las reglas legales atinentes a la hermenéutica de las normas jurídicas como a aquéllas otras que disciplinan la interpretación de los contratos. Asimismo, esta Sala ha matizado la doctrina tradicional señalando (entre otras, STS 507/2024 de 20 de marzo, rec 59/2022) que «en los últimos tiempos, hemos corregido expresamente dicho criterio, y hemos establecido que frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los 3 y 1281 y ss . CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la reiterada jurisprudencia a la que de inmediato se hará referencia". [Entre otras sentencias del TS 1222/2023, de 21 de diciembre (rcud 436/2021), 256/2023, de 11 de abril (rec.110/2021)].

Asimismo, en la última de las sentencias precitadas señalamos que "es doctrina constante de esta Sala [reiterada, entre otras en las SSTS 904/2020, de 13 de octubre de 2020 (Rec. 132/2019); 1135/2020, de 21 de diciembre de 2020 (Rec. 76/2019) y 862/2022, de 26 de octubre (Rec. 28/2021)] que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC) . La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC) . La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1, 1281 y 1283 CC) . No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007)».

4.-Como hemos dejado constancia, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco ha estimado la demanda de conflicto colectivo promovida por los sindicatos demandantes al entender que la interpretación del transcrito artículo 10 sobre el cómputo de la antigüedad laboral, desde la literalidad, llevaría a entender que solo debían contarse los periodos de trabajo continuado, excluyendo los días inactivos entre contratos temporales. Sin embargo, considera que conforme a la doctrina jurisprudencial contenida en la STS del 28 de enero de 2020 (rec 96/2019) esta interpretación resultaría discriminatoria para los trabajadores temporales frente a los indefinidos, ya que no respeta el principio de igualdad. Concluye que debe computarse todo el tiempo trabajado desde el primer contrato temporal, aunque haya interrupciones, para garantizar la equiparación retributiva entre ambos tipos de trabajadores.

5.-La empresa recurrente sostiene, por una parte, que la interpretación que alberga la sentencia de instancia vulnera los términos del artículo 10 del Convenio colectivo, ya que este reconoce el derecho a percibir el complemento de antigüedad únicamente por los servicios efectivamente prestados, y no por todo el tiempo transcurrido desde que el trabajador ingresó en la empresa, aunque durante parte de ese tiempo no haya trabajado. Por tanto, la fecha de antigüedad debe calcularse sumando solo los periodos en los que realmente se han prestado servicios, y no desde el primer contrato temporal firmado. Y, por otra parte, la recurrente censura la interpretación judicial por infringir el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 14 de la Constitución Española y la jurisprudencia aplicable, ya que supone un trato desigual entre trabajadores indefinidos y temporales. Entiende que a los temporales se les reconoce un derecho más favorable al computarles todo el tiempo desde el inicio de la relación laboral, aunque haya habido periodos sin prestación de servicios, mientras que a los indefinidos solo se les cuentan los periodos efectivamente trabajados, descontando los tiempos de inactividad, como ocurre en las excedencias voluntarias.

6.-El único motivo del recurso va a ser desestimado por las razones que a continuación pasamos a exponer.

7.-Principalmente porque en el presente caso, la correcta interpretación que realiza la sentencia de instancia encuentra pleno y cabal fundamento en los propios actos anteriores de la empresa.

En efecto, los hechos probado quinto y sexto informan de lo siguiente:

«QUINTO. - La empresa reconoce que nunca ha aplicado el artículo 10 del convenio colectivo en sus estrictos términos computando únicamente los servicios prestados de forma ininterrumpida, sino que ha dado a los trabajadores una mejor condición.

En concreto, hasta abril 2020 y a efectos del complemento de antigüedad la empresa venía reconociendo a algunos trabajadores eventuales que pasaban a ser trabajadores indefinidos la antigüedad coincidente con la fecha de ingreso en la empresa descontando los periodos inactivos. Y a otros se les reconoció también esa fecha y sin descontar los periodos inactivos.

SEXTO. - A partir de abril 2020 la empresa demandada ha concertado contratos indefinidos con 24 trabajadores que prestaban servicios como eventuales. A 15 de esos 24 trabajadores, que en sus nóminas tenían consignada una fecha de antigüedad desde el comienzo del primer contrato eventual, se les ha modificado la fecha de antigüedad haciéndola coincidir con la totalidad de los servicios prestados descontando los periodos inactivos.

Al resto (9 trabajadores) no se les ha modificado la fecha de antigüedad que tenían reconocida en la nómina.»

En consecuencia, la forma de proceder de la empresa resulta contradictoria con sus propios precedentes ante análogas situaciones, sin que pueda encontrar fundamentación ese cambio de criterio apelando a diversos criterios judiciales seguidos por la misma Sala del TSJ del País Vasco y otras Salas de lo Social territoriales en otros asuntos.

Como dice nuestra STS 507/2024 de 20 de marzo (rec 59/2022) respecto del alcance de la doctrina de los actos propios, «la prohibición de obrar en contra de los propios actos, que evoca el aforismo romano "venire contra factum propium non valet" (a nadie se permite ir contra sus propios actos), se justifica por la legítima protección que merece la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la procedencia de ejercitar los propios derechos conforme a las exigencias de la buena fe ( art. 7.1 del Código Civil). Se entiende que alguien actúa en contra de la buena fe cuando contradice sin razón objetiva su comportamiento anterior, sobre el cual un tercero fundó una legítima confianza que le llevó a determinadas disposiciones, inhibiciones o asunción de compromisos patrimoniales, que quedarían frustradas con aquel comportamiento contradictorio" [ sentencias del TS 345/2023, de 10 de mayo (rec. 70/2021), 1283/2021, de 21 de diciembre (rcud 1090/2019) y 902/2022, de 11 de noviembre (rcud 2979/2021), con cita de la sentencia de la Sala Civil del TS 358/2016, de 1 de junio (rec. 171/2013)]. Es inadmisible la contradicción con la propia conducta pues ello vulneraría la buena fe.»

8.-La sentencia recurrida al estimar la demanda, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, se ha ajustado a la doctrina sobre la continuidad esencial del vínculo también en el modo de cómputo del devengo del plus de antigüedad cuando se confrontan situaciones de cómputo habiendo mediado contratos temporales.

En este sentido, como hemos dicho, entre otras, en STS 87/2024, de 23 de enero (rec 2981/2022): «1.-Tal como establecimos en nuestra STS 1069/2020, de 2 de diciembre, (Rcud. 970/2018), la resolución del recurso exige necesariamente recordar nuestra doctrina sobre la continuidad esencial del vínculo, sintetizada en la STS 703/2017, de 21 de septiembre (Rcud. 2764/2015), donde valoramos la doctrina de la STS de 12 de julio de 2010 (Rcud. 76/2010) en la que se examinó un supuesto en el que se produjeron cuatro interrupciones contractuales, cuyos períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses, concluyéndose que una interrupción superior a tres meses no enerva, por sí sola y en todo caso, la presunción de continuidad del vínculo y se rechazó que debamos atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos. Lejos de estar queriendo fijar un tope exacto, la sentencia recuerda que se abandonó ese enfoque (por referencia a la doctrina que operaba sobre el plazo de veinte días hábiles).

De hecho, diversas sentencias de esta Sala [entre otras: SSTS 963/2016, de 8 de noviembre (Rcud. 310/2015); 494/2017, de 7 de junio (Rcud. 113/2015); 501/2017, de 7 de junio (Rcud. 1400/2016); 703/2017, de 21 de septiembre (Rcud. 2764/15) y 156/2019, de 28 de febrero (Rcud. 2768/2017)] han entendido que, con una interrupción superior a tres meses, es posible que siga existiendo una vinculación laboral reconocible como tal, es decir, unitaria. Así, en la STS 1085/2020, de 9 de diciembre (Rcud. 3954/2018) hemos admitido la concurrencia de unidad esencial del vínculo en una prestación de servicios de diez años de duración, mediante contrataciones laborales fraudulentas, en las que se habían producido varias interrupciones, siendo la más larga de cuatro meses y trece días de duración.

En dichas sentencias hemos concluido que, para adoptar la decisión final sobre la concurrencia de interrupciones significativas, con entidad para quebrar la unidad esencial del vínculo, cuando la contratación ha sido fraudulenta, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.

Dicha doctrina se ajusta plenamente a la doctrina de la STJUE de 19 de marzo de 2020 (Asunto Sánchez Ruiz), en la que se ha establecido que las cláusulas 2, 3, apartado 1, y 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado público de que se trate haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva, desde ese punto de vista, de carácter abusivo al comportamiento del empleador de modo que dicho Acuerdo Marco no sea aplicable a la situación de ese empleado público. La decisión del TJUE se fundamenta en la situación de debilidad objetiva del trabajador en este tipo de contrataciones, que "...podría disuadirle de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario, en particular cuando la reivindicación de estos pudiera provocar que quedara expuesto a medidas adoptadas por el empresario que redundasen en perjuicio de las condiciones de trabajo del trabajador concluyendo, por consiguiente que, so pena de privar completamente de todo efecto útil a la cláusula 5 del Acuerdo Marco, no puede considerarse que los trabajadores con contrato de duración determinada quedan privados de la protección que el Acuerdo les otorga por el mero hecho de que hayan consentido libremente la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada.»

9.-Finalmente, para desterrar cualquier signo de discriminación en el tratamiento de fijos y temporales ha de rechazarse la tesis de la empresa recurrente cuando alega que el sistema de cómputo de antigüedad es el mismo para toda la plantilla, lo que le lleva a entender que se cumple así con lo establecido en los artículos 15.6 ET y 14 CE, al contabilizar la antigüedad a efectos del complemento desde la fecha de ingreso en la empresa limitándose a considerar únicamente los servicios prestados, porque, en su opinión, aplica el mismo criterio para temporales e indefinidos, lo que impide contabilizar como trabajados los periodos en los que, sea cual sea la modalidad contractual del trabajador, no haya existido prestación efectiva de servicios.

La posición argumental de la empresa recurrente, además de lo ya indicado sobre ir contra sus propios actos en la interpretación del convenio colectivo de empresa, se compadece mal con nuestra doctrina, contenida, entre otras, en la STS 96/2024 de 24 de enero ( 279/2022), en la que dejamos constancia de que:

«[...] La Sala, en STS 117/2022, de 7 de febrero, Rcud.4371/2018, examinando precisamente la retribución desigual de los trabajadores fijos y temporales, ha mantenido, con apoyo en la STC177/1993, de 31/Mayo que las diferencias retributivas entre el personal fijo y el personal temporal no son compatibles con el art. 14 CE, de manera que, un tratamiento "que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida, a los que a veces se singulariza calificándolos como "trabajadores fijos" o "trabajadores de plantilla", en denominaciones tan imprecisas técnicamente como potencialmente discriminatorias si con ellas se quiere identificar una especie de estatuto de "trabajador pleno" de la empresa, por oposición a un estatuto más limitado o incompleto de trabajador temporal, son claramente discriminatorias, como ha defendido la STC 104/2004, de 28/Junio.

Hemos considerado también discriminatoria, con carácter general, toda diferencia en aquellos aspectos de la relación de trabajo en los que exista "igualdad radical e inicial entre unos y otros trabajadores"; y más específicamente, las diferencias salariales "cuando se demuestre que todos realizan un trabajo igual o similar" [ STC 136/1987, de 22/Julio] ( STS 13/07/06 -Rec.294/05-)", salvo que se acrediten razones objetivas que justifiquen ese desigual tratamiento del personal temporal respecto al fijo, conforme a lo dispuesto en el art. 15. 6 ET cuando establece que "Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos".

Finalmente, hemos defendido, aplicando la cláusula cuarta de la Directiva 1999/70, sobre empleos de duración determinada, que garantiza la no discriminación entre los trabajadores de duración determinada y los fijos comparables, subrayando que, "... la modalidad de la adscripción temporal o fija a la empresa no puede, por sí misma, justificar el distinto tratamiento de esos dos grupos de trabajadores, ya que su impacto o resultado destruye la proporcionalidad derivada de la duración de los respectivos contratos, y haría de peor condición artificiosamente a quienes ya lo son por la temporalidad de su empleo ( STC 177/1993 , de 31 de mayo, FJ3). En suma, cualquier excepción al criterio de igualación expuesto, entre los trabajadores con contratos de duración determinada y los trabajadores fijos comparables, debe estar fundada en razones objetivas.»

CUARTO. - Conclusión y pronunciamientos accesorios

1.-Lo expuesto determina que la sentencia de instancia no haya cometido las infracciones normativas ni de la jurisprudencia denunciadas en el recurso, por lo que procede, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, su desestimación y la confirmación de aquella.

2.-No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas de conformidad con lo dispuesto en el art. 235.2 LRJS.

3.-Se decreta la pérdida del depósito para recurrir ( art. 217.1 LRJS) .

PRIMERO.- Cuestión controvertida

La cuestión controvertida consiste en determinar si el plus de antigüedad regulado en el artículo 10 del Convenio colectivo de la empresa Transportes Pesa SA para los años 2016-2019 (publicado en el BO del País Vasco de 7 de diciembre de 2017), debe computarse desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos transcurridos entre contratos temporales.

SEGUNDO. - Resumen de antecedentes relevantes

1.-El presente proceso arranca con la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos ELA, UGT, LAB y otros, frente a la empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.) en la que solicitan que se reconozca con relación al colectivo afectado ( todos los trabajadores eventuales que prestan sus servicios en los centros de trabajo de San Sebastián, Arrasate, Bilbao y Vitoria, así como aquellos que han dejado de ser eventuales por haber suscrito un contrato indefinido en fecha posterior a marzo 2020) el plus de antigüedad previsto en el convenio colectivo de la empresa Transportes Pesa SA para los años 2016-2019 (publicado en el BO del País Vasco de 7 de diciembre de 2017), desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos transcurrido entre contratos temporales.

2.-Recayó una primera sentencia la núm. 943/2021 de 1 de junio dictada por la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, en la que desestimó la demanda de conflicto colectivo al acoger la excepción de inadecuación de procedimiento. Recurrida en casación, esta Sala dictó STS 335/2024 de 22 de febrero, casando y anulándola, al desestimar la excepción de inadecuación del procedimiento, procediendo a devolver las actuaciones a la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco para entrar a conocer el fondo de la acción de conflicto colectivo.

3.-La sentencia núm. 851/2024 de 9 de abril dictada por la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco (autos de conflicto colectivo núm.17/2021), frente a la que se interpone el presente recurso de casación, decide rechazar la excepción de incompetencia funcional planteada por la representación de la empresa demandada Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.), y estimar la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato UGT, la confederación sindical ELA, el sindicato ESK y el sindicato LAB contra dicha empresa y declarar el derecho del colectivo afectado a que la fecha de antigüedad en la empresa demandada, Avanza Movilidad Gipuzkoa SA, se compute desde la fecha de ingreso en la misma, sin descontar periodo alguno por el tiempo transcurrido entre contratos temporales, tal y como les había sido reconocido por la propia empresa hasta la firma de un contrato indefinido, condenando a la misma a estar y pasar por dicha declaración.

4.-La empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.) interpone recurso de casación contra la mencionada sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco. El recurso tiene un único motivo. Se expone con fundamento en el artículo 207.e) LRJS concretando la censura normativa en el artículo 10 del Convenio Colectivo de la Empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A. (antes Transportes Pesa, S.A.), el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 14 de la Constitución Española, así como la jurisprudencia relativa a la materia tratada.

Pide que se dicte sentencia estimatoria del recurso al objeto de que se revoque la sentencia impugnada y se desestime la demanda interpuesta, declarando ajustada a Derecho la actuación empresarial, consistente en computar la antigüedad de los trabajadores a efectos del complemento económico de antigüedad, considerando únicamente los servicios prestados en la empresa y descontando los periodos de inactividad que hayan podido mediar entre los mismos.

5.-Los sindicatos demandantes ELA y UGT han presentado sendos escritos de impugnación del recurso, oponiéndose al mismo e interesando la confirmación de la sentencia de recurrida.

6.-El Ministerio Fiscal, en el trámite de informe contemplado en el art. 214.1 LRJS, interesa la desestimación del recurso de casación.

TERCERO. - Motivo único del recurso: interpretación del artículo 10 del Convenio colectivo de la empresa sobre el cómputo del plus de antigüedad mediando contratos temporales.

1.-La cuestión debatida consiste en determinar si es conforme a Derecho computar la antigüedad de los trabajadores temporales desde el primer contrato, sin descontar los periodos de inactividad entre contratos.

2.-El precepto convencional sobre el que pivota el litigio planteado es el artículo 10 de la empresa Transportes Pesa SA (en la actualidad Avanza Movilidad Gipuzkoa, S.A.) para los años 2016-2019, que regula el plus de antigüedad y dispone:

«Las personas trabajadoras comprendidas en este convenio disfrutarán como complemento personal de antigüedad de un aumento periódico por el tiempo de servicios prestados en la empresa, consistente en dos bienios del 5 % y cinco quinquenios del 10 %. Dichos porcentajes serán aplicados sobre las bases indicadas en el anexo de la tabla de sueldos para cada categoría profesional.

La fecha inicial del complemento personal de antigüedad será la del ingreso del o de la trabajadora en la empresa. Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta todo el tiempo servido a la empresa, considerándose también como efectivamente trabajados todos los meses o días en los que el contrato haya estado suspendido con derecho a la reserva del puesto de trabajo, pero sin que tenga tal consideración el tiempo en que el trabajador haya permanecido en situación de excedencia voluntaria.

Se computarán estos aumentos en razón de los años de servicio prestados en la empresa, cualquiera que sea el grupo profesional o categoría en que se encuentra en cuadrado, estimándose asimismo los servicios prestados de forma ininterrumpida y sin solución de continuidad, aunque tal prestación de actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos temporales, incluidos sus periodos de prueba.

Los aumentos por años de servicios comenzarán a devengarse a partir del día primero del mes siguiente en que se cumpla el bienio o quinquenio.

En caso de cambio de categoría, la base para el cálculo y abono de tal complemento personal será el que corresponda a la nueva categoría.»

3.-La doctrina del TS con relación a los recursos en los que se cuestiona la interpretación de los convenios colectivos realizada por los tribunales de instancia, con carácter general, establece que dado su carácter mixto -norma de origen convencional/contrato con eficacia normativa- su interpretación ha de atender tanto a las reglas legales atinentes a la hermenéutica de las normas jurídicas como a aquéllas otras que disciplinan la interpretación de los contratos. Asimismo, esta Sala ha matizado la doctrina tradicional señalando (entre otras, STS 507/2024 de 20 de marzo, rec 59/2022) que «en los últimos tiempos, hemos corregido expresamente dicho criterio, y hemos establecido que frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los 3 y 1281 y ss . CC, tal como las ha venido analizando la Sala en la reiterada jurisprudencia a la que de inmediato se hará referencia". [Entre otras sentencias del TS 1222/2023, de 21 de diciembre (rcud 436/2021), 256/2023, de 11 de abril (rec.110/2021)].

Asimismo, en la última de las sentencias precitadas señalamos que "es doctrina constante de esta Sala [reiterada, entre otras en las SSTS 904/2020, de 13 de octubre de 2020 (Rec. 132/2019); 1135/2020, de 21 de diciembre de 2020 (Rec. 76/2019) y 862/2022, de 26 de octubre (Rec. 28/2021)] que, atendida la singular naturaleza mixta de los convenios colectivos (contrato con efectos normativos y norma de origen contractual), la interpretación de los mismos debe hacerse utilizando los siguientes criterios: La interpretación literal, atendiendo al sentido literal de sus cláusulas, salvo que sean contrarias a la intención evidente de las partes ( arts. 3.1 y 1281 CC; STS 13 octubre 2004, Rec. 185/2003). La interpretación sistemática, atribuyendo a las cláusulas dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas ( arts. 3.1 y 1285 CC) . La interpretación histórica, atendiendo a los antecedentes históricos y a los actos de las partes negociadoras ( arts. 3.1 y 1282 CC) . La interpretación finalista, atendiendo a la intención de las partes negociadoras ( arts. 3.1, 1281 y 1283 CC) . No cabrá la interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable ( STS 9 abril 2002, Rec. 1234/2001). Y los convenios colectivos deberán ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el "espigueo" ( STS 4 junio 2008, Rec. 1771/2007)».

4.-Como hemos dejado constancia, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco ha estimado la demanda de conflicto colectivo promovida por los sindicatos demandantes al entender que la interpretación del transcrito artículo 10 sobre el cómputo de la antigüedad laboral, desde la literalidad, llevaría a entender que solo debían contarse los periodos de trabajo continuado, excluyendo los días inactivos entre contratos temporales. Sin embargo, considera que conforme a la doctrina jurisprudencial contenida en la STS del 28 de enero de 2020 (rec 96/2019) esta interpretación resultaría discriminatoria para los trabajadores temporales frente a los indefinidos, ya que no respeta el principio de igualdad. Concluye que debe computarse todo el tiempo trabajado desde el primer contrato temporal, aunque haya interrupciones, para garantizar la equiparación retributiva entre ambos tipos de trabajadores.

5.-La empresa recurrente sostiene, por una parte, que la interpretación que alberga la sentencia de instancia vulnera los términos del artículo 10 del Convenio colectivo, ya que este reconoce el derecho a percibir el complemento de antigüedad únicamente por los servicios efectivamente prestados, y no por todo el tiempo transcurrido desde que el trabajador ingresó en la empresa, aunque durante parte de ese tiempo no haya trabajado. Por tanto, la fecha de antigüedad debe calcularse sumando solo los periodos en los que realmente se han prestado servicios, y no desde el primer contrato temporal firmado. Y, por otra parte, la recurrente censura la interpretación judicial por infringir el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 14 de la Constitución Española y la jurisprudencia aplicable, ya que supone un trato desigual entre trabajadores indefinidos y temporales. Entiende que a los temporales se les reconoce un derecho más favorable al computarles todo el tiempo desde el inicio de la relación laboral, aunque haya habido periodos sin prestación de servicios, mientras que a los indefinidos solo se les cuentan los periodos efectivamente trabajados, descontando los tiempos de inactividad, como ocurre en las excedencias voluntarias.

6.-El único motivo del recurso va a ser desestimado por las razones que a continuación pasamos a exponer.

7.-Principalmente porque en el presente caso, la correcta interpretación que realiza la sentencia de instancia encuentra pleno y cabal fundamento en los propios actos anteriores de la empresa.

En efecto, los hechos probado quinto y sexto informan de lo siguiente:

«QUINTO. - La empresa reconoce que nunca ha aplicado el artículo 10 del convenio colectivo en sus estrictos términos computando únicamente los servicios prestados de forma ininterrumpida, sino que ha dado a los trabajadores una mejor condición.

En concreto, hasta abril 2020 y a efectos del complemento de antigüedad la empresa venía reconociendo a algunos trabajadores eventuales que pasaban a ser trabajadores indefinidos la antigüedad coincidente con la fecha de ingreso en la empresa descontando los periodos inactivos. Y a otros se les reconoció también esa fecha y sin descontar los periodos inactivos.

SEXTO. - A partir de abril 2020 la empresa demandada ha concertado contratos indefinidos con 24 trabajadores que prestaban servicios como eventuales. A 15 de esos 24 trabajadores, que en sus nóminas tenían consignada una fecha de antigüedad desde el comienzo del primer contrato eventual, se les ha modificado la fecha de antigüedad haciéndola coincidir con la totalidad de los servicios prestados descontando los periodos inactivos.

Al resto (9 trabajadores) no se les ha modificado la fecha de antigüedad que tenían reconocida en la nómina.»

En consecuencia, la forma de proceder de la empresa resulta contradictoria con sus propios precedentes ante análogas situaciones, sin que pueda encontrar fundamentación ese cambio de criterio apelando a diversos criterios judiciales seguidos por la misma Sala del TSJ del País Vasco y otras Salas de lo Social territoriales en otros asuntos.

Como dice nuestra STS 507/2024 de 20 de marzo (rec 59/2022) respecto del alcance de la doctrina de los actos propios, «la prohibición de obrar en contra de los propios actos, que evoca el aforismo romano "venire contra factum propium non valet" (a nadie se permite ir contra sus propios actos), se justifica por la legítima protección que merece la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la procedencia de ejercitar los propios derechos conforme a las exigencias de la buena fe ( art. 7.1 del Código Civil). Se entiende que alguien actúa en contra de la buena fe cuando contradice sin razón objetiva su comportamiento anterior, sobre el cual un tercero fundó una legítima confianza que le llevó a determinadas disposiciones, inhibiciones o asunción de compromisos patrimoniales, que quedarían frustradas con aquel comportamiento contradictorio" [ sentencias del TS 345/2023, de 10 de mayo (rec. 70/2021), 1283/2021, de 21 de diciembre (rcud 1090/2019) y 902/2022, de 11 de noviembre (rcud 2979/2021), con cita de la sentencia de la Sala Civil del TS 358/2016, de 1 de junio (rec. 171/2013)]. Es inadmisible la contradicción con la propia conducta pues ello vulneraría la buena fe.»

8.-La sentencia recurrida al estimar la demanda, dadas las circunstancias concurrentes en el caso, se ha ajustado a la doctrina sobre la continuidad esencial del vínculo también en el modo de cómputo del devengo del plus de antigüedad cuando se confrontan situaciones de cómputo habiendo mediado contratos temporales.

En este sentido, como hemos dicho, entre otras, en STS 87/2024, de 23 de enero (rec 2981/2022): «1.-Tal como establecimos en nuestra STS 1069/2020, de 2 de diciembre, (Rcud. 970/2018), la resolución del recurso exige necesariamente recordar nuestra doctrina sobre la continuidad esencial del vínculo, sintetizada en la STS 703/2017, de 21 de septiembre (Rcud. 2764/2015), donde valoramos la doctrina de la STS de 12 de julio de 2010 (Rcud. 76/2010) en la que se examinó un supuesto en el que se produjeron cuatro interrupciones contractuales, cuyos períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses, concluyéndose que una interrupción superior a tres meses no enerva, por sí sola y en todo caso, la presunción de continuidad del vínculo y se rechazó que debamos atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos. Lejos de estar queriendo fijar un tope exacto, la sentencia recuerda que se abandonó ese enfoque (por referencia a la doctrina que operaba sobre el plazo de veinte días hábiles).

De hecho, diversas sentencias de esta Sala [entre otras: SSTS 963/2016, de 8 de noviembre (Rcud. 310/2015); 494/2017, de 7 de junio (Rcud. 113/2015); 501/2017, de 7 de junio (Rcud. 1400/2016); 703/2017, de 21 de septiembre (Rcud. 2764/15) y 156/2019, de 28 de febrero (Rcud. 2768/2017)] han entendido que, con una interrupción superior a tres meses, es posible que siga existiendo una vinculación laboral reconocible como tal, es decir, unitaria. Así, en la STS 1085/2020, de 9 de diciembre (Rcud. 3954/2018) hemos admitido la concurrencia de unidad esencial del vínculo en una prestación de servicios de diez años de duración, mediante contrataciones laborales fraudulentas, en las que se habían producido varias interrupciones, siendo la más larga de cuatro meses y trece días de duración.

En dichas sentencias hemos concluido que, para adoptar la decisión final sobre la concurrencia de interrupciones significativas, con entidad para quebrar la unidad esencial del vínculo, cuando la contratación ha sido fraudulenta, ha de atenerse al tiempo total transcurrido desde el momento en que se pretende fijar el inicio del cómputo, el volumen de actividad desarrollado dentro del mismo, el número y duración de los cortes, la identidad de la actividad productiva, la existencia de anomalías contractuales, el tenor del convenio colectivo y, en general, cualquier otro que se considere relevante a estos efectos.

Dicha doctrina se ajusta plenamente a la doctrina de la STJUE de 19 de marzo de 2020 (Asunto Sánchez Ruiz), en la que se ha establecido que las cláusulas 2, 3, apartado 1, y 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado público de que se trate haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva, desde ese punto de vista, de carácter abusivo al comportamiento del empleador de modo que dicho Acuerdo Marco no sea aplicable a la situación de ese empleado público. La decisión del TJUE se fundamenta en la situación de debilidad objetiva del trabajador en este tipo de contrataciones, que "...podría disuadirle de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario, en particular cuando la reivindicación de estos pudiera provocar que quedara expuesto a medidas adoptadas por el empresario que redundasen en perjuicio de las condiciones de trabajo del trabajador concluyendo, por consiguiente que, so pena de privar completamente de todo efecto útil a la cláusula 5 del Acuerdo Marco, no puede considerarse que los trabajadores con contrato de duración determinada quedan privados de la protección que el Acuerdo les otorga por el mero hecho de que hayan consentido libremente la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada.»

9.-Finalmente, para desterrar cualquier signo de discriminación en el tratamiento de fijos y temporales ha de rechazarse la tesis de la empresa recurrente cuando alega que el sistema de cómputo de antigüedad es el mismo para toda la plantilla, lo que le lleva a entender que se cumple así con lo establecido en los artículos 15.6 ET y 14 CE, al contabilizar la antigüedad a efectos del complemento desde la fecha de ingreso en la empresa limitándose a considerar únicamente los servicios prestados, porque, en su opinión, aplica el mismo criterio para temporales e indefinidos, lo que impide contabilizar como trabajados los periodos en los que, sea cual sea la modalidad contractual del trabajador, no haya existido prestación efectiva de servicios.

La posición argumental de la empresa recurrente, además de lo ya indicado sobre ir contra sus propios actos en la interpretación del convenio colectivo de empresa, se compadece mal con nuestra doctrina, contenida, entre otras, en la STS 96/2024 de 24 de enero ( 279/2022), en la que dejamos constancia de que:

«[...] La Sala, en STS 117/2022, de 7 de febrero, Rcud.4371/2018, examinando precisamente la retribución desigual de los trabajadores fijos y temporales, ha mantenido, con apoyo en la STC177/1993, de 31/Mayo que las diferencias retributivas entre el personal fijo y el personal temporal no son compatibles con el art. 14 CE, de manera que, un tratamiento "que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida, a los que a veces se singulariza calificándolos como "trabajadores fijos" o "trabajadores de plantilla", en denominaciones tan imprecisas técnicamente como potencialmente discriminatorias si con ellas se quiere identificar una especie de estatuto de "trabajador pleno" de la empresa, por oposición a un estatuto más limitado o incompleto de trabajador temporal, son claramente discriminatorias, como ha defendido la STC 104/2004, de 28/Junio.

Hemos considerado también discriminatoria, con carácter general, toda diferencia en aquellos aspectos de la relación de trabajo en los que exista "igualdad radical e inicial entre unos y otros trabajadores"; y más específicamente, las diferencias salariales "cuando se demuestre que todos realizan un trabajo igual o similar" [ STC 136/1987, de 22/Julio] ( STS 13/07/06 -Rec.294/05-)", salvo que se acrediten razones objetivas que justifiquen ese desigual tratamiento del personal temporal respecto al fijo, conforme a lo dispuesto en el art. 15. 6 ET cuando establece que "Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos".

Finalmente, hemos defendido, aplicando la cláusula cuarta de la Directiva 1999/70, sobre empleos de duración determinada, que garantiza la no discriminación entre los trabajadores de duración determinada y los fijos comparables, subrayando que, "... la modalidad de la adscripción temporal o fija a la empresa no puede, por sí misma, justificar el distinto tratamiento de esos dos grupos de trabajadores, ya que su impacto o resultado destruye la proporcionalidad derivada de la duración de los respectivos contratos, y haría de peor condición artificiosamente a quienes ya lo son por la temporalidad de su empleo ( STC 177/1993 , de 31 de mayo, FJ3). En suma, cualquier excepción al criterio de igualación expuesto, entre los trabajadores con contratos de duración determinada y los trabajadores fijos comparables, debe estar fundada en razones objetivas.»

CUARTO. - Conclusión y pronunciamientos accesorios

1.-Lo expuesto determina que la sentencia de instancia no haya cometido las infracciones normativas ni de la jurisprudencia denunciadas en el recurso, por lo que procede, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, su desestimación y la confirmación de aquella.

2.-No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas de conformidad con lo dispuesto en el art. 235.2 LRJS.

3.-Se decreta la pérdida del depósito para recurrir ( art. 217.1 LRJS) .